STC11316-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11316-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00470-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, m\u00ednimo vital y defensa\u00bb, para que se ordenara al despacho accionado \u00abno aplique el principio pro infants, reconocido a favor del se\u00f1or SANTIAGO RUBIO SERRANO en el auto del 1 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n ejecutiva con el radicado 2022-079, por ser \u00e9ste mayor de edad\u00bb y, en consecuencia, \u00abREVOCAR el numeral 2\u00b0 del auto de 1 de agosto de 2023, notificado el d\u00eda 18 de ese mismo mes y a\u00f1o, y en su lugar, ORDENAR a la se\u00f1ora JUEZ 1\u00b0 DE FAMILIA DE CARTAGENA proferir otro auto que garantice los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y m\u00ednimo vital\u00bb de este. <\/p>\n
En compendio adujo que el estrado censurado conoci\u00f3 la demanda ejecutiva de alimentos que le promovi\u00f3 Rosa Mar\u00eda Serrano Ochoa en representaci\u00f3n de su hijo Santiago Rubio Serrano -hoy mayor de edad- (rad. 2022-00079), con base en el acta de conciliaci\u00f3n que suscribieron el 27 de marzo de 2015 y, al librar mandamiento de pago, decret\u00f3 \u00abuna medida cautelar por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) los cuales se descontar\u00edan de los ingresos que recibiera (\u2026) de la entidad COLPENSIONES\u00bb. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite del juicio Santiago cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad (28 sep. 2022), por lo que pidi\u00f3 \u00abtener[lo] como demandante, en vez de su madre\u00bb; sin embargo, \u00abel Juzgado desestim\u00f3 la solicitud en cuanto la se\u00f1ora SERRANO OCHOA era la persona que aparec\u00eda en el t\u00edtulo ejecutivo, haciendo las veces de representante legal del menor y, por lo tanto, ella deb\u00eda seguir siendo la parte demandante\u00bb (28 oct. 2022). <\/p>\n
Recurri\u00f3 en reposici\u00f3n dicha decisi\u00f3n \u00abalegando que la se\u00f1ora SERRANO OCHOA aparece relacionada en el documento solamente como representante legal, pero el hecho de que SANTIAGO haya adquirido la mayor\u00eda de edad en el tr\u00e1mite de la demanda le permite concurrir por s\u00ed mismo al proceso\u00bb, pero el juzgado la mantuvo inc\u00f3lume (23 en. 2023), pronunciamiento que en su criterio, \u00abconcluy\u00f3, err\u00f3neamente, que la obligaci\u00f3n se hab\u00eda constituido cuando el menor ten\u00eda 11 a\u00f1os, y por lo tanto, a pesar de que SANTIAGO hoy es mayor de edad y goza de plena capacidad, deb\u00eda seguir siendo representado por su madre\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el 19 de abril de este a\u00f1o la parte demandante solicit\u00f3 el decreto de una nueva cautela, en reemplazo de la expedida en la orden de apremio, consistente en el embargo de la pensi\u00f3n de vejez que percibe en SKANDIA, frente a lo cual, se opuso y requiri\u00f3 \u00abdar aplicaci\u00f3n al inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso.3, para que la parte demandante prestara cauci\u00f3n, en vista de que para el momento procesal en la que solicit\u00f3 la medida cautelar ya se hab\u00edan formulado excepciones de m\u00e9rito y, en especial, la de novaci\u00f3n\u00bb; no obstante, la iudex criticada \u00ab[decret\u00f3] la medida [e impuso al] ejecutado, el pago de una cauci\u00f3n en valor de [$249.194.394], en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 602 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (9 jun.); prove\u00eddo que atacado en reposici\u00f3n por su descendiente, \u00abel Juzgado resolvi\u00f3 hallarle la raz\u00f3n y decide de manera inexplicable reponer parcialmente el auto censurado\u00bb para lo cual resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab1.- Reponer parcialmente, el auto de 09 de junio de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
2. En consecuencia, revocar el numeral tercero de la providencia de fecha 09 de junio de 2023, por las razones antes expuestas. <\/p>\n
3. No acceder a ordenar que el ejecutante preste cauci\u00f3n, como solicitara el ejecutado, como viene antedicho. <\/p>\n
