STC11285-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11285-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03816-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier S\u00e1nchez Arboleda contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, buen nombre, dignidad humana, libertad y trabajo, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto la providencia SP377-2023\u2026 del trece\u2026 de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Javier S\u00e1nchez Arboleda se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n agravado\u00bb, por el que fue condenado, mediante sentencia del 23 de abril de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo confirmada por la sede judicial acusada con providencia del 13 de septiembre de los corrientes. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abno puede juzgarse [su] decisi\u00f3n como prevaricadora pues, obedeci\u00f3 a atender los fines y principios constitucionales, el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos\u00bb; y que el ad quem querellado \u00abno aplic\u00f3, en [su] caso, por favorabilidad penal, lo determinado en la sentencia C-163, Abr. 10\/19 y SU \u2013 122 de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n precis\u00f3 que las providencias criticadas \u00abse fundamentaron en la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso, efectu\u00e1ndose la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, para resolver el problema jur\u00eddico planteado, labor que se realiz\u00f3 atendiendo los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, sin incurrir en arbitrariedad alguna o vulnerar derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00abno se advierte actuaci\u00f3n alguna lesiva de los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 81 Judicial II Penal defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, concluye esta Colegiatura que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que la cuestionada providencia de 13 de septiembre pasado no luce arbitraria, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 los motivos por los que no resultaban de acogida los argumentos defensivos del procesado en el juicio criticado, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
Como en este asunto no hay reparo a la calidad de servidor p\u00fablico que ostentaba JAVIER S\u00c1NCHEZ ARBOLEDA en la fecha en que ejecut\u00f3 el comportamiento que se tacha de il\u00edcito, ni emerge discusi\u00f3n sobre la existencia material y contenido de la decisi\u00f3n adoptada el 19 de enero de 2011, a trav\u00e9s de la cual concedi\u00f3 la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria a Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba, la discusi\u00f3n se centra en determinar, por un lado, si se concret\u00f3 el elemento objetivo del tipo, dado que la tesis de los recurrentes consisti\u00f3 en afirmar que el prove\u00eddo judicial discutido no constituye un acto manifiestamente contrario a la ley; y, por el otro, verificar la existencia del dolo. <\/p>\n
Para la Corte, se manifiesta desde ya, es evidente que el prove\u00eddo fechado 19 de enero de 20111, por cuyo medio JAVIER S\u00c1NCHEZ ARBOLEDA sustituy\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria de Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba, contraviene el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
La ilicitud de la providencia obedece a la ostensible contrariedad con la ley, en los aspectos que pasan a explicarse: <\/p>\n
– El Juzgado 14 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, mediante sentencia fechada 1 de agosto de 2007, conden\u00f3 a Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba, a la pena de 360 meses de prisi\u00f3n, como autor del punible de homicidio agravado. <\/p>\n
– El 3 de febrero de 2009, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n avoc\u00f3 el conocimiento del proceso en contra de Bilbao Grijalba. <\/p>\n
– El 11 de diciembre de 2009, a trav\u00e9s de apoderada, Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba solicit\u00f3 la \u201csuspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena por grave enfermedad\u201d, petici\u00f3n que elev\u00f3 en consideraci\u00f3n al que dijo delicado estado de salud derivado del padecimiento de \u201ccolitis ulcerativa\u201d que lo aqueja, por cuanto, \u201clas condiciones de la c\u00e1rcel no son las m\u00e1s id\u00f3neas para el cuidado m\u00e9dico que se requiere de especialistas\u201d.2 <\/p>\n
