STC11256-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11256-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2023-00381-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Juan Diego Borrero G\u00f3mez frente a la sentencia del 15 de agosto de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot, extensiva a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de incremento de cuota alimentaria No. 2022-00235. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3 se deje sin efectos la sentencia proferida por el despacho judicial convocado, para que en su lugar se emita una nueva decisi\u00f3n, en la que se efect\u00fae un an\u00e1lisis conjunto de las pruebas con aplicaci\u00f3n de la sana cr\u00edtica y se cancele la medida cautelar de embargo decretada sobre su salario y prestaciones. <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que en el proceso de aumento de cuota alimentaria que curs\u00f3 en su contra ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Girardot, se profiri\u00f3 sentencia el 27 de junio de 2023 en la que se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demandante y se determin\u00f3 incrementar la cuota alimentaria fijada en la cuant\u00eda del 50% del salario que percibe como miembro activo de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Expres\u00f3 que la providencia enjuiciada adolece de defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, al fundarse exclusivamente en la declaraci\u00f3n de parte que rindi\u00f3 la solicitante, sin tener en cuenta los dem\u00e1s elementos demostrativos allegados al proceso y el hecho de que el monto, expuesto en el escrito de demanda, era inferior al que determin\u00f3 la autoridad judicial en su fallo. Finalmente, agreg\u00f3 que no ha incumplido con su obligaci\u00f3n de sufragar la cuota alimentaria, por lo que, en su criterio, resulta improcedente la medida cautelar de embargo dictaminada en su contra. <\/p>\n
2. El querellado remiti\u00f3 el enlace del expediente y defendi\u00f3 la legalidad de sus determinaciones. La vinculada que act\u00fao como demandante en el proceso aludido se opuso a las s\u00faplicas del gestor. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo al estimar que la determinaci\u00f3n objeto de escrutinio esgrimi\u00f3 argumentos razonables. <\/p>\n
4. El promotor impugn\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal y reiter\u00f3 los reparos expuestos en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Dadas las particularidades del caso, en el que la queja medular del convocante se sustent\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 el accionado, al haber fundamentado su veredicto \u00fanica y exclusivamente en el relato que rindi\u00f3 la demandante al absolver interrogatorio, resulta imperioso hacer algunas precisiones con relaci\u00f3n a la libre valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y la estimaci\u00f3n probatoria de la declaraci\u00f3n de parte. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la libertad del Juez en la valoraci\u00f3n de las pruebas incorporadas al proceso. <\/p>\n
El r\u00e9gimen probatorio en el proceso civil colombiano est\u00e1 fundado en el postulado de la apreciaci\u00f3n razonada de la prueba o sana cr\u00edtica, en el cual es el Juez quien pondera la evidencia y, despu\u00e9s de sopesarla acorde con las reglas de la experiencia, la l\u00f3gica y la raz\u00f3n, extrae las conclusiones que de ese labor\u00edo emerjan, contrario a lo que acontece en el sistema de tarifa legal donde es el legislador quien, por anticipado, establece la forma como el operador judicial debe apreciar cada medio, de modo que este solo debe hacer una estimaci\u00f3n cuantitativa a efectos de confirmar o desvirtuar su m\u00e9rito. <\/p>\n
Con todo, se destaca que, si bien el Juzgador goza de independencia para valorar los medios de prueba, no es libre de razonar arbitrariamente, pues seg\u00fan Couture1 \u00abesta manera de actuar no ser\u00eda sana cr\u00edtica, sino libre convicci\u00f3n. La sana cr\u00edtica es la uni\u00f3n de la l\u00f3gica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero tambi\u00e9n sin olvidar esos preceptos que los fil\u00f3sofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el m\u00e1s certero y eficaz razonamiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sana cr\u00edtica impone al juez \u00abrealizar juicios valorativos con fundamentos que deben resistir an\u00e1lisis. Cuando ello no ocurre, hay simple asunci\u00f3n caprichosa del medio probatorio.\u00bb (SC1819-2019, SC2976-2021). Para Michele Taruffo: <\/p>\n