Los dem\u00e1s numerales contenidos en la providencia del 09 de junio de 2023, quedan inc\u00f3lumes\u00bb (1 ag.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00ab[e]n reuni\u00f3n extraordinaria del 21 de mayo de 2023 los socios de la empresa SECURITY CONSULTING OF AMERICAS le manifestaron al se\u00f1or RUBIO el deseo (\u2026) que finalizara sus labores como gerente y representante legal, en vista del impedimento de salida del pa\u00eds que la se\u00f1ora Juez tambi\u00e9n se neg\u00f3 a levantar\u00bb por lo que, \u00aben la actualidad (\u2026) solo obtiene ingresos de la pensi\u00f3n que se pretende embargar en el juicio ejecutivo\u00bb y, por tanto, \u00ab[son] trabas que ha puesto el Despacho accionado para que (\u2026) pueda defenderse en condiciones de igualdad con la parte ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que en la \u00faltima determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
a)- \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb, por cuanto, \u00abhace imposible comprender por qu\u00e9 la juzgadora aplic\u00f3 el principio pro infants en una persona que es i) hoy mayor de edad, ii) que de manera err\u00f3nea est\u00e1 representado por su madre quien tambi\u00e9n es mayor de edad, iii) que no tiene ninguna clase de situaci\u00f3n que lo ponga en estado de indefensi\u00f3n y que merezca un trato constitucionalmente diferente y iv) que hoy vive una vida que no todos los j\u00f3venes de este pa\u00eds se pueden dar en el exterior, donde pretende sus estudios universitarios\u00bb; de ah\u00ed que, \u00abes evidente que no estamos en presencia de un menor de edad, por el contrario, son \u00e9l y su madre mayores de edad, y por lo tanto, la aplicaci\u00f3n de dicho principio constitucional no le era aplicable a este caso, y s\u00f3lo bastaba con acudir al registro civil de nacimiento para llegar a esa conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b)- \u00abDefecto procedimental absoluto\u00bb, en tanto, \u00ab[e]l Juzgado indica que en materia de derecho de familia la \u00fanica norma que es posible aplicar es el art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, y por lo tanto, todas las solicitudes que escapen de la \u00f3rbita del mencionado art\u00edculo son inadmisibles\u00bb, pero en su opini\u00f3n, \u00ab[t]al situaci\u00f3n no tiene asidero dentro de la interpretaci\u00f3n legal actual, y el Honorable Tribunal no puede desconocer esta realidad [porque] en los procesos de familia, el Juez debe hacer uso de los art\u00edculos 591 (inscripci\u00f3n de la demanda), 593 (forma de efectuar embargos), 597 (levantamiento de embargos y secuestro), entre otros, y ello simplemente es as\u00ed, porque el juez no puede ver la legislaci\u00f3n procesal de familia en materia de cautelas con un anteojera, sino por el contrario, en virtud del principio establecido en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que en \u00abla providencia que se ataca, la se\u00f1ora juez hizo uso del art\u00edculo 602 del C\u00f3digo General del Proceso sin necesidad de entrar a motivar en ese auto porque su aplicaci\u00f3n se escapaba en ese caso del establecimiento del 598 del C\u00f3digo General del Proceso, y en su lugar, debi\u00f3 acudir a las normas generales de medidas cautelares en procesos ejecutivos\u00bb; de suerte, que \u00ab[e]s innegable que los art\u00edculos 599 y 602 del C\u00f3digo General del Proceso, hacen parte del conjunto de normas especiales que gobiernan las cautelas en el proceso ejecutivo y las dos de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no se entiende como en el caso que nos ocupa aplica el 602 y de manera arbitraria e inexplicable inaplica el 599 cuando era su deber cumplir con dicha prescripci\u00f3n, desconociendo adem\u00e1s los aspectos f\u00e1cticos que deb\u00eda resolver\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en \u00abla providencia fustigada\u00bb no se tuvo en cuenta que \u00aben materia de prestaci\u00f3n de cauciones, la Ley 1564 de 2012 mantuvo el principio de que estas ser\u00e1n obligatorias s\u00f3lo