STC11320-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11320-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de septiembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Camilo Manrique Cabrera, Camilo, Daniel y Nicol\u00e1s Manrique Dwyer y Katheryne Dwyer de Manrique instauraron contra la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 50697. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa\u00bb, para que se ordenara \u00abdecidir las peticiones que se encuentran pendientes (\u2026), particularmente aquellas que afectan el fondo del tr\u00e1mite concursal (\u2026) [y] convocar a audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que en calidad de acreedores comparecieron a la liquidaci\u00f3n judicial de la empresa \u201cLa Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C.\u201d y, de conformidad con el art\u00edculo 66 de la Ley 1116 de 2006, propusieron ante la autoridad censurada un acuerdo de reorganizaci\u00f3n \u201cinicial\u201d apoyado por el 35,1067% de los derechos de voto. <\/p>\n
Despu\u00e9s, remitieron otro \u201cacuerdo de reorganizaci\u00f3n\u201d el que, \u201cya contaba (\u2026) [con] el 63,3815% de los derechos de voto\u201d, de manera que solicitaron la programaci\u00f3n de la audiencia para ratificar dicho convenio y, mientras ello ocurr\u00eda, \u201cse continu[\u00f3] [con] las labores de socializaci\u00f3n y votaci\u00f3n (\u2026) frente a quienes a\u00fan no manifestaban el sentido del voto\u201d. <\/p>\n
El 14 de octubre de 2022 allegaron la versi\u00f3n final del mencionado pacto con \u201cun total de 67,7565% de los derechos de voto\u201d, sin embargo, aunque la Supersociedades agend\u00f3 la diligencia para llevar a cabo la convalidaci\u00f3n de ese documento para el 1\u00b0 de noviembre del a\u00f1o pasado, luego la cancel\u00f3 (28 oct. 2022) y, a la fecha de formulaci\u00f3n de esta salvaguarda, no la ha realizado \u201chabiendo transcurrido 380 d\u00edas h\u00e1biles al despacho desde que se present\u00f3 la intenci\u00f3n inicial y casi 200 d\u00edas h\u00e1biles (\u2026) desde (\u2026) la versi\u00f3n final\u201d. <\/p>\n
Al d\u00eda de hoy tampoco se ha pronunciado respecto del incidente que abri\u00f3 desde el 15 de noviembre de 2022 con el prop\u00f3sito de determinar si el liquidador designado en ese pleito se deb\u00eda sancionar con la imposici\u00f3n de una multa y\/o remover de su cargo por el presunto incumplimiento de sus funciones, comoquiera que en la actualizaci\u00f3n de los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que entreg\u00f3 la \u00faltima vez advirtieron la existencia de \u201cerrores y cambios injustificados en el pasivo de la compa\u00f1\u00eda\u201d, tardanza que ha afectado el desarrollo normal del procedimiento en atenci\u00f3n a que \u201clleva m\u00e1s de 170 d\u00edas h\u00e1biles al despacho\u201d. <\/p>\n
Igualmente, destacaron la falta de soluci\u00f3n de una aclaraci\u00f3n que elevaron frente al prove\u00eddo de 4 de agosto hoga\u00f1o, a trav\u00e9s del cual neg\u00f3 el pedimento de \u201crelevo del liquidador por incumplimiento de los deberes contenidos en la Resoluci\u00f3n 100-006746 del 20 de noviembre de 2020, espec\u00edficamente, el deber de lealtad, diligencia, eficacia y eficiencia en la gesti\u00f3n, deber de informaci\u00f3n, deber de actuar conforme a las reglas del debido proceso\u201d. <\/p>\n
