STC11302-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11302-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 08001-22-13-000-2023-00561-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 20 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Pablo Ram\u00edrez V\u00e1squez contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad y el Banco de Occidente SA, tramite al que fueron citados los Juzgados Cuarto y Quinto Civiles del Circuito de Barranquilla, el Banco Colpatria y las partes e intervinientes en los procesos de restituci\u00f3n de tenencia No. 2017-00288 y 2019-00318, y el de reorganizaci\u00f3n No. 2017-00308. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n como persona natural comerciante teniendo como acreedores los Bancos de Occidente SA y Colpatria SA, el que admiti\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla el 12 de junio de 2017 (No. 2017-00308). <\/p>\n
Explic\u00f3 que, pese a lo anterior, el Banco de Occidente SA lo demand\u00f3 en proceso de restituci\u00f3n de tenencia, en el que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, decret\u00f3 el embargo del veh\u00edculo que cuenta con garant\u00eda constituida en favor de esa entidad crediticia y el 10 de mayo de 2022 profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing financiero y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del autom\u00f3vil a la demandante. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 4 de agosto de 2022 solicit\u00f3 al Juzgado de conocimiento declarar la ilegalidad de la orden de entrega, teniendo en cuenta que el Banco de Occidente SA est\u00e1 notificado del proceso de insolvencia, sin embargo, por auto de 15 de febrero de 2023 no se accedi\u00f3 a lo pretendido, bajo el argumento que el proceso de reorganizaci\u00f3n fue incinerado y no se prob\u00f3 que el veh\u00edculo era destinado a desarrollar su objeto social, decisi\u00f3n que mantuvo al negar la reposici\u00f3n y la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n presentadas, en tanto que el Tribunal Superior de Barranquilla en providencia de 30 de mayo de 2023, declar\u00f3 bien denegada la queja que propuso contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad de la sentencia de fecha 10 de mayo de 2022 dictada por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla y en su lugar se SUSPENDA el proceso radicado bajo No 08001315301620190031800 hasta que se tomen las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de mi poderdante (\u2026) se ordene la entrega del veh\u00edculo de placa IEQ-764 de propiedad del se\u00f1or PEDRO RAMIREZ VASQUEZ (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, expres\u00f3 que el proceso de insolvencia de radicado no. 2017-00308 result\u00f3 afectado por el incendio que ocurri\u00f3 en sus instalaciones el 30 de octubre de 2019, por lo que se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno hasta que se reconstruya el expediente. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, hizo un recuento de las actuaciones del proceso de restituci\u00f3n de tenencia que conoci\u00f3 con el radicado 2017- 00288. <\/p>\n
3. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, inform\u00f3 lo acontecido en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia objeto de este asunto de radicado 2019-00318, para luego afirmar que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo tras sostener que el expediente materia de revisi\u00f3n \u00ab(\u2026) no refleja que la parte interesada al menos haya agotado ese tr\u00e1mite ante el Juzgado accionado, solo acudi\u00f3 a una solicitud de \u201cilegalidad\u201d que le fue tramitada y resuelta desfavorablemente; lo cual a voces del principio de subsidiariedad no puede ser reemplazado por la acci\u00f3n constitucional. Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n cuenta o contaba con otros recursos como es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
El accionante insisti\u00f3 en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela, reiterando que se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias que desconocen de manera protuberante las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, o las normas de orden p\u00fablico, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente, obrar en sentido contrario, quebrantar\u00eda los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado los links de los expedientes remitidos a este tr\u00e1mite, se observan como relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
2.1 El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, en auto de 26 de noviembre de 2019, admiti\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n de tenencia de bien entregado a t\u00edtulo de arrendamiento financiero o leasing, formulado por el Banco de Occidente SA contra Pedro Pablo Ram\u00edrez V\u00e1squez, quien fue notificado por medio de curadora ad litem, previo emplazamiento. <\/p>\n
2.2 Mediante sentencia de 10 de mayo de 2022 declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing financiero celebrado entre las partes y orden\u00f3 la restituci\u00f3n a la entidad demandante del veh\u00edculo de placas IEQ-764, para lo cual se libraron las respectivas comunicaciones, automotor que despu\u00e9s de ser inmovilizado por la Polic\u00eda Nacional, fue conducido hasta el establecimiento Almacenamiento y Bodegaje de Veh\u00edculos La Principal SAS (31 jul. 2022). <\/p>\n