cuando as\u00ed lo exija la ley. En el caso que nos ocupa es obligatoria la aplicaci\u00f3n del inciso 5) del art\u00edculo 599 del C.G.P. Lo que demuestra que la se\u00f1ora juez estaba consciente de que no pod\u00eda inaplicarlo y a pesar de ello procedi\u00f3 de manera arbitraria e incomprensible a hacerlo, justamente como ocurre en este caso [con] el art\u00edculo 599 ib\u00eddem\u00bb; toda vez que, ese precepto \u00abdicta que la solicitud de la aplicaci\u00f3n de esta norma es facultativa para la parte ejecutada cuando dice \u201cpodr\u00e1n solicitarle al juez\u201d pero no es igual de facultativo para el operador de la justicia, por cuanto el art\u00edculo en menci\u00f3n establece que cumplidos los cuatro requisitos objetivos para la aplicaci\u00f3n de esta norma, esto es i) que se haya solicitado una medida cautelar ii) que se haya solicitado en tiempo la prestaci\u00f3n de la cauci\u00f3n en cabeza del demandante al juez iii) que se hayan presentado en tiempo las excepciones de m\u00e9rito y iv) que el demandado no sea una entidad de derecho p\u00fablico o entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, el juez proceder\u00e1 a hacer un an\u00e1lisis del bien objeto de la cautela y del fumus bonis iuris de las excepciones de m\u00e9rito para decretar el porcentaje o valor de la cauci\u00f3n, pero NO para inaplicar el art\u00edculo de manera arbitraria, violentando el ordenamiento jur\u00eddico procesal\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abes falso que el juez de familia s\u00f3lo est\u00e9 atado en su actividad al art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando de medidas cautelares en procesos de familia se trata\u00bb. <\/p>\n
c)- \u00abDefecto sustantivo\u00bb dado que la interpretaci\u00f3n de la juez querellada al art\u00edculo 598 del C.G.P, como norma especial para el decreto, pr\u00e1ctica e inscripci\u00f3n de las medidas cautelares en procesos de familia, y su aplicaci\u00f3n por especialidad, en virtud del mandato establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 57 de 1887, es inconducente, \u00abporque a voces de la norma citada, el legislador civil en dicha normatividad, indic\u00f3 que esa regla s\u00f3lo se aplica cuando \u201cse hallaren algunas disposiciones incompatibles entre s\u00ed\u201d, lo que en este caso no ocurre. En el caso que nos ocupa no hab\u00eda lugar a plantearse dicho conflicto normativo porque no existe contradicci\u00f3n entre estas normas, es decir, entre el citado inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 599 del C.G.P. y el art\u00edculo 598 de la misma norma\u00bb. Adem\u00e1s, de aceptarse dicha interpretaci\u00f3n, \u00abla Juzgadora ignor\u00f3 que el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 57 de 1887 indica que cuando las normas tengan una especialidad igual (en este caso ley procesal), entonces se \u201cpreferir\u00e1 la disposici\u00f3n consignada en art\u00edculo posterior\u201d, es decir, deb\u00eda aplicarse el art\u00edculo 599 sobre el 598 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, dijo que el \u00abdefecto sustantivo se da por la falta de aplicaci\u00f3n de una norma de orden sustancial que pas\u00f3 por alto la Juzgadora aplicar, y que, en su lugar, decidi\u00f3 emplear en sentido contrario al mandato del legislador\u00bb, de suerte que, el defecto \u00abse consolid\u00f3 cuando el Despacho asever\u00f3 que en los procesos ejecutivos de alimentos de menores (que no es \u00e9ste el caso), no se puede proceder a la aplicaci\u00f3n a la cautela en cabeza del ejecutante\u00bb, por tanto, \u00abla se\u00f1ora Juez 1\u00b0 de Familia de Cartagena cre\u00f3 de manera inexplicable, antijur\u00eddica e inconstitucional una excepci\u00f3n que ni el legislador, ni la jurisprudencia se han atrevido a hacerla parte del ordenamiento jur\u00eddico nacional\u00bb. De igual modo, adver\u00f3 que, aun cuando \u00abla juzgadora [sustent\u00f3 que el] principio pro infants recae en la base de la interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los art\u00edculos 5\u00b0, 8\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 1098 de 2006\u00bb le quedada vedado \u00absustentar su decisi\u00f3n bajo dichas normas, pues se trata, en todo caso, de que las personas que act\u00faan en el extremo demandante del proceso ejecutivo son personas mayores de edad, y por ende, no existe ninguna colisi\u00f3n con derechos de ning\u00fan ni\u00f1o, del cual resultar\u00eda la aplicaci\u00f3n de la regla del derecho prevalente\u00bb; y, <\/p>\n