Para culminar, insistieron en la dilaci\u00f3n injustificada de la Superintendencia en terminar el litigio, pues \u201clleva m\u00e1s de dos a\u00f1os y medio de ser admitido\u201d pero a esta calenda \u201cexisten m\u00e1s de 50 solicitudes pendientes de resolver\u201d, entre las cuales est\u00e1n las aqu\u00ed relacionadas, circunstancia que transgrede sus garant\u00edas supralegales ya que \u201cel r\u00e9gimen de insolvencia se enmarca dentro de la pol\u00edtica de estimular el desarrollo empresarial con la preferencia de la recuperaci\u00f3n (\u2026) antes que su liquidaci\u00f3n\u201d y, por ende, va en contrav\u00eda de los principios que gobiernan estos asuntos, m\u00e1xime cuando entre la mayor\u00eda de los \u201cacreedores\u201d fabricaron el \u201cacuerdo de reorganizaci\u00f3n\u201d pendiente de que se revalide y el que tiene como prop\u00f3sito permitirle a la sociedad que se reactive y contin\u00fae \u201ccomo unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo y (\u2026) pag[ar] las obligaciones reconocidas\u201d. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que, si bien los quejosos radicaron \u201cacuerdo de reorganizaci\u00f3n en sede de liquidaci\u00f3n\u201d al tenor de lo reglado en el art\u00edculo 66 de la Ley 1116 de 2006, el control de legalidad sobre ese legajo solo es posible \u201chasta la celebraci\u00f3n de la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, reconocimiento de cr\u00e9ditos, aprobaci\u00f3n de inventario valorado de bienes, determinaci\u00f3n de derechos de voto y fijaci\u00f3n de honorarios del liquidador\u201d; as\u00ed las cosas, hasta que no se agoten las etapas correspondientes no es viable analizarlo. <\/p>\n
En lo concerniente con lo ocurrido en el rito objetado, dijo que en estos momentos no se tiene certeza del \u201cactivo y pasivo de la concursada\u201d, es decir, no se han fijado los montos frente a cada \u00edtem habida cuenta que \u201cel liquidador no ha presentado el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto debidamente ajustado conforme a las audiencias celebradas\u201d, inconsistencias que inclusive originaron la \u201capertura de dos incidentes contra el agente liquidador\u201d. <\/p>\n
A lo anterior, se suma que en virtud de lo mandado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en una acci\u00f3n de tutela que promovieron los suplicantes (rad. 2022-02464), debi\u00f3 resolver sobre la inclusi\u00f3n de un bien y el \u00e1rea de unos locales de propiedad de la \u201cconcursada\u201d, lo que termin\u00f3 el 21 de febrero de este a\u00f1o. Por lo esbozado, afirm\u00f3 que \u201cno es dable acreditar una mora judicial o retardo imputable [a ella]\u201d por cuanto a\u00fan est\u00e1 tramitando per\u00edodos faltantes en la lid, necesarios para definir. <\/p>\n
Referente a la \u201caclaraci\u00f3n del auto (\u2026) de 4 de agosto de 2023 (\u2026)\u00bb, dijo que fue resuelta mediante auto 2023-01-701570 de 1\u00b0 de septiembre de 2023\u201d. <\/p>\n
Finalmente, narr\u00f3 las \u201cnumerosas acciones de tutelas, solicitudes y recursos de reposici\u00f3n contra las actuaciones proferidas por e[se] despacho\u201d. <\/p>\n
La sociedad Emporio Empresarial del Meta S.A.S. manifest\u00f3 no oponerse a lo expuesto por los promotores, en el sentido de que \u201cla actuaci\u00f3n de la Superintendencia sea c\u00e9lere y eficaz y eso h[a] rogado en varias oportunidades\u201d; no obstante, tal comportamiento debe ser \u201csin perjuicio de las acciones que deba tomar dentro del \u00e1mbito de su competencia y en desarrollo del proceso de liquidaci\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
Arturo Calle Calle coadyuv\u00f3 los anhelos superlativos \u201ccon el fin de garantizar el principio de pronta y cumplida justicia (\u2026) el cual a todas luces se ha incumplido si se tiene en cuenta que, llevamos m\u00e1s de 6 a\u00f1os en el citado proceso de insolvencia\u201d. <\/p>\n
Juan Manuel Gonz\u00e1lez Garavito – liquidador de la \u201cconcursada\u201d – se atuvo \u201ca lo que reflejan las actuaciones procesales\u201d. <\/p>\n
Inversiones C&R aval\u00f3 la prosperidad de las aspiraciones de los actores, ya que \u201cno es posible aceptar que no se tenga certeza sobre el activo y el pasivo en este momento cuando los principales afectados son los que adquirieron inmuebles que hoy son desconocidos\u201d. <\/p>\n
