STC11568-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11568-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03823-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 \u00c1ngel Parra Ram\u00edrez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero del Circuito de dicha especialidad y distrito judicial y los intervinientes en el juicio de restituci\u00f3n de tierras n\u00b0. 2017-00057. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de apoderado, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos supralegales a la restituci\u00f3n, \u00aba la acci\u00f3n sin da\u00f1o\u00bb, al debido proceso, a la vivienda y al trabajo. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que la Direcci\u00f3n Territorial de Antioquia de la UAEGRTD formul\u00f3, a favor de Mar\u00eda Imelda Aguiar Chavarr\u00eda y los herederos de Juan de Jes\u00fas Posada Arango1, demanda especial buscando la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de un predio ubicado la vereda Saman\u00e1 del municipio de San Carlos (Antioquia). <\/p>\n
A dicha actuaci\u00f3n concurri\u00f3 Jos\u00e9 \u00c1ngel Parra Ram\u00edrez como opositor, cuestionando la calidad de v\u00edctimas de los solicitantes, al tiempo que aleg\u00f3 su condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, mediante providencia del pasado 6 de julio, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ampar\u00f3 el derecho fundamental reclamado, desestim\u00f3 las oposiciones formuladas y orden\u00f3 la restituci\u00f3n material del predio; asimismo, otorg\u00f3 a los solicitantes las dem\u00e1s medidas de atenci\u00f3n consagradas en la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. El gestor aduce que la anterior providencia adolece de defectos procedimental y f\u00e1ctico. <\/p>\n
Frente al primero sostiene, de forma gen\u00e9rica, que se configur\u00f3 \u00abpor el incumplimiento del juez de tramitar en el proceso judicial todos los actos relativos a la protecci\u00f3n del opositor como tercero adquirente de buena fe, con todos los atributos, garant\u00edas y beneficios que la ley [sic]\u00bb sin detallar cu\u00e1les fueron los actos procesales omitidos que ocasionaron la lesi\u00f3n de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 Superior. <\/p>\n
Respecto del defecto f\u00e1ctico, dice que la incorrecta valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la colegiatura querellada la llev\u00f3 a desconocer su condici\u00f3n de adquirente de buena fe del predio vinculado al tr\u00e1mite, en tanto que no tuvo participaci\u00f3n en los hechos violentos padecidos por el reclamante, la compraventa se realiz\u00f3 \u00abbajo una escritura p\u00fablica, es decir, mediante instrumentos legales, por un propietario residente en la zona, con una adquisici\u00f3n de manera p\u00fablica y pac\u00edfica\u00bb y cuando el orden p\u00fablico en la zona de ubicaci\u00f3n del bien se hab\u00eda restablecido, de all\u00ed que no hubiera existido \u00abuna intenci\u00f3n da\u00f1osa y maligna de apoderarse de bienes cuyos propietarios han sido desplazados o despojados por la violencia\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que la colegiatura accionada no aplic\u00f3 \u00abel principio de la acci\u00f3n sin da\u00f1o\u00bb habida consideraci\u00f3n que la decisi\u00f3n censurada no tuvo en cuenta \u00abla integralidad de los derechos del opositor, as\u00ed como tampoco los elementos probatorios recaudados dentro del tr\u00e1mite que le permitan establecer que va a causar el menor da\u00f1o posible con la decisi\u00f3n a tomar [sic]\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pidi\u00f3 aplicar la figura de la \u00abexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb; empero, no indic\u00f3 siquiera cu\u00e1l es la disposici\u00f3n legal que, a su juicio, debe ser inaplicada por pugnar con el ordenamiento superior. <\/p>\n
