STC11258-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11258-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00411-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 4 de septiembre de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Marleny Orozco Molina contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guaduas y Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, tr\u00e1mite al que se vincularon a las partes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulneradas, por lo que pidi\u00f3 se deje sin efectos las decisiones adoptadas por los despachos judiciales accionados y se defina de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, que el juez competente para conocer del tr\u00e1mite del proceso es el de categor\u00eda circuito de su domicilio. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Manifiesta la accionante que, Mar\u00eda Zorany Orozco Molina inici\u00f3 demanda de simulaci\u00f3n en su contra, la cual inicialmente se radic\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, el cual declar\u00f3 la falta de competencia mediante auto del 29 de abril de 2021, tras considerar que el aval\u00fao catastral del inmueble no cumpl\u00eda con la cuant\u00eda para su conocimiento, por lo que remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados Promiscuos Municipales de Guaduas. <\/p>\n
2.2. Que el conocimiento de la demanda de simulaci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guaduas, el cual admiti\u00f3 la demanda en prove\u00eddo del 8 de julio de 2021. En contra de este auto se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n alegando la falta de competencia, los cuales fueron negados, omitiendo tambi\u00e9n el juzgado accionado ejercer un control de legalidad de cara a ese asunto en particular. <\/p>\n
2.3. As\u00ed mismo, se interpusieron excepciones previas por falta de competencia no solo por cuant\u00eda sino por factor territorial, las cuales se declararon no probadas mediante auto del 18 de julio de 2022. Frente a esta decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, siendo resuelto de manera desfavorable el primero y, rechazada la alzada, por lo que se interpuso recurso de queja que tambi\u00e9n fue desestimado. <\/p>\n
2.4. Aduce la quejosa, que la titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guaduas, tiene unos intereses personales frente al proceso atacado, puesto que una de las empleadas del juzgado es familiar del apoderado de la demandante del mismo, por lo que solicit\u00f3 vigilancia administrativa frente al proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guaduas, indic\u00f3 que su decisi\u00f3n de cara a su competencia para conocer del proceso objeto de queja, fue motivada con suficiencia, descartando que la misma se haya adoptado por capricho o alg\u00fan inter\u00e9s particular. Inform\u00f3 que la vigilancia administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura no fue exitosa y que, si bien tiene conocimiento de la relaci\u00f3n familiar de una de sus empleadas con el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso atacado, aduce que la mencionada empleada no cuenta con funciones de sustanciaci\u00f3n y que la aleja de cualquier tr\u00e1mite donde est\u00e9 vinculado su familiar. <\/p>\n
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2. El Promiscuo del Circuito de Guaduas, manifest\u00f3 que en atenci\u00f3n las pruebas allegadas con la demanda, determin\u00f3 que no era competente para conocer de la misma, raz\u00f3n por la que remiti\u00f3 el mismo mediante auto del 29 de abril de 2021, a los Juzgados Promiscuos Municipales de Guaduas (reparto). <\/p>\n
Que conoci\u00f3 del recurso de queja por la negativa del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la actora en contra del prove\u00eddo del 16 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guaduas, recurso que se resolvi\u00f3 en auto del 12 de mayo del a\u00f1o que avanza, declarando bien denegada la alzada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, comoquiera que las consideraciones y conclusiones del juzgado accionado, plasmadas en auto de fecha 18 de julio de 2022, en el cual se resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n previa de falta de competencia, y el prove\u00eddo de fecha 19 de enero de 2023, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n en contra del auto anterior, no se advierte capricho o arbitrariedad que deba ser sometida a control constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
\u2026 Con base en los criterios precitados, se tiene que la excepci\u00f3n previa formulada por el apoderado judicial de la demandada Marleny Orozco Molina no est\u00e1 probada, advirtiendo que: <\/p>\n
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i. En el planteamiento de la excepci\u00f3n, se limita a controvertir el domicilio de la demandada Marleny Orozco Molina, en cuanto a que \u00e9ste corresponde a la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., y no al municipio de Guaduas (Cundinamarca). <\/p>\n
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ii. Sin embargo, el apoderado judicial de la demandada Marleny Orozco Molina omiti\u00f3 en su argumentaci\u00f3n, que la competencia en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de contrato, no se determina \u00fanicamente por el domicilio de la parte demandada, sino que tambi\u00e9n concurre el fuero del lugar del cumplimiento del contrato previsto en el numeral 31 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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iii. De esta forma, si estamos hablando de que en el presente asunto se est\u00e1 pretendiendo la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa de inmueble celebrado en la escritura p\u00fablica No. 0187 de 1\u00ba de febrero de 2002 de la Notar\u00eda 48 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, es porque una de las obligaciones de la naturaleza de este contrato, no es otra que la de hacer la tradici\u00f3n efectiva del inmueble por parte del vendedor al comprador, en otras palabras, del tradente al adquiriente, obligaci\u00f3n de la que trata los art\u00edculos 1880 y 756 del C\u00f3digo Civil al ordenar que: <\/p>\n
