STC11265-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC11265-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n.\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes comprendidas en este asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela que Adriana en representaci\u00f3n del menor Mario instaur\u00f3 contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, extensiva al Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia, los herederos de Pablo, la Comisar\u00eda de Familia de esa urbe y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2023-00034. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en la calidad mencionada, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abreconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, estado civil, orden sucesoral, obligaciones alimentarias, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a los accionados \u00abpracti[car] la prueba ordenada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia en el proceso de filiaci\u00f3n post-mortis, sin que (\u2026) deba responder por los gastos, en raz\u00f3n de que le fue concedido el amparo de pobreza\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que Pablo, padre de su hijo Mario, falleci\u00f3 el 19 de julio de 2022, en tanto \u00e9ste naci\u00f3 el 17 de noviembre siguiente, por lo que promovi\u00f3 demanda de \u00abfiliaci\u00f3n post-mortis\u00bb contra los herederos de aquel, a trav\u00e9s de la Defensor\u00eda del Pueblo, pues \u00abse le concedi\u00f3 amparo de pobreza, porque no posee los recursos para pagar un abogado\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia admiti\u00f3 el litigio y \u00aborden\u00f3\u00bb al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses \u2013 Regional Noroccidente practicar la prueba gen\u00e9tica, para que \u00abcertifique si las muestras biol\u00f3gicas correspondientes a Pablo (\u2026) son aptas para prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN\u00bb (3 abr. 2023). <\/p>\n
Dicha dependencia respondi\u00f3 que \u00abno es posible realizar dicha prueba, porque no hay contrato vigente con el ICBF, por lo que las tomas est\u00e1n suspendidas hasta tanto no se resuelva la situaci\u00f3n administrativa entre las dos entidades, que una vez se supere esta etapa el cronograma ser\u00e1 actualizado y publicado por el ICBF en su portal institucional\u00bb (17 ag.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 ser madre cabeza de hogar y, aunque labora, \u00absu salario es m\u00ednimo y no le alcanza para pagar el examen, ya que, de acuerdo a la informaci\u00f3n suministrada en el ICBF, el costo supera los $4.000.000\u00bb, por tanto, la falta de esa \u00abprueba\u00bb, ha generado que \u00ablos derechos de su hijo est\u00e9n suspendidos\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia se\u00f1al\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la comunicaci\u00f3n del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dispuso \u00abquedar a la espera de la reanudaci\u00f3n de dicho cronograma\u00bb y, agreg\u00f3 que el pasado 4 de septiembre requiri\u00f3 al ICBF para que \u00abinformara sobre la reanudaci\u00f3n de la citada programaci\u00f3n\u00bb, quien contest\u00f3 que \u00aba la fecha no se hab\u00eda suscrito el contrato interadministrativo\u00bb. <\/p>\n
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se opuso al amparo, toda vez que \u00abno puede practicar prueba ordenada al ICBF trav\u00e9s del Convenio con el instituto, pues a la fecha no hay convenio entre las entidades\u00bb, lo cual, \u00abobedece a razones ajenas a la entidad\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidi\u00f3 negar el auxilio porque \u00abno se encuentra acreditada ninguna conducta atribuible al ICBF – Regional Antioquia que se pueda constituir como amenaza o violaci\u00f3n de los derechos se\u00f1alados\u00bb, ya que \u00abqued[\u00f3] demostrado que la prueba de ADN ordenada por el Juzgado de Familia se puede realizar en otros laboratorios, igualmente certificados e id\u00f3neos\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 120 Judicial II Familia coadyuv\u00f3 las aspiraciones de la tutelante, en tanto \u00abla actitud asumida [por] estas entidades, es violatoria de los derechos cuyo amparo se solicita, lo cual hace necesario que se (\u2026) conmin[e] a todas y cada una de las entidades requeridas a que procedan dar respuesta en debida forma, m\u00e1xime si tenemos en cuenta que nos encontramos frente al principio del inter\u00e9s superior del menor\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Antioquia concedi\u00f3 el resguardo, tras colegir, que \u00abel proceso est\u00e1 paralizado al no haberse practicado hasta la fecha la prueba t\u00e9cnica de marcadores gen\u00e9ticos de ADN ordenada en el auto admisorio\u00bb, bajo el argumento de \u00abla p\u00e9rdida de vigencia del convenio interadministrativo entre el ICBF y Medicina Legal\u00bb. No obstante, \u00abtal defensa no tiene ninguna vocaci\u00f3n de atendimiento\u00bb, porque \u00abla omisi\u00f3n que en esta ocasi\u00f3n denuncia la actora comporta una grave trasgresi\u00f3n a las prerrogativas fundamentales de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, pues \u00abla pr\u00e1ctica de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos (\u2026) es de obligatoria pr\u00e1ctica en el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad con el cual se persigue la materializaci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o SES\u00bb. <\/p>\n
