STC11276-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11276-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00827-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 1\u00b0 de agosto de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Javier Ot\u00e1lora Vargas contra la Sala de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto \u00ab(i) Auto AL4307-2021 radicaci\u00f3n No.89495 Acta 35 del15 de septiembre de 2021, mediante el cual rechaz\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n y [le] impuso una multa y (ii) Auto AL4785-2022 radicaci\u00f3n No. 89495 Acta 18 del 24 de mayo de 2022, correspondiente al auto que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y confirm\u00f3 el auto impugnado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luz Stella Hern\u00e1ndez de T\u00e9llez promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial y el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -FONCEP, a fin de que se reliquidara su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a partir del 1\u00b0 de mayo de 2000, m\u00e1s sus ajustes anuales y diferencias pensionales; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 6 de agosto de 2015 accedi\u00f3 a las pretensiones; decisi\u00f3n que, en sede de alzada, el 3 de agosto siguiente modific\u00f3 el Tribunal en punto a la cuant\u00eda reconocida, al tiempo que, declar\u00f3 que la misma ser\u00eda compartida con la pensi\u00f3n reconocida con la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1; determinaci\u00f3n que, si bien fue recurrida en casaci\u00f3n por la demandada, posteriormente fue desistido por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el FONCEP present\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra la referida sentencia, fundamentada en el literal b). del art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, que \u00abcuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb, pues conforme al acuerdo colectivo, la pensi\u00f3n se liquida con el 75% de lo devengado por el trabajador en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, empero, para el caso, no se atendi\u00f3 el certificado laboral del \u00faltimo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. El 15 de septiembre de 2021 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, al considerar que el FONCEP no contaba con legitimaci\u00f3n para promoverla, comoquiera que, la Ley 797 de 2003 solo legitima por activa al Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de los Ministerios de Trabajo o el de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, as\u00ed como al Contralor o Procurador General y, en virtud del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 757 de 2013, a la UGPP; de la misma manera, con fundamento el canon 34 de la Ley 712 de 2001 impuso multa al abogado Nelson Javier Ot\u00e1lora Vargas, de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; determinaci\u00f3n que, el 24 de mayo de 2022 mantuvo. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, al restringir la legitimaci\u00f3n en la causa por activa del FONCEP para interponer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n se desconoci\u00f3 \u00ablas sentencias C-258 de 2013; sentencia SU-427 de agosto 11 de 2016 y otras sentencias judiciales en las cuales la jurisdicci\u00f3n administrativa se\u00f1alaba la interpretaci\u00f3n de las entidades legitimadas por el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, para interponer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb, m\u00e1xime cuando la suma peri\u00f3dica reconocida es a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que se impuso la multa en su contra \u00absin siquiera haber realizado prueba o consideraci\u00f3n alguna de la conducta omisiva, y en flagrante desconocimiento de las sentencias C-203 de 2011; C-492 de 2016 y C-353 de 2022\u00bb, asimismo, sin que \u00abpreviamente exista oportunidad para defenderse de la misma, sin que denuncie valoraci\u00f3n alguna, [pues] el auto el resuelve el recurso se\u00f1ala que la misma obedece a la falta de diligencia y a la actuaci\u00f3n negligente, sin que individualice las conductas y determine de acuerdo con las mismas en que consistieron cada una, tampoco existi\u00f3 cargo alguno ni mucho menos la oportunidad de pronunciamiento y acreditar pruebas, en virtud de tales acusaciones, no obstante de estar proscrita cualquier tipo de responsabilidad objetiva\u00bb. <\/p>\n
