STC11321-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11321-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01620-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de agosto de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina Isabel Berdugo Fl\u00f3rez y Uriel de Jes\u00fas Salcedo Figueroa contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2004-00121. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los convocantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Carolina Isabel Berdugo Fl\u00f3rez promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Naviera Fluvial Colombiana S.A. y la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos\u2013 Ecopetrol S.A., en procura del reconocimiento y pago de \u00ablos salarios, prestaciones legales y extralegales e indemnizaciones equivalentes a las devengadas por los trabajadores [de esta \u00faltima]\u00bb, teniendo en cuenta que, \u00ablabor\u00f3\u00bb al servicio de la primera de aquellas, la cual se dedicaba \u00abprincipalmente, al transporte fluvial de hidrocarburos para Ecopetrol S.A.\u00bb; raz\u00f3n por la cual, le eran aplicables \u00ablas Convenciones Colectivas de Trabajo celebradas entre [aquella y] la Uni\u00f3n Sindical Obrera \u2013 USO\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, quien declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto en primer grado, pues advirti\u00f3 que: (i) \u00abla Resoluci\u00f3n n.\u00b0 001235 de 14 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio de Trabajo, (\u2026) precisa que los trabajadores de la empresa Naviera Fluvial Colombia S.A., no pueden pertenecer a la USO\u00bb; (ii) los objetos sociales de ambas empresas \u00aben modo alguno guardan simetr\u00eda\u00bb; y (iii) para que \u00ablas empresas contratistas puedan gozar de los beneficios de los trabajadores de Ecopetrol, deben adecuarse a las reglas establecidas en el Decreto 284 de 1957 [supuesto que no se cumpli\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, Carolina Isabel Berdugo recurri\u00f3 en sede extraordinaria donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que: (i) la demanda \u00abse asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia\u00bb; y (ii) que \u00ablo que caracteriza o distingue la actividad principal de la compa\u00f1\u00eda [Naviera Fluvial], [es] el transporte p\u00fablico de bienes y cosas en general, y no su subproceso de transporte de combustibles, en particular\u00bb3. <\/p>\n
Seguidamente, la all\u00ed censora formul\u00f3 -en reiteradas ocasiones- solicitudes de nulidad, argumentando en lo fundamental: \u00abla falta de competencia para resolver el recurso\u00bb, el desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y que se \u00abomiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Petr\u00f3leos y al art\u00edculo 1 del Decreto Legislativo 284 de 1957\u00bb4. <\/p>\n
Los precursores acuden a la presente salvaguarda cuestionado que, los fallos proferidos en el referido tr\u00e1mite incurrieron en \u00abviolaci[\u00f3] de la Constituci\u00f3n, de la ley y de las sentencias de constitucionalidad obligatoria (\u2026) C-372 de 2011 y C-606 de 1992\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que \u00abla sala de descongesti\u00f3n laboral de la CS de J (al igual que los jueces de primera y segunda instancias) hizo valer un precedente judicial de Casaci\u00f3n, el SL-17526-2016 del 23 de noviembre 2016, (\u2026) abiertamente equivocado y un verdadero dislate; (\u2026) actuando contra LEY EXPRESA (que es el art 4 (cuatro) del C\u00f3digo de Petr\u00f3leos vigente (Ley 18 de 1952 y Dcto-Ley 1056 de 1953)\u00bb. <\/p>\n
