STC11575-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11575-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03916-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dilio C\u00e9sar Donado Manotas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la justicia\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00ab[d]ejar sin efecto las decisiones de\u2026 8 de agosto de 2021, 23 de agosto de 2021 proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, y del 19 de abril de 2023 [dictada] por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Dilio C\u00e9sar Donado Manotas se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo y peculado por apropiaci\u00f3n agravado\u00bb, por el que fue condenado, mediante sentencia del 8 de agosto de 2021 (corregida con providencia del 23 de agosto siguiente), decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n con fallo del 19 de abril de los corrientes. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que las \u00ablas providencias de las accionadas desconocen los elementos probatorios de la defensa\u00bb; y que los falladores accionados estiman \u00abcomo factor probatorio indicios que incluso no traducen las conclusiones tomadas en las [decisiones]\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Adicion\u00f3 que las sedes judiciales enjuiciadas desconocieron que \u00abla fiscal\u00eda opt\u00f3 por omitir en la audiencia de acusaci\u00f3n del delito de peculado las circunstancias de mayor punibilidad se\u00f1aladas en el escrito de acusaci\u00f3n\u00bb, lo que trasgrede el \u00abprincipio de congruencia\u00bb; y que \u00ab[l]a conducta omisiva imputada como irregular, verificar la fecha de constituci\u00f3n de la sociedad, no est\u00e1 reglada en una norma legal, ni constituye, en la forma imputada, un deber del Juez\u00bb. <\/p>\n
2.4. Tambi\u00e9n arguy\u00f3 que \u00ab[s]in afectarse el saldo de las sumas depositadas a favor del Juzgado\u2026 en el Banco Agrario, no puede presentarse un desplazamiento patrimonial, ni realizarse la salida de los recursos p\u00fablicos de la esfera jur\u00eddica de dominio de la instituci\u00f3n p\u00fablica, a\u00fan menos, la p\u00e9rdida de la ejecutada de la disposici\u00f3n de los recursos, ni el apoderamiento de los recursos por parte de los terceros\u00bb, lo que descarta la ocurrencia del punible por el que fue condenado; y que en las previdencias cuestionadas se omiti\u00f3 valorar \u00abla conducta procesal de la demandada Caprecom, dentro del curso de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
2.5. Finalmente, precis\u00f3 que \u00ab[l]a prueba indiciaria tra\u00edda a cuento en las sentencias [acusadas]\u2026 para probar el dolo, no tiene la fuerza necesaria para desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb; y que \u00ab[l]a Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desconoci\u00f3 su juicio l\u00f3gico integral asumido en situaciones de hecho similares a los alegados por la defensa\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiduciaria La Previsora SA, en calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes PAR Caprecom, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barranquilla precis\u00f3 que \u00abni por acci\u00f3n u omisi\u00f3n ese despacho judicial ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia destac\u00f3 que \u00abel peticionario pretende reabrir la discusi\u00f3n ya resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 19 de abril pasado, que confirm\u00f3 la dictada el 8 de agosto de 2021, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate suscitado en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Bajo esa \u00f3ptica, concluye esta Colegiatura que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que la mencionada providencia de 19 de abril no luce arbitraria, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 los motivos por los que no resultaban de acogida los argumentos defensivos del procesado en el asunto criticado, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
64. A juicio de la Corte, m\u00e1s all\u00e1 de otras posibles irregularidades, la determinaci\u00f3n sobre el car\u00e1cter manifiestamente contrario a la ley de las decisiones adoptadas por el procesado est\u00e1 vinculada a la legalidad del mandamiento de pago. Esto, por cuanto de dicho prove\u00eddo se derivaron, en una sucesi\u00f3n de consecuencias, las dem\u00e1s providencias, emitidas en el marco de la actuaci\u00f3n ejecutiva. De no haberse dictado esa decisi\u00f3n, en efecto, no se habr\u00eda podido disponer la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, la pr\u00e1ctica de medidas cautelares ni la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
