STC11570-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11570-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2023-00187-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Robinzon Pi\u00f1eros Lizarazo y Claudia Yolima In\u00e9s Devia Acosta frente al fallo proferido el pasado 29 de agosto por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovieron contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada al despachar adversamente las pretensiones de su demanda. <\/p>\n
Pidieron, entonces, ordenar al Juzgado acusado que \u00abnulite la decisi\u00f3n tomada en la sentencia\u2026 del 27 de julio del a\u00f1o en curso y[,] en su defecto[,] acceda a las pretensiones elevadas en la demanda y se disponga a nombrar curador AD HOC para el levantamiento de patrimonio de familia\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria entablado por los accionantes con miras a obtener la cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia constituido sobre el predio con folio inmobiliario Nro. 50C-1586783, surtidas las etapas de rigor, el 27 de julio \u00faltimo el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda al concluir, en lo medular, que aqu\u00e9llos no probaron la necesidad del levantamiento de dicho patrimonio, sumado a que no exist\u00eda certeza de la destinaci\u00f3n del producto de la eventual venta del inmueble, como lo exige el precepto 581 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, los actores adujeron que con ello se afrentaron sus derechos, especialmente el de la propiedad privada, en tanto se les impide transferir el bien y, en todo caso, lo cierto es que, contrario a lo sostenido por el Juzgado encausado, si satisficieron las exigencias del referido art\u00edculo 581 para la prosperidad de sus pedimentos. <\/p>\n
Enfatizaron que con tal veredicto se incurri\u00f3 en yerros \u00absustantivo, \u2026f[\u00e1]ctico, [de] [d]ecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u2026 y [v]iolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, comoquiera que, en su orden, i) \u00abno existe normal alguna que [los] obligue\u2026 a suscribir el nuevo bien con patrimonio de familia, m\u00e1s si se toma en cuenta que en las pretensiones se solicitaba un curador para la cancelaci\u00f3n del patrimonio, no se pretend\u00eda una sustituci\u00f3n, pues el tr\u00e1mite para este es diferente\u00bb; ii) contrario a lo all\u00ed concluido, se demostr\u00f3 que \u00abla necesidad del levantamiento de[l] patrimonio\u2026 es la venta del\u2026 inmueble ubicado en\u2026 Bogot\u00e1\u00bb, \u00ab[l]a destinaci\u00f3n del producto es comprar otro\u2026 en Neiva que es\u2026 [su] lugar de residencia y [les] quedar\u00eda m\u00e1s factible estar pendientes de la propiedad. Tambi\u00e9n se toma la ciudad de Bogot\u00e1 como opci\u00f3n para la compra\u2026, solo s\u00ed encuentra[n] una vivienda con mejor ubicaci\u00f3n en t\u00e9rminos de movilidad y seguridad que la que ya t[ienen]\u00bb, sumado a que \u00abla Juez no se bas\u00f3 en ley alguna que fundamentara la necesidad de constituir patrimonio de familia en el\u2026 inmueble a adquirir\u00bb, ni \u00ab[t]ampoco mencion\u00f3 ley o jurisprudencia que estipulara que para solicitar ante [el] Juzgado\u2026 la Cancelaci\u00f3n de[l] Patrimonio\u2026, solo se podr\u00eda llevar a cabo si la necesidad que menciona el art\u00edculo 581 del C.G.P debe ser\u2026 basada en bajos recursos econ\u00f3micos, o por una situaci\u00f3n de precariedad\u00bb; iii) \u00ab[l]a servidora judicial no indic\u00f3 fundamentos f[\u00e1]cticos y jur\u00eddicos de su decisi\u00f3n\u00bb; y iv) \u00abdesconoci\u00f3\u2026 el derecho real al dominio, limitando la venta…, solo, si el\u2026 inmueble a adquirir se constitu\u00eda con patrimonio de familia, tambi\u00e9n vulner\u00f3 el derecho al debido proceso al vulnerar el principio de legalidad por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de art\u00edculo 581 del C.G.P, al contemplar que la necesidad de venta del\u2026 inmueble debe ser de precariedad y no de mejorar el patrimonio de[l] grupo familiar[,] y el derecho a la propiedad privada al desconocer la decisi\u00f3n manifestada por\u2026 [ellos] de querer vender [su]\u2026 inmueble para comprar otro\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II de Familia de Neiva \u00abconsider[\u00f3] procedente la acci\u00f3n de tutela impetrada, siempre y cuando se avizore por los medios legales de prueba, que efectivamente se le[s] est\u00e1[n] vulnerando sus derechos fundamentales\u2026, estableci\u00e9ndose si la afirmaci\u00f3n que hace[n] es cierta\u00bb. <\/p>\n