– A trav\u00e9s de auto del 31 de diciembre del mismo a\u00f1o, la otrora titular del estrado ejecutor, Dora Eugenia S\u00e1nchez Gir\u00f3n, solicit\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cali, valoraci\u00f3n m\u00e9dica respecto de Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba, con el fin de determinar su estado de salud, la gravedad de la enfermedad que padece y si esta es o no compatible con la vida en reclusi\u00f3n. <\/p>\n
– luego de afirmar el incumplimiento del tr\u00e1mite ordenado, La petici\u00f3n fue reiterada directamente por Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba, el 23 de diciembre del a\u00f1o 2010; all\u00ed puso de presente, no obstante haber sido atendido por el departamento de sanidad de la instituci\u00f3n carcelaria, encontrarse visiblemente enfermo y su salud deteriorada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en esos t\u00e9rminos, nueva valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal y la subsiguiente \u201csuspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena por grave enfermedad\u201d. Al escrito alleg\u00f3 copia de la historia cl\u00ednica3. <\/p>\n
– JAVIER S\u00c1NCHEZ ARBOLEDA asumi\u00f3 el encargo del despacho durante el per\u00edodo que va del 27 de diciembre de 2010 al 20 de enero de 20114, mientras la titular se encontraba en vacaciones5. <\/p>\n
-El 19 de enero de 2011, el juez JAVIER S\u00c1NCHEZ ARBOLEDA emiti\u00f3 el auto controvertido, en el que invoc\u00f3 el contenido del art\u00edculo 68 de la Ley 599 de 2000, en consonancia con lo establecido en los c\u00e1nones 471 y 362 de la Ley 600 de 2000; 314 y 461 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
En sustento de la decisi\u00f3n, transcribi\u00f3 el concepto emanado del perito adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que examin\u00f3 al condenado6, concretamente, en cuanto estableci\u00f3: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Con apoyo en esas conclusiones, S\u00c1NCHEZ ARBOLEDA, prescindi\u00f3 de la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes ordenados posteriormente por el experto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien de manera enf\u00e1tica plasm\u00f3 en las conclusiones del dictamen lo siguiente: <\/p>\n
\u201cAl momento del examen el se\u00f1or BILBAO YOEL ANDR\u00c9S presenta una impresi\u00f3n diagn\u00f3stica de colitis ulcerativa y se requieren que se practiquen los ex\u00e1menes solicitados por gastroenterolog\u00eda: hemograma, VAG, creatinina, alb\u00famina, parcial de orina, coprol\u00f3gico, colonoscopia total e interconsulta con gastroenterolog\u00eda\u201d. Negrilla propia. <\/p>\n
A pesar de la indiscutible necesidad de practicar diversos ex\u00e1menes y obtener concepto de especialista en gastroenterolog\u00eda, S\u00e1nchez Arboleda manifest\u00f3 en la decisi\u00f3n censurada: <\/p>\n
Para garantizar el respeto a la dignidad humana y dada la necesidad de manejo y cuidados especiales, de acuerdo con el estado de salud del procesado en que se encuentra para la fecha de la valoraci\u00f3n se hace aconsejable sustituir el lugar de reclusi\u00f3n de la c\u00e1rcel, por la residencia. <\/p>\n
Infortunadamente, para este censor (sic), queda demostrado que en el establecimiento carcelario no se le puede brindar la certera atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiere el procesado de autos, m\u00e1xime cuando en el dictamen m\u00e9dico legal se establece que no se han llevado a cabo los procedimientos indicados (\u2026) la complicaci\u00f3n m\u00e1s temible a largo plazo es el desarrollo del c\u00e1ncer en colon (\u2026) fue un experto en medicina quien se encarg\u00f3 de evaluar al paciente y conceptu\u00f3 que la patolog\u00eda padecida por el interno (\u2026) es progresiva y deteriorativa, humildemente intuye este operador jur\u00eddico que estamos ante una enfermedad grave e incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, inclin\u00e1ndose por una reclusi\u00f3n domiciliaria a condici\u00f3n que se le brinde los cuidados necesarios a BILBAO GRIJALBA.7 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Por consiguiente, trat\u00e1ndose de esta modalidad de sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n intramural por la prisi\u00f3n domiciliaria, basada en la existencia de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, es necesario constatar de manera previa, mediante concepto experto emitido por \u00abm\u00e9dicos oficiales\u00bb8, que la persona sobre quien recae la orden de privaci\u00f3n de la libertad se encuentra en un estado grave de salud por enfermedad y que dicho estado es incompatible con la vida en internaci\u00f3n carcelaria. <\/p>\n