Soport\u00f3 su raciocinio en jurisprudencia de la Corte Constitucional, seg\u00fan la cual, \u00abun tr\u00e1mite administrativo interno de una entidad no puede constituirse en una barrera para el disfrute de los derechos de una persona. Las cargas administrativas internas le corresponde soportarlas a la entidad y no al ciudadano\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, mand\u00f3 \u00abal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en el t\u00e9rmino un mes, procedan de manera coordinada y en el marco de sus competencias a la toma de las muestras, su procesamiento y dem\u00e1s gestiones necesarias para la producci\u00f3n de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos ordenada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia en el proceso de investigaci\u00f3n con radicado 2023-00034. Lo anterior, sin perjuicio de que el ICBF practique la prueba a trav\u00e9s de alguno de los laboratorios acreditados y certificados para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, conmin\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia para que \u00aben lo sucesivo procure ejercer los deberes y poderes correcciones consagrados por los art\u00edculos 42 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de evitar la par\u00e1lisis de las causas judiciales a su cargo, imponiendo, de ser el caso, las sanciones a los funcionarios p\u00fablicos que se reh\u00fasen a acatar las \u00f3rdenes emanadas de la agencia judicial\u00bb. <\/p>\n
2.- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Antioquia impugn\u00f3, esgrimiendo que: <\/p>\n
i.- \u00abDe manera inicial y atendiendo comunicaci\u00f3n de fecha 26 de junio de 2023 con radicado No. 471-SG-DG-2023 el Instituto de Medicina Legal, solicit\u00f3 la pr\u00f3rroga del contrato interadministrativo No. 01010542022, la Direcci\u00f3n de Protecci\u00f3n el 28 de junio radic\u00f3, ante la Direcci\u00f3n de Contrataci\u00f3n del ICBF la solicitud de adici\u00f3n por valor de $1.500.000.000 y pr\u00f3rroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. El tr\u00e1mite de la adici\u00f3n y pr\u00f3rroga del contrato no fue posible realizarlo por asuntos eminentemente presupuestales, tal y como lo inform\u00f3 la Direcci\u00f3n de Contrataci\u00f3n <\/p>\n
mediante memorando interno No. 202312400000084623 de 30 de junio de 2023 entre otras por las siguientes consideraciones: <\/p>\n
a)- \u2018El contrato suscrito en la vigencia 2022, present\u00f3 presupuesto asignado para ser ejecutado en la misma vigencia, lo cual se cumpli\u00f3, dejando entre otras la constituci\u00f3n de una cuenta por pagar, cuyo valor se pag\u00f3 en el presente a\u00f1o. Como quiera que el plazo de ejecuci\u00f3n fue ampliado contractualmente hasta el 30 de junio de 2023, teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal, no es viable financieramente realizar adici\u00f3n presupuestal al contrato, pues la anualidad de las apropiaciones asignadas feneci\u00f3 el 31 de diciembre de 2022\u2019. <\/p>\n
b)- Para realizar una adici\u00f3n contractual, debe mediar previamente en SIIF Naci\u00f3n un CDP y RPC expedidos en la misma vigencia, el cual garantiza la ejecuci\u00f3n de los recursos asignados, por tanto, frente al contrato que nos ocupa, no existe llave presupuestal para poder realizar adiciones a dicho contrato\u00bb. <\/p>\n
ii.- \u00abParalelo a lo anterior (\u2026) Medicina Legal remite propuesta t\u00e9cnicoecon\u00f3mica para celebrar un nuevo contrato interadministrativo vigencia 2023. Recibida esta (\u2026) el 4 de agosto de 2023 se remiti\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Contrataci\u00f3n el estudio previo para la celebraci\u00f3n del nuevo contrato. Conforme a su competencia [\u00e9sta] realiz\u00f3 observaciones respecto a la forma de pago y desembolsos (\u2026). Una vez revisadas las condiciones jur\u00eddicas, financieras y contractuales del futuro contrato, la Direcci\u00f3n de Contrataci\u00f3n realiz\u00f3 orientaci\u00f3n respecto a la forma de pago de las pruebas de ADN que deb\u00eda hacerse por parte del ICBF; recomendaciones que no fueron aceptadas por Medicina Legal mediante comunicaci\u00f3n con radicado No. 00661-SG-DG-2023 de fecha 8 de septiembre de 2023, [porque]: <\/p>\n
1.- (\u2026) es imposible adelantar la contrataci\u00f3n de prestaci\u00f3n de Servicios con recursos propios. <\/p>\n
2.- La propuesta de pago de los costos fijos a los 15 d\u00edas de perfeccionado el convenio, retrasa de forma sustancial la contrataci\u00f3n del personal, siendo la fecha tentativa 1 de octubre, es decir 3 meses de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Suscribir un convenio en esta fecha, con pagos mensuales, significa la imposibilidad del INMLCF de ejecutar dichos recursos y consecuentemente el alto riesgo de constituci\u00f3n de reservas. <\/p>\n
4.- Con la forma de pago propuesta, el INMLCF no puede adquirir los insumos necesarios para el cumplimiento del objeto\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00absigue trabajando arduamente para garantizar el restablecimiento de los derechos y el inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes\u00bb y, solicit\u00f3 se le conceda \u00abun t\u00e9rmino de dos meses para realizar los tr\u00e1mites del proceso contractual con la finalidad de suscribir el contrato con el Instituto de Medicina Legal -INMLCF\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos esbozados por el ICBF, ab initio se advierte que la sentencia del a quo debe ser convalidada, porque se trasgredieron \u00ablos derechos de filiaci\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como el principio del \u00abinter\u00e9s superior del menor\u00bb que asiste a Mario. <\/p>\n