4. En suma, luego de criticar la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de la autoridad accionada y de exponer la forma como, bajo su particular intelecci\u00f3n, debieron valorarse las pruebas e interpretarse las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como la jurisprudencia aplicable, solicit\u00f3 remover los efectos de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretar\u00eda ad-hoc de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia asegur\u00f3 que \u00aben la decisi\u00f3n atacada el an\u00e1lisis de la prueba desarrollado no se dio de manera arbitraria, irracional o caprichosa, ni se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas arrimadas; se observ\u00f3 la normatividad aplicable a la materia, particularmente lo dispuesto en los art\u00edculos 77, 78 y 89 de la Ley 1448 de 2011, relativos a las presunciones aplicables, la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en cabeza del opositor y la necesidad de esta probar la buena fe exenta de culpa en su proceder\u00bb y se \u00abobservaron los lineamientos fijados\u2026 en la Sentencia C-330 de 2016, en lo que respecta a la buena fe exenta de culpa y a los segundos ocupantes\u00bb. <\/p>\n
2. La directora jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD, la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la UARIV, el apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el coordinador del Grupo Jur\u00eddico del ICBF \u2013 Regional Antioquia y la directora de Acciones Constitucionales de Porvenir S.A., solicitaron la desvinculaci\u00f3n de las entidades que representan por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Antioquia vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el gestor al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras en que fue opositor, al no reconocerlo como adquirente de buena fe exenta de culpa y acoger las pretensiones de la reclamaci\u00f3n, ordenando la entrega jur\u00eddica y material del predio a Mar\u00eda Imelda Aguiar Chavarr\u00eda y dem\u00e1s herederos de Juan Jes\u00fas Posada Arango, incurriendo, supuestamente, en defectos procedimental y f\u00e1ctico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente queja, de cara a lo resuelto por la colegiatura demandada, considera la Corte que no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable de las pruebas y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
En efecto, en la mentada providencia, el tribunal querellado, luego de hacer un recuento tanto del contexto f\u00e1ctico que sirvi\u00f3 de soporte para la demanda de restituci\u00f3n, como de las defensas esgrimidas por el ac\u00e1 gestor, las cuales guardan simetr\u00eda en lo medular con lo aducido en esta salvaguarda, encontr\u00f3 acreditado tanto el v\u00ednculo de los reclamantes con los predios objeto de la solicitud y la condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado, al advertir: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La solicitante Mar\u00eda Imelda Aguiar Chavarr\u00eda es c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Juan de Jes\u00fas Posada Arango, quien manten\u00eda para el momento en que ocurrieron los hechos de despojo invocados como fundamento de la solicitud, una relaci\u00f3n jur\u00eddica de propietario con el predio Chacabuco, calidad que adquiri\u00f3 por compraventa celebrada mediante la Escritura P\u00fablica n\u00famero 179 del 16 de julio de 1990 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de San Carlos, que fue debidamente inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria nro. 018-41190. <\/p>\n
(\u2026) La existencia del conflicto armado interno en Colombia ha tenido un extenso reconocimiento en m\u00faltiples investigaciones acad\u00e9micas, sociales, hist\u00f3ricas y judiciales hasta tal punto que constituyen un gran marco de elementos de tipo social, pol\u00edtico, econ\u00f3mico, geogr\u00e1fico, cultural y punitivo sobre aquel y a tal grado, que se ha hecho p\u00fablico, o lo que es lo mismo, considerado como un hecho notorio. <\/p>\n
(\u2026) El hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo, como lo informa el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
(\u2026) Esta \u00f3ptica conceptual permite dar el tratamiento de hecho p\u00fablicamente notorio a todo el contexto f\u00e1ctico de la violencia generalizada presentada en Colombia, durante el desarrollo del conflicto armado, en el que grupos organizados al margen de la ley, han perpetrado infracciones al Derecho Internacional Humanitario y\/o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos. <\/p>\n