La Procuradora 1 Judicial II Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que \u201cs\u00ed es importante que el proceso avance en sus etapas para evitar su paralizaci\u00f3n, adoptando las medidas que sean del caso como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 42-1 del C\u00f3digo General del Proceso, con miras a que se tomen decisiones de fondo respecto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n presentado (\u2026) y el incidente promovido en contra del liquidador, toda vez que han transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde que se celebr\u00f3 la \u00faltima audiencia (20 de febrero de 2023) sin que se resuelven tales aspectos\u201d. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 parcialmente el resguardo. <\/p>\n
Frente a \u00abla audiencia para la confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb, coligi\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) A pesar de que, seg\u00fan dice el extremo accionante, desde la audiencia de 20 de febrero de 2023 \u201c(\u2026) ya contaba con todos los datos sobre el activo y pasivo de la liquidada (\u2026)\u201d, como el mismo lo se\u00f1ala a lo largo de su escrito de tutela hay una presunta irregularidad por resolver, sobre el pasivo a favor de algunos acreedores y sin que ello est\u00e9 completamente definido, se torna imposible adelantar la referida audiencia puesto que la graduaci\u00f3n del activo y pasivo de la compa\u00f1\u00eda determina los derechos de voto de los acreedores. <\/p>\n
Entonces, aqu\u00ed no hay reproche alguno que pueda hacerse a la entidad tutelada, pues si no se ha convocado a audiencia ello obedece a que, atendiendo las vicisitudes del pleito, a\u00fan no se torna posible; es decir, no se vislumbra transgresi\u00f3n alguna de las prerrogativas de rango superior que merezca ser conjurada por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a \u00abla solicitud de aclaraci\u00f3n del auto de 4 de agosto de los corrientes\u00bb, sostuvo que \u00ab(\u2026) cierto es que para el momento de la radicaci\u00f3n de la acci\u00f3n de amparo no se hab\u00eda dirimido ese pedimento; empero, con ocasi\u00f3n de la notificaci\u00f3n de la s\u00faplica constitucional, el pasado 1\u00b0 de septiembre se dispuso negar lo pedido; es decir, se emiti\u00f3 el pronunciamiento echado de menos, lo que configura la carencia actual de objeto por hecho superado y torna innecesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional. <\/p>\n
Respecto de \u00ablos dos incidentes (\u2026) que se iniciaron el 18 de octubre y 15 de noviembre de 2022\u00bb, observ\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la mora judicial denunciada por los accionantes, en el tr\u00e1mite de la resoluci\u00f3n (\u2026) est\u00e1 configurada. <\/p>\n
Y es que, con posterioridad a aquellas decisiones, no se ha adoptado ninguna decisi\u00f3n encaminada a continuar con el tr\u00e1mite que legalmente corresponde y as\u00ed resolver de fondo aquellos asuntos. <\/p>\n
Lo anterior, a pesar de que han transcurrido entre diez y once meses desde las referidas providencias, con las que la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades dio apertura a los incidentes\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00ab(\u2026) que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, profiera las decisiones que en derecho correspondan para impulsar el tr\u00e1mite de los incidentes iniciados el 18 de octubre y 15 de noviembre de 2022; luego de lo cual, su resoluci\u00f3n definitiva, deber\u00e1 adoptarse en un plazo no superior a un (1) mes\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la Superintendencia de Sociedades, en tanto, \u00abno ha incurrido en mora judicial injustificada\u00bb, comoquiera que el desarrollo del \u00abtr\u00e1mite incidental no puede continuar hasta tanto no quede en firme la decisi\u00f3n de 4 de agosto de 2023 mediante la cual se desestim\u00f3 la solicitud de relevo del auxiliar de la justicia, la declaratoria de conflicto de intereses [entre otras cosas] (\u2026)\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual se inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, por ende, \u00ablo correspondiente es adelantar el tr\u00e1mite procesal de correr traslado del recurso y posteriormente resolverlo\u00bb y lo har\u00e1 junto con el \u00abincidente de remoci\u00f3n en contra del liquidador aperturado (\u2026) [el] 15 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00ab(\u2026) no puede entenderse bajo ning\u00fan supuesto que no existe un motivo razonable que justifique la dilaci\u00f3n, cuando las mismas partes han impedido el transcurso normal del proceso, si se tiene en cuenta que, desde enero a septiembre de 2023, al proceso han ingresado 186 radicaciones que incluyen m\u00faltiples tr\u00e1mites que se pueden desenvolver en los procedimientos concursales, como solicitudes de acreedores, recursos de reposici\u00f3n, tutelas, autorizaciones, medidas cautelares, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n replicaron los accionantes reiterando los cuestionamientos planteados en la demanda, destacando que \u00ab(\u2026) es claro que el Delegado se encuentra en mora de requerir al liquidador para que ajuste el proyecto de calificaci\u00f3n a las decisiones del Despacho que se encuentran debidamente ejecutoriadas, as\u00ed como tambi\u00e9n se encuentra en mora de reprogramar la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo, que, como se ha indicado ya en varias ocasiones, solo debe reflejar, contener y transcribir las decisiones proferidas por el juez del concurso, que estando debidamente ejecutoriadas, se convierten en ley para las partes y por ende de obligatorio cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia la ratificaci\u00f3n de la sentencia objetada, como a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
Se memora que los precursores denuncian a la Superintendencia de Sociedades porque en el \u00abproceso de liquidaci\u00f3n judicial\u00bb de la corporaci\u00f3n \u201cPrimavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C.\u201d, a la fecha de radicaci\u00f3n de este auxilio, no ha agotado las siguientes gestiones: (i) La reprogramaci\u00f3n de la audiencia para validar el \u00abacuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb que elaboraron junto con otros acreedores; (ii) Resolver la \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb que requirieron frente a la directriz expedida el 4 de agosto hoga\u00f1o y, (iii) Dirimir dos \u00abincidentes\u00bb iniciados desde el 18 de octubre y 15 de noviembre de 2022. <\/p>\n
1.1.- En lo atinente al primer punto, se advierte que, seg\u00fan la respuesta ofrecida por la convocada, no se vislumbra la trasgresi\u00f3n de los privilegios implorados, toda vez que a la luz de lo preceptuado en el canon 66 de la Ley 1116 de 2006 el \u00abacuerdo de reorganizaci\u00f3n dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial\u00bb es autorizado en el evento de que se encuentre \u00ab[A]probado el inventario valorado, la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y los derechos de voto, el liquidador o quienes representen no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos de voto admitidos (\u2026)\u00bb; de modo que, en atenci\u00f3n a que en el sub examine a\u00fan est\u00e1n pendientes de zanjarse algunas de las etapas mencionadas en dicha norma, entre estas, la relativa al \u00abproyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb, no es factible adelantar la vista p\u00fablica. <\/p>\n
Valga precisar que, contrario a lo insinuado por los inconformes en el escrito de impugnaci\u00f3n, no es posible que el juzgador omita requisitos contemplados en esa regla con el fin de refrendar el convenio, puesto que, como se anot\u00f3, debe habilitar cada fase respetando el \u00abdebido proceso\u00bb de cada uno de los intervinientes; por esa raz\u00f3n, no se constata un comportamiento ap\u00e1tico, indiferente, negligente o arbitrario del funcionario acusado. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad de la guarda, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC6835-2019, reiterada en STC7898- 2021, STC11741-2022 y STC1171-2023). <\/p>\n