Recomend\u00f3 que, \u00abde no ser acogidas tales consideraciones, la decisi\u00f3n que se adopte conlleve a la salvaguarda del inter\u00e9s superior de la familia involucrada en este\u2026 caso, mediante un proceso de valoraci\u00f3n en el que se ponderen todas y cada una de las circunstancias particulares que concurren, encaminadas a determinar de una manera efectiva cu\u00e1l es el inter\u00e9s que m\u00e1s le beneficia, en orden a garantizar la protecci\u00f3n y salvaguarda de sus derechos e inter\u00e9s, siempre y cuando se establezca la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u2026 o cualquier otro\u2026 de rango fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal La Gaitana de la Regional Huila del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se\u00f1al\u00f3 que, \u00abpor parte del Juzgado\u2026, en ning\u00fan momento procesal se vulner\u00f3 derecho alguno de los accionantes y tampoco se avizora alguna nulidad en la que pudiese haber incurrido\u2026, por ende, se deber\u00e1 denegar la pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n por improcedente\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00abactuando en representaci\u00f3n de los intereses de los menores de edad involucrados, dentro del proceso adelantado en el Juzgado [convocado,]\u2026 en la etapa procesal correspondiente y despu\u00e9s de escuchadas las partes y los testigos, present[\u00f3] [sus] alegatos de conclusi\u00f3n bas\u00e1ndome en lo expresado por las partes, quienes indicaron que quer\u00edan cancelar el patrimonio de familia para vender la vivienda de Bogot\u00e1 y comprar otra en Neiva, por lo cual le indi[c\u00f3]\u2026 a la Juez [su] preocupaci\u00f3n al evidenciar[,] despu\u00e9s del interrogatorio efectuado[,] que las partes no ten\u00edan intenci\u00f3n o inter\u00e9s en constituir como patrimonio de familia la vivienda que compraran con el dinero obtenido con la venta anterior, debido a esto, la familia quedar\u00eda desprotegida y en mayor medida los menores de edad, pues sus intereses se ver\u00edan afectados, por ello, [s]e opus[o] a la cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia y le indi[c\u00f3]\u2026 a las partes que la sustituci\u00f3n del patrimonio de familia ser[\u00ed]a la figura m\u00e1s conveniente para la familia y en especial para los menores de edad\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto de Familia de Neiva se\u00f1al\u00f3 que \u00abla tutela no est\u00e1 llamada a prosperar\u00bb, toda vez que no incurri\u00f3 en los defectos denunciados, pues su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 \u00aba las normas sustanciales y procesales de los art\u00edculos 581 CGP y Ley 70 de 1931 y responde a las garant\u00edas y prevalencia de los derechos a favor de los ni\u00f1os, herramientas de derecho aplicables dentro del margen razonable, se fundamenta en las pruebas recaudas y practicadas en debida forma como los interrogatorios, pruebas testimoniales, pruebas documentales que fueron valoradas en su integridad con las reglas de la sana cr\u00edtica, lo que conllev\u00f3 a la negaci\u00f3n de las pretensiones. Los interesados no probaron la necesidad del levantamiento del patrimonio de familia, ni la certeza de la destinaci\u00f3n de la venta del\u2026 inmueble[,] como lo ordena el art[\u00ed]culo 581 CGP[,] por ello, se concluy\u00f3 que no hab\u00eda garant\u00edas a favor de los menores de edad para acceder a la pretensi\u00f3n. Dicha decisi\u00f3n tambi\u00e9n se fundament\u00f3 en el pronunciamiento del Defensor de Familia[,] quien actu\u00f3 como garante de los derechos de los ni\u00f1os en [ese] proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abel accionado cuando neg\u00f3 las pretensiones de la demanda en la sentencia proferida el 27 de julio de 2023, lo hizo dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia que le otorga la Constituci\u00f3n y la ley, con fundamento en la realidad procesal y las pruebas que fueron aportadas y practicadas. Aunado a lo anterior, no se vislumbr\u00f3 que aquella decisi\u00f3n hubiese sido arbitraria\u00bb; en otras palabras, sostuvo que \u00abla decisi\u00f3n censurada est\u00e1 arraigada en argumentos que consultaron las reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica y, sin lugar a dudas, obedeci\u00f3 a la labor hermen\u00e9utica propia del accionado, motivo por el cual, no le es permitido al Juez constitucional\u2026 controvertirlas, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el togado natural, y su sano convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo se presenten las desviaciones protuberantes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La incoaron los actores insistiendo en sus planteamientos iniciales, los que adujeron desatendidos por el fallador constitucional de primer grado. <\/p>\n