\u00ab[L]a adopci\u00f3n de la perspectiva racionalista que aqu\u00ed se sigue no implica la negaci\u00f3n de la libertad y de la discrecionalidad en la valoraci\u00f3n del juez, que representa el n\u00facleo del principio de la libre convicci\u00f3n, pero implica que el juez efect\u00fae sus valoraciones seg\u00fan una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la l\u00f3gica y de la argumentaci\u00f3n racional. Por decirlo as\u00ed, el principio de la libre convicci\u00f3n ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la raz\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, en la mayor parte de los sistemas procesales modernos el juez est\u00e1 obligado a justificar racionalmente sus propias valoraciones, y elabora argumentos l\u00f3gicamente v\u00e1lidos para sostener su decisi\u00f3n en hechos\u00bb. 2 <\/p>\n
<\/p>\n
3. De la valoraci\u00f3n probatoria de la declaraci\u00f3n de parte. <\/p>\n
A prop\u00f3sito del testimonio3 de la parte como medio persuasivo, Cappelleti4 sostuvo su importancia al afirmar que \u00ab[l]a parte es interrogada justamente para que informe al juez del exacto desenvolvimiento de los hechos controvertidos. O sea, se la toma aqu\u00ed en consideraci\u00f3n como verdadera fuente de prueba, y precisamente como prueba hist\u00f3rica (directa)\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, la Sala ha destacado la relevancia de la declaraci\u00f3n de parte como elemento demostrativo, sin desconocer que su apreciaci\u00f3n debe efectuarse en conjunto con otros medios allegados al plenario, pues en reciente pronunciamiento explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe ese modo, si el relato resulta coherente, contextualizado y existen corroboraciones perif\u00e9ricas, como por ejemplo documentos u otros medios de juicio que lo sustenten, es digno de credibilidad y, por tanto, debe ser apreciado en comuni\u00f3n con ellos a fin de esclarecer los hechos que importan para la definici\u00f3n de la litis.\u00bb (STC9197-2022). <\/p>\n
Y es que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico el legislador al referirse a los medios persuasivos en el art\u00edculo 165 del Estatuto General del Proceso, distingui\u00f3 entre declaraci\u00f3n de parte y confesi\u00f3n, lo que reafirm\u00f3 en el inciso final del art\u00edculo 191 Idem cuando estableci\u00f3 que \u00ab\uf05bl\uf05da simple declaraci\u00f3n de parte se valorar\u00e1 por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto, mem\u00f3rese que, en el art\u00edculo 176 del compendio aludido, el legislador estableci\u00f3 que: <\/p>\n
El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, la estimaci\u00f3n de las pruebas en el proceso no s\u00f3lo se surte en comuni\u00f3n, sino tambi\u00e9n de manera individual, puesto que, de cada elemento probatorio que obre en el litigio, el funcionario deber\u00e1 asignarle el respectivo m\u00e9rito bajo el criterio de fiabilidad que le haya generado en su raciocinio, lo cual emerge de una operaci\u00f3n de car\u00e1cter cr\u00edtico y racional que no puede cumplirse de manera fragmentada o aislada, sino en conjunto, en la medida en que comprende el cotejo o comparaci\u00f3n de todos los medios de convicci\u00f3n allegados al proceso, con el fin de establecer sus puntos de convergencia o de divergencia. <\/p>\n
A partir de ese labor\u00edo, el Juez le asigna m\u00e9rito a las evidencias de acuerdo al grado de convencimiento que le generen y emite su veredicto soportado en los hechos objeto de discusi\u00f3n que quedaron demostrados en el juicio. Lo explicado, guarda relaci\u00f3n con el denominado principio de unidad de la prueba, que impone un examen concentrado de todas las probanzas con independencia de su naturaleza y del inter\u00e9s del sujeto que las aport\u00f3\uf03b en palabras de Devis Echand\u00eda: <\/p>\n
\u00abSignifica este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme\u00bb5. <\/p>\n