2.3 El 4 de agosto de 2022, por intermedio de apoderado judicial, el accionante-demandado acudi\u00f3 al proceso y solicit\u00f3 la declaratoria de ilegalidad \u00abdel auto que decret\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo (\u2026) se ordene a la Polic\u00eda Nacional Sijin Automotores del Atl\u00e1ntico, revocar la orden de inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo en menci\u00f3n por encontrarse mi cliente en proceso de insolvencia econ\u00f3mica y tal obligaci\u00f3n hab\u00eda sido comunicada y suspendida desde la fecha de inicio del mismo [y] se ordene a la Polic\u00eda Nacional de Tr\u00e1nsito o a la autoridad correspondiente la entrega del veh\u00edculo de placa IEQ764 a su propietario el se\u00f1or Pedro Pablo Ram\u00edrez V\u00e1squez\u00bb. <\/p>\n
2.4 El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, en providencia de 26 de septiembre de 2022, dispuso oficiar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, para que remitiera copia del proceso de insolvencia del accionante (No. 2017-00308). <\/p>\n
2.5 En decisi\u00f3n de 9 de febrero de 2023, el ultimo Juzgado mencionado atendi\u00f3 el requerimiento efectuado, e inform\u00f3 que \u00abuna vez revisado el listado de procesos salvados del incendio ocurrido en el juzgado el 30 de octubre de 2019, se pudo constatar que el proceso de la referencia pereci\u00f3 en dicho incendio, por lo que se requiere a las partes para que remitan copia de todos los documentos que de este proceso tienen en su poder, para proceder a ordenar la reconstrucci\u00f3n del mismo, de conformidad con el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6 En auto de 15 de febrero de 2023, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito decidi\u00f3 no acceder a la solicitud de ilegalidad presentada, por cuanto, i) la sentencia de 10 de mayo de 2022 no puede revocarse o reformase por parte del juez que la profiri\u00f3, ii) contra esa decisi\u00f3n no se interpusieron los recursos procedentes, iii) pese a la existencia del proceso de insolvencia del demandado, \u00abno existen \u00f3rdenes o medida alguna emitida por parte del mencionado operador del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n relativas al automotor de placas IEQ-764, ni se desprende de los documentos acu\u00f1ados a esta actuaci\u00f3n que dicho rodante, sea de aquellos con los que el hoy demandado desarrolle su objeto social, al tenor de lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 11116 de 2006\u00bb, y, porque adem\u00e1s, el Juzgado Quinto vinculado inform\u00f3 que \u00abno se ha aportado documentaci\u00f3n por los sujetos procesales dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial para proceder con su reconstrucci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7 Al resolver el recurso de reposici\u00f3n que el demandado propuso contra la anterior determinaci\u00f3n, el Juzgado de conocimiento record\u00f3 que correspond\u00eda al demandado acreditar la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando es quien debe solicitar su reconstrucci\u00f3n, e igualmente, deb\u00eda demostrar que el veh\u00edculo cautelado \u00abhacia parte de su actividad comercial, es decir, el desarrollo de su objeto social y que se encontraba en el inventario de reorganizaci\u00f3n, deb\u00eda demostrar aquellas circunstancias, lo cual no hizo, puesto que solo se limit\u00f3 a aportar copia del auto de apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el proceso de restituci\u00f3n no pod\u00eda suspenderse en raz\u00f3n al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, porque vez que revisada la providencia de inicio del tr\u00e1mite y el escrito de demanda, \u00abse advierte que en aquel, se adujo que los c\u00e1nones de arrendamiento incumplidos son posteriores al inicio del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, pues se mencion\u00f3 que el incumplimiento en el pago de la obligaci\u00f3n pactada inici\u00f3 el 20 de noviembre de 2017. <\/p>\n
De lo anterior concluy\u00f3 que, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006, el Banco de Occidente SA estaba habilitado para formular la demanda por el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones causados con posterioridad al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Por los anteriores motivos, mantuvo la decisi\u00f3n en auto de 16 de marzo de 2023 y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n por improcedente, providencia que recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio en queja, mantuvo el 9 de mayo siguiente y concedi\u00f3 el segundo ante el superior, que declar\u00f3 bien denegado este \u00faltimo el 30 mayo de 2023. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, podr\u00eda entenderse, como lo dijo el Tribunal Superior de Barranquilla, que el accionante no ha solicitado al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, la nulidad de la sentencia de 10 de mayo de 2022, que es lo que pretende en este asunto, pues el tr\u00e1mite que promovi\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n es la ilegalidad del auto que decret\u00f3 la inmovilizaci\u00f3n de su veh\u00edculo y que le sea entregado, sin embargo, los argumentos que sustentan ambas peticiones son id\u00e9nticos y la autoridad accionada resolvi\u00f3 sobre todos estos aspectos, por lo que se considera que el presupuesto de subsidiariedad se cumple. <\/p>\n
