STC11292-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11292-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 76111-22-13-000-2023-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 11 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Mar\u00eda Eugenia Lemos Moreno contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira y El Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario Corveica, tramite al que fueron citadas la Gobernaci\u00f3n del Valle, la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado no. 76520310300420120023400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Corveica promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo para el cobro del pagar\u00e9 1005000085 el cual fue alterado en su capital de $10\u2019300.000 a $66\u2019170.000, y del 0805000121 garantizado con el veh\u00edculo de placas CUM-744 que fue embargado e inmovilizado por la Polic\u00eda Nacional, quien la presion\u00f3 y acos\u00f3 para que lo entregara. <\/p>\n
Expuso que el veh\u00edculo se encontraba avaluado en $45\u00b4\u2019000.000, con el cual se cubr\u00eda el valor del segundo pagar\u00e9 por $42\u2019000.000, que hoy asciende a $150\u2019000.000, sin embargo, el autom\u00f3vil se encuentra en un parqueadero hace m\u00e1s de diez a\u00f1os sin que se gestionara su venta y actualmente se ha devaluado hasta $22\u00b4500.000. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la Gobernaci\u00f3n del Valle la demand\u00f3 en proceso coactivo por $10\u2019000.000, en raz\u00f3n a los impuestos generados por el veh\u00edculo. <\/p>\n
Expres\u00f3 que ha intentado llegar a un acuerdo con la ejecutante, pero la invitan a pagar una deuda que se encuentra cancelada, y afirm\u00f3 que ejercen presi\u00f3n psicol\u00f3gica afect\u00e1ndola en su salud f\u00edsica y mental. <\/p>\n
Sostuvo que, pese a que ha solicitado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, no ha sido posible puesto que siempre se presenta alg\u00fan impedimento de oficio, de parte o legal. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo referido, que le sea devuelto el veh\u00edculo que fue cautelado, se cancelen los gastos causados por parqueadero, impuestos y costas del litigio, se le indemnice por las alteraciones que Corveica realiz\u00f3 al pagar\u00e9 1005000085, as\u00ed como por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, luego de hacer un recuento de las actuaciones m\u00e1s relevantes del proceso ejecutivo objeto de examen, afirm\u00f3 que actualmente la ejecuci\u00f3n contin\u00faa contra la accionante, en atenci\u00f3n a que los dem\u00e1s ejecutados fueron desvinculados del proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que como la accionante \u00aba\u00fan no ha pagado la obligaci\u00f3n insoluta, por eso la est\u00e1n instando a pagar y por eso contin\u00faa este litigio con el embargo de un automotor suyo, a solicitud del acreedor, quien no ha solicitado nueva fecha para remate, actuaci\u00f3n respecto de la cual se debe decir que ninguna normal procesal le manda al juzgado programarla de oficio. Tampoco ha sido posible decretar el desistimiento t\u00e1cito del art\u00edculo 317 de la ley 1564 de 2012 que eventualmente le ser\u00eda favorable a la demandada, hoy accionante Lemos Moreno, toda vez que por tratarse de un ejecutivo con sentencia se requiere que el expediente haya estado sin actuaci\u00f3n durante el paso de dos a\u00f1os, mismos que no se han cumplido, por la actuaci\u00f3n de dicha se\u00f1ora\u00bb. <\/p>\n
2. El Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario Corveica en liquidaci\u00f3n Forzosa Administrativa, resalt\u00f3 que la obligaci\u00f3n cobrada a\u00fan se encuentra vigente la cual deber\u00e1 ser actualizada al momento del pago y que no es su deber correr con gastos de impuestos generados por la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo. <\/p>\n
3. La Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto la controversia suscitada es ajena a sus funciones y competencias. <\/p>\n
4. Los se\u00f1ores Alfonso Alberto Rosero y Jaime Paya Moreno solicitaron la desvinculaci\u00f3n de este asunto, porque fueron excluidos del proceso ejecutivo materia de estudio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga, neg\u00f3 el amparo, tras hallar ausentes los presupuestos de la inmediatez y subsidiariedad. El primero teniendo en cuenta que entre la sentencia de segunda instancia y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela transcurrieron m\u00e1s de seis meses. Y el segundo porque la accionante no ha solicitado ante el Juez de conocimiento la nulidad procesal que aqu\u00ed invoca. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la actora constitucional, por su condici\u00f3n de mujer y en atenci\u00f3n a que la ejecutante la presiona para que cancele la deuda, lo que a su juicio se traduce \u00aben violencia psicol\u00f3gica, humillaci\u00f3n, burla y aislamiento familiar y social\u00bb, que afecta su desarrollo personal, salud f\u00edsica y mental, explic\u00f3 que, \u00abconfrontando los hechos expuestos por la accionante y los descritos en la jurisprudencia en cita [SL2936-2022] no se identifican situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre las partes del proceso ejecutivo adelantado, que obligue la intervenci\u00f3n del juez para su protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