En escritos posteriores, expusieron que \u00ablos derechos sustanciales INALIENABLES, los ESPECIALMENTE PROTEGIDOS por la Constituci\u00f3n, los HUMANOS y FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES e INTERNACIONALES constituyen situaciones de EXTREMA GRAVEDAD, pues afectan al N\u00daCLEO mismo de la Constituci\u00f3n y (\u2026) la violaci\u00f3n de ellos afecta el FIN ESENCIAL de la Carta Pol\u00edtica misma, (\u2026) Lo cual de inmediato explica y justifica [el] porqu\u00e9 [de] las sentencias de Corte Constitucional (\u2026) \u201cPROTEGER y RESTABLECER los derechos fundamentales\u201d (C-596 de 2000); \u201cSALVAGUARDAR los derechos fundamentales de las personas (C-880 de2014)\u201d; \u201c\u2026.prevalencia del derecho sustancial en la administraci\u00f3n de justicia\u201d (C-713 de 2008)\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que \u00ablos arts. 16 (diez y seis) y 56 (cincuenta y seis) (sic) del (\u2026) C\u00f3digo de Petr\u00f3leos indican claramente que el transporte de petr\u00f3leos comprende al transporte de petr\u00f3leos por V\u00cdA FLUVIAL, como el pactado entre \u2018Ecopetrol\u2019 y la empresa \u2018Naviera Fluvial Colombiana SA\u2019 y a cualquier otro tipo de transporte de petr\u00f3leo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, solicitaron \u00abla aplicaci\u00f3n de los postulados de la reciente sentencia de constitucionalidad SU-062 de 2023\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se deje sin efectos la providencia SL2392-2019, 3 jul. y, en consecuencia, se dicte una \u00abNUEVA SENTENCIA de Casaci\u00f3n, (\u2026) que analice las pruebas; teniendo en cuenta que es FUNCI\u00d3N ESENCIAL de la Corte Suprema de Justicia el PROTEGER y RESTABLECER los derechos fundamentales y humanos as\u00ed no se haya formulado cargo de casaci\u00f3n al respecto\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que, se debe tener en cuenta \u00abla correlaci\u00f3n temporal entre la (\u2026) tutela y el hecho judicial supuestamente vulnerador de los derechos fundamentales que hoy invoca, pues, se trata de una sentencia judicial que fue proferida el 3 de julio de 2019 y qued\u00f3 en firme el 11 de julio de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio. <\/p>\n
3. Ecopetrol S.A., se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es (\u2026) la llamada a responder por las supuestas (pero no probadas) vulneraciones a derechos fundamentales alegadas\u00bb. <\/p>\n
4. La Naviera Fluvial Colombiana S.A., resalt\u00f3 que \u00abla [decisi\u00f3n] de casaci\u00f3n (\u2026) es de fecha 3 de julio de 2019, esto es hace m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os. Por lo que se evidencia que (\u2026) hay extemporaneidad en la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo promovido por Uriel de Jes\u00fas Salcedo Figueroa \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n por activa, ya que en el proceso censurado particip\u00f3 en representaci\u00f3n de la directamente afectada\u00bb. <\/p>\n
Luego, neg\u00f3 el auxilio invocado por Carolina Isabel Berdugo Fl\u00f3rez, pues coligi\u00f3 que \u00abno se evidenci\u00f3 la incursi\u00f3n en ning\u00fan defecto espec\u00edfico, por el contrario, se verific\u00f3 que el fallo CSJ SL2392-2019, 3 jul. (\u2026) contiene un an\u00e1lisis razonable y ponderado de los medios de prueba y las normas legales que regulan la materia, a partir de lo cual se determin\u00f3 que la casacionista no cumpli\u00f3 con la t\u00e9cnica requerida y que, pese a ello, sus pretensiones tampoco estaban llamadas a prosperar\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de los censores para insistir en los motivos de su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abNEGAR que el transporte del petr\u00f3leo corresponde a la Industria del Petr\u00f3leo para atribu\u00edrselo a la industria del transporte es quitar el derecho a la PREVALENCIA SUSTANCIAL de su pertenencia a la industria del petr\u00f3leo, para frustrar as\u00ed el derecho sustancial de las personas\u00bb. <\/p>\n
En escritos posteriores, indic\u00f3 que \u00ablas CONVENCIONES COLECTIVAS Ecopetrol-sindicato U.S.O contienen cl\u00e1usulas favorables a los trabajadores de los contratistas de Ecopetrol (en este caso los del contratista \u2018Naviera Fluvial Colombiana SA\u2019) que ten\u00edan que ser aplicadas en los fallos de instancias, pero no lo fueron\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por Carolina Isabel Berdugo Fl\u00f3rez (SL2392-2019, 3 jul.) por cuanto mantuvo inc\u00f3lume la providencia desestimatoria del tribunal ad quem, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 29 de septiembre de 2006, 21 de octubre de 2013 y 3 de julio de 2019, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [disposici\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la determinaci\u00f3n controvertida se dict\u00f3 el 3 de julio de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 4 de agosto de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al indicar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio deprecado, porque: i) Uriel de Jes\u00fas Salcedo Figueroa carece de legitimaci\u00f3n en la causa para promover la presente salvaguarda; y, ii) la determinaci\u00f3n confutada por Carolina Isabel Berdugo Fl\u00f3rez se advierte razonable. <\/p>\n