En s\u00edntesis, si en un determinado asunto, el Juzgador se encuentra con declaraciones que resultan contradictorias parcial o totalmente, no s\u00f3lo deber\u00e1 efectuar una apreciaci\u00f3n individual del relato con relaci\u00f3n a la exhaustividad, detalle, claridad y coherencia en lo expresado, sino que adem\u00e1s tendr\u00e1 que cotejarlo con los dem\u00e1s medios demostrativos recaudados en las diligencias, para as\u00ed poder dar credibilidad a un declarante y no a otro que se haya mostrado antag\u00f3nico. En otras palabras, para que el Juez tenga por veros\u00edmil una versi\u00f3n de lo declarado, deber\u00e1 estar apoyado, por lo general, en otros medios de convicci\u00f3n, en virtud de la tarea que tiene asignada de valorar el acervo probatorio, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a este punto, resulta muy ilustrativo lo afirmado en CSJ SC 15 abr. 2011, exp. 2006-00039-01, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a la hora de verificar si los enunciados f\u00e1cticos propuestos por las partes son veraces, el juez realiza varias actividades, subsecuentes y complementarias. Primero, desde una perspectiva meramente ontol\u00f3gica, percibe los elementos de juicio que por iniciativa de las partes o de oficio arribaron al proceso y, luego, toma la informaci\u00f3n que de ellos emerge y la analiza, con el fin de darle un sentido que consulte los postulados de la sana cr\u00edtica, para, ah\u00ed s\u00ed, llegar a una conclusi\u00f3n razonable y convincente sobre la ocurrencia efectiva de un hecho. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el caso objeto de revisi\u00f3n, verificadas las consideraciones que expuso el Juzgado encartado para sustentar su fallo, es plausible corroborar que incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues, para concluir la variaci\u00f3n en las necesidades del alimentario mencion\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n a la necesidad alimentaria de M.A.B. de esos alimentos por parte de su progenitor el se\u00f1or Juan Diego Borrero G\u00f3mez, observa este despacho que se ha practicado en esta diligencia el interrogatorio de parte de la se\u00f1ora C.L.F. quien por ostentar el cuidado y custodia del menor es quien est\u00e1 llamada a dar cuenta de efectivamente en qu\u00e9 consiste esa obligaci\u00f3n alimentaria que requiere M.A.B. para el presente caso y previo al juramento de rigor y las explicaciones del caso, la se\u00f1ora C.L.F. bajo la gravedad de juramento afirm\u00f3 que los gastos correspondientes a M.A.B. para su cuidado y custodia corresponden a un cr\u00e9dito hipotecario que ella paga en el apartamento donde habita con el menor por valor de $1.493.000 (\u2026), al igual que gastos de servicios p\u00fablicos como es acueducto por $35.000, energ\u00eda por $210.000, gas por $17.000 internet por $109.000, al igual que inform\u00f3 que cada 15 d\u00edas hace un mercado de $900.000 para la alimentaci\u00f3n de ella y su menor hijo, gastos que no incluyen las onces que debe pagar de manera mensual igualmente en el Colegio d\u00f3nde se educa M.A.B., de estos gastos se observa que los mismos ascienden a un total de $3.171.493.000, que distribuidos entre ambos progenitores respecto de estos gastos en un porcentaje del 50% a cada uno le corresponde asumir una suma de $1.585.746.000, igualmente la se\u00f1ora C.L.F. mencion\u00f3 bajo la gravedad de juramento que para el cuidado y custodia de M.A.B. requiere igualmente que el menor estudie, quien igualmente actualmente est\u00e1 estudiando y paga una pensi\u00f3n mensual en el Colegio por $236.000, una ruta en el Colegio por $190.000, paga igualmente onces por valor de $240.000, una actividad recreativa correspondiente a baloncesto para lo cual paga tambi\u00e9n una cuota mensual de $80.000 igualmente la se\u00f1ora (\u2026) mencion\u00f3 bajo la gravedad de juramento que para el cuidado y custodia cuando no est\u00e1 con el menor por encontrarse trabajando en sus actividades como enfermera paga un cuidador por valor de $600.000 mensuales, al igual que el menor requiere dos cortes de cabello al mes cada uno por $20.000 correspondiendo a un valor de $40.000 mensuales por corte de cabello, al igual que mencion\u00f3 que todos los fines de semana el menor hace actividades recreativas cada una por valor de $50.000 correspondiendo las actividades recreativas al mes por valor de $200.000. <\/p>\n
Frente a estos gastos de educaci\u00f3n, de ruta de colegio, onces, actividades de baloncesto, cuidado del menor, corte de cabello, recreaci\u00f3n de los fines de semana, corresponden a un gasto total de $1.586.000 que atendiendo la obligaci\u00f3n que, a cada uno de los padres, le asistir\u00eda a cada uno suplir la suma de $793.000.\u00bb <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que: <\/p>\n
Igualmente, la se\u00f1ora C.L.F. bajo la gravedad de juramento (\u2026) nos mencion\u00f3 que M.A.B. sufre de dos patolog\u00edas (\u2026), respecto de la primera de ellas nos mencion\u00f3 que efectivamente el menor requiere un tratamiento mensual (\u2026) el cual lo detall\u00f3 que se materializa con una limpieza facial y con el uso de un protector solar, un hidratante y una betametasona, para esto mencion\u00f3 bajo la gravedad de juramento que (\u2026) requiere un pago mensual de $455.000 que haciendo la correspondiente obligaci\u00f3n de suplir dichos gastos en un 50% en cada uno de sus progenitores ascender\u00eda a la suma de $227.500. <\/p>\n