65. Pues bien, considerado que el aspecto central consiste en dilucidar la licitud del mandamiento de pago, la Corte considera inadmisible la tesis del acusado. La demandante alleg\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo un \u201cACTA DE CONCILIACION PRIVADA (sic) SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO Y CAPRECOM\u201d. Esta acta aparece signada por el Director General de CAPRECOM E.P.S. y el representante legal de DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S., el 4 de noviembre de 2010. <\/p>\n
66. Junto al anterior documento, la parte demandante anex\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la ejecutante. En este, se expresa que la sociedad DEP\u00d3SITO UNIVERSITARIO S.A.S. fue constituida por Escritura P\u00fablica 1811 de 12 de marzo de 2012, otorgada en la Notar\u00eda 1\u00aa de Soledad, e inscrita en la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla, el 20 de marzo de 2012. Esto quiere decir que, seg\u00fan los anexos de la demanda, la persona jur\u00eddica fue constituida con posterioridad a la suscripci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo aportado. <\/p>\n
67. Conforme a lo anterior, como lo consider\u00f3 la Fiscal\u00eda y lo concluy\u00f3 el Tribunal, era ostensible que el t\u00edtulo ejecutivo presentado por la demandante conten\u00eda una informaci\u00f3n falsa. Si DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S. se constituy\u00f3 en marzo de 2012, por razones l\u00f3gicas, no pudo haber celebrado en noviembre de 2010 una \u201cconciliaci\u00f3n privada\u201d con CAPRECOM E.P.S. El procesado no discute exactamente esa conclusi\u00f3n, que evidencia la falsedad del t\u00edtulo. Su planteamiento radica en que el mencionado hecho no pod\u00eda ser detectado en el examen de admisibilidad de la demanda, pues en esa fase el an\u00e1lisis es meramente formal. <\/p>\n
68. No asiste, sin embargo, raz\u00f3n al procesado. Es verdad que para librar la orden de pago, el juez civil solo debe llevar a cabo un examen formal de los requisitos y exigencias legales previstas al efecto. Sin embargo, que tal examen sea formal no significa que el contenido de los documentos allegados no sea revisado, observado o le\u00eddo. El car\u00e1cter formal del an\u00e1lisis significa que no procede un escrutinio valorativo, ni jur\u00eddico, ni probatorio, sobre el m\u00e9rito de los documentos, de los hechos o las pretensiones que acompa\u00f1an el libelo. Pero la concurrencia de los requisitos para la admisi\u00f3n de la demanda presupone, como cuesti\u00f3n necesaria, determinar aquello que el lenguaje de los documentos expresa. <\/p>\n
69. As\u00ed, por ejemplo, saber si existe la persona jur\u00eddica a favor de quien se emiti\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo, requiere determinar que sea exactamente esa la sociedad que aparece constituida en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal allegado. No ser\u00eda posible librar el mandamiento de pago a favor de la ejecutante si quien figura en el certificado es una persona con una raz\u00f3n social parecida, pero que difiere por una palabra, una s\u00edlaba o la forma asociativa. De igual forma, para concluir si existe legitimaci\u00f3n por activa, se requiere determinar si el abogado que promueve la demanda es la misma persona, con la misma identificaci\u00f3n, a quien le fue otorgado poder para actuar dentro del proceso. <\/p>\n
70. Todo lo anterior presupone an\u00e1lisis meramente formales. Por lo tanto, de forma opuesta a lo insinuado por el acusado, la verificaci\u00f3n de que la demanda cumple los requisitos para su admisi\u00f3n no equivale a una observaci\u00f3n superficial de los encabezados o de la apariencia externa de los documentos presentados. Implica identificar su contenido ling\u00fc\u00edstico, su alcance sem\u00e1ntico b\u00e1sico, pues de ello depende, precisamente, que se satisfaga lo establecido en la Ley, para el inicio del proceso. <\/p>\n
71. En este caso, dos documentos necesarios para la admisi\u00f3n de la demanda eran el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la ejecutante y el t\u00edtulo ejecutivo. Ambos fueron presentados por la parte demandante. La sola lectura de tales anexos, en orden a determinar que la persona que pretend\u00eda la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ten\u00eda existencia jur\u00eddica, permit\u00eda determinar que el t\u00edtulo aducido era falso. Si este aparec\u00eda signado en una fecha anterior a cuando la persona surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica, era evidente que el aludido documento no conten\u00eda una informaci\u00f3n veraz. <\/p>\n