d)- \u00abDecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb en la medida que, \u00abincumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos de la decisi\u00f3n cuando pas\u00f3 por alto la edad del mayor de edad alimentado y de la madre representante legal, quien tambi\u00e9n tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os. Esta situaci\u00f3n debi\u00f3 haber sido r\u00e1pidamente conjurada con el an\u00e1lisis del registro civil de nacimiento que se arrim\u00f3 por los propios demandantes al Juzgado, y que no requer\u00eda una actividad probatoria exagerada, activa o de oficio, que hiciera imposible verificar los presupuestos del principio pro infants. Ello hizo que la juez tramitara la solicitud como si se tratara de un proceso ejecutivo de alimentos de menor de edad y como si la protecci\u00f3n a dicha poblaci\u00f3n fuese absoluta, incluso cuando se ha superado la mayor\u00eda de edad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Cartagena, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, resaltando \u00abla inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante (\u2026)\u00bb; sumado a ello, asever\u00f3 que \u00abel prove\u00eddo de 01 de agosto de 2023 a pesar de poder ser cuestionado a trav\u00e9s de medios de impugnaci\u00f3n definidos por el legislador, el extremo accionante en esta causa y demandado en el juicio ejecutivo se abstuvo de presentar recurso de reposici\u00f3n en contra del confutado auto; por lo que dejo fenecer la oportunidad procesal para cuestionar la decisi\u00f3n adoptada en el reiterado prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
La Defensor\u00eda de Familia GAT Asignada a Juzgados ICBF Regional Bol\u00edvar asegur\u00f3 que \u00abcarece de competencia para realiza intervenci\u00f3n dentro de la presente acci\u00f3n, ya que a la fecha dentro del proceso no se debaten derechos de persona menor de edad, como se evidencia en el documento Registro Civil de Nacimiento con Indicativo Serial No. 34219504, donde se encuentra inscrito el nacimiento del se\u00f1or SANTIAGO RUBIO SERRANO, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 2004\u00bb. <\/p>\n
Rosa Mar\u00eda Serrano Ochoa destac\u00f3 que \u00abcon esta Tutela lo que busca es controvertir en una nueva instancia las decisiones con las que no est\u00e1 de acuerdo dentro del debido proceso y que lo que se busca proteger por medio del tr\u00e1mite en marras, son las acreencias por alimentos en favor de menores\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el ruego, al hallar razonable el proveimiento de agosto 1\u00b0 de los corrientes, como quiera que, \u00abla decisi\u00f3n objeto de disconformidad por parte del aqu\u00ed accionante se muestra ajustada al principio de legalidad, toda vez que contempla la aplicaci\u00f3n del sustento probatorio y el precedente jurisprudencial sobre lo planteado. Por las razones que se han dejado consignadas, se estiman suficientes para negar el amparo constitucional reclamado\u00bb. <\/p>\n
4.- Replic\u00f3 el precursor reafirm\u00e1ndose en los raciocinios inaugurales, respecto a que \u00ab[n]o es cierto que un mayor de edad requiera representaci\u00f3n\u00bb sustentado en el \u00abnumeral 3\u00b0 del art\u00edculo 314 del C\u00f3digo Civil\u00bb, porque, \u00abno aparece prueba alguna de la discapacidad mental del se\u00f1or SANTIAGO RUBIO SERRANO, por lo tanto, no es de recibo jur\u00eddicamente sostener que habiendo cumplido la mayor\u00eda de edad deba continuar bajo la tutela de la madre y menos a\u00fan la representaci\u00f3n materna. La equivocaci\u00f3n de la sala es monumental al sostener que por el hecho de que en el momento de la demanda el se\u00f1or RUBIO SERRANO era