1.1.- De las probanzas allegadas al plenario se vislumbra que el Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia, el 3 de abril de 2023, avoc\u00f3 el conocimiento del proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad que Adriana en representaci\u00f3n de su hijo interpuso contra los herederos de Pablo, auto en el que decret\u00f3 \u00ab(\u2026) la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, para que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses \u2013 Regional Noroccidente, certifique si las muestras biol\u00f3gicas correspondientes a Pablo (\u2026) son aptas para prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN\u00bb. <\/p>\n
Empero, dicha instituci\u00f3n, a la fecha, no ha realizado lo encomendado, debido a \u00abla suspensi\u00f3n del cronograma para toma de muestras de ADN y exhumaciones de cad\u00e1veres, hasta tanto se suscriba entre el ICBF y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el contrato interadministrativo correspondiente\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Concluye la Sala que no asiste raz\u00f3n al ente recurrente, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.2.1.- Mem\u00f3rese que esta Corporaci\u00f3n desde tiempo atr\u00e1s ha expresado que \u00ablos ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior\u00bb, al tenor de lo preceptuado en los art\u00edculos 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 8\u00b0 de la Ley 1098 de 2006. Sobre ese t\u00f3pico la Corte Constitucional en providencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la T-261\/13 tambi\u00e9n estableci\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad. (Citada en STC5016-2016 y en STC5821-2022). <\/p>\n
1.2.2.- Sumado a ello, la T-146 de 2011 reiter\u00f3 que \u00ab[e]n repetidas oportunidades esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que un tr\u00e1mite administrativo interno de una entidad no puede constituirse en una barrera para el disfrute de los derechos de una persona. Las cargas administrativas internas le corresponde soportarlas a la entidad y no al ciudadano\u00bb. <\/p>\n
1.2.3.- Por otra parte, el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 721 de 2001 indica que \u00ab[e]n los procesos a que hace referencia la presente ley [filiaci\u00f3n], el costo total del examen ser\u00e1 sufragado por el Estado, solo cuando se trate de personas a quienes se les haya concedido el amparo de pobreza. En los dem\u00e1s casos correr\u00e1 por cuenta de quien solicite la prueba\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Con ese contexto, se evidencia el quebrantamiento de los atributos esenciales de Mario, como se anunci\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, porque ninguna de las instituciones censuradas pod\u00eda negarse a practicar la prueba gen\u00e9tica de ADN ordenada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia, bajo la justificaci\u00f3n de inexistencia de un convenio entre las mismas, m\u00e1xime cuando a Adriana se le concedi\u00f3 el amparo de pobreza suplicado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que esta Colegiatura, en lo concerniente a la \u00abnecesidad de practicar oportunamente el referido medio probatorio en esta clase de asuntos\u00bb, ha explicado que: <\/p>\n
(\u2026) el juez est\u00e1 comprometido en alto grado con el \u00e9xito en la realizaci\u00f3n de la prueba de ADN, toda vez que puede echar mano de mecanismos como los requerimientos, los llamados de atenci\u00f3n o incluso imponer sanciones ante la negligencia del demandado para acudir al laboratorio. As\u00ed mismo, tiene la potestad de requerir a los peritos para el cumplimiento de su labor relacionados con la prueba pericial, o imponer las sanciones previstas en caso de negligencia de los auxiliares de la justicia. <\/p>\n
Pero su actividad debe ejercerse en un periodo razonable de tiempo y en todo caso la definici\u00f3n de la controversia no puede suspenderse indefinidamente ante la imposibilidad de contar con la informaci\u00f3n gen\u00e9tica, so pena de afectar gravemente el principio de celeridad, el debido proceso y con ello el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (CC T-997\/03)\u00bb (STC10877-2021). <\/p>\n
2.- El pedimento del ICBF encaminado a que \u00abse le conceda un t\u00e9rmino de dos meses para realizar los tr\u00e1mites del proceso contractual con la finalidad de suscribir el contrato con el Instituto de Medicina Legal -INMLCF\u00bb, no puede salir avante, primero, porque no corresponde al juez constitucional arrogarse facultades propias del iudex civil y, segundo, porque, tal y como lo advirtieron dicha entidad y el a quo, la prueba de ADN decretada por el juzgado, puede ser practicada en otros laboratorios, \u00abigualmente certificados e id\u00f3neos\u00bb. <\/p>\n
3.- Ergo, surge irrebatible el acompa\u00f1amiento del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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