Conforme a lo anterior tenemos entonces, que para el cuidado mensual de M.A.B. a manera de resumen se requiere un total de $5.216.493 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, al efectuar la estimaci\u00f3n del interrogatorio de parte del aqu\u00ed precursor y de las pruebas que aquel alleg\u00f3 en su escrito de excepciones de m\u00e9rito, el Juez para restarles m\u00e9rito estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, si bien el demandado al momento de absolver el interrogatorio de parte refut\u00f3 algunos gastos con relaci\u00f3n a lo que indic\u00f3 la se\u00f1ora C.L.F. bajo la gravedad de juramento en particular al cobro del servicio de energ\u00eda (\u2026), lo cierto es que aparte de su apreciaci\u00f3n personal no alleg\u00f3 ning\u00fan tipo de medio probatorio en virtud del cual el despacho eventualmente pueda llegar a desacreditar lo indicado por la demandante bajo la gravedad de juramento, igual destino ocurre con las refutaciones que realiz\u00f3 respecto de los cobros por ruta del colegio y a la actividad deportiva que realiza el menor como es el baloncesto ello en primera medida, porque si bien alleg\u00f3 unos recibos de pago de ruta de colegio por un valor inferior, lo cierto es que dichos recibos no fueron emitidos al momento en que fue instaurada la demanda, sino con posterioridad y sin que a la fecha efectivamente se haya podido dilucidar por medio del correspondiente testigo si dichos gastos que se mencionan ah\u00ed se mantienen o se actualizaron en la manera en que la demandante bajo la gravedad de juramento lo aclar\u00f3 al momento de absolver el interrogatorio de parte formulado por este despacho. <\/p>\n
Igualmente el demandante present\u00f3 reparos con relaci\u00f3n al tratamiento dermatol\u00f3gico que se cubre a efectos de apalear la patolog\u00eda que padece el menor (\u2026) se\u00f1alando que si bien, en su momento se encontr\u00f3 inconforme o que en los momentos en que ejerce el cuidado y custodia del menor no observa que el haga uso de dichos productos, lo cierto es que igualmente no alleg\u00f3 ning\u00fan tipo de concepto m\u00e9dico por medio del cual se pueda desacreditar que efectivamente dichos productos m\u00e9dicos no se est\u00e1n formulando o no se est\u00e1n aplicando en el menor como para estimar que efectivamente los mismos no se est\u00e1n causando en la manera en que la demandante lo se\u00f1al\u00f3 al momento de absolver el interrogatorio de parte\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, permite concluir la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad procesal que le asisten al quejoso, pues su credibilidad fue descartada al no estar soportado su relato con otras pruebas id\u00f3neas\uf03b contrario a lo acaecido con su contraparte, dado que sus manifestaciones fueron el \u00fanico apoyo demostrativo del veredicto emitido, el cual present\u00f3 inconsistencias frente a documentales aportadas en el proceso y lo referido en el l\u00edbelo de demanda. <\/p>\n
En efecto, aunque los padres en sus declaraciones confirmaron algunos puntos de las necesidades del menor, c\u00f3mo lo fue el diagn\u00f3stico m\u00e9dico, tambi\u00e9n se presentaron contradicciones, en espec\u00edfico frente al tratamiento dermatol\u00f3gico, los elementos que requiere de manera mensual, as\u00ed como lo relativo a las actividades extracurriculares, sin que le sea dable al Juzgador, ante las citadas divergencias, tener por cierto lo indicado por la madre en su simple dicho, con la justificaci\u00f3n de ser quien est\u00e1 a cargo del cuidado personal del menor, pues se pudo establecer que el aqu\u00ed accionante cumple con las visitas parentales y est\u00e1 atento a los requerimientos de su \u00fanico descendiente, de suerte que, las percepciones o informaci\u00f3n que rindi\u00f3 debi\u00f3 ser tambi\u00e9n valorada bajo las reglas de la sana cr\u00edtica. Obs\u00e9rvese que, ante la duda y la ausencia de evidencias que corroboraran lo expuesto en las declaraciones de parte rendidas, el Juez como director del proceso y garante del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, pudo hacer uso de su facultad-deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer tales puntos. <\/p>\n
