STC11290-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11290-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 25 de septiembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 H\u00e9ctor Posada Mac\u00edas, \u00aben calidad de representante legal y administrador Somos Administraci\u00f3n APH SAS\u00bb, contra el Juzgado 29 Civil Municipal, extensiva al Juzgado Sexto Civil del Circuito, autoridades ambas de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y \u00abprincipio de legalidad\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abeliminar la sanci\u00f3n dentro del proceso de acci\u00f3n de tutela [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia de 30 de junio de los corrientes, se concedi\u00f3 el resguardo del derecho fundamental de petici\u00f3n de Marcela Carrillo Pineda, por lo que se orden\u00f3 a \u00abSomos Administraci\u00f3n en PH SAS, en calidad de administradora del Conjunto Residencial Pilarica Blue PH\u00bb, \u00abremita [a la promotora] el anexo 7 correspondiente a presupuesto para a vigencia 2023, que hace parte de los anexos del acta de asamblea ordinaria llevada a cabo el 28 de marzo de 2023 y notifique la respuesta\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la all\u00ed tutelante formul\u00f3 incidente de desacato, al considerar que la entidad enjuiciada incumpli\u00f3 la orden de amparo, tr\u00e1mite que el juzgado accionado declar\u00f3 pr\u00f3spero con prove\u00eddo del 29 de agosto pasado, por lo que sancion\u00f3 a H\u00e9ctor Posada Mac\u00edas, \u00aben calidad de representante legal de Somos Administraci\u00f3n en PH SAS\u00bb, con un d\u00eda de arresto y multa \u00abequivalente a 26,4 UVT\u00bb, siendo revocada por el juzgado del circuito vinculado, en sede de consulta, la primera de las sanciones mencionadas, a trav\u00e9s de determinaci\u00f3n del primero de septiembre de estas calendas. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abSomos APH ya no es representante legal del Conjunto Residencial Pilarica Blue PH, [desde el 31 de mayo de 2023] y en el proceso de empalme con la nueva administraci\u00f3n y representaci\u00f3n legal se hizo entrega de todas las actas, incluyendo el acta de asamblea ordinaria del presente a\u00f1o\u00bb, por lo que no debi\u00f3 ser sancionado en desacato. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn destac\u00f3 que \u00abla sanci\u00f3n impuesta ante el incumplimiento del fallo de tutela no fue arbitraria ni contraria a derecho\u00bb <\/p>\n
2. Marcela Carrillo Pineda defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada y, adem\u00e1s, precis\u00f3 que la petici\u00f3n elevada ante \u00abla accionante, antes de finalizar su gesti\u00f3n como administradora del conjunto residencial Pilarica Blue, buscaba que remitiera el presupuesto para la actual vigencia, lo cual nunca hizo, ni a [ella] como peticionaria, ni al consejo de administraci\u00f3n, ni al nuevo administrador (que es adem\u00e1s el nuevo representante legal)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado 29 Civil Municipal de Medell\u00edn manifest\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno, al contrario, ha respetado el debido proceso, lo que se denota es que la parte accionada e incidentada han dejado vencer los t\u00e9rminos con los que contaban para controvertir las decisiones del despacho\u00bb, comoquiera que los argumentos que aqu\u00ed aduce no fueron planteados en el tr\u00e1mite del desacato cuestionado. <\/p>\n
4. Carlos Mario Henao Pati\u00f1o, \u00aben calidad de contador de Conjunto Residencial Pilarica Blue PH\u00bb, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda, toda vez que \u00abla promotora de la presente demanda trajo a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que no hizo valer de manera oportuna en el tr\u00e1mite incidental de manera que no es posible, mediante esta v\u00eda excepcional, continuar con el an\u00e1lisis de la afectaci\u00f3n de derechos propuesta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que no le compete responder la orden de tutela que se pregona insatisfecha, toda vez que Somos Administraci\u00f3n APH SAS no ostenta la representaci\u00f3n del Conjunto Residencial Pilarica Blue PH. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, extracta la Sala que el actor cuestion\u00f3: (i) la sentencia de 30 de junio pasado, que concedi\u00f3 el resguardo del derecho fundamental de petici\u00f3n de Marcela Carrillo Pineda; y (ii) las sanciones impuestas en el desacato acusado. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el tutelante desaprovech\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa que tuvo a su alcance para censurar las rese\u00f1adas actuaciones, toda vez que, de un lado, dej\u00f3 de impugnar el fallo de tutela acusado; y, por otra parte, omiti\u00f3 esgrimir ante el fallador del desacato los argumentos defensivos que en este escenario aleg\u00f3, espec\u00edficamente, aquellos dirigidos a cuestionar su responsabilidad en el cumplimiento de la orden de tutela que se dijo insatisfecha. <\/p>\n
4. De lo anotado previamente, se concluye que el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan o se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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