La accionante refiri\u00f3 algunos de los argumentos expuestos en el escrito de tutela y, reiter\u00f3 que se est\u00e1n desconociendo sus derechos como mujer, de su hogar, de su familia, siendo v\u00edctima de trabajos desgastantes a nivel f\u00edsico y mental, vi\u00e9ndose enfrentada a situaci\u00f3n econ\u00f3micas que le han impedido gozar de estabilidad y tranquilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. El asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante se queja porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira desconoce sus garant\u00edas constitucionales al negarse decretar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo adelantado en su contra por desistimiento t\u00e1cito o declarar su nulidad, y a devolverle el veh\u00edculo de su propiedad que fue embargado e inmovilizado, por lo que pide que a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario se acceda a lo anterior, se cancelen los gastos causados por parqueadero, impuestos y costas del litigio, se le indemnice por las alteraciones que Corveica realiz\u00f3 al pagar\u00e9 1005000085, as\u00ed como por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados. <\/p>\n
3. Inicialmente ha de tenerse presente, que Corveica promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra de Mar\u00eda Eugenia Lemos Moreno, Alfonso Alberto Rosero, Steven Rojas Moreno y Jaime Pay\u00e1n, en el que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira profiri\u00f3 sentencia el 19 de noviembre de 2015 en la que accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, decisi\u00f3n que fue modificada por el Tribunal Superior de Buga al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de los tres primeros demandados, respecto del pagar\u00e9 1005000085 por $6\u00b4675.437 y solo frente a la accionante por el pagar\u00e9 0805000121 por $42\u00b4154.127. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, y del examen del expediente remitido a este tr\u00e1mite (2012-00234), se advierte que la orden de embargo y captura del veh\u00edculo de placas CUM-744 de propiedad de la accionante, se deriva de esas decisiones debidamente ejecutoriadas, respaldadas en el procedimiento adelantado por el juez competente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cumple destacar que el actuar de la Polic\u00eda Nacional para inmovilizar el veh\u00edculo, m\u00e1s all\u00e1 de las circunstancias f\u00e1cticas (presi\u00f3n y hostigamiento) narradas por la accionante, que bien pueden ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes para su debida investigaci\u00f3n (Procuradur\u00eda y Fiscal\u00eda General del Naci\u00f3n, Personer\u00eda o Defensor\u00eda del Pueblo), ocurre por el cumplimiento de ordenes emitidas en el mencionado proceso ejecutivo, que por s\u00ed solas no pueden atribuirse como causa directa de la ocurrencia de un perjuicio irremediable o de los da\u00f1os materiales e inmateriales que reclama la accionante, puesto que tales medidas responden al cumplimiento de las providencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales con apego en los mandatos legales, que no pueden limitarse o revocarse con la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Igualmente las mencionadas decisiones y actuaciones no pueden tacharse de arbitrarias o caprichosas, menos cuando se encuentran debidamente sustentadas y motivadas, respetan el ordenamiento jur\u00eddico, se acompasan con el acontecer f\u00e1ctico del proceso bajo examen y aplican las reglas legales del caso, quedando vedado el juez de tutela para intervenir en cualquier sentido, destacando que la diferencia de criterio, por s\u00ed solo, no permite deducir la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales. (CSJ. STC4705-2016 y STC1043-2023, entre otras). <\/p>\n
4. En lo que concierne a la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y el pago de gastos de parqueadero e impuestos causados por el veh\u00edculo cautelado, cumple decir que la autoridad accionada ha atendido, las solicitudes elevadas por la accionante, con independencia de que su resoluci\u00f3n no sea favorable a sus intereses (autos de 12 feb. 2021, 24 ago. 2021 y 21 mar. 2023, entre otras). <\/p>\n