Enfatizaron que el a-quo supralegal solo i) \u00abestudi[\u00f3] una las causales de procedibilidad excepcional de la tutela contra providencia judicial, cuando en la tutela se alegaron cuatro (4): Defecto material o sustantivo, \u2026f[\u00e1]ctico, Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n y Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb; y ii) \u00abtom[\u00f3] e[n] cuenta la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, pero dentro de la tutela tambi\u00e9n se aleg\u00f3 el\u2026 real de domino y\u2026 a la propiedad privada\u2026[,] que no se mencionaron dentro del fallo de primera instancia\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abel hecho de implementar la figura de patrimonio de familia en una de [sus]\u2026 propiedades no limita el derecho real de gozar y disponer de ella arbitrariamente, m\u00e1s all\u00e1 de lo solicitado por el art\u00edculo 581 del C.G.P.[,] que\u2026 cumpli[eron] a cabalidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, porque en la sentencia fustigada, bajo el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas recaudadas, al denegar las pretensiones de la demanda incoada por los quejosos, el Juzgado recriminado expres\u00f3 con suficiencia las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
2.1. En efecto, a diferencia de lo sostenido por los inconformes, con apoyo en la normatividad sobre la materia sometida a su discernimiento, de entrada, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel patrimonio de familia es una instituci\u00f3n jur\u00eddica patrimonial, en beneficio de la familia, consagrada en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia de 1991\u00bb; que \u00abla Ley 70 de 1931, que autoriza la constituci\u00f3n de patrimonios de familia no embargables, en su art\u00edculo 4\u00ba establece que el patrimonio de familia puede constituirse tambi\u00e9n en favor \u201cDe un menor de edad, o de dos o m\u00e1s que est\u00e9n entre s\u00ed dentro del segundo grado de consanguinidad leg\u00edtima o natural\u201d\u00bb; y que \u00abel art\u00edculo 23 de la mencionada ley se\u00f1ala: \u201cEl propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripci\u00f3n por otra que haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido al derecho com\u00fan; pero si es casado o tiene hijos menores, la enajenaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n se subordinan, en el primer caso, al consentimiento de su c\u00f3nyuge, y, en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio y con intervenci\u00f3n de un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc\u201d\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00aben la etapa de alegatos la abogada reitera las pretensiones de la demanda, con el fundamento que la familia cuenta con una vivienda propia afectada a vivienda familiar; que con el levantamiento del patrimonio de familia se pretende la compra de una nueva casa que tambi\u00e9n se afectar\u00e1 a vivienda de familia. Esta solicitud tiene como intenci\u00f3n mejorar la econom\u00eda familiar, que el patrimonio de los ni\u00f1os aumente y que los ni\u00f1os tengan donde vivir si en el futuro estudian en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb (se subray\u00f3). <\/p>\n
Luego, manifest\u00f3 que \u00abel Defensor de Familia expresa que es imposible solicitar se acceda a las pretensiones y considera que \u00e9stas se deben negar. El funcionario expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n, no por la situaci\u00f3n de los menores de edad, sino respecto a las\u2026 dudas que tienen las partes sobre las figuras jur\u00eddicas relacionadas a (sic) la afectaci\u00f3n de la vivienda familiar y a cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia. Considera que no se puede pretender que el bien que se encuentra en Neiva est\u00e9 protegiendo el derecho fundamental a la vivienda de los menores de edad. Argumenta que con los testigos no se prob\u00f3 que con la venta del producto del bien garantice la vivienda a los menores de edad y no lograron demostrar que con la venta del bien inmueble se garantice el patrimonio de familia\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Bajo ese marco, de cara al caso concreto, tras indicar que \u00abel objeto de la\u2026 causa corresponde espec\u00edficamente a la cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia constituido sobre el bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 50C-1586783, ubicado en la\u2026 ciudad de Bogot\u00e1, propiedad de Robinzon Pi\u00f1eros Lizarazo, y en donde se impuso el gravamen a favor de sus hijos y a los que llegaran a tener\u00bb (se resalt\u00f3); procedi\u00f3 a auscultar conjuntamente todo el acervo suasorio recopilado, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, concluyendo en la improsperidad de las pretensiones de la demanda porque los interesados \u00abno probaron la necesidad del levantamiento del patrimonio de familia y tampoco existe certeza de la destinaci\u00f3n de la venta del bien inmueble, como lo ordena el art\u00edculo 577 [l\u00e9ase canon 581] del C\u00f3digo General del Proceso (sic)\u00bb, por lo que, categ\u00f3ricamente asent\u00f3, \u00abno est\u00e1n dadas las garant\u00edas a favor de los menores de edad para acceder al levantamiento de la cancelaci\u00f3n (sic) del patrimonio de familia\u00bb. Aseveraciones que soport\u00f3 en que: <\/p>\n
