STC11273-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11273-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00614-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 16 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Harvin Zuluaga D\u00edaz, quien aduce actuar como agente oficioso de Ciro Alfonso Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, contra Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Harvin Zuluaga D\u00edaz, quien aduce actuar como agente oficioso de Ciro Alfonso Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de su agenciado a la vida, m\u00ednimo vital, salud, seguridad social y \u00abprotecci\u00f3n reforzada como persona adulta mayor y en condiciones de debilidad manifiesta\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordenen al colegiado querellado \u00abrevoque el fallo radicado n\u00b0 64002 \u2013 SL3161-219\u00bb y, en consecuencia, se ordene \u00abque profiera una nueva sentencia ajustada a derecho y teniendo presente las consideraciones legales y jurisprudenciales que motivaron tanto el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, as\u00ed como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle, y los que motivaron la actual acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Ciro Alfonso Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez se dedicaba a las labores del campo, empero, el 26 de junio de 2009 sufri\u00f3 un accidente de tr\u00e1nsito, por el cual fue dictaminado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 76.95%; que por tal situaci\u00f3n solicit\u00f3 reconocimiento pensional por invalidez, la que fue negada por Protecci\u00f3n S.A. por no cumplir con los requisitos legales. <\/p>\n
2.2. Con fundamento en lo anterior, el peticionario formul\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado -Coomuser C.T.A.1, con la finalidad que le fuera reconocida la prenotada pensi\u00f3n de invalidez; el 7 de septiembre de 2011 el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali accedi\u00f3 a las pretensiones, al inaplicar el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003 por v\u00eda de excepci\u00f3n de inconstitucionalidad; determinaci\u00f3n revocada parcialmente, en sede de alzada, el 31 de octubre de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal de Cali, en punto al pago de intereses moratorios, en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Frente a esta determinaci\u00f3n, Protecci\u00f3n S.A. interpuso casaci\u00f3n, recurso acogido con fallo del 6 de agosto de 2019 (SL3161-2019) y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia en cuanto a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n, para, en su lugar, absolver a la accionada, pues el promotor no contaba con las 50 semanas cotizadas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os de declaratoria de la invalidez, dentro del r\u00e9gimen aplicable de la ley 860 de 2003, ni tampoco era dable asumir el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, comoquiera que, \u00abdebi\u00f3 tener en cuenta todo lo all\u00ed consignado en la Historia Laboral del demandante y, porque, adem\u00e1s, \u00e9ste no ten\u00eda por qu\u00e9 hacer an\u00e1lisis t\u00e9cnicos cuando era la propia Administradora la que, al aportar sus pruebas, le correspond\u00eda hacer la observaci\u00f3n de esa anomal\u00eda en la descripci\u00f3n de las semanas cotizadas\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el colegiado querellado no tuvo en cuenta los periodos comprendidos entre 092007 a 122007, 022008 a 052008 y 072008, porque fueron registrados como \u00abacreditaciones sin empleador\u00bb, situaci\u00f3n que deb\u00eda aclarar la administradora de pensiones, m\u00e1xime cuando posteriormente solicit\u00f3 una nueva historia laboral para anexarla a la acci\u00f3n de tutela y \u00abse hab\u00edan suprimido las semanas que antes aparec\u00edan como \u201cacreditaciones sin empleador\u201d, sin brindar explicaciones sobre ese hecho y sin anotar observaci\u00f3n alguna sobre la modificaci\u00f3n injustificada de la historia laboral del accionante\u00bb; adem\u00e1s, porque seg\u00fan el salvamento de voto presentado en la sentencia criticada, debi\u00f3 incluirse en el an\u00e1lisis los referidos periodos, pues, insiste, era Protecci\u00f3n S.A. quien deb\u00eda dar claridad al respecto. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que se desconocieron los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, especialmente, el SL5170-2019 de 27 de noviembre de 2019, en la que la Corte refiri\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 al restarle validez a las cotizaciones por no estar suscrita por el funcionario de Colpensiones. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que act\u00faa como agente oficio, en la medida en que Ciro Alfonso cuenta con limitaciones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas por su invalidez, adem\u00e1s, \u00abactualmente vive un poco aislado en una ciudad del Norte del Valle, y sin una comunicaci\u00f3n fluida con [\u00e9l] quien fue el que impetr\u00f3 la demanda laboral\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues se ajust\u00f3 a los posici\u00f3n jurisprudencial vigente con relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 860 de 2003 y 100 de 1993, precisando que, \u00abcuando la estructuraci\u00f3n de la invalidez sucede en vigencia de aquella disposici\u00f3n -Ley 860 de 2003- solo es posible diferir sus efectos hasta el 26 de diciembre de 2006 y siempre que se exprese una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta en el tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003\u00bb; remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
3. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues la llamada a responder las pretensiones constitucionales es la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que no cumple con el presupuesto de inmediatez, pues el fallo criticado data del 6 de agosto de 2019 y la demanda de tutela incoada el 24 de marzo de 2023, esto es, m\u00e1s de 3 a\u00f1os, sin que el promotor acreditara circunstancias reconocidas para justificar su inactividad, tales como, la debilidad manifiesta, interdicci\u00f3n o incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otros. <\/p>\n
Con todo, y al margen de lo anterior, destac\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues el colegiado querellado advirti\u00f3 que lo relativo a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, el l\u00edmite temporal de aplicaci\u00f3n se encontraba superado al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, conforme los precedentes jurisprudenciales; de ah\u00ed que, para el momento de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, estaba vigente el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, el cual exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la configuraci\u00f3n de la incapacidad laboral, presupuesto que no cumple el promotor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, a los que adicion\u00f3 que Ciro Alfonso se encuentra en estado de vulnerabilidad, \u00abmientras los fondos de pensiones privados administran billones de pesos colombianos, obteniendo enormes ganancias no reconocidas realmente a sus afiliados, el se\u00f1or Ciro Alfonso Rodr\u00edguez se debate ante una devastadora situaci\u00f3n que, de no reconocerle su pensi\u00f3n de invalidez, su vida ser\u00e1 a\u00fan m\u00e1s calamitosa. Y no se reclama dicho derecho por mera misericordia o ayuda social, sino porque es un derecho efectivamente ganado y que, por unas interpretaciones claramente violatorias de m\u00faltiples derechos, su vida est\u00e1 condenada a la indignidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto se advierte que la queja constitucional censura el fallo proferido el 6 de agosto de 2019 (SL3161-2019), respecto de la interpretaci\u00f3n que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n.\u00b0 4 dispens\u00f3 al plexo normativo aplicable a la accionante para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, al estar probado que dicha invalidez se estructur\u00f3 el 26 de junio de 2009, por lo que resultaba aplicables los art\u00edculos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, esto es, que el promotor deb\u00eda acreditar 50 semanas de cotizaci\u00f3n con anterioridad a tal estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, tras establecer que el problema jur\u00eddico consiste en la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que dispuso el Tribunal, pues consider\u00f3 que el promotor tiene derecho por cuanto estaba cotizando para cuando se estructur\u00f3 la invalidez y cotiz\u00f3 m\u00e1s de 26 semanas conforme el literal a) del art\u00edculo 39 de la ley 100 de 1993, estableci\u00f3 los puntos sobre los que no existe controversia, destacando que: <\/p>\n
\u2026los supuestos f\u00e1cticos que quedaron establecidos en el proceso, fueron los siguientes: i) que el demandante tiene una p\u00e9rdida de capacidad laboral \u2013PCL\u2013 del 67.95%, de manera que se encuentra en situaci\u00f3n de invalidez, cuya fecha de estructuraci\u00f3n corresponde al 26 de junio de 2009, data en la que era cotizante activo del SGP (f.\u00ba 35); y ii) que alcanz\u00f3 a sufragar 101,57 semanas al sistema en toda su vida laboral (f.\u00ba 35), de las cuales aport\u00f3 44 en los tres a\u00f1os anteriores a la fecha precitada. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 los precedentes aplicables al caso concreto en punto a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, trat\u00e1ndose del tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 y sobre el l\u00edmite temporal para la aplicaci\u00f3n de dicha condici\u00f3n, consignando que: <\/p>\n