Una vez determinado lo anterior, el funcionario judicial decidir\u00e1, acorde con el dictamen, el lugar donde habr\u00e1 de cumplir la medida el procesado, esto es, si en su residencia o en cl\u00ednica u hospital. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Atendiendo los presupuestos establecidos en los art\u00edculos 68 del C\u00f3digo Penal, 314.4 y 461 de la Ley 906 de 2004, y acorde con el sentido natural de las referidas disposiciones, se advierte que para la fecha en que el procesado emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que se tilda de prevaricadora, esto es, el 19 de enero de 2011, la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave, como sustituta de la intramural, requer\u00eda del dictamen m\u00e9dico legal de un profesional que certificara la incompatibilidad con la vida en reclusi\u00f3n, respecto del padecimiento del sentenciado; concepto que, para el evento en cuesti\u00f3n, no fue emitido. <\/p>\n
Sobre el particular, debe indicarse, es cierto que el condenado fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se evaluara su estado de salud y se estableciera si padec\u00eda alguna enfermedad que resultara en la incompatibilidad con la reclusi\u00f3n en centro carcelario. Sin embargo, los resultados de esa valoraci\u00f3n no fueron favorables al condenado, como se afirm\u00f3 por defensa y S\u00e1nchez Arboleda al sustentar el recurso que convoca la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
En efecto, en la sesi\u00f3n de juicio oral del 29 de enero de 2019, la perito Esther Mariela Estrada Mart\u00ednez se refiri\u00f3 al reconocimiento m\u00e9dico legal por estado de salud efectuado en relaci\u00f3n con Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba, suscrito el 17 de enero de 2011, en el cual concluy\u00f3: <\/p>\n
El se\u00f1or Bilbao Yoel Andr\u00e9s presenta una impresi\u00f3n diagn\u00f3stica de colitis ulcerativa y se requieren que se practiquen los ex\u00e1menes solicitados por gastroenterolog\u00eda: hemograma, VAG, creatinina, alb\u00famina, parcial de orina, coprol\u00f3gico, colonoscopia total e interconsulta por gastroenterolog\u00eda. Los ex\u00e1menes y la interconsulta con especialista pueden efectuarse de manera ambulatoria (\u2026) debe solicitarse una nueva evaluaci\u00f3n m\u00e9dico legal cuando se cuente con los resultados respectivos.9 <\/p>\n
En desarrollo del interrogatorio cruzado10, la perito sostuvo que en esa oportunidad, para lograr concluir si se cumpl\u00edan los criterios en aras de catalogar la enfermedad que padec\u00eda el condenado como grave y as\u00ed estudiar si resultaba o no incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, requer\u00eda tener los resultados de una colonoscopia y de varios ex\u00e1menes a practicar por especialista en gastroenterolog\u00eda, entre ellos, una biopsia. <\/p>\n
Hizo \u00e9nfasis en que al momento del examen, Bilbao Grijalba presentaba \u201cuna impresi\u00f3n diagn\u00f3stica de colitis ulcerativa\u201d, al tiempo que, destac\u00f3, deb\u00eda solicitarse nueva evaluaci\u00f3n m\u00e9dico legal al t\u00e9rmino de la obtenci\u00f3n de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos solicitados, para poder determinar con exactitud cu\u00e1l era el estado del paciente. <\/p>\n
Con todo, resalt\u00f3 la testigo perito, la colitis ulcerativa puede no ser grave si el paciente est\u00e1 en control y tiene su dieta, al tiempo que, dilucid\u00f3, a simple vista no es posible determinar si un paciente tiene o no una enfermedad que pueda catalogarse como de gravedad. <\/p>\n
En ese orden, no puede pasarse por alto la precaria o nula argumentaci\u00f3n ofrecida por S\u00e1nchez Arboleda en la decisi\u00f3n censurada, en tanto, incluso aludi\u00f3, como criterio orientador del sentido de la decisi\u00f3n, a su intuici\u00f3n, como si desconociera que las decisiones judiciales guardan obediencia al mandato de la ley y los administradores de justicia mal podr\u00edan seguir a la intuici\u00f3n en la adopci\u00f3n de sus decisiones, por m\u00e1s loable que incluso se advierta la finalidad pretendida. <\/p>\n