(\u2026) Esa notoriedad del hecho, cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo, se hace latente cuando Jos\u00e9 \u00c1ngel Parra Ram\u00edrez expresa y reconoce que en Saman\u00e1 hubo desplazamientos, quedando ese sector del municipio de San Carlos deshabitado por 3 o 4 a\u00f1os; y que cuando se comienzan a dar retornos en el a\u00f1o 2004, ocurre una masacre que dej\u00f3 6 personas muertas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A partir del reconocimiento como hecho notorio de la delicada situaci\u00f3n de orden p\u00fablico y violencia ejercida por grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitarismo, narcotr\u00e1fico y bandas criminales) contra poblaci\u00f3n civil en la regi\u00f3n donde se encontraba el predio reclamado, recalc\u00f3 que los medios demostrativos allegados por la UAEGRTD, recopilados en la etapa prejudicial, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tienen para esta Sala, la categor\u00eda de pruebas fidedignas o dignas de cr\u00e9dito seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 89 de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, tendientes a la demostraci\u00f3n de la incidencia de la situaci\u00f3n de violencia regional en la p\u00e9rdida de la relaci\u00f3n material y jur\u00eddica que manten\u00eda Juan de Jes\u00fas Posada Arango sobre el predio \u201cChacabuco\u201d y como tales son valorados. <\/p>\n
De esta forma llegamos a conocer con certeza la violencia que los grupos de autodefensa ejercieron en la vereda Saman\u00e1 del municipio de San Carlos (Antioquia), cuya aparici\u00f3n en la zona como una fuerza antisubversiva que se enfrentaba a la guerrilla buscando su repliegue hacia territorios selv\u00e1ticos y monta\u00f1osos, constituy\u00f3 la configuraci\u00f3n de \u201cun nuevo orden social\u201d, donde resultaba imposible mantenerse ajeno a las pugnas entabladas entre los actores armados, que aflig\u00edan a sindicalistas, agricultores, campesinos, empresarios locales, propietarios de tierras, l\u00edderes sociales y habitantes en general, que se ve\u00edan obligados a adaptarse a las condiciones impuestas por el actor dominante para garantizar as\u00ed su vida y la permanencia en la zona. <\/p>\n
(\u2026) De esta manera, se considera se halla demostrado todo el panorama de violencia que grupos armados organizados al margen de la ley ejercieron en la vereda Saman\u00e1 del municipio de San Carlos (Antioquia), en donde se ubica el bien objeto de la solicitud restitutoria, que afect\u00f3 a toda la poblaci\u00f3n de su influencia, sin consideraci\u00f3n de sexo, edad o condici\u00f3n social. Pues, el material probatorio allegado por la UAEGRTD y el recogido en la instrucci\u00f3n, relacionado con el contexto, en la forma como aqu\u00ed se ha consignado, resulta m\u00e1s que contundente para generar el convencimiento de esta Sala en punto a que el se\u00f1or Posada Arango s\u00ed fue compelido por el fen\u00f3meno de violencia regional a desplazarse forzadamente junto con su n\u00facleo familiar, gener\u00e1ndose el desprendimiento de su predio. <\/p>\n
(\u2026) Juan de Jes\u00fas Posada Arango, su c\u00f3nyuge Mar\u00eda Imelda Aguiar Chavarr\u00eda y su grupo familiar dejaron la vereda de Saman\u00e1 en el a\u00f1o 2000, como consecuencia del temor que sintieron ante el desarrollo del conflicto armado en la zona, que conllev\u00f3 el contin\u00fao enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares, que perpetraron una serie de acciones que no les dej\u00f3 otra opci\u00f3n que desplazarse en aras de proteger sus vidas y su integridad f\u00edsica, por lo que se ubicaron en el casco urbano del municipio de San Carlos, en donde debido a ese miedo, a la desesperaci\u00f3n y las dificultades causadas por el desplazamiento, se desprenden del v\u00ednculo que manten\u00edan con el predio Chacabuco en el a\u00f1o 2004, al celebrar contrato de compraventa con el se\u00f1or Parra Ram\u00edrez, inmueble que ahora persiguen en restituci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) de las declaraciones valoradas precedentemente, se evidencia que en el a\u00f1o 2000 se da su salida de Saman\u00e1 y el desprendimiento material con el predio Chacabuco. Y el despojo se consolid\u00f3 cuando en el a\u00f1o 2004 Juan de Jes\u00fas Posada Arango pierde la relaci\u00f3n jur\u00eddica de dominio que manten\u00eda con el bien objeto de este proceso, con lo que se concluye que este requisito [temporalidad] se encuentra cumplido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, y luego de identificar plenamente el predio sobre el que recay\u00f3 la pretensi\u00f3n restitutiva, se ocup\u00f3 de analizar la modalidad del despojo, bajo la \u00e9gida de las \u00abpresunciones