72. El acusado argumenta que, en orden a establecer la existencia de la demandante, no ten\u00eda que verificar la fecha de constituci\u00f3n de DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S. sino solamente que no estuviera disuelta o liquidada. No obstante, lo cierto es que la existencia legal de la sociedad implica conocer el contenido del certificado expedido por la C\u00e1mara de Comercio y en este se expresa, antes que nada, el instrumento, la fecha y lugar del acto de constituci\u00f3n, como condici\u00f3n de la existencia de la persona jur\u00eddica. Claro, en este tambi\u00e9n se consignan datos relativos a procesos de liquidaci\u00f3n, disoluci\u00f3n, etc., pero es obvio que todas estas son vicisitudes posteriores al acto de constituci\u00f3n que da lugar a la existencia de la sociedad. <\/p>\n
73. Por lo tanto, el examen formal sobre la existencia de la persona jur\u00eddica comportaba la identificaci\u00f3n de su fecha de constituci\u00f3n. De la misma manera, concluir que a la demanda se acompa\u00f1a un t\u00edtulo ejecutivo, con base en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago, como se ha indicado, comportaba tambi\u00e9n dilucidar que no se trata de un documento de otra naturaleza y que contiene una obligaci\u00f3n actualmente exigible. Conocer su contenido, por lo tanto, pon\u00eda de manifiesto que era de una fecha anterior a cuando comenz\u00f3 a existir jur\u00eddicamente la sociedad demandante y, por ende, que se trataba de un documento falso. <\/p>\n
74. Un escenario an\u00e1logo se presenta en el otro proceso civil respecto del cual se acus\u00f3 al ex funcionario, por la comisi\u00f3n del mismo delito. El procesado dispuso acumular a la anterior actuaci\u00f3n la demanda promovida algunos meses despu\u00e9s por COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S., contra CAPRECOM E.P.S. . En consecuencia, libr\u00f3 mandamiento de pago por $7.800.000.000. Luego, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y aprob\u00f3 en todas sus partes la liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito aportada por DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S. <\/p>\n
75. La Fiscal\u00eda esencialmente sostuvo que el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado por COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S. era falso. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 varias incongruencias entre el objeto social de esa empresa y el contrato que dio origen a las 36 facturas base de la ejecuci\u00f3n. Del mismo modo, hace menci\u00f3n a inconsistencias en los datos e identificaci\u00f3n del demandante y la demandada expresados en el libelo, en comparaci\u00f3n con los se\u00f1alados en el aludido contrato. <\/p>\n
76. El procesado y su defensor han contestado a varios de los argumentos anteriores. Sin embargo, as\u00ed como en el caso anterior y con base en razones similares, sostuvieron principalmente que el mandamiento de pago que origin\u00f3 el proceso se someti\u00f3 a las reglas del proceso civil, de modo que la decisi\u00f3n fue ajustada a derecho. A juicio de la Sala, pese a las m\u00faltiples irregularidades, la \u00edndole ostensiblemente contraria a la ley de las actuaciones dentro de este segundo tr\u00e1mite presupone, tambi\u00e9n aqu\u00ed, analizar la legalidad del mandamiento de pago, del cual se derivaron las dem\u00e1s providencias con base en las cuales se adelant\u00f3 la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
77. Pues bien, con la demanda ejecutiva, el apoderado de COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S. aport\u00f3 el correspondiente certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad. En este se expresa que la persona jur\u00eddica, como sociedad por acciones simplificada, fue constituida por documento privado de 12 de enero de 2002, otorgado en Barranquilla, e inscrito en la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, el 23 de enero de 2002. Del mismo modo que lo observ\u00f3 la Fiscal\u00eda y lo concluy\u00f3 el Tribunal, era evidente que, en tanto se trataba de una Sociedad por Acciones Simplificada, forma asociativa introducida por la Ley 1258 de 2008, no pudo haber sido constituida en 2002, como lo se\u00f1alaba el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