2.6. Destac\u00f3 que la sentencia C-353 de 2022 \u00abdeclar\u00f3 la inconstitucionalidad de la expresi\u00f3n \u201c[e]n caso de ser rechazada, se impondr\u00e1 al apoderado del recurrente multa de cinco (5) a diez (10) salarios m\u00ednimos mensuales\u201d, contenida en el art\u00edculo 34 de la Ley 712 de 2001, norma que sirvi\u00f3 de fundamento para la interposici\u00f3n de la multa de los autos acusados\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio ordinario incoado por Luz Stella contra la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial; refiri\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, la sentencia de segunda instancia data del 3 de agosto de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario laboral; indic\u00f3 que el 14 de abril de 2023 remiti\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y Cobro Coactivo, oficio con el fin de que se haga efectiva la multa impuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el marco de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n censurada; manifest\u00f3 que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias, pues est\u00e1n ajustadas a la normatividad, jurisprudencia y elementos probatorios; a\u00f1adi\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de inmediatez, en la medida en que, el auto AL4785-2022 se notific\u00f3 el 20 de octubre de 2022 y la salvaguarda incoada el 25 de abril de 2023, esto es, m\u00e1s de 6 meses; destac\u00f3 que, si bien el art\u00edculo 34 de la Ley 712 de 2002 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional con sentencia C-353\/2022, lo cierto es que el auto censurado se profiri\u00f3 en vigencia de dicha normatividad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Sandra Patricia Ram\u00edrez \u00c1lzate, quien indic\u00f3 actuar como apoderada especial del FONCEP, alleg\u00f3 escrito sin aportar el referido mandato especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -FONCEP se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; manifest\u00f3 que esa entidad, conforme la sentencia C-258\/2013 y el Consejo de Estado, tiene legitimidad para incoar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 20 de la ley 797 de 2003, m\u00e1xime cuando tiene que reconocer y pagar las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, por lo que la salvaguarda es procedente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de inmediatez, al advertir que el auto que mantuvo la decisi\u00f3n criticada se profiri\u00f3 el 24 de mayo de 2022 y notificado el 21 de octubre siguiente, empero, la salvaguarda se inco\u00f3 el 24 de abril de 2023, esto, superados los 6 meses que dispone la jurisprudencia. <\/p>\n
Destac\u00f3 que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias, pues conforme al art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 el FONCEP no cuenta con legitimaci\u00f3n para incoar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, adem\u00e1s, porque seg\u00fan la sentencia C-258\/2013 si bien conmin\u00f3 a las entidades a acudir a la revocatoria directa del acto de reconocimiento, lo cierto es que no se puede inferir que todas las entidades pagadoras de pensiones se encuentren irrestrictamente habilitadas para acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien el art\u00edculo 34 de la Ley 712 de 2001 con el que se sustent\u00f3 la multa al accionante fue declarado inexequible por la Corte Constitucional con sentencia C-353\/2022, lo cierto es que para el momento en el que se profirieron las decisiones censuradas, tal pronunciamiento del Alto Tribunal no hab\u00eda sido emitido, por lo que tal multa se impuso para cuando la norma estaba vigente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando el escrito del libelo inicial, a lo que adicion\u00f3 que, s\u00ed cumple el presupuesto de inmediatez, en la medida en que, las decisiones profieren efectos luego de su ejecuci\u00f3n, firmeza que, seg\u00fan el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso es 3 d\u00edas luego de su notificaci\u00f3n, en ese orden, el auto criticado cobr\u00f3 ejecutoria el 26 de octubre de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la sentencia de constitucionalidad C-353\/2022 s\u00ed le es aplicable, ya que fue emitida el 12 de octubre de 2022, relievando que, si bien la decisi\u00f3n data de 24 de mayo anterior, lo cierto es que, solo fue notificada hasta el 21 de octubre de ese a\u00f1o, esto es, luego del fallo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo, relativa al rechazo de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n incoada por el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -FONCEP, se advierte que Nelson Javier Ot\u00e1lora Vargas no ostenta la calidad de parte dentro de ese juicio, por lo que no puede incoar esta salvaguarda aduciendo la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas ante la falta de legitimaci\u00f3n de dicho Fondo para incoar la acci\u00f3n encontrada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