de despojo\u00bb consagradas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, concluyendo que, en el presente caso, ocurri\u00f3 el denominado \u00abde tipo jur\u00eddico\u00bb, en tanto que la p\u00e9rdida de la relaci\u00f3n jur\u00eddica del propietario con el bien se materializ\u00f3 con la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico revestido de aparente legalidad que se concret\u00f3 al ser protocolizado en la escritura p\u00fablica 21 de 7 de febrero de 2004 en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de San Carlos y posteriormente inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Marinilla en el folio de matr\u00edcula n\u00b0. 018-41190. En torno a lo anterior dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los elementos probatorios ya relacionados en esta providencia, nos encaminan al an\u00e1lisis de los supuestos de hecho de la presunci\u00f3n legal objetiva que hace ilegales los contratos de transferencia del dominio de los predios objeto de la restituci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en los literales a. y b. del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
(\u2026) El primer presupuesto est\u00e1 constituido por la existencia de un acto jur\u00eddico mediante el cual se transfiera un derecho real sobre los inmuebles objeto de restituci\u00f3n. Como ya lo vimos, consisti\u00f3 en la compraventa contenida en la Escritura P\u00fablica n\u00famero 21 del 7 de febrero de 2004 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de San Carlos, instrumento p\u00fablico debidamente inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Marinilla en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 018\u201341190 que corresponde al predio Chacabuco. <\/p>\n
(\u2026) El segundo, referido a la situaci\u00f3n de violencia tanto general como regional que gener\u00f3 el despojo de los predios objeto de la restituci\u00f3n, como en su colindancia, se halla abundantemente decantado con lo referenciado precedentemente. A lo que se suma, que es tan irrebatible el escenario violento experimentado por las reclamantes que el mismo opositor y los testigos que convoc\u00f3, reflexionan sobre los hechos que azotaron la regi\u00f3n; m\u00e1s adelante, al estudiarse la resistencia, se ahondara sobre este aspecto revisando la incidencia de lo cavilado por el se\u00f1or Parra Ram\u00edrez. <\/p>\n
(\u2026) El actuar del opositor gener\u00f3 un fen\u00f3meno de concentraci\u00f3n de la propiedad, lo que se halla demostrado de manera contundente, con la respuesta aportada por la Coordinadora Grupo de Restituci\u00f3n de la Superintendencia Delegada para la Protecci\u00f3n, Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras en la que en cabeza del se\u00f1or Parra Ram\u00edrez enlist\u00f3 m\u00e1s de treinta (30) predios inscritos a su nombre en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Marinilla, que corresponden a inmuebles ubicados en el municipio de San Carlos y que conforme con la respuesta del Registrador de esa oficina, diez (10) se encuentran en Saman\u00e1 y se relacionan con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 018-94986, 018-101831, 018-57075, 018-125645, 018-17023, 018-17067, 018-57075, 018-119604, 018-67027 y el 018-41190, este \u00faltimo corresponde al predio Chacabuco que es objeto de este proceso. <\/p>\n
De ah\u00ed que, probado est\u00e1 que el se\u00f1or Parra Ram\u00edrez realiz\u00f3 compras masivas en un mercado inmobiliario visiblemente afectado por la violencia, concentrando en su patrimonio un importante n\u00famero de propiedades y de hect\u00e1reas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, abord\u00f3 el estudio de la oposici\u00f3n formulada por el ac\u00e1 gestor, partiendo de recordar que la defensa se encamin\u00f3 a tratar de \u00abtachar la calidad de v\u00edctima de las solicitantes y alegar que actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer motivo de defensa, advirti\u00f3 la Sala que la argumentaci\u00f3n expuesta pugnaba contra la notoriedad de los hechos aducidos en la solicitud de restituci\u00f3n los cuales, adem\u00e1s, hallaron soporte en el material probatorio recaudado, pudi\u00e9ndose establecer con total claridad que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Juan de Jes\u00fas Posada Arango s\u00ed fue compelido por el fen\u00f3meno de violencia generalizada y regional, a despojarse del predio Chacabuco y a desplazarse forzadamente junto con su familia, desesperado ante el temor y el miedo ocasionado por las diferentes acciones b\u00e9licas que pon\u00edan en riesgo su integridad y sus vidas. <\/p>\n