Tiene claro la sala, respecto del reconocimiento de las pensiones de invalidez, que la disposici\u00f3n legal llamada a gobernar la definici\u00f3n de esa prestaci\u00f3n es la que se encuentre en vigor para la fecha de estructuraci\u00f3n del estado valetudinario, en raz\u00f3n de que el art\u00edculo 16 del CST consagra que las normas del trabajo y de la seguridad social tienen efecto general inmediato y, como es l\u00f3gico, no irrogan consecuencias retroactivas a situaciones ya definidas o consumadas conforme a leyes anteriores; entonces, es evidente que, en el presente evento, en que el demandante adquiri\u00f3 tal condici\u00f3n el 26 de junio de 2009, le era aplicable el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003 y, por lo tanto, deb\u00eda acreditar un total de 50 semanas sufragadas en los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n dicha, es decir, entre el 26 de junio de 2006 y ese mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2009. <\/p>\n
Ahora, es cierto que, ante la falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n entre los reglamentos del ISS y el Sistema General de Pensiones introducido por la Ley 100 de 1993 para las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, se ha acu\u00f1ado jurisprudencialmente el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, con fundamento en el art. 53 de la Constituci\u00f3n Nacional, sin que en este asunto sea dable acudir a la aplicaci\u00f3n de la norma inmediatamente anterior en virtud del mandato constitucional, en atenci\u00f3n a las nuevas directrices de la jurisprudencia de esta sala, establecidas en la sentencia CSJ SL2358-2017, que dej\u00f3 sentado, entre otras cosas, que cuando la estructuraci\u00f3n de la invalidez sucede en vigencia de aquella disposici\u00f3n \u2013Ley 860 de 2003\u2013 solo es posible diferir sus efectos hasta el 26 de diciembre de 2006 y siempre que se exprese una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003. <\/p>\n
Tal providencia, que contiene un an\u00e1lisis de la aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, en sus aspectos de irretroactividad, retrospectividad y ultractividad, y de figuras como los derechos adquiridos, las expectativas leg\u00edtimas y las meras expectativas, constituye el criterio actualmente en vigor de esta corte, reiterado en sentencia CSJ SL658-2018, que precis\u00f3: <\/p>\n
La l\u00ednea jurisprudencial de la Sala se ha inclinado por reglar la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa cuando la estructuraci\u00f3n de la invalidez del afiliado ha sucedido en vigencia de la Ley 860 de 2003. En sentencia SL2358-2017, 25 de ene. 2017, rad.44596, por mayor\u00eda, se determin\u00f3 que solo es posible diferir los efectos de la Ley 860 mencionada hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es por 3 a\u00f1os; a su vez estableci\u00f3 c\u00f3mo se expresa la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, dependiendo si el afiliado se encontraba cotizando o no al momento del tr\u00e1nsito legislativo (26 de diciembre de 2003), as\u00ed: <\/p>\n
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003. <\/p>\n
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez. <\/p>\n
Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002. <\/p>\n
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a su invalidez. <\/p>\n
4. Combinaci\u00f3n permisible de las situaciones anteriores <\/p>\n
A todas estas, tambi\u00e9n hay que tener presente, para otorgar la pensi\u00f3n de invalidez bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la combinaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis en precedencia, as\u00ed: <\/p>\n
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalid\u00f3 no estaba cotizando <\/p>\n
La situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo. <\/p>\n
Si el mencionado afiliado, adem\u00e1s, no estaba cotizando para la \u00e9poca del siniestro de la invalidez \u2013 \u201checho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u201d- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este \u00faltimo supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado. <\/p>\n
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo, no goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalid\u00f3 estaba cotizando <\/p>\n
Ac\u00e1, la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema pero hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002. <\/p>\n