Huelga advertir que la \u201cintuici\u00f3n\u201d en materias que no son del conocimiento del funcionario judicial, es suplida, precisamente, por el dictamen del experto en el tema y a ello es que alude la norma cuando obliga del funcionario judicial atender al concepto del especialista en salud adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. <\/p>\n
De todas maneras, la Sala ni siquiera advierte una intenci\u00f3n en verdad meritoria o, d\u00edgase, altruista, como lo pretende mostrar S\u00e1nchez Arboleda; por el contrario, lo que de manera objetiva reflejan los argumentos consignados en la decisi\u00f3n controvertida, es el \u00e1nimo de soportar con falacias la que se verifica violaci\u00f3n ostensible de la Ley. <\/p>\n
Ello se verifica inconcuso, pues, [a] pesar de reconocer la existencia de los mandatos contenidos en los art\u00edculos 68 de la Ley 599, 314 y 461, de la Ley 906 de 2004, al punto de citarlos en el auto, con argumentos sof\u00edsticos y en franco cercenamiento del contenido de la prueba pericial practicada a escasos 2 d\u00edas de adoptar la decisi\u00f3n de sustituir la pena de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, introdujo un elemento de corte piet\u00edstico, soportado apenas en su \u201cintuici\u00f3n\u201d, de lo cual surge que deliberadamente quiso y as\u00ed efectivamente lo hizo, apartarse de la ley, dado que, se repite, no contaba con el correspondiente concepto especializado que respaldara su postura, esto es, diera cuenta de la existencia de los dos presupuestos ineludibles para aceptar la atemperaci\u00f3n del rigor intramural: la enfermedad grave y la imposibilidad de sobrellevarla o contrarrestarla estando privado de la libertad en un establecimiento penitenciario. <\/p>\n
N\u00f3tese que la gravedad del padecimiento de Bilbao Grijalba, fue fincada por el acusado en el car\u00e1cter progresivo y \u201cdeteriorativo\u201d que le atribuy\u00f3 a la colitis ulcerativa; aspectos que, adem\u00e1s de no ser referidos en la valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal, sirvieron de base, sin fundamento alguno, para que, prevalido de la intuici\u00f3n, el juez determinara la presencia de una enfermedad grave e incompatible con la vida en reclusi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, se ofrece indispensable se\u00f1alar que, no se desconoce la importancia de despachar solicitudes de sustituci\u00f3n de pena intramural, por enfermedad grave, de manera c\u00e9lere; pero tampoco puede pasarse por alto que s\u00f3lo hab\u00eda transcurrido un d\u00eda desde que se efectu\u00f3 la valoraci\u00f3n11 que orden\u00f3 los ex\u00e1menes m\u00e9dicos a Yoel Bilbao, pese a lo cual, Javier S\u00e1nchez Arboleda adopt\u00f3 la decisi\u00f3n \u2013el 19 de enero de 2011\u2013, sin hacer menci\u00f3n alguna a tan importante circunstancia, es decir, sin hacer expl\u00edcito motivo alguno por el cual se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n con prescindencia, se repite, de la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes ordenados por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses12. <\/p>\n
Una actuaci\u00f3n as\u00ed culminada, ense\u00f1a evidente la premura por adoptar la decisi\u00f3n ilegal, dado que al d\u00eda siguiente de expedido el auto, culminaba el per\u00edodo para el cual fue nombrado S\u00e1nchez Arboleda \u2013se recuerda, fue asignado al despacho, como juez, por el t\u00e9rmino de vacaciones de la titular del estrado judicial, esto es, desde el 27 de diciembre de 2010, hasta el 20 de enero de 2011-. <\/p>\n
No de otra manera se explicar\u00eda el hecho de pasar por alto no s\u00f3lo la necesidad de valoraci\u00f3n por m\u00e9dico especialista en gastroenterolog\u00eda, encargado de determinar la gravedad del padecimiento, sino la pr\u00e1ctica de varios ex\u00e1menes, entre ellos, colonoscopia, an\u00e1lisis hem\u00e1ticos y biopsia, que arrojaran el cuadro m\u00e9dico completo indispensable en el sustento de una determinaci\u00f3n de tal \u00edndole. <\/p>\n