(\u2026) la declaraci\u00f3n de las v\u00edctimas es consistente con el contexto de violencia regional, con los relatos de quienes participaron como victimarios, con las distintas investigaciones period\u00edsticas, sociol\u00f3gicas y las propias de memoria hist\u00f3rica, que conllevan a tenerlos como cre\u00edbles; de otro, porque como ha sido ampliamente conocido por esta Sala en distintas sentencias, di\u00e1fano es, que el conflicto armado causante del desplazamiento colectivo en la zona de Saman\u00e1, primero, desequilibr\u00f3 el mercado por el intenso \u00e9xodo de sus habitantes de la zona y luego, gest\u00f3 la compra masiva de tierras fundado en un aprovechamiento por los bajos precios y el contexto violento que aniquil\u00f3 el proyecto socioecon\u00f3mico de miles de campesinos. <\/p>\n
(\u2026) Esto se ve claramente reflejado en el aval\u00fao presentado por el se\u00f1or Parra Ram\u00edrez, que en la nota aclaratoria al momento de fijar el precio del inmueble Chacabuco, precis\u00f3 el perito avaluador la incidencia del conflicto armado en el mercado inmobiliario en el sector de Saman\u00e1 y la visible afectaci\u00f3n que esto significaba <\/p>\n
(\u2026) las actuaciones de Jos\u00e9 \u00c1ngel Parra Ram\u00edrez engendran una aut\u00e9ntica contrarreforma agraria, al configurar un fen\u00f3meno de concentraci\u00f3n de la propiedad de la tierra, al obtener un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de campesinos v\u00edctimas del conflicto, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra en un claro detrimento de la producci\u00f3n agr\u00edcola ejercida por el campesinado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el exiguo precio pagado por el ac\u00e1 accionante al entonces titular del bien ($6.800.000 por alrededor de 50 hect\u00e1reas de tierra) demostraba el \u00abdesequilibrio econ\u00f3mico\u00bb y el \u00abaprovechamiento de una parte frente a la otra en el contrato\u00bb, situaciones generadas \u00abpor un estado de anormalidad que debe ser sancionable pues conlleva un enriquecimiento sin justa causa y se torna en un factor sumatorio de presunci\u00f3n de carencia de autonom\u00eda de la voluntad del sujeto perjudicado con el contrato\u00bb. <\/p>\n
Incluso, advirti\u00f3, fue el mismo comprador quien reconoci\u00f3, en la fase prejudicial, que el vendedor \u00able ofreci\u00f3\u2026 el predio en forma \u201cdesesperada\u201d\u00bb y que ya en la etapa del juicio especial dijo que \u00abla violencia en Saman\u00e1 tuvo efectos devastadores, al referir que en el a\u00f1o 2004 hubo una masacre en la que mataron 6 o 7 personas y que el sector qued\u00f3 despoblado por 3 o 4 a\u00f1os. Respecto de los vendedores precis\u00f3 que algunos se encontraban en el sector y otros desplazados\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en torno a la buena fe exenta de culpa aducida, rememor\u00f3 que \u00aben contextos de conflicto armado como el que se vivi\u00f3 en la vereda de Saman\u00e1\u2026 donde se presentan m\u00faltiples factores subyacentes y vinculados a la violencia, esa presunci\u00f3n de buena fe no tiene la relevancia que le da el ordenamiento jur\u00eddico en su contexto normal (de paz), ya que muchos opositores podr\u00edan alegar su buena fe simple y de esta manera quedar desligados del asunto[,] [d]e ah\u00ed que la ley de restituci\u00f3n de tierras introduzca varios hechos a los que les da la categor\u00eda de presunciones (de derecho y legales) y establezca la inversi\u00f3n de la carga de la prueba para el opositor quien estar\u00e1 obligado a desvirtuarlas y a probar su buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
En el caso particular, advirti\u00f3 la colegiatura que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Las caracter\u00edsticas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico fueron tan amplias y devastadoras que resulta imposible aceptar que una persona del com\u00fan en la regi\u00f3n no las hubiera conocido o incluso padecido, como le pas\u00f3 a Jos\u00e9 \u00c1ngel Parra Ram\u00edrez, quien cont\u00f3 que sali\u00f3 del sector de Saman\u00e1 luego de ocurrida una masacre. <\/p>\n
