STC11572-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11572-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-03834-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Yolanda Ram\u00edrez Muriel, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite en el que fue vinculado el Juzgado Doce Civil del Circuito y citados los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de esa ciudad, y el Grupo Consultor de Occidente y Compa\u00f1\u00eda Ltda., as\u00ed como los intervinientes en los procesos ejecutivos de radicados no. 2000-00341-00 y 2020-00227-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el a\u00f1o 1996 adquiri\u00f3 con la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda las Villas, hoy Banco AV Villas SA, un cr\u00e9dito para la compra de vivienda bajo el sistema de UPAC, entidad crediticia que present\u00f3 demanda ejecutiva en su contra y de Carlos Arturo Agudelo Espinel, que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali (2000-00341) y culmin\u00f3 el 19 de abril de 2017 previa solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que la sociedad Grupo Consultor de Occidente y Compa\u00f1\u00eda Limitada, en calidad de cesionaria del banco, present\u00f3 proceso ejecutivo en su contra por el mismo cr\u00e9dito, y afirm\u00f3 haberlo reestructurado, por lo que el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali libr\u00f3 mandamiento de pago el 27 de julio de 2021, decisi\u00f3n que, recurri\u00f3 y el Juzgado repuso el 12 de mayo de 2022 para negar la orden de apremio, al encontrar que el cr\u00e9dito no hab\u00eda sido debidamente reestructurado, con fundamento en la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU813 de 2007. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el Tribunal Superior de Cali al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que la ejecutante propuso contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, la revoc\u00f3 en providencia de 26 de septiembre de 2023, \u00absin atender las reglas establecidas por el legislador, la Superintendencia Financiera y la jurisprudencia de las Salas de cierre tanto ordinaria como constitucional, respecto del tr\u00e1mite de la reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC antes de la Ley 546 de 1999, revoca la decisi\u00f3n del juzgado de origen que exige la reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la autoridad accionada olvid\u00f3 que la ejecutante no es una entidad crediticia, por lo que \u00abquien ejecuta no es una de las entidades que la jurisprudencia constitucional y la ley han habilitado para realizar tal proceder modus propio (\u2026) el tal proceder de adelantar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito corresponde a una entidad de car\u00e1cter crediticia vigilada por la Superintendencia, y esta regla guarda relaci\u00f3n con aquellas que se encuentran habilitadas por la propia ley de vivienda; no encontr\u00e1ndose otros sujetos con otro tipo de naturaleza para a ver tal proceder\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que como la ejecutante no es una entidad crediticia, no est\u00e1 facultada para reestructurar de manera unilateral un cr\u00e9dito hipotecario para vivienda, por no existir acuerdo entre acreedor y deudor. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior de Cali proferir \u00abuna nueva decisi\u00f3n que se atempere y cumpla las disposiciones del precedente que se ha fijado las Salas de cierre respecto que el proceso de reestructuraci\u00f3n plasmado en la SU-813\/2007 y SU-787 de 2012, se aplica para su realizaci\u00f3n a una entidad crediticia de las que trata la ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cali, afirm\u00f3 no haber desconocido los derechos fundamentales de la accionante, en el auto de 26 de septiembre de 2023, por el que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n presentada, porque aplic\u00f3 \u00abla jurisprudencia nacional en atenci\u00f3n a lo expuesto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC5238-2017 de 2 de mayo de 2014, dado que, los demandados fueron debidamente citados por el acreedor y no comparecieron a dicho requerimiento\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, remiti\u00f3 el link del expediente del proceso ejecutivo de radicado no. 2020-00227. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, inform\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso ejecutivo de radicado no. 2000-00341, el que remiti\u00f3 a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali el 4 de mayo de 2016. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, expuso que conoci\u00f3 del proceso ejecutivo de radicado 2000-00341, en el que fue demandante AV Villas SA y demandados Yolanda Ram\u00edrez Muriel y Carlos Arturo Agudelo Espinal, que se dio por terminado por ausencia del requisito de reestructuraci\u00f3n el 19 de abril de 2017. <\/p>\n