4.1. De la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Ahora, cuando se reprocha una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (\u2026)\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior y en consonancia con el a quo constitucional, se establece que Uriel de Jes\u00fas Salcedo Figueroa \u2013quien fungi\u00f3 como apoderado de la demandante en el proceso rad. n.\u00b0 2004-00121- no est\u00e1 facultado para interponer la presente tutela, puesto que, aun cuando manifest\u00f3 que \u00abpact\u00f3 CESI\u00d3N de derechos en su favor (y en el porcentaje estipulado), as\u00ed como (\u2026) [de] las agencias en derecho que se liquidaran para el actor)\u00bb, esa sola afirmaci\u00f3n no lo habilitaba para acudir a este excepcional remedio bajo el supuesto de encontrarse vulnerados sus derechos a t\u00edtulo personal, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en los asuntos jurisdiccionales que se cuestionan, solo le compete a las partes all\u00ed involucradas y no a sus mandatarios judiciales, tal como lo ha venido sosteniendo de tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC5768-2022, 11 may.). <\/p>\n
4.2. De la razonabilidad <\/p>\n
4.2.1. Al estudiar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, pues evidenci\u00f3 que: (i) la demanda \u00abse asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia\u00bb; y (ii) que \u00ablo que caracteriza o distingue la actividad principal de la compa\u00f1\u00eda [Naviera Fluvial], [es] el transporte p\u00fablico de bienes y cosas en general, y no su subproceso de transporte de combustibles, en particular\u00bb, no se observa la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los diecinueve cargos formulados: los ocho primeros por la v\u00eda directa por infracci\u00f3n directa, aplicaci\u00f3n indebida e interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de \u00ablos art\u00edculos 1 y 2 del Decreto 284 de 1957\u00bb y los restantes, por la senda indirecta por \u00abviolaci\u00f3n\u00bb del referido precepto normativo y de \u00ablos art\u00edculos 66A, 61 y 145 del CPTSS; 174, 187, 303 y 304 del CPC y, 55 de la Ley 270 de 1996 (\u2026)18 n\u00fam. 6 de la ley 712 de 2001; 145 del CPC; 98, 118, 6, 4 y, 305 del CPC y, 13, 29 y 84 del CST\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l desarrollo del recurso, desconoce lo ordenado por el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que impone, a quien acude en casaci\u00f3n, que plantee la demanda adecu\u00e1ndose a las condiciones, causales y exigencias, de car\u00e1cter extraordinario del tr\u00e1mite, lo que fue desatendido por la censura, en tanto su presentaci\u00f3n se asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia, que a las exigencias que debe cumplir el recurrente en casaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a enumerar las falencias. En primer lugar, se\u00f1al\u00f3 que en el alcance de la impugnaci\u00f3n \u00abde manera inapropiada solicita el recurrente a esta Corporaci\u00f3n, que decrete la pr\u00e1ctica de pruebas, actividad que resulta extra\u00f1a al tr\u00e1mite extraordinario (\u2026) y que solamente, en caso de ser indispensable para proveer en sede de instancia podr\u00eda resultar admisible, desde luego, previa prosperidad de alguno de los cargos, que no es el caso en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