La irregularidad del orden p\u00fablico ocasionada por los grupos armados ilegales en el conflicto armado del pa\u00eds, gener\u00f3 un alto desequilibrio social y econ\u00f3mico, pues la poblaci\u00f3n afectada se ve obligada a abandonar sus bienes vi\u00e9ndose impedidos para ejercer la administraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los predios. <\/p>\n
Eso exig\u00eda que quien adquiriera estos predios deb\u00eda extremar sus cautelas a fin de confirmar que el actuar del propietario no fuera producto de la fuerza intimidatoria de grupos ilegales al margen de la ley. De ese modo, se requer\u00eda por parte de Jos\u00e9 \u00c1ngel Parra Ram\u00edrez la mayor \u201cprudencia y diligencia\u201d dado que, con tan acentuada violencia, se debi\u00f3 verificar que Juan de Jes\u00fas Posada Arango no hubiera perdido la relaci\u00f3n con el predio llevado por el miedo y la angustia que le generaba la presencia de los grupos armados que la promov\u00edan. <\/p>\n
(\u2026) es una situaci\u00f3n incontestable el hecho notorio de la violencia en el municipio de San Carlos, no se puede cerrar los ojos ante lo que fue ese fen\u00f3meno generado por los grupos armados al margen de la ley, que usaron estrategias de terror para expoliar a la poblaci\u00f3n y controlar territorios para su expansi\u00f3n y beneficio, lo que conllev\u00f3 a una de las mayores violaciones de derechos humanos del campesinado al igual que de sus derechos civiles, particularmente, los de dominio y posesi\u00f3n. <\/p>\n
No es dif\u00edcil concluir que fue el temor el motivo por el cual Juan de Jes\u00fas Posada Arango, campesino, de escasos recursos econ\u00f3micos, iletrado, debilitado f\u00edsica y psicol\u00f3gicamente, \u201cdesesperado\u201d por culpa del conflicto armado, resolviera abandonar su terru\u00f1o, ante las latentes amenazas y la intimidaci\u00f3n <\/p>\n
As\u00ed, critic\u00f3 la falta de esfuerzo probatorio del opositor, encaminado a acreditar que actu\u00f3 con buena fe cualificada, pues le correspond\u00eda tener en cuenta el contexto de violencia vivido en la zona donde se encuentra ubicado el predio al ser un hecho notorio y a partir de all\u00ed demostrar que llev\u00f3 a cabo \u00abactos positivos\u2026 encaminados a determinar con certeza que realiz\u00f3 un examen de las condiciones que antecedieron a la compra, para comprobar que\u2026 actu\u00f3 ante la presencia de un error o su ignorancia invencible frente a las circunstancias que rodearon tal negociaci\u00f3n, pero no lo hizo, y en su defensa se limit\u00f3 a realizar afirmaciones por mucho alejadas de tal fin\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Las insuficientes, y en todo caso sof\u00edsticas alegaciones hechas en el escrito de oposici\u00f3n, en manera alguna pueden resquebrajar el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n restitutoria; trat\u00e1ndose de transferencias del dominio sobre un inmueble ubicado en zona impactada por el conflicto armado \u2500mediante uno cualquiera de los modos previstos en nuestro ordenamiento civil\u2500 no puede actuarse como se har\u00eda de modo ordinario en escenarios de paz, pues aparte del estudio del certificado de matr\u00edcula inmobiliaria expedido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, hay que revisar otros factores de igual o de mayor significaci\u00f3n, como la posesi\u00f3n material del bien, la fama p\u00fablica del territorio (municipio, vereda), contratos ficticios o simulados, valores reales de la tierra, etc., que en la vida corriente de los negocios se hace necesario consultar y principalmente, que con tan marcada violencia, los anteriores due\u00f1os no hubiesen perdido la relaci\u00f3n jur\u00eddica que ostentaban con el predio movidos por el miedo y la zozobra que ocasiona la existencia del conflicto armado o con la intermediaci\u00f3n de conductas punibles. <\/p>\n