Sobre el particular, el inciso 8\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, que regula este tipo de asuntos, indica que la cuota de alimentos podr\u00e1 ser modificada cuando \u00abhaya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario\u00bb, por ello, en un proceso judicial como el que aqu\u00ed nos ocupa, debe constatarse la alteraci\u00f3n de las condiciones que originaron la fijaci\u00f3n inicial, para lo cual ser\u00e1 imprescindible determinar y clarificar con elementos de convicci\u00f3n debidamente recaudados y controvertidas \u00ablos \u00edtems que deben integrar los alimentos (\u2026)\u00bb del adolescente \u00abas\u00ed como su cuant\u00eda, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb (STC17351-2021). <\/p>\n
Es m\u00e1s, si lo que pretend\u00eda la autoridad judicial era dar prevalencia al inter\u00e9s superior del menor para satisfacer sus necesidades alimentarias, con mayor raz\u00f3n debi\u00f3 establecer una actividad probatoria que permitiera conocer con estrictez y claridad sus requerimientos. Al respecto, la Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abla revisi\u00f3n de la cuota alimentaria no puede otorgarse por la mera solicitud de uno de los progenitores u obligados, sino que debe tenerse en cuenta que para prosperar la misma se tiene que cumplir varios presupuestos, a saber: (i) Copia informal de la providencia, del acta de conciliaci\u00f3n o del acuerdo privado en que haya sido se\u00f1alada la cuota; (ii) Acreditaci\u00f3n de la variaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o cambiado las necesidades de los alimentario (sic). <\/p>\n
Lo anterior, porque en este caso ya no se intenta fijar la cuota para los menores, porque la misma ya ha debido ser determinada judicial o convencionalmente, si no que se atiende el pedido de alguno de los obligados de modificar la ya existente ante la variaci\u00f3n en los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla, sea que se hayan alteraron las posibilidades del alimentante (padre o madre) o las necesidades del alimentario. Entonces, por m\u00e1s que la sentencia o el acuerdo por medio del que se reglan los alimentos no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada y resulta siempre modificable, la reforma s\u00f3lo procede si han variado los elementos f\u00e1cticos anteriores. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed que el juez al modificar o fijar una cuota alimentaria no solo debe verificar la acreditaci\u00f3n de los presupuestos para acceder a las pretensiones, sino que adem\u00e1s debe tener en cuenta el inter\u00e9s superior de los dos menores, a fin de que con la determinaci\u00f3n no se transgredan otros derechos fundamentales y conexos de los mismos. <\/p>\n
En otras palabras, el funcionario judicial al momento de tomar su decisi\u00f3n, est\u00e1 en el deber de ser precavido con los efectos y riegos que aquella pueda generar, tanto as\u00ed como prevenir futuros desequilibrios o desigualdades que terminen por influir no s\u00f3lo en el \u00e1mbito econ\u00f3mico de los padres, sino tambi\u00e9n en otras esferas que mantienen el v\u00ednculo familiar\u00bb (CSJ STC8837-2018, 11 jul. 2018, rad. 00236-01). Destaca la Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conforme a la exposici\u00f3n que antecede, no queda alternativa distinta a conceder el resguardo, \u00fanicamente frente a la queja de la indebida valoraci\u00f3n probatoria de la sentencia esgrimida. Ello en virtud de que no se cumple con el requisito de subsidiariedad frente al reparo del decreto de la medida cautelar de embargo del salario del actor, dado que no se observa que este haya acudido al Juez natural del asunto para solicitar el levantamiento de la misma. <\/p>\n
En suma, se dejar\u00e1 sin valor la sentencia dictada el 27 de junio de 2023, para que el estrado judicial encartado proceda a desatar nuevamente el juicio de aumento de cuota alimentaria puesto en su conocimiento, de cara a las motivaciones que preceden. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, y en su lugar CONCEDE parcialmente el amparo. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la sentencia de fecha 27 de junio de 2023 y se ORDENA al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, proceda a decretar y practicar las pruebas de oficio que considere pertinentes, as\u00ed como resuelva nuevamente sobre la pretensi\u00f3n de aumento de la cuota alimentaria, de acuerdo con las normas que regulan la materia y los razonamientos que anteceden. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
1\u0002 Eduardo J. Couture, Fundamentos Del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1958. Pag 270 1. <\/p>\n