De igual modo, se necesita \u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC6835-2019, reiterada en STC11741-2022, STC1171-2023 y STC2027-2023). <\/p>\n
1.2.- En lo que incumbe al segundo aspecto, se comprob\u00f3 que, en el curso de este mecanismo excepcional, esto es, el 1\u00b0 de septiembre de 2023, la Superintendencia a trav\u00e9s del \u00abAuto 2023-01-701570\u00bb resolvi\u00f3 la \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb que enarbolaron los contendientes frente al pronunciamiento del 4 de agosto pasado. As\u00ed las cosas, se torna inane el an\u00e1lisis de fondo de dicho embate, por cuanto aquella, al percatarse de lo sucedido, subsan\u00f3 la anomal\u00eda revelada y emprendi\u00f3 la labor extra\u00f1ada. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, la Corte Constitucional tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) 3.4. El fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hip\u00f3tesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta da\u00f1o consumado o (iii) se est\u00e1 ante una circunstancia sobreviniente. <\/p>\n
3.5. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el primer evento, esto es, hecho superado, se presenta cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la acci\u00f3n de tutela. Es decir, que, por razones ajenas a la intervenci\u00f3n del juez de tutela, desaparece la causa que origin\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, cuya protecci\u00f3n se reclamaba (\u2026). T 052 de 2022, 18 feb. <\/p>\n
1.3.- En relaci\u00f3n con los dos \u00abincidentes\u00bb empezados desde el 18 de octubre y 15 de noviembre de 2022, se subraya que, tal como lo dispuso el a quo constitucional, s\u00ed se predica el quebranto de las \u00abgarant\u00edas fundamentales\u00bb de los involucrados, comoquiera que, desde entonces, la Supersociedades no ha impulsado lo correspondiente con el objetivo de definir lo exigido y, para este momento, ya han pasado m\u00e1s de 9 meses. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que est\u00e1 proscrita cualquier tardanza o pasividad infundada en los litigios, porque incide directa o indirectamente en los atributos b\u00e1sicos de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de una soluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de esta Corte, al esbozar que: <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada en STC11505-2020 y en STC1718-2023). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, emerge claro un retraso, sin que exista justificaci\u00f3n para resolver el petitum tempestivamente, pues, si bien la Supersociedades al impugnar el fallo del ad quem indic\u00f3 que el \u00abtr\u00e1mite incidental no puede continuar hasta tanto no quede en firme la decisi\u00f3n de 4 de agosto de 2023 mediante la cual se desestim\u00f3 la solicitud de relevo del auxiliar de la justicia, la declaratoria de conflicto de intereses [entre otras cosas] (\u2026)\u00bb, lo cierto es que esa exculpaci\u00f3n no tiene la entidad suficiente para modificar lo refutado porque, en estrictez, el tiempo otorgado all\u00ed para obedecer el mandato tutelar fue de un (1) mes, interregno que es suficiente y proporcional para resolver lo pertinente, en espec\u00edfico, lo relacionado con el prove\u00eddo de 4 de agosto, m\u00e1xime cuando de la revisi\u00f3n minuciosa del proceso se hall\u00f3 el \u00abAuto 2023-01-740444\u00bb expedido el 13 de septiembre con el que se convoc\u00f3 a las partes para el 12 de octubre de 2023; 9:00 a.m. con el prop\u00f3sito de definir sobre ese aspecto. <\/p>\n
2.- Ergo, se respalda la providencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11320-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11320-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-02008-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}