Por eso se le exige al comprador una actuaci\u00f3n prudente para no cometer errores al alcance del hombre diligente y precavido, m\u00e1xime cuando se ha tenido conocimiento de actos de violencia con anterioridad a la compra. La situaci\u00f3n de violencia debi\u00f3 alertar al opositor para analizar en este caso, el marco dentro del cual se concret\u00f3 el contrato de compraventa elevado a escritura p\u00fablica el 7 de febrero de 2004 en la Notar\u00eda de San Carlos (Antioquia), pero pese a ser consciente de su existencia, no se detuvo a su an\u00e1lisis, por el contrario, sigui\u00f3 adelante para hacerse a la propiedad del predio Chacabuco. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo que ha debido probar la parte opositora no es el cuidado ordinario, normal, que se utiliza en el giro de los negocios sino la suma diligencia en su conducta, y no encuentra esta Sala ning\u00fan elemento que le permita establecer que su comportamiento estuvo encaminado a realizar todas las diligencias o labores necesarias e indispensables, en t\u00e9rminos de verificaci\u00f3n y averiguaci\u00f3n para corroborar que el bien objeto del contrato no presentara vicio alguno por una situaci\u00f3n que lo hiciera ineficaz, ante la existencia de un cuadro de violencia y despojo, tal y como lo prev\u00e9 la jurisprudencia citada con antelaci\u00f3n, para demostrar su buena fe exenta de culpa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que el opositor no obr\u00f3 de buena fe exenta de culpa pues no llev\u00f3 a cabo, o por lo menos no demostr\u00f3 haberlo hecho, acciones positivas m\u00e1s all\u00e1 de las que har\u00eda cualquier persona prudente con el fin de verificar que en el vendedor del bien no exist\u00eda vicio alguno que afectara su voluntad; por el contrario, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 demostrado que despu\u00e9s de que el opositor logr\u00f3 la propiedad del predio Chacabuco, soslayando que el inmueble estaba afectado por contextos de violencia asociados al conflicto armado en sentido amplio, sigui\u00f3 adquiriendo bienes inmuebles en Saman\u00e1 y sus alrededores, sin importarle que el municipio de San Carlos a trav\u00e9s del Coordinador del Comit\u00e9 municipal de Atenci\u00f3n a la Poblaci\u00f3n Desplazada emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00famero 001 del 14 de febrero de 2003, por medio de la cual se declara la inminencia de riesgo y el desplazamiento forzado en algunas veredas de dicho municipio, entre ellas Saman\u00e1. <\/p>\n
Tal actuar evidencia que reflexion\u00f3 sobre el efecto de mala fe que acarreaba su proceder, pues en lugar de detenerse ante las disposiciones contenidas en el referido acto administrativo que declar\u00f3 el desplazamiento forzado por causa de la violencia en la regi\u00f3n y que fij\u00f3 como medida consecuencial que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos se abstuviera de inscribir actos de enajenaci\u00f3n o transferencia a cualquier t\u00edtulo de los bienes rurales ubicados en las veredas all\u00ed contempladas, se apresur\u00f3 a comprar propiedades inmersas en un mercado inmobiliario seriamente resquebrajado, aprovech\u00e1ndose del desespero de las v\u00edctimas del conflicto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que el opositor no cumpl\u00eda las condiciones indicadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016 ni en el art\u00edculo 56 de la Ley 2294 de 2023 para ser considerado como segundo ocupante, habida cuenta que \u00abno se constata que la relaci\u00f3n con el predio la derivara por hallarse en ese momento en un estado de necesidad o de debilidad manifiesta y que no participara ni siquiera de manera indirecta en el despojo y que por ello se deba flexibilizar o incluso prescindir de la exigencia de la demostraci\u00f3n de buena fe exenta de culpa o para \u201cexigir buena fe simple, o aceptar la existencia de condiciones similares al estado de necesidad, que justifiquen su conducta\u201d, las cuales por dem\u00e1s, qued\u00f3 demostrado, no concurrieron en su actuar\u00bb. <\/p>\n
Es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procedimental. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la parte convocante se\u00f1ala lo que, a su juicio, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto y en la aplicaci\u00f3n de normas y precedentes jurisprudenciales, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Trinidad Patricia y Rosa Mar\u00eda Posada Aguiar, as\u00ed como Emilse y Andr\u00e9s Felipe Chavarr\u00eda Aguiar. <\/p>\n
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STC11568-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11568-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03823-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 \u00c1ngel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76801","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76801\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}