STC11255-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11255-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 29 de agosto de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Juan Manuel Garz\u00f3n contra el Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe, Juzgado Cuarto de Familia de Neiva y Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, tramite al que se vincularon a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva que en un t\u00e9rmino perentorio resuelva de manera favorable el recuso de apelaci\u00f3n interpuesto por \u00e9l al interior del incidente de regulaci\u00f3n de honorario profesionales, as\u00ed mismo, requiri\u00f3 que se advierta al Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe, debi\u00f3 haber sido aceptada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Que ante el Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe tramit\u00f3 un proceso de sucesi\u00f3n intestada en calidad de apoderado judicial de la heredera Gladys Arias Horta, quien estaba representada por sus hijos y, el cual termin\u00f3 con sentencia. <\/p>\n
2.2. Que el 29 de junio de 2021 present\u00f3 ante el Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe, renuncia al poder otorgado por su mandante cumpliendo con lo establecido en el inciso 4 del art. 76 del C.G.P., solicitando adem\u00e1s que, una vez fuera aceptada la misma, procediera a fijar sus honorarios. Que en virtud a que el juzgado no se pronunci\u00f3 ante su petici\u00f3n, volvi\u00f3 a presentar la misma el 4 y 13 de agosto de 2021, frente a las cuales el despacho judicial accionado guard\u00f3 silencio por 15 meses. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el despacho judicial accionado deneg\u00f3 la renuncia al poder presentada en consideraci\u00f3n a que la regulaci\u00f3n de honorarios s\u00f3lo proced\u00eda en caso de presentarse revocatoria del mandato y no para la renuncia, frente a la cual no era necesario que se pronunciara mediante auto puesto que as\u00ed no lo establece la norma. <\/p>\n
2.4. Que inici\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, el cual fue rechazado de plano por el Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, siendo negado el primero y concedida la alzada. <\/p>\n
2.5. La apelaci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, quien inicialmente rechaz\u00f3 por competencia tras considerar que se trataba de un proceso de sucesi\u00f3n y lo remiti\u00f3 a los Juzgados Civiles Municipales de Neiva (reparto), decisi\u00f3n frente a la cual el actor interpuso recurso de queja, el cual al momento de interponer la acci\u00f3n de tutela no hab\u00eda sido resuelto. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe indic\u00f3 que en dicha dependencia judicial se tramit\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n, dentro del cual el accionante actu\u00f3 como apoderado de una de las partes y que frente a dicho mandato present\u00f3 renuncia, solicitando, adem\u00e1s que en caso de aceptarse se regularan sus honorarios. Indic\u00f3 que, mediante prove\u00eddo del 2 de diciembre de 2022 le indic\u00f3 al actor que el inciso 4 del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso no establece pronunciamiento por parte del juzgado de aceptar o no la renuncia, y que, en cuanto a la regulaci\u00f3n de honorarios, esto se hace mediante incidente y no como consecuencia de la renuncia del poder, sino de que le hayan revocado, por lo que sus peticiones eran improcedentes. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el quejoso inici\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, el cual fue rechazado por auto del 23 de febrero de 2023, bajo el argumento que la renuncia del poder no admite dar tr\u00e1mite al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios para lo cual hizo referencias jurisprudenciales, decisi\u00f3n frente al cual se interpusieron los recursos pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva alleg\u00f3 link de acceso al expediente radicado 41001-40-03-003-2023-00405-00. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, remiti\u00f3 link de acceso al expediente y, una vez realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas por el actor de cara a la renuncia de poder y regulaci\u00f3n de honorarios, manifest\u00f3 que mediante auto del 22 de agosto de 2023 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el accionante en contra del prove\u00eddo del 23 de febrero de 2023, el cual el Juzgado \u00danico Promiscuo de Aipe no dio tr\u00e1mite al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, comoquiera que no advirti\u00f3 un comportamiento arbitrario o caprichoso por parte de los juzgados accionados, evidenci\u00e1ndose que las decisiones adoptadas est\u00e1n basadas en la aplicaci\u00f3n de normas y precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar el tr\u00e1mite del del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, reiterando su solicitud encaminada a que se resuelva su recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que rechaz\u00f3 el mismo y adem\u00e1s que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se investigue la posible comisi\u00f3n de delitos por parte de los accionados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, revisada la