Lo que se quiere resaltar, es que la conclusi\u00f3n de enfermedad grave no pod\u00eda, de ninguna manera, adoptarse con prescindencia de lo mencionado, pues, apenas se contaba con un diagn\u00f3stico efectuado varios a\u00f1os atr\u00e1s \u20132007-, para el momento en que el procesado decidi\u00f3, por su intuici\u00f3n, asumir que la colitis ulcerativa era grave y que su tratamiento era imposible estando Yoel Bilbao Grijalba privado de la libertad en establecimiento de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, S\u00e1nchez Arboleda argument\u00f3 en el auto objeto de censura, que en el establecimiento carcelario no se le puede brindar al condenado \u201cla certera atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiere el procesado de autos, m\u00e1xime cuando en el dictamen de Medicina Legal se establece que no se han llevado a cabo los procedimientos indicados y el suministro de medicamentos prescritos por los m\u00e9dicos tratantes\u201d, sin que ello sea reflejo exacto y fidedigno de lo establecido por la perito en la valoraci\u00f3n m\u00e9dica, cuyo dicho fue evidentemente tergiversado. <\/p>\n
En efecto, Esther Mariela Estrada Mart\u00ednez refiri\u00f3 en juicio que la falta de suministro de medicamentos oper\u00f3 apenas como afirmaci\u00f3n efectuada por el condenado Bilbao Grijalba en curso de la valoraci\u00f3n m\u00e9dica ordenada, esto es, no corresponde al dicho de la testigo perito, consecuencia de lo observado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la base de opini\u00f3n pericial no se aludi\u00f3 a que alg\u00fan procedimiento hubiese sido ordenado y su pr\u00e1ctica omitida por las entidades prestadoras del servicio de salud, como lo asegura S\u00e1nchez Arboleda en el auto del 19 de enero de 2011. <\/p>\n
En contrario, lo que se indic\u00f3 por parte de la perito, es que al examen f\u00edsico encontr\u00f3 que el condenado, en t\u00e9rminos generales, luc\u00eda bien y sus signos vitales se verificaban normales. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la historia cl\u00ednica aportada por Yoel Andr\u00e9s Bilbao Grijalba al expediente, con ocasi\u00f3n de su solicitud de \u201csuspensi\u00f3n\u201d de la ejecuci\u00f3n de la pena, evidencia que s\u00ed tuvo acceso a los servicios de salud, prestados por Caprecom desde la impresi\u00f3n diagn\u00f3stica y hasta que fue sustituida la reclusi\u00f3n, oportunidades en las cuales le prescribieron medicaci\u00f3n antiinflamatoria y antibi\u00f3tica, sin que se advierta noticia alguna sobre la falta de suministro de esta13. <\/p>\n
Rep\u00e1rese, as\u00ed mismo, en que la postura asumida por S\u00e1nchez Arboleda, de todas maneras, contraviene las premisas normativas alusivas a la concesi\u00f3n del sustituto, pues, asumiendo grave la enfermedad, como pretende que se admita la defensa, ello no le era suficiente al juez para sustituir la pena de prisi\u00f3n por domiciliaria. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Entonces, comoquiera que el procesado no mencion\u00f3 raz\u00f3n alguna por la cual, pese a echarse de menos el concepto que estableciera la incompatibilidad de la vida en reclusi\u00f3n, opt\u00f3 por conceder el sustituto, es claro que emiti\u00f3 una decisi\u00f3n ostensiblemente contraria a la ley. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el examen de la decisi\u00f3n que se acusa de prevaricadora, deja latente que Javier S\u00e1nchez Arboleda actu\u00f3 en contrav\u00eda de los par\u00e1metros normativos y jurisprudenciales que regulaban el asunto, pues, se fundament\u00f3 en un dictamen m\u00e9dico legal que no certificaba la existencia de una grave enfermedad incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, o mejor, pas\u00f3 por alto el dictamen en cuesti\u00f3n, a m\u00e1s que desconoci\u00f3 la necesidad, inserta en el mismo, de practicar ex\u00e1menes necesarios en el cometido de determinar la naturaleza de la enfermedad padecida por el solicitante. <\/p>\n
Restar\u00eda por agregar, acerca de la postura asumida por la Corte Constitucional en sentencia C\u2013163 de 2019, que el contenido de tal precedente no resulta predicable en el presente asunto. En primer lugar, porque S\u00e1nchez Arboleda no fundament\u00f3 la decisi\u00f3n de sustituir la pena privativa de la libertad en centro de reclusi\u00f3n por domiciliaria en un dictamen de galeno particular, que determinara la existencia de la colitis ulcerativa como enfermedad grave incompatible con la vida en reclusi\u00f3n. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, porque de acuerdo con el contenido del precedente en cita, en todo caso el dictamen del m\u00e9dico privado que se aporte no suple la valoraci\u00f3n que deba realizar el Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar el estado de salud del procesado o condenado, en la medida en que los conceptos de dicha entidad siguen siendo obligatorios; luego emerge indispensable la confrontaci\u00f3n de los dict\u00e1menes que se aporten por cuenta de la parte interesada, para que la entidad oficial pueda, en el cometido de establecer la gravedad del padecimiento o enfermedad que se alegue, determinar con suficiencia el estado de salud de la persona afectada. <\/p>\n