\u201cARTICULO 1880. <OBLIGACIONES DEL VENDEDOR >. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradici\u00f3n, y el saneamiento de la cosa vendida. <\/p>\n
La tradici\u00f3n se sujetar\u00e1 a las reglas dadas en el t\u00edtulo VI del libro II.\u201d <\/p>\n
\u201cARTICULO 756. <TRADICION DE BIENES INMUEBLES>. Se efectuar\u00e1 la tradici\u00f3n del dominio de los bienes ra\u00edces por la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
De la misma manera se efectuar\u00e1 la tradici\u00f3n de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes ra\u00edces, y de los de habitaci\u00f3n o hipoteca.\u201d <\/p>\n
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iv. Por lo que, si una de las obligaciones que se entienden pactadas en el contrato de compraventa de inmuebles, es la de que el vendedor debe hacer la tradici\u00f3n del inmueble, registrando t\u00edtulo traslaticio de dominio en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos competente, se entiende que el lugar del cumplimiento de esta obligaci\u00f3n corresponder\u00e1 a la del lugar en donde se encuentre ubicada esa oficina de registro de instrumentos. <\/p>\n
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v. De tal manera que, si el contrato escritura p\u00fablica No. 0187 de 1\u00ba de febrero de 2002 de la Notar\u00eda 48 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 se refiere a la compraventa del inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 162-4714 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Guaduas (Cundinamarca), por supuesto, se debe entender como lugar de cumplimiento de las obligaciones del contrato, al menos, al municipio de Guaduas (Cundinamarca). <\/p>\n
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vi. De tal forma que resulta infructuoso que se plantee una discusi\u00f3n relacionada con el domicilio de la demandada Marleny Orozco Molina porque, en gracia de discusi\u00f3n, y aunque todav\u00eda resultare cierto que el domicilio de la demandada no fuera el municipio de Guaduas (Cundinamarca) sino la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., lo cierto es que el que al menos una de las obligaciones pactadas en el contrato cuya declaratoria de simulaci6n se pretende, deb\u00eda ejecutarse en Guaduas (Cundinamarca), por lo que no le asiste duda a este despacho judicial, que s\u00ed es competente para conocer del presente asunto, descartando el domicilio de la demandada, por cuanto concurre el fuero contractual. <\/p>\n
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vii. Ahora bien, en cuanto a la queja que hace el apoderado judicial de la parte demandada, en cuanto al valor de la pretensi\u00f3n, que estima equivalente al valor comercial (actual) del inmueble sobre el que vers\u00f3 el contrato, se tiene que este no es un argumento, en realidad, es un desatino que no tiene relaci\u00f3n con lo que dispone el numeral 12 del art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto lo que hay que llevar a valor presente, es el valor del precio pactado en el contrato, no del valor presente del inmueble, concepto b\u00e1sico propio de las ciencias financieras que el legislador no dej\u00f3 de lado al indicar, que el valor para efectos de determinar la cuant\u00eda, es que el que tengan las pretensiones al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, con sus frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, excluyendo aquellos que se causen con posterioridad a esta interposici\u00f3n. <\/p>\n
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viii. As\u00ed, si en la pretensi\u00f3n primera de la demanda se pretendi\u00f3 la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n de un contrato de compraventa cuyo precio se pact\u00f3 en dieciocho millones de pesos (18.000.000,\u00b0\u00b0) en el 1\u00ba de febrero de 2002, es err\u00f3neo predicar que es esta la suma de dinero a la que equivale la pretensi\u00f3n a la fecha de la interposici\u00f3n de la demanda, el 12 de abril de 2021, porque aquel valor del a\u00f1o 2002, a la fecha de la interposici6n de la demanda, deb\u00eda calcularse conforme la operaci\u00f3n financiera que se detallar\u00e1 a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Valor presente es igual a valor inicial multiplicado por el producto de la divisi\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor actual sobre el \u00edndice de precios al consumidor inicial: <\/p>\n
VR=VH x (IPC actual\/IPC inicial) <\/p>\n
VR=18.000.000 * (107,92\/56,853) <\/p>\n
VR=34.169.920,84 <\/p>\n
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ix. Ello quiere decir que, la cuant\u00eda del presente asunto se determinar\u00eda en el valor de treinta y cuatro millones ciento sesenta y nueve mil novecientos veinte pesos con ochenta y cuatro centavos ($34.169.920,84) para el momento en que se interpuso la demanda, lo que no sobrepasar\u00eda de la m\u00ednima cuant\u00eda, teniendo en cuenta que la menor cuant\u00eda, para el a\u00f1o 2021, se determinaba para los procesos que excedieran de treinta y seis millones trescientos cuarenta y un mil cuarenta y un pesos ($36.341.041,00), si se tiene en cuenta para ese a\u00f1o el salario m\u00ednimo mensual legal vigente se determin\u00f3 en novecientos ocho mil quinientos veintis\u00e9is pesos ($908.526,00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las pruebas aportadas al juicio criticado y concluy\u00f3 que, era competente tanto por cuant\u00eda como por factor territorial, para conocer del mismo. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201cART\u00cdCULO 28. COMPETENCIA TERRITORIAL. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
3. En los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita.\u201d <\/p>\n
2\u0002 ARTICULO 26. DETERMINACI\u00d3N DE LA CUANTIA. La cuant\u00eda se determinar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
3\u0002 DANE \u00cdndices – series de empalme- septiembre 2021, ver en: <\/p>\n