menor de edad, conserva el derecho de continuar con representaci\u00f3n\u00bb, lo que \u00abviolenta las Convenciones Internacionales suscritas por Colombia en materia de protecci\u00f3n a discapacitados mentales, pues ni siquiera estos hoy en d\u00eda, requieren de la representaci\u00f3n que con tanto recelo le protege la Juez de Familia, ya que los discapaces son plenamente capaces al tenor de la Ley 1996 de 2019\u00bb, por lo que, es \u00ababsolutamente reprochable que a un mayor de edad, (\u2026) se le aplique el principio pro infants\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, dijo que, contrario a lo dilucidado por el a quo, \u00ab[n]o es cierto que \u00fanicamente en el proceso de familia la \u00fanica contracautela existente sea la del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 598 del C.G.P en materia de familia. Esta afirmaci\u00f3n es cierta s\u00f3lo en el caso de que la pretensi\u00f3n sea levantar la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds\u00bb, por ende, afirm\u00f3, en su caso concurren tres elementos, como son \u00abi) la juez decreta la medida cautelar, ii) la parte ejecutada propone excepciones y iii) solicita la contracautela\u00bb, los que \u00abcompletan la procedencia jur\u00eddica de la solicitud, mismos [que] desconoce el juzgado accionado y la Sala\u00bb, dado que est\u00e1n cumplidos as\u00ed: \u00ab[e]l primer elemento se encuentra consignado en el auto del 9 de junio de 2023, el segundo en el escrito de excepciones de m\u00e9rito oportunamente formuladas y que obran como prueba documental en el tr\u00e1mite de tutela y el tercero en los memoriales que se elevaron el 11 de mayo y 21 de junio de este a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la refrendaci\u00f3n del veredicto opugnado; porque se inobservaron las exigencias temporal y residual que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Edgar Alcides Rubio Luque preliminarmente se duele del interlocutorio emitido el 23 de enero de 2023 por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, por medio del cual \u00ab[n]o [repuso] el auto de fecha 28 de octubre de 2022\u00bb que no accedi\u00f3 a la \u00absolicitud de cambio de demandante\u00bb por \u00e9l elevada en el proceso n.\u00b0 2022-00079. <\/p>\n
Sin embargo, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, inobserv\u00f3 el \u00abrequisito\u00bb de la inmediatez, como quiera que, entre la fecha de ejecutoria de ese interlocutorio (23 en. 2023), notificado por estado electr\u00f3nico n\u00b0 12 del d\u00eda 30 siguiente, y la radicaci\u00f3n del pliego superlativo (31 ag. 2023), transcurri\u00f3 un lapso que supera el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, se ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (CSJ, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC088-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del sub examine, habida cuenta que, si el impulsor se demor\u00f3 en interponer la queja supralegal respecto del auto antes se\u00f1alado, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las autoridades accionadas y con repercusi\u00f3n directa en los atributos b\u00e1sicos exigidos, sin que se divise circunstancia alguna que excuse dicha dilaci\u00f3n, en tanto, Edgar Alcides no expuso nada a ese respecto, de ah\u00ed que resulte inviable el estudio de la s\u00faplica en ese t\u00f3pico. <\/p>\n
1.2.- De otro lado, el querellante recrimina la resoluci\u00f3n dictada el 1\u00b0 de agosto \u00faltimo por el mismo estrado, mediante el cual dispuso: \u00ab[r]eponer parcialmente, el auto de 09 de junio de 2023\u00bb y, en consecuencia, \u00abrevocar el numeral tercero de la providencia de fecha 09 de junio de 2023 [y] No acceder a ordenar que el ejecutante preste cauci\u00f3n, como solicitara el ejecutado\u00bb y mantuvo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