Entonces, si el gestor no acompa\u00f1\u00f3 a la petici\u00f3n de resguardo el poder especial conferido para actuar en nombre y representaci\u00f3n del FONCEP para iniciar esta acci\u00f3n, no pod\u00eda incoar personalmente el resguardo, relievando que, tal situaci\u00f3n no sufre alteraci\u00f3n alguna por la respuesta emitida por el Fondo al interior de la salvaguarda, en la medida en que, adem\u00e1s de que no coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n, tampoco aport\u00f3 el poder especial para representaci\u00f3n de su intereses al interior del resguardo, de donde se concluye, que Nelson Javier present\u00f3 el reclamo en su propio nombre, que no a favor del FONCEP a quien le asiste el inter\u00e9s. <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso con similitud al ac\u00e1 auscultado, esta Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
Observada la inconformidad planteada, es evidente que la reclamante, considera que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, vulner\u00f3 sus derechos y los del se\u00f1or Jaime Enrique Layton Murcia, al proferir el auto de 8 de junio de 2016, que rechaz\u00f3 por improcedente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n incoado, y adicionalmente, le impuso multa de cinco salarios m\u00ednimos. <\/p>\n
Respecto a la legitimaci\u00f3n para el ejercicio de este mecanismo de amparo, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre act\u00fae en nombre propio o ejerza la representaci\u00f3n de otra persona, a menos que aduzca la calidad de agente oficioso, con ajuste a las exigencias all\u00ed contempladas. <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u2018todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. (\u2026) De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto) (CSJ STC, 4 May. 2012, rad. 2012-00145-01, reiterada en STC, 12 Feb. 2015, rad. 2014-00160-01). <\/p>\n
5. Del examen de la demanda de tutela y de la actuaci\u00f3n surtida al interior del tr\u00e1mite censurado, surge patente la improcedencia del amparo reclamado frente al rechazo de la demanda de revisi\u00f3n por parte de la colegiatura enjuiciada, a trav\u00e9s de auto de 8 de junio de 2016, toda vez que la accionante, quien manifest\u00f3 actuar en nombre propio, actu\u00f3 en condici\u00f3n de \u00abapoderada\u00bb del se\u00f1or Jaime Enrique Layton Murcia dentro del juicio ordinario laboral adelantado, no siendo entonces la perjudicada con la presunta actuaci\u00f3n irregular de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral; por tanto, carece de legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, m\u00e1xime que no acredit\u00f3 que aquel le hubiera otorgado poder para entablar la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
De otro lado, si bien es factible que en aquellos eventos en los que \u00abel titular del derecho violado o amenazado, por condiciones personales, no pueda promover su propia defensa\u00bb, la ley autoriza la agencia de prerrogativas ajenas de manera oficiosa (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991), no lo es menos que esas circunstancias no se evidencian en el presente asunto, pues lo cierto es que no se dijo intervenir en tal calidad, ni se acredit\u00f3 que este se encontrara en condiciones que le impidiesen ejercer su derecho constitucional. (STC12394-2017). <\/p>\n
De suerte que si el accionante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para activar este medio excepcional de defensa, respecto del reclamo del rechazo de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, no es posible entrar a auscultar la legalidad de esa determinaci\u00f3n, en la que, como ya qued\u00f3 dicho, Nelson Javier no es parte, reiterando que al presente tr\u00e1mite constitucional no arrim\u00f3 poder especial alguno que lo legitimara para incoarlo en nombre de FONCEP. <\/p>\n
3. Por otra parte, frente al reparo enfilado contra la multa de cinco salarios m\u00ednimos impuesta por la colegiatura encausada, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 24 de mayo de 2022 mediante el cual el colegiado enjuiciado mantuvo la multa, que fue notificada por estado el 21 de octubre siguiente; y la interposici\u00f3n de la tutela el 24 de abril de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sea de recibo las argumentos tra\u00eddos a fin de justificar dicha tardanza. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
En adici\u00f3n, respecto a lo alegado en la impugnaci\u00f3n sobre dicha tardanza, lo cierto es que ese reparo no tiene la virtualidad de derruir las anteriores consideraciones, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el presupuesto de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01) que, para el caso, fue enterada el 21 de octubre de 2022. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11276-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11276-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00827-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 1\u00b0 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}