En cuanto a las irregularidades alegadas por la accionante respecto de las actuaciones en el expediente 2020-00221, resalt\u00f3 que son circunstancias ajenas a ese despacho judicial. <\/p>\n
5. Paula Andrea S\u00e1nchez Moncayo, quien dijo actuar como apoderada del Grupo Consultor de Occidente y C\u00eda. Ltda. -ejecutante en la causa que se revisa-, se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto las actuaciones que sirvieron de base para resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el auto que revoc\u00f3 el mandamiento de pago, se ajusta a derecho, carece de irregularidad, aplica los precedentes de las altas Cortes y no vulnera derecho fundamental alguno. <\/p>\n
6. El Banco AV Villas SA solicit\u00f3 ser desvinculado de esta acci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que cedi\u00f3 los derechos del cr\u00e9dito que es objeto de recaudo, por lo que no act\u00faa como sujeto procesal en el proceso ejecutivo materia de estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado, <\/p>\n
\u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015, reiterada en STC10401 de 2021 y STC5841-2023). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de la se\u00f1ora Yolanda Ram\u00edrez Muriel, se dirige contra el auto proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el 26 de septiembre de 2023, por el que revoc\u00f3 la providencia de 12 de mayo de 2022, que neg\u00f3 el mandamiento de pago solicitado por Grupo Consultor de Occidente y Compa\u00f1\u00eda Ltda., en su contra y de Carlos Arturo Agudelo Espinel. <\/p>\n
En opini\u00f3n de la accionante, la ejecutante no cumpli\u00f3 con las exigencias legales y jurisprudenciales para reestructurar el cr\u00e9dito hipotecario sustentado en el pagar\u00e9 21077-2 otorgado por el Banco AV Villas para la adquisici\u00f3n de una vivienda bajo el extinto sistema UPAC. <\/p>\n
3. Estudiado el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, y la providencia materia de queja, se advierte que para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n, el Tribunal Superior de Cali despu\u00e9s de hacer un recuento de los distintos pronunciamientos que tanto esta Corte, como la Constitucional han proferido en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n aplicable a las obligaciones crediticias pactadas en UPAC que se encontraban en mora o en cobro judicial para el 31 de diciembre de 1999 y que fueron terminados con apego a la ley de vivienda quedando saldos insolutos, sostuvo que el cr\u00e9dito ejecutado, \u00abhace parte del universo de procesos comprendidos en la sentencia SU-813\/07 y, por tanto, le es exigible el requisito de la reestructuraci\u00f3n, m\u00e1xime si, de la revisi\u00f3n del expediente, se advierte que no existe embargo de remanente en contra de los deudores\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en sentencia STC5238-2014, esta Sala determin\u00f3 que, aun cuando el acreedor no pueda llegar a un acuerdo con el deudor para reestructurar el cr\u00e9dito, \u00abno est\u00e1 exento del deber de reestructurar y debe realizar dicho tr\u00e1mite con ausencia del deudor, acatando los par\u00e1metros y jurisprudencia que regulan ese t\u00f3pico\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese marco te\u00f3rico, al volver al asunto bajo examen, advirti\u00f3 que, i) la ejecutante comunic\u00f3 a los deudores la necesidad de acordar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, ii) ante la renuencia de aquellos la cesionaria la efectu\u00f3 de manera unilateral y, que, iii) la obligaci\u00f3n entr\u00f3 en mora desde enero de 2020, fecha en la que, \u00abel demandado desconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior concluy\u00f3 que \u00abtales aspectos permiten entender satisfecho el imperativo de reestructurar la misma, y por ende, al ser este requisito sine qua non para la promoci\u00f3n de un compulsivo como el que nos ocupa dadas las caracter\u00edsticas del pagar\u00e9 a ejecutar, la torna en una obligaci\u00f3n plenamente exigible\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, al confrontar la decisi\u00f3n cuestionada con la inconformidad de la accionante, la Sala advierte que la solicitud de amparo debe prosperar, en la medida que la autoridad accionada incurri\u00f3 en un proceder que amerita