4. En ese orden, concretamente la inconformidad del accionante tiene que ver con que se tramitara el proceso de restituci\u00f3n y fuera despojado de la tenencia de su veh\u00edculo, sin tener en cuenta que exist\u00eda un proceso de reorganizaci\u00f3n iniciado previamente. <\/p>\n
No obstante, en atenci\u00f3n a las particularidades evidenciadas en este asunto, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como quiera que la autoridad judicial accionada ha actuado con apego a las disposiciones legales, resolviendo las solicitudes y recursos propuestos por el accionante, sin que sus decisiones o actuaciones puedan tildarse de caprichosas o arbitrarias. <\/p>\n
Lo primero que hay que aclarar es que la normativa aplicable al caso no es la dispuesta en los art\u00edculos 531 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, como lo sugiere el accionante, sino la consignada en la Ley 1116 de 2006, teniendo en cuenta que el deudor es una persona natural comerciante. <\/p>\n
Ahora, para negar lo solicitado por el aqu\u00ed accionante, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla explic\u00f3 las razones por las cuales no pod\u00eda revocar ni reformar la sentencia de 10 de mayo de 2022, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, enfatiz\u00f3 en que el demandado incumpli\u00f3 la carga de demostrar la existencia del tr\u00e1mite de insolvencia y que el veh\u00edculo cautelado era el que utilizaba para el desarrollo de su actividad como comerciante, partiendo de la base que la autoridad accionada no ten\u00eda conocimiento de ese tr\u00e1mite pues nunca le fue comunicado. As\u00ed mismo, destac\u00f3 que el aqu\u00ed accionante no ha impulsado la reconstrucci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n siendo el principal interesado en ello. <\/p>\n
Pero el principal motivo que tuvo el Juzgado accionado para no acceder a lo pedido por el solicitante, tiene que ver con que la restituci\u00f3n se fundament\u00f3 en el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones causados a partir del 20 de noviembre de 2017, es decir, con posterioridad al inicio del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n que tuvo lugar el 12 de junio de 2017 (seg\u00fan copia aportada por el accionante), situaci\u00f3n f\u00e1ctica que se ajusta a lo preceptuado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006, \u00abel incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones causados con posterioridad al inicio del proceso podr\u00e1 dar lugar a la terminaci\u00f3n de los contratos y facultar\u00e1 al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restituci\u00f3n, procesos estos en los cuales no puede oponerse como excepci\u00f3n el hecho de estar tramit\u00e1ndose el proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb (se resalta). <\/p>\n
En esa medida, el Banco de Occidente SA, estaba facultado para promover el proceso de restituci\u00f3n sin que el tr\u00e1mite de insolvencia lo afectara. <\/p>\n
5. En lo que concierne a la suspensi\u00f3n del proceso y a que se haga entrega del veh\u00edculo cautelado al impugnante, cumple recordar que, no es viable acudir a esta herramienta para suspender o invalidar el desarrollo o acatamiento de las ordenes que se derivan de fallos debidamente ejecutoriados, respaldados en el procedimiento adelantado por el juez competente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el cumplimiento de las ordenes emitidas en un en un proceso judicial, no son constitutivas por s\u00ed solas de un perjuicio irremediable, porque tales medidas responden a decisiones proferidas por autoridades judiciales en cumplimiento de sus mandatos y atribuciones legales, que no pueden supeditarse a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6. As\u00ed, se concluye que las decisiones y actuaciones cuestionadas se encuentran motivadas y no lucen arbitrarias, de ellas no emerge v\u00eda de hecho que haga procedente esta acci\u00f3n constitucional, pues contienen una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque el solicitante no las comparta, esa divergencia de criterio no es raz\u00f3n suficiente para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
7. En consecuencia, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed explicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados, pero en atenci\u00f3n a considerado en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC11302-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11302-2023 Radicaci\u00f3n No. 08001-22-13-000-2023-00561-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76784","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76784"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76784\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}