No obstante, el resguardo se trunca ante su desidia en el uso oportuno de los instrumentos de contradicci\u00f3n, ya que, no repar\u00f3 en la posibilidad que le ofrec\u00eda el inciso 4\u00ba del canon 318 de la codificaci\u00f3n adjetiva para refutar tal providencia (STC10588-2023), porque, si bien all\u00ed se resolvi\u00f3 \u00abla reposici\u00f3n\u00bb del auto inmediatamente anterior (9 jun. 2023), lo cierto es que, conten\u00eda puntos nuevos, como los que, por esta v\u00eda censura, omisi\u00f3n que no puede pretender subsanar por la v\u00eda constitucional. <\/p>\n
En efecto, la funcionaria acusada en la directriz de 9 de junio hoga\u00f1o, en lo atinente a la cauci\u00f3n aludida, reflexion\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn esta oportunidad, se encuentra que el apoderado de la parte demandada manifiesta que, en caso de mantener las medidas decretadas en el interior del presente proceso, se acceda a decretar cauci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, de acuerdo con el art\u00edculo 602 del C.G.P. las cauciones solicitadas por el ejecutado con la finalidad de evitar el embargo de sus bienes O PARA LEVANTAR LAS MEDIDAS DECRETADAS, se fijar\u00e1n por el valor actual de la ejecuci\u00f3n, aumentada hasta en un 50% del valor actual a ejecutar, que para el caso de marras es el total de la suma por la cual se libr\u00f3 mandamiento de pago, aumentada en un 50%, para un monto total para fijar la cauci\u00f3n en, DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($249.194.394). <\/p>\n
Complementario a ello, el art\u00edculo 603 del C.G.P., reza \u201cEn la providencia que ordene prestar cauci\u00f3n se indicar\u00e1 su cuant\u00eda y el plazo en que debe constituirse, cuando la Ley no las se\u00f1ale\u201d (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n
Ahora bien, es claro para la suscrita, que no existe en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, norma especial, ni general que establezca un plazo, como en la ejecuci\u00f3n de marras que se le pueda otorgar al ejecutado para que cumpla con tal carga a fin de acceder a su pedimento, dejando el legislador al arbitrio del juez, fijar el plazo en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, el Despacho en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba, en consonancia con el art\u00edculo 12 del C.G.P., acudir\u00e1 al t\u00e9rmino que para similar situaci\u00f3n se le otorga al ejecutante seg\u00fan lo se\u00f1alado en el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 599 de la misma norma, otorgando un plazo de veinte (20) d\u00edas, como plazo para prestar la cauci\u00f3n, contados a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de esta providencia, por el monto antes indicado y as\u00ed ha de cumplirse, para proceder a levantar las cautelas decretadas\u00bb. <\/p>\n
Y, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abTERCER. F\u00edjese cauci\u00f3n a cargo del ejecutado, Sr. EDGAR ALCIDES RUBIO LUQUE, por el monto de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($249.194.394)., la cual deber\u00e1 ser constituida dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, como viene antedicho, para el levantamiento de medidas al que aspira\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el procurador del extremo pasivo, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, en lo atinente a ese ordinal 3\u00b0, especificando que \u00ablo que buscaba [su] solicitud era una cauci\u00f3n en cabeza de la parte ejecutante (ROSA MAR\u00cdA SERRANO OCHOA) y no una en cabeza de [su] representado (EDGAR ALCIDES RUBIO LUQUE), como de manera equivocada dice expresamente el auto que ahora se fustiga\u00bb, por cuanto, \u00ab[l]os presupuestos para elevar dicha solicitud est\u00e1n atendidos en su totalidad\u00bb y la juzgadora encartada, lo solvent\u00f3, argumentando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) considera este Despacho que existe m\u00e9rito para revocar la decisi\u00f3n contenida en el numeral 3\u00b0, del auto del 09 junio de 2023, mediante la cual se orden\u00f3 fijar cauci\u00f3n a cargo del ejecutado, Sr. EDGAR ALCIDES RUBIO LUQUE, por el monto de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($249.194.394)., la cual se orden\u00f3 deb\u00eda ser constituida dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a encontrarse que incurrimos en