la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corte, ha desarrollado una l\u00ednea jurisprudencial en relaci\u00f3n con las reglas que el juez debe estudiar al momento de resolver sobre asuntos relacionados con los requisitos que deben concurrir, para tener por satisfecha la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, con las especiales caracter\u00edsticas como el que es objeto del debate. A saber, <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abla reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos puede definirse como cualquier negocio o instrumento jur\u00eddico que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atenci\u00f3n adecuada de su obligaci\u00f3n ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Dicho negocio o instrumento puede comprender modificaci\u00f3n en las condiciones de tasa, plazo y monto de la cuota\u00bb (STC2549-2019, STC13554-2018, entre otras).<\/p>\n
ii. \u00abno es exigible el t\u00edtulo valor trat\u00e1ndose de procesos coercitivos hipotecarios que versen sobre cr\u00e9ditos pactados en UPAC, o que a\u00fan pactados en pesos lleven impl\u00edcito el componente DTF, cuando no se acredita la reestructuraci\u00f3n plurimencionada\u00bb (STC571-2019, STC14504-2018, STC17824-2017).<\/p>\n
iii. \u00absi el acto jur\u00eddico de la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d no se surti\u00f3 mediante acuerdo entre acreedor y deudor y por ello devino su realizaci\u00f3n \u201cunilateral\u201d como as\u00ed lo ha permitido la jurisprudencia constitucional -SU-787 de 2012-, es necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u00bb (STC2549-2019)<\/p>\n
iv. \u00abla acci\u00f3n [debe interponerse] oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado\u00bb (STC5975-2019).<\/p>\n
v. \u00abdebe actuarse con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes\u00bb (STC5975-2019)\u00bb.<\/p>\n
vi. \u00abdirecta o indirectamente [debe afectarse] el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999\u00bb (STC5975-2019).<\/p>\n
vii. \u00ab[C]uando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC9036-2019 de 10 jul. de 2019, en ese mismo sentido se puede consultar las sentencias STC5975-2019 y STC4078-2019, entre otras). <\/p>\n
En otro pronunciamiento, se explic\u00f3 que \u00abla \u00abrealizaci\u00f3n \u201cunilateral\u201d\u00bb de la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb es una posibilidad permitida por la \u00abjurisprudencia constitucional -SU-787 de 2012-\u00bb, particularmente en aquellos eventos en los que no medie \u00abacuerdo entre acreedor y deudor\u00bb, pero advirti\u00f3 que para que ese acto jur\u00eddico surta efectos \u00abes necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u00bb (CSJ. SCC, sentencia STC217-2020). <\/p>\n
Por esa misma l\u00ednea, se ha decantado que \u00ab(\u2026) la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (CJS. STC, sentencia del 31 de octubre de 2013, Rad. 02499-00, reiterada en sentencia del 5 diciembre de 2014 Rad. 02750-00 y STC9555-2015). <\/p>\n
En providencia m\u00e1s reciente, la Sala ha ense\u00f1ado que, <\/p>\n
\u00abAl respecto, mem\u00f3rese que la Corte Constitucional, en sentencia SU787-2012, asever\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n a la que alude la Ley 546 de 1999 corresponde a \u00abun negocio o instrumento jur\u00eddico\u00bb, cuya finalidad consiste en variar las condiciones inicialmente pactadas, para que, ante el deterioro de su capacidad de pago, el deudor pueda darle una \u00abatenci\u00f3n adecuada a su obligaci\u00f3n\u00bb. Dicho negocio, en principio, presupone un acuerdo de voluntades entre las partes, a fin de establecer los t\u00e9rminos y condiciones que regir\u00e1n en lo sucesivo la obligaci\u00f3n, no obstante, la ausencia de tal convenio, por ejemplo, porque el deudor se niega a ello, habilita la actuaci\u00f3n unilateral del acreedor, pero siempre que le haya dado a conocer las condiciones y propuesta de reestructuraci\u00f3n, en aspectos tales como el plazo, la modalidad de amortizaci\u00f3n y la tasa, los cuales, se itera, se fijan en beneficio del deudor que vio afectada su capacidad de pago\u00bb (CSJ. STC16665-2022). <\/p>\n
Del mismo modo, en un caso donde se analizaron los pormenores de la reestructuraci\u00f3n practicada en forma unilateral por parte del acreedor, se dijo lo siguiente, <\/p>\n