Recientemente, mediante auto de 15 de junio de 2023 el Juzgado de conocimiento, i) requiri\u00f3 a la ejecutante para que \u00abrealice el pago de lo adeudado por concepto de dep\u00f3sito del veh\u00edculo de placas CUM-744 (\u2026) al almac\u00e9n Almalco SAS\u00bb; ii) requiri\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca para que remitiera la liquidaci\u00f3n del impuesto de rodamiento del autom\u00f3vil, en donde conste el aval\u00fao de aquel utilizado para el c\u00e1lculo y, iii) rechaz\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso solicitada por la aqu\u00ed accionante, en raz\u00f3n a que, a) la petici\u00f3n fue presentada directamente por la demandada \u00absin intervenci\u00f3n de su apoderado judicial por lo que tampoco resulta atendible de cara al derecho de postulaci\u00f3n (art. 73 C.G.P)\u00bb y, b) el proceso ejecutivo se rige por el procedimiento legal en el que solo puede terminarse \u00abpor el pago de las obligaciones ejecutadas, o por el desistimiento de las pretensiones o cualquiera de las formas an\u00f3malas legales de terminaci\u00f3n del proceso, por lo que de todos modos tampoco resulta posible fijar una \u201cfecha de terminaci\u00f3n\u201d pues la legislaci\u00f3n procesal no dispone de un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Providencia contra la que ni la accionante ni los dem\u00e1s intervinientes, formularon reparo alguno, lo que evidencia, igualmente, la improcedencia del amparo, pues cont\u00f3 con la oportunidad procesal de exponer en el escenario dispuesto por el legislador al Juzgado accionado las razones de su inconformidad y no lo hizo, por cuanto se abstuvo de promover los recursos a su alcance, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 317, literal e) del numeral 2\u00ba, y 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que, imposibilita y descarta la procedencia de esta v\u00eda extraordinaria, si se tiene en cuenta que es un mecanismo subsidiario que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
La Sala ha explicado que este instrumento constitucional, no se instituy\u00f3 en busca de oportunidades adicionales o con el fin de que se revivan t\u00e9rminos o etapas procesales para la formulaci\u00f3n de mecanismos ordinarios, ya que la falta de proposici\u00f3n de los legalmente establecidos evidencia una desidia procesal que no puede sanearse por esta v\u00eda. Al dejar las partes de utilizar los recursos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022, STC6025- 2022, STC1793-2023, STC4913-2023 y STC5564-2023 entre muchas entre otras). <\/p>\n
5. Para el efecto, es bueno recordar a la accionante que, al no acreditar su condici\u00f3n de abogada, al tratarse de un proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda, necesariamente debe actuar a trav\u00e9s de un profesional del derecho (art\u00edculos 73 del C\u00f3digo General del Proceso y 28 del Decreto 196 de 1971). Si bien la ejecutada constituy\u00f3 apoderado judicial para que la representara, lo cierto es que el mandato fue revocado, lo cual fue aceptado por el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Por otra parte, se le hace saber que, en busca de una asesor\u00eda jur\u00eddica, puede acudir a la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o a la Personer\u00eda del municipio m\u00e1s cercano a su lugar de residencia, para que la orienten, gu\u00eden y direccionen a fin de tramitar sus reclamaciones. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puede acudir directamente al Juzgado accionado y solicitar se le conceda amparo de pobreza para que se le designe un abogado de oficio, que represente y defienda sus intereses en el litigio, de conformidad con los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. Finalmente, corresponde destacar que la \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb que reclama la actora y su alegaci\u00f3n relacionada con que los accionados desconocieron la violencia psicol\u00f3gica, f\u00edsica y econ\u00f3mica que ha padecido por parte de la ejecutante y la Polic\u00eda Nacional, es necesario indicar que, como lo ha advertido esta Sala en otros casos, \u00abjuzgar con perspectiva de g\u00e9nero no significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas hist\u00f3ricamente excluido o discriminado\u00bb (CSJ. STC5849-2021, citada en STC17157-2021 y reiterada en STC8673-2023). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el enfoque diferencial por discriminaci\u00f3n positiva en favor de las mujeres, \u00abno es absoluto, pues implica el an\u00e1lisis de las particularidades de cada caso y la ponderaci\u00f3n de los intereses de las partes en contienda, as\u00ed como de terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb. Por tanto, para el caso, las especiales circunstancias que aduce la accionante no pueden llevar inevitablemente a la concesi\u00f3n del amparo, pues, en realidad, fue vencida en un juicio en el que se han adoptado determinaciones posteriores, respaldadas por el procedimiento que el legislador instituy\u00f3 en el ordenamiento jur\u00eddico para el tr\u00e1mite de procesos ejecutivos y medidas cautelares, el cual es de obligatorio cumplimiento para los jueces. <\/p>\n
7. En consecuencia, el fallo impugnado ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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