A su vez, el tipo subjetivo, que se configura cuando el servidor p\u00fablico profiere decisiones basadas en criterios personales, beneficios propios o ajenos, con argumentos caprichosos, arbitrarios, manifiestamente groseros, de los que se establece que su \u00e1nimo no es acertar sino abandonar deliberadamente el prop\u00f3sito de administrar justicia y contrariar as\u00ed las normas vigentes, se determina completamente verificado luego de constatar que, efectivamente, S\u00e1nchez Arboleda conoc\u00eda el contenido del dictamen m\u00e9dico legal de valoraci\u00f3n por enfermedad, alusivo apenas a una impresi\u00f3n diagn\u00f3stica y a la evidente necesidad de realizaci\u00f3n de varios ex\u00e1menes y valoraciones por especialista, al tiempo que, era consciente de la obligaci\u00f3n legal de contar con un dictamen oficial que certificara no s\u00f3lo la gravedad de la enfermedad, sino la imposibilidad de ser tratada al interior del penal. <\/p>\n
El que conociera los l\u00edmites legales y requisitos exigidos para otorgar la sustituci\u00f3n; que pasara por alto los condicionamientos del dictamen, sin siquiera mencionarlos en la decisi\u00f3n; que, adem\u00e1s, superara las necesarias ayudas de laboratorio con su particular \u201cintuici\u00f3n\u201d; y que, por \u00faltimo, ofreciera una falaz, parcializada y conveniente lectura del dictamen m\u00e9dico legal rendido por Esther Mariela Estrada Mart\u00ednez, informa del dolo inserto en el actuar contra derecho, ratificado en el hecho de tomar la decisi\u00f3n de manera apresurada, un d\u00eda antes de terminar su encargo como juez. <\/p>\n
Importa enfatizar en que, la motivaci\u00f3n jur\u00eddica de la decisi\u00f3n emitida por S\u00e1nchez Arboleda, se limita a la expresi\u00f3n \u201chumildemente intuye este operador jur\u00eddico que estamos ante una enfermedad grave e incompatible\u201d, lo que sin duda alguna refleja su intenci\u00f3n de apartarse de las normas que regulan la materia, para decidir conforme a su evidente prop\u00f3sito de emitir una decisi\u00f3n sin soporte legal alguno. <\/p>\n
Adicionalmente, debe agregarse que se ofrece tambi\u00e9n indicativo del elemento subjetivo, adem\u00e1s de conocimiento del derecho aplicable, la consideraci\u00f3n de tratarse de un asunto sin mayor complejidad, por lo que un hipot\u00e9tico escenario de error o descuido, no de intencionalidad, no se explicar\u00eda como, de la lectura integral de un experticio, hace prevalecer su intuici\u00f3n sobre la gravedad del padecimiento, por encima de lo dictaminado por el m\u00e9dico legista. <\/p>\n
Y es que, innegable resulta que el acusado tambi\u00e9n estaba en condiciones de conocer que, en un contexto en el cual se estaban debatiendo las condiciones de privaci\u00f3n de la libertad de un condenado por el punible de homicidio agravado en concurso homog\u00e9neo por la muerte de 4 personas14, que a\u00fan por virtud del preacuerdo celebrado fue condenado a una pena de prisi\u00f3n muy alta \u2013 30 a\u00f1os \u2013, no estaba en posibilidad legal de fallar los asuntos puestos a su consideraci\u00f3n, vali\u00e9ndose de \u201csu esencia humanista\u201d, como de manera sof\u00edstica lo adujo en sede de juicio oral, por cuanto la importancia de la situaci\u00f3n le merec\u00eda el mayor cuidado y suficiente y ponderado an\u00e1lisis de las normas reguladoras del instituto de la sustituci\u00f3n de la pena intramural por domiciliaria. <\/p>\n
Restar\u00eda agregar, que la intuici\u00f3n de que \u201cesa persona se iba a morir\u201d, conforme declar\u00f3 en juicio, conducir\u00eda, de manera l\u00f3gico-objetiva, a ordenar una reclusi\u00f3n intrahospitalaria, mas no domiciliaria, donde esa aparente motivaci\u00f3n caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