un error involuntario, al tener que la solicitud del demandado estaba referida a la consagrada en el Art\u00edculo 602. del CGP, encaminada al levantamiento de embargos, constituyendo cauci\u00f3n el ejecutado; luego entonces es al momento de atender el desatar este recurso, cuando se advierte el error y tener que la solicitud del ejecutado, es la consagrada en el Art 599 CGP, que establece que en procesos ejecutivos, cuando el ejecutado ha formulado excepciones, podr\u00e1 solicitar que el ejecutante preste cauci\u00f3n en cuant\u00eda del 10% del valor ejecutado, ante los eventuales perjuicios que las medidas pudieren ocasionarle. Circunstancia por la cual, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n, pues no atiende lo solicitado por el togado ejecutado\u00bb. <\/p>\n
Luego de ello, concluy\u00f3 en torno al pedimento de la pasiva que no hab\u00eda sido solucionado, que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, como solicit\u00f3 y reitera el recurrente, que se de aplicaci\u00f3n al inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso, encuentra el despacho que no existe m\u00e9rito para ordenar dicha medida por v\u00eda del recurso impetrado, por las siguientes razones. <\/p>\n
El proceso Ejecutivo por Alimentos est\u00e1 orientado al cobro de los dineros que se adeudan por parte de quien est\u00e1 obligado a pagar la cuota de alimentos e incumple con ella (\u2026). <\/p>\n
EL legislador destin\u00f3 un art\u00edculo especial para regular todo lo relacionado con los embargos y secuestros en procesos de familia, estos deben regirse exclusivamente por esa disposici\u00f3n, en dicha norma, no abre paso a tal posibilidad. En efecto, siendo el art\u00edculo 598 del CGP una disposici\u00f3n especial, esta \u00faltima prevalece, seg\u00fan lo reglado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 57 de 1887, pues \u201cla disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general\u201d. <\/p>\n
En tercer t\u00e9rmino, en materia de prestaci\u00f3n de cauciones, el CGP mantuvo el principio de que estas solo son obligatorias cuando as\u00ed lo exija la ley. <\/p>\n
Ahora bien, como anteriormente se expres\u00f3, trat\u00e1ndose de proceso ejecutivos de alimentos de menores predomina el denominado principio pro infans, acentuado por la jurisprudencia al considerarlo un instrumento jur\u00eddico valioso para la ponderaci\u00f3n de derechos de menores, frente a eventuales tensiones, debiendo escogerse la interpretaci\u00f3n que brinde la mayor protecci\u00f3n a los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes (\u2026). <\/p>\n
De tal forma, encuentra el despacho que no es procedente la aplicaci\u00f3n del inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso, considerando la naturaleza del presente proceso (Ejecutivo de alimentos de menores), que en aplicaci\u00f3n al principio pro infans, antes enunciado, se debe dar aplicaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable sobre los derechos del menor aqu\u00ed involucrado, no siendo lo propio decretar medida que afecten el beneficio de las cuotas alimentarias que mediante el presente proceso se pretenden ejecutar\u00bb. <\/p>\n
Entonces, desconoci\u00f3 Edgar Alcides que, este especial sendero, no ha sido dise\u00f1ado como una instancia adicional a las previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para que las partes de un juicio insistan en sus posiciones jur\u00eddicas, sin acudir previamente al decurso objetado a poner en conocimiento del juez natural dichas inconformidades (STC6663-2018, citada en STC8885-2023). <\/p>\n
2.- Ergo, el fallo opugnado ser\u00e1 respaldado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las razones vertidas en la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11316-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11316-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00470-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76792","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76792"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76792\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}