\u00abLas elucubraciones rese\u00f1adas no contienen irregularidad, pues, en efecto, se observa que aun cuando la activa realiz\u00f3 todas las gestiones necesarias para lograr la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d del cr\u00e9dito y ofreci\u00f3 distintas opciones a los deudores, ante el silencio de \u00e9stos no determin\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda el nuevo modo de amortizaci\u00f3n y pago de la obligaci\u00f3n -fin de la reestructuraci\u00f3n- y tampoco notific\u00f3 del mismo a Jos\u00e9 P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez y Mar\u00eda Guadalupe Delgado, quienes, antes de ser demandados, debieron contar con el primer plazo, siquiera, para sufragar la cuota establecida\u2026 <\/p>\n
Lo anterior significa, se insiste, que si el acto jur\u00eddico de la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d no se surti\u00f3 mediante acuerdo entre acreedor y deudor y por ello devino su realizaci\u00f3n \u201cunilateral\u201d como as\u00ed lo ha permitido la jurisprudencia constitucional -SU-787 de 2012-, es necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento (\u2026)\u00bb (CSJ. STC2549-2019). <\/p>\n
6. As\u00ed pues, en el asunto bajo examen, el Tribunal Superior de Cali tuvo por satisfechos los presupuestos de la reestructuraci\u00f3n, tan solo a porque la ejecutante invit\u00f3 a los deudores a llegar a un acuerdo para reestructurar el cr\u00e9dito, quienes con su silencio habilitaron a la cesionaria a efectuar tal negocio de forma unilateral, obligaci\u00f3n que se hizo exigible desde enero de 2020. <\/p>\n
No obstante, no verific\u00f3 ni se pronunci\u00f3, acerca de los dem\u00e1s aspectos rese\u00f1ados en los precedentes citados, entre otros, si, i) la ejecutante acredit\u00f3 haber puesto en conocimiento de los deudores, en debida forma, expresa e inequ\u00edvoca, la propuesta o el plan de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n con las nuevas condiciones de pago que eligi\u00f3 ejecutar la acreedora dentro de cinco ofertas o posibilidades que mencion\u00f3, para soportar el incumplimiento de pago que se ejecuta, ii) se determin\u00f3 con claridad el nuevo sistema de amortizaci\u00f3n y plan de pagos, iii) se concedi\u00f3 un plazo para el primer pago y este venci\u00f3, iv) la deudora tuvo oportunidad de controvertirlo o de proceder a su cumplimiento, v) la Superintendencia Financiera se pronunci\u00f3 respecto a esta propuesta, vi) la reestructuraci\u00f3n aplicada es la m\u00e1s beneficiosa para los deudores, como lo dijo la demandante, y, vii) la tasa de inter\u00e9s aplicable. <\/p>\n
En fin, si los obligados, previo a ser demandados, conoc\u00edan con nitidez el nuevo pacto (\u00fanico) y su nuevo horizonte y si hay claridad de cu\u00e1ndo se hizo exigible el negocio reestructurado. <\/p>\n
7. En ese orden, aun cuando los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la interpretaci\u00f3n de la ley, en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional para que cese la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, en atenci\u00f3n a que el Tribunal Superior accionado no se pronunci\u00f3 respecto de todos los requisitos que deben concurrir para tener por satisfecha la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito base del recaudo que, para el caso concreto de la actuaci\u00f3n unilateral, implica que los deudores puedan rebatir una propuesta concreta y detallada, el amparo implorado tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, eso s\u00ed, con independencia de lo que resuelva luego de efectuado el estudio de rigor. <\/p>\n
8. En consecuencia, se dispondr\u00e1 que la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali deje sin efecto la providencia de 26 de septiembre de 2023, a fin de que proceda a resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 12 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente y las precisiones realizadas en este fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Ram\u00edrez Muriel contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del expediente, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 26 de septiembre del presente a\u00f1o y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9sta dependa, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la ejecutada, contra el auto dictado el 12 de mayo de 2022 por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de esta queja a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, para que d\u00e9 cumplimiento a lo aqu\u00ed dispuesto. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11572-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11572-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-03834-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Yolanda Ram\u00edrez Muriel, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}