78. Una vez m\u00e1s, la anterior no era una informaci\u00f3n que supusiera el an\u00e1lisis de m\u00e9rito, sustantiva, del documento en menci\u00f3n. No presupon\u00eda valoraci\u00f3n jur\u00eddica alguna. Dado que se trataba de la demanda ejecutiva promovida por una persona de derecho privado, un anexo legalmente requerido era el certificado expedido por la C\u00e1mara de Comercio, con el fin de acreditar la existencia de la sociedad. A su vez, para determinar el cumplimiento de esta exigencia el Juzgado deb\u00eda verificar el citado documento, el cual expresa el instrumento, lugar, fecha y tipo asociativo con el que se inscribi\u00f3 la persona jur\u00eddica. <\/p>\n
79. De esta manera, el examen solamente formal del certificado allegado por COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S., destinado a revisar la existencia de la persona jur\u00eddica, permit\u00eda concluir que se trataba de un documento falso. Mediante este se pretend\u00eda acreditar que se trataba de una Sociedad por Acciones Simplificada y, al mismo tiempo, que esta hab\u00eda sido constituida e inscrita en el a\u00f1o en 2002. Lo anterior hac\u00eda evidente la falsedad del certificado, pues se trataba de dos hechos excluyentes entre s\u00ed. El tipo societario S.A.S. fue legislativamente creado en 2008 y la persona jur\u00eddica se inscribi\u00f3 en el a\u00f1o 2002. <\/p>\n
80. De esta manera, el acusado dict\u00f3 dos mandamientos de pago dentro de la actuaci\u00f3n acumulada, uno a favor de DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S., por $2.876.918.122. y el otro en beneficio de COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S., por $7.800.000.000. En el primer caso, lo hizo con base en un t\u00edtulo ejecutivo falso y, en el segundo, procedi\u00f3 de tal modo pese a que la parte ejecutante acredit\u00f3 la existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad con base en un certificado adulterado. La falsedad de tales documentos era ostensible, al an\u00e1lisis meramente formal requerido para la admisibilidad de las correspondientes demandas. <\/p>\n
81. N\u00f3tese que el problema no era si los t\u00edtulos ejecutivos citados eran, o no, aut\u00f3nomos. Tampoco si el juez estaba obligado a revisar los contratos celebrados entre las ejecutantes y CAPRECOM E.P.S., para poder advertir las irregularidades mencionadas. La detecci\u00f3n de la falsedad del t\u00edtulo ejecutivo allegado por DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S y del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado por COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S era consustancial al solo examen de admisibilidad de la demanda, conforme se ha mostrado. <\/p>\n
82. De esta manera, a juicio de la Corte, ambos mandamientos de pago, dictados por el acusado, en las circunstancias anotadas, constituyeron decisiones manifiestamente contrarias a la ley. No puede considerarse que un t\u00edtulo ejecutivo cuya falsedad ha sido identificada puede ser la base v\u00e1lida de una orden de pago. Tampoco el mandamiento ejecutivo puede ser emitido si se observa que uno de los anexos que deben allegarse con la demanda, con base en el cual se acredita la legitimidad de la parte para promover el proceso, tiene car\u00e1cter espurio. <\/p>\n
83. El acusado sostiene que si los t\u00edtulos ejecutivos eran falsos, la soluci\u00f3n no era inadmitir la demanda. Sin embargo, un t\u00edtulo ejecutivo falso equivale a considerar que no existe jur\u00eddicamente, que no fue v\u00e1lidamente aportado, para respaldar una orden judicial de pago. De igual forma, la falsedad del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal comporta que esa prueba nunca fue leg\u00edtimamente allegada con la demanda. En consecuencia, es indiscutible que el acusado no pod\u00eda dictar las resoluciones judiciales de pago, pues la falsedad de los referidos anexos significaba que no hab\u00edan sido v\u00e1lidamente allegados a efectos del tr\u00e1mite. <\/p>\n
84. En la ilicitud de las providencias judiciales tampoco es relevante la conducta procesal asumida por CAPRECOM E.P.S. , como en cambio lo afirma el ex funcionario. Si la demandada guard\u00f3 silencio porque no fue adecuadamente notificada o lo fue pero actu\u00f3 negligentemente, ello no incide en modo alguno en la ilegalidad de las decisiones. El juez est\u00e1 sometido a las reglas sustantivas y procesales en la emisi\u00f3n de sus providencias, con independencia del comportamiento que asuman las partes. En este evento, tales reglas fueron transgredidas, pues se libraron mandamientos de pago, pese a que las demandas de las ejecutantes estaban respaldadas en documentos falsos. <\/p>\n
7.4.2.1.1 El dolo con el cual actu\u00f3 el funcionario <\/p>\n