Las partes en su interrogatorio manifestaron su inter\u00e9s en levantar este gravamen con el fin de adquirir otro bien en Neiva o Bogot\u00e1, en un sitio central de esta ciudad, a favor de sus hijos menores de edad; que esta nueva vivienda ser\u00e1 para arrendarla y aumentar sus ingresos o, en un futuro, sirva de vivienda de sus hijos en caso de que estudien en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sin embargo, el bien que pretende cancelar el gravamen y posteriormente vender, actualmente se encuentra rentado y desde hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os, es decir, actualmente genera unos ingresos, lo que aumenta el patrimonio familiar. <\/p>\n
Por otra parte, de acuerdo al interrogatorio y al informe social, las partes cuentan con ingresos econ\u00f3micos que permiten satisfacer sus necesidades y atender, de manera \u00f3ptima, las necesidades de sus hijos. <\/p>\n
En el interrogatorio qued\u00f3 claro que las partes no tienen intenci\u00f3n de sustituir el patrimonio de familia, as\u00ed lo dej\u00f3 claro el se\u00f1or Robinson en su interrogatorio, al se\u00f1alar lo siguiente: dadas esas condiciones preferir\u00eda no afectarlo con el patrimonio porque si lo piensan como inversi\u00f3n y luego vender el inmueble, lo que buscas es una renta, que vaya escalando, con el fin de mantener una renta o consolidar un proyecto de vida, entendiendo que, en este caso, el patrimonio implica un proceso que significa demora y p\u00e9rdida de clientes. <\/p>\n
Es decir, fue hasta esta audiencia que consideraron la sustituci\u00f3n del patrimonio de familia por el bien inmueble, pues consideraban que con la afectaci\u00f3n de la vivienda familiar que tiene el inmueble en que viven, sustitu\u00edan, a favor de sus hijos, esta garant\u00eda; por eso ven como una sugerencia del despacho y del defensor de familia que se constituya dicho gravamen a favor de sus hijos. <\/p>\n
Existe desconocimiento o confusi\u00f3n de las figuras jur\u00eddicas de afectaci\u00f3n de vivienda familiar y patrimonio de familia inembargable, lo que genera confusi\u00f3n sobre los intereses y lo que se pretende en la demanda. <\/p>\n
Como advierte el defensor de familia, es claro que la afectaci\u00f3n de vivienda familiar que tiene el inmueble en que hoy residen, no sustituye ni garantiza el derecho fundamental de vivienda de los menores de edad, como lo creen las partes, pues es el gravamen de patrimonio de familia que protege de manera exclusiva dicho derecho a favor de los menores de edad. <\/p>\n
Por otra parte, los testigos tampoco dan certeza de la necesidad del levantamiento del patrimonio de familia, desconocen del bien inmueble, no tiene claridad sobre qu\u00e9 tipo de inversi\u00f3n realizar\u00e1n, adem\u00e1s, no brindaron mayor informaci\u00f3n, manifestando que desconocen respecto a la vida privada de las partes. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la sentencia controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n que el Juzgado acusado efectu\u00f3 para v\u00e1lidamente concluir, bajo una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley 70 de 1931 (especialmente su canon 23), en conjunci\u00f3n con el contenido del precepto 581 del C\u00f3digo General del Proceso, y el an\u00e1lisis conjunto de todo el material suasorio, que sus pretensiones no se abr\u00edan paso ante la ausencia de \u00abgarant\u00edas a favor de los menores de edad para acceder al levantamiento\u2026 del patrimonio de familia\u00bb, comoquiera que \u00abno probaron la necesidad del levantamiento del patrimonio de familia y tampoco existe certeza de la destinaci\u00f3n de la venta del bien inmueble\u00bb, conclusi\u00f3n que, valga anotar, al hallar soporte legal, no puede aducirse como afrenta a los derechos de dominio y propiedad privada, como err\u00f3neamente lo alegan los quejosos, m\u00e1xime cuando el veredicto en cuesti\u00f3n, por dem\u00e1s, se edific\u00f3 en los derechos prevalentes de los menores de edad involucrados en la situaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
De esa manera, tales inferencias lejos est\u00e1n de configurar yerros f\u00e1ctico (la totalidad de las pruebas recopiladas fueron sopesadas, de forma conjunta, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica), sustantivo (la denegaci\u00f3n de las pretensiones se concentr\u00f3 en lo reglado en la Ley 70 de 1931, especialmente su canon 23), de carencia de motivaci\u00f3n (las consideraciones fueron suficientes y acordes para sostener el sentido de la decisi\u00f3n) o violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n (por el contrario, el veredicto en cuesti\u00f3n tuvo como horizonte el contenido del plexo constitucional, especialmente sus preceptos 42 y 44), por lo que no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11570-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11570-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2023-00187-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Robinzon Pi\u00f1eros Lizarazo y Claudia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76803"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76803\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}