En este orden de ideas, aunque la Sala, en alguna ocasi\u00f3n, utiliz\u00f3 la expresi\u00f3n \u201c\u00e1nimo corrupto\u201d15, para referirse al prevaricato y el dolo que lo acompa\u00f1a, con ello jam\u00e1s intent\u00f3 introducir un nuevo elemento del tipo, a la manera de un fin espec\u00edfico, ni obligar el examen de aspectos distintos a los que de manera tradicional componen el dolo. <\/p>\n
Esto es, la definici\u00f3n de responsabilidad penal, una vez verificado que se actu\u00f3 con conocimiento y voluntad, no implica examinar si con ello el acusado buscaba alg\u00fan tipo de beneficio patrimonial para s\u00ed o un tercero, a la manera de obligar, entonces, delimitar la materialidad de un concurso delictual, d\u00edgase, con el cohecho o la concusi\u00f3n. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, el inter\u00e9s de beneficiar a Yoel Bilbao Grijalba con la sustituci\u00f3n de la pena intramural por domiciliaria, no obliga verificar que por ello se obtuvo alg\u00fan pago o recompensa, y ni siquiera que poseyera un inter\u00e9s de otro tipo en ello, tal cual parece sugerir el impugnante cuando advierte que la decisi\u00f3n no vino mediada por un deseo particular de excarcelar al beneficiado con ella. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, como el defensor esboz\u00f3 la configuraci\u00f3n de un error de tipo, debe mencionar la Sala que esa hip\u00f3tesis no fue propuesta de manera seria en el estudio de la figura, en la medida en que no se plante\u00f3 verdaderamente una falsa percepci\u00f3n de una situaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del tipo penal, que excluya el dolo, pues la supuesta creencia de encontrarse ante una enfermedad grave, devino de la simple lectura de una valoraci\u00f3n m\u00e9dica que ni siquiera daba lugar a confusi\u00f3n o a interpretaciones alternativas sobre este t\u00f3pico, y mucho menos, de la imposibilidad de tratamiento de la misma en establecimiento penitenciario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial querellada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que estaban demostrados los elementos necesarios para condenar al procesado, al demostrarse que adopt\u00f3 una decisi\u00f3n totalmente apartada del ordenamiento. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Las consideraciones precedentes, resultan suficientes para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folios 280 a 285, cuaderno original #2 Tribunal. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Folios 251 y 252. Cuaderno original #2 Tribunal <\/p>\n
3\u0002 Folios 255 a 279. Cuaderno original #2. Tribunal. <\/p>\n
4\u0002 Acta de estipulaciones probatorias. Folios 231 a 233. Cuaderno #2 Tribunal. <\/p>\n
5\u0002 Mediante acuerdo 133 del 11 de noviembre de 2010. <\/p>\n
6\u0002 Llevada a cabo el 17 de enero de 2011. Folio 312 a 314 c. 2. <\/p>\n
7\u0002 Cfr folio 283. Cuaderno original #2. Tribunal <\/p>\n
8\u0002 Sentencia C-163 de 2019. La Corte Constitucional declar\u00f3 condicionalmente exequible el numeral 4 del art\u00edculo 314 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que tambi\u00e9n se pueden presentar peritajes de m\u00e9dicos particulares. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Folio 314 Cuaderno original #2. Tribunal <\/p>\n
10\u0002 R\u00e9cord 51:38. <\/p>\n
11\u0002 Llevada a cabo el 17 de enero de 2011. Folio 312 a 314 c. 2. <\/p>\n
12\u0002 En las conclusiones del dictamen se plasm\u00f3: \u201cAl momento del examen el se\u00f1or BILBAO YOEL ANDR\u00c9S presenta una impresi\u00f3n diagn\u00f3stica de colitis ulcerativa y se requieren que se practiquen los ex\u00e1menes solicitados por gastroenterolog\u00eda: hemograma, VAG, creatinina, alb\u00famina, parcial de orina, coprol\u00f3gico, colonoscopia total e interconsulta con gastroenterolog\u00eda\u201d. Negrilla propia. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Folios 257 a 279. Cuaderno Original #2 Tribunal. <\/p>\n
14\u0002 Escrito de acusaci\u00f3n P\u00e1g. 2 <\/p>\n
15\u0002 SP 23 oct. 2014, rad. 39538, SP740 18 abr. 2018, rad. 50132 y SP 16 may. 2018, rad. 52545. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11285-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11285-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03816-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier S\u00e1nchez Arboleda contra la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76772","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76772\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}