demanda de tutela, se verifica que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscrib\u00eda a que la sede judicial accionada, esto es, el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, profiriera decisi\u00f3n favorable al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por \u00e9l al interior del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que el resguardo no estaba llamado a prosperar, pues se vislumbra que, estando en tr\u00e1mite el presente asunto, el juzgado convocado profiri\u00f3 auto del 23 de agosto de 2023, en el cual resolvi\u00f3 la alzada frente al prove\u00eddo del 23 de febrero del a\u00f1o que avanza emitido por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Aipe, en el cual rechaz\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios por ser improcedente, por lo que, al margen de la existencia o no de la transgresi\u00f3n que acus\u00f3 el promotor, actualmente no existe situaci\u00f3n alguna que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional, por lo que carece de objeto impartir una orden. <\/p>\n
Respecto al hecho superado, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, revisada la decisi\u00f3n emitida el 23 de agosto de 2023 por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor al interior del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, se concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto la misma no luce arbitraria, comoquiera que la sede judicial criticada explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable el tr\u00e1mite del mencionado incidente cuando se trata de renuncia al poder, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 Ahora bien, es claro para esta judicatura que la solicitud de incidente de regulaci\u00f3n de honorarios invocada por el abogado JUAN MANUEL GARZON, no se configura bajo los presupuestos legales para su procedencia, pues como se acredit\u00f3 en el presente tramite, la terminaci\u00f3n del mandato ocurri\u00f3 por la renuncia presentada por el propio apoderado, de donde se colige que la terminaci\u00f3n del poder no acaeci\u00f3 por revocatorio de este, sino por renuncia del mismo, al respecto y en caso similar se tiene que en sentencia del Consejo de Estado (de fecha 26-032007,proceso rad. 15001-23-31-000-01(32517) con ponencia Dra. Ruth Stella Correa sostuvo: \u201cLa solicitud de regulaci\u00f3n de honorarios se tramita como incidente en el evento de terminaci\u00f3n del poder por revocaci\u00f3n del mismo seg\u00fan lo dispuesto en art\u00edculo 69 del c\u00f3digo de procedimiento civil, \u2026\u2026\u2026.\u201d <\/p>\n
La revocatoria del poder es una facultad que tiene todo poderdante de finiquitar la autorizaci\u00f3n dada al apoderado de ejercer los actos procesales propios para la defensa de sus intereses, encargo judicial conferido en virtud de la celebraci\u00f3n del contrato de mandato. El mandato judicial puede terminar por revocaci\u00f3n del poder, que es la manifestaci\u00f3n unilateral del mandante. Cuando <\/p>\n
se presenta la revocatoria, articulo 69 del C\u00f3digo de procedimiento civil faculta al apoderado para solicitarle al juez de conocimiento, dentro de los 30 d\u00edas siguientes al auto que admite la revocaci\u00f3n, la regulaci\u00f3n de los honorarios profesionales, solicitud que debe reunir los requisitos por el articulo 137 ib\u00eddem. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la renuncia del poder, la misma codificaci\u00f3n consagra que \u00e9sta no pone fin al poder mientras no haya trascurrido cinco d\u00edas desde la notificaci\u00f3n por estado del auto que la admita y se le comunique al poderdante ya sea por telegrama o por aviso. No consagra la norma la posibilidad para este evento, de iniciar incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, como si lo permite <\/p>\n
expresamente para el caso de la revocatoria del poder. <\/p>\n
Con lo anterior queda claro que el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios no est\u00e1 previsto para los casos en que se termina el mandato por renuncia al poder, m\u00e1s si para los eventos en que se presenta la revocatoria de la faculta especial conferida al apoderado. <\/p>\n
Como vemos en el caso sub examine, no aparece demostrado a trav\u00e9s de ninguno de los mecanismos contemplados en la ley, la procedencia del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios profesionales cuando la terminaci\u00f3n del poder se dio por la renuncia del abogado, por ende, la reclamaci\u00f3n deber\u00e1 hacerla ante la justicia ordinaria en su especialidad laboral, pues el sentido de la ley es claro (art. 27C.C.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 la norma que regula la terminaci\u00f3n del mandato judicial y concluy\u00f3 que no era procedente el tr\u00e1mite del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios cuando se trate de la renuncia al poder, conforme lo plante\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, es necesario precisar que, si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de las autoridades criticadas en el tr\u00e1mite del proceso objeto de queja constitucional, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
5. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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