Sobre la proposici\u00f3n jur\u00eddica destac\u00f3 que \u00abse enlistan, sin ninguna claridad, en forma aut\u00f3noma y, haciendo una mixtura, normas de orden sustancial as\u00ed como de naturaleza procedimental\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, revis\u00f3 las acusaciones orientadas por la v\u00eda directa y arguy\u00f3 que \u00abpasa por alto la censura que (\u2026) las mismas suponen una absoluta conformidad con la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica de la sentencia acusada, derivada del an\u00e1lisis de los hechos y la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas allegadas al juicio, por lo que, constituye un desatino insalvable, que se fundan en un mismo cargo, como se advierte en el recurso extraordinario, la v\u00eda directa y la indirecta\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00absi la Sala aceptara que el reproche se estructura por la v\u00eda jur\u00eddica, tal como fue propuesto en los cargos, tampoco podr\u00eda estudiarse, puesto que la sustentaci\u00f3n se basa en argumentos de \u00edndole f\u00e1ctico, entre los que se encuentran, el an\u00e1lisis probatorio de una serie de documentales denunciadas por la recurrente para determinar que cumple con los requisitos legales que le dan el derecho al reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales en la misma forma que se le otorgan a los Trabajadores de Ecopetrol\u00bb. <\/p>\n
Respecto de los embates formulados por la senda indirecta, razon\u00f3 que \u00abno se alude a ning\u00fan error de hecho en el que hubiere incurrido el Tribunal con el car\u00e1cter de ostensible o manifiesto, requisito indispensable cuando se acusa la violaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda indirecta\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que \u00abolvida en la mayor\u00eda de los cargos enlistar las pruebas que considera mal valoradas por el sentenciador o aquellas que no fueron apreciadas en la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a \u00abla equiparaci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores de la empresa Naviera Fluvial Colombiana S.A. en los mismos t\u00e9rminos en que le son reconocidos a los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos \u2013 Ecopetrol S.A., esta Corte, en un tr\u00e1mite adelantado en contra de las aqu\u00ed demandadas\u00bb, cit\u00f3 en lo pertinente la providencia SL17526-2016, 23 nov.; en la cual se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa Naviera Fluvial Colombiana S.A. as\u00ed como puede prestar servicios de transporte de hidrocarburos a Ecopetrol, tambi\u00e9n puede movilizar otro tipo de bienes en favor de otras empresas pertenecientes a otros sectores industriales. Indudablemente esta circunstancia hace que la esencia, es decir, lo que caracteriza o distingue la actividad principal de la compa\u00f1\u00eda demandada, sea el transporte p\u00fablico de bienes y cosas en general, y no su subproceso de transporte de combustibles, en particular\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, desestim\u00f3 los embates. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, la determinaci\u00f3n cuestionada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
4.2.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.2.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la resoluci\u00f3n confutada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis coherente y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, puesto que: (i) Uriel de Jes\u00fas Salcedo Figueroa carece de legitimaci\u00f3n en la causa para acudir al presente auxilio; y (ii) se verific\u00f3 la razonabilidad de la providencia censurada por Carolina Isabel Berdugo Fl\u00f3rez, ya que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 26 de septiembre de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con la providencia de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Ello, de conformidad con un precedente que consider\u00f3 \u00abtotalmente aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u00ab0010Informe_secretarial\u00bb expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Autos AL423-2020, 12 feb.; AL2647-2022, 22 jun., y AL5078-2022, 9 nov. <\/p>\n
6\u0002 Prove\u00eddos AL5433-2022, 7 dic.; AL080-2023, 31 ene.; AL479-2023, 22 mar.; AL1646-2023, 5 jul. y AL1807-2023, 26 jul. <\/p>\n
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STC11321-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11321-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01620-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, once (11) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76794","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}