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez \u2013 \u201checho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u201d- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el cualquier tiempo, igualmente ser\u00e1 beneficiario de la aplicaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. La sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este \u00faltimo supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio. <\/p>\n
En el mismo sentido que en el caso delantero, y a\u00fan a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
Luego, atendiendo tales derroteros al caso sub examine, indic\u00f3 que: <\/p>\n
En el caso concreto, el actor no cumple las anteriores reglas, debido a que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez acaeci\u00f3 con posterioridad al 26 de diciembre de 2006, lo que hace imperativo aplicar la norma vigente al momento de la materializaci\u00f3n del riesgo, es decir la Ley 860 de 2003, cuyos presupuestos tampoco se lograron pues, tal como qued\u00f3 anotado con antelaci\u00f3n, no se discute que no alcanz\u00f3 a cotizar 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a aquel hecho, esto es, al 26 de junio de 2009. <\/p>\n
Finalmente, al prosperar el cargo planteado, dict\u00f3 fallo de instancia, donde consign\u00f3 que: <\/p>\n
En instancia, es pertinente lo dicho en casaci\u00f3n para responderle a la entidad apelante, que concentr\u00f3 su sustentaci\u00f3n en argumentar que era inviable el reconocimiento de la pensi\u00f3n, pues deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, que exige una densidad de 50 semanas cotizadas en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, requisito que no cumpli\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Ahora bien, al descender al plenario se observa en la documental de folios 35 a 37 que, en los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, el accionante presenta 44 semanas efectivamente cotizadas y no las m\u00e1s de 50 que tuvo por establecidas el a quo, en las cuales no es posible incluir los per\u00edodos 092007 a 122007, 022008 a 052008 y 072008, reportados en el folio 37, porque corresponden a ciclos en los que no se contabilizaron aportes efectivos, al punto que aparecen como \u00abACREDITACIONES SIN EMPLEADOR\u00bb y sin montos correspondientes a los pagos que debieron hacerse, adem\u00e1s, son per\u00edodos respecto de las cuales no hizo la parte demandante ning\u00fan esfuerzo probatorio para definir a qu\u00e9 aportante correspond\u00edan, pues los recibos de pago que aport\u00f3 entre folios 40 a 81 corresponden a otros per\u00edodos que no inciden en el conteo del lapso que legalmente debe tenerse en consideraci\u00f3n; en tal virtud, como esos tiempos de cotizaci\u00f3n no quedaron demostrados, el demandante no reuni\u00f3 las semanas requeridas en el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, que, seg\u00fan se explic\u00f3 en precedencia, es la que debe aplicarse al asunto, en tanto que, como se vio en la esfera casacional, por v\u00eda del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tampoco es posible el reconocimiento del derecho pensional deprecado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el actor fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada, valor\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, as\u00ed como la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que el promotor no pod\u00eda ser beneficiario de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, habida cuenta de que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez data de 26 de junio de 2009, sin embargo, el periodo de gracia para la aplicaci\u00f3n de dicho principio es del 26 de diciembre de 2003 al 26 de diciembre de 2006, de ah\u00ed que, debe aplicarse la norma inmediatamente anterior, sin que el gestor cumpla con las 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los \u00faltimos tres a\u00f1os hasta la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez; entonces, no era procedente acceder al reconocimiento pensional reclamado; sumando a que, verificadas las probanzas, lo relativo los periodos 092007 a 122007, 022008 a 052008 y 072008 no era posible contabilizarlos como aportes efectivos, en la medida en que aparecen sin empleador y sin montos, m\u00e1xime cuando el actor no adelant\u00f3 ninguna gesti\u00f3n de cara a demostrar la efectividad de dichos aportes. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cooperativa que, en el tr\u00e1mite se desvincul\u00f3 a solicitud del demandante. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11273-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11273-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00614-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76765","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76765\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}