85. La apelaci\u00f3n sostiene que el procesado no actu\u00f3 con dolo. Se\u00f1ala que depositaba su confianza en los empleados del despacho a su cargo y que no revis\u00f3 las providencias por ellos proyectadas y que son ahora consideradas il\u00edcitas. Considera, adem\u00e1s, que su experiencia no es suficiente para determinar el conocimiento y voluntad de infringir la ley. La Sala encuentra, por el contrario, que varias circunstancias consideradas en su conjunto ponen de manifiesto el dolo con el cual obr\u00f3 el acusado. <\/p>\n
86. La experiencia del ex funcionario como juez civil no es una circunstancia gen\u00e9rica o vac\u00eda de contenido, como lo insin\u00faa la impugnaci\u00f3n. Dilio C\u00e9sar Donado Manotas se posesion\u00f3 como juez promiscuo municipal de Ponedera (Atl\u00e1ntico) el 5 de septiembre de 1985. Luego, el 5 de agosto de 1988, fue nombrado Juez Octavo Civil Municipal de Barranquilla hasta el 16 de abril de 1990, cuando se posesion\u00f3 como Juez Octavo Civil del mismo Circuito judicial. En marzo de 1992 comenz\u00f3 a ejercer el cargo de Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, cargo que desempe\u00f1aba al momento de los hechos. <\/p>\n
87. Conforme a lo anterior, el procesado ten\u00eda una amplia trayectoria en la jurisdicci\u00f3n civil y m\u00e1s de veintid\u00f3s a\u00f1os en el ejercicio de las competencias correspondientes a la justicia del circuito. Esto implica que conoc\u00eda muy bien las normas jur\u00eddicas que reg\u00edan los asuntos a su cargo. Esto, m\u00e1xime que, como \u00e9l mismo lo reconoci\u00f3 en su testimonio, la gran mayor\u00eda de los procesos que tramitaba eran ejecutivos singulares e hipotecarios, que las reglas quebrantadas mediante los referidos mandamientos de pago no ofrecen mayor dificultad interpretativa y que las irregularidades que presentaban los documentos allegados por las demandantes eran evidentes. <\/p>\n
88. Pero adem\u00e1s del conocimiento del derecho aplicable, la amplia experiencia del procesado le permit\u00eda prever la relevancia de la revisi\u00f3n de los documentos aportados en esta clase de procesos. Se trataba de ejecuciones contra una entidad p\u00fablica, del sector de la salud, por m\u00e1s de $2.800.000.000 y $7.800.000.000, respectivamente. Por lo tanto, es verdad que la experiencia y el conocimiento no hace a los funcionarios inmunes a los errores, como afirma el procesado. Sin embargo, cuando, por un lado, se cuenta con una trayectoria como la suya; por el otro, el asunto cuestionado, jur\u00eddicamente, es de aquellos que se resuelven a diario y, por \u00faltimo, la cantidad de los recursos comprometidos en la ejecuci\u00f3n era significativa y su naturaleza era p\u00fablica, puede inferirse que la acci\u00f3n fue ejecutada de forma deliberada. <\/p>\n
89. Por las mismas circunstancias anteriores, no resulta veros\u00edmil que los proyectos de mandamiento de pago, elaborados por un empleado del despacho, no hayan sido revisados por el acusado o que los haya firmado sin la consciencia de que eran manifiestamente contrarios a la Ley. El procesado cita una decisi\u00f3n de esta Sala, en la cual se concluy\u00f3 que el ex juez actu\u00f3 sin dolo porque hab\u00eda firmado, sin verificar, un proyecto de mandamiento de pago por $14.576.737,00, pese a que la demanda no se hab\u00eda acompa\u00f1ado del t\u00edtulo ejecutivo con todas las formalidades legales . Se trata, sin embargo, de un asunto distinto al presente. <\/p>\n
90. En ese caso, la servidora que proyect\u00f3 el mandamiento de pago testific\u00f3 que, pese a haberse allegado como t\u00edtulo ejecutivo un comprobante de dep\u00f3sito judiciales, consider\u00f3 que la demanda cumpl\u00eda con los requisitos legales, por lo cual, elabor\u00f3 la providencia y la entreg\u00f3 \u201ca ver si pasaba el control del juez\u201d. Precis\u00f3 que nunca supo si el funcionario hab\u00eda revisado el proyecto, pues adem\u00e1s ella no le puso de presente las particularidades que not\u00f3 en el t\u00edtulo aportado. Se prob\u00f3, adem\u00e1s, que una vez advertido del error gracias al recurso de reposici\u00f3n promovido contra el auto, el funcionario revoc\u00f3 el mandamiento de pago y rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
91. La tesis de la imprudencia por omisi\u00f3n de revisi\u00f3n, en cambio, no es aqu\u00ed de recibo. Contrario a lo ocurrido en el caso citado, en este no se alleg\u00f3 un medio de convicci\u00f3n que permita evidenciar que hubo particularidades en el tr\u00e1mite y sustanciaci\u00f3n de los mandamientos de pago cuestionados, que hicieran que las decisiones pasaran desapercibidas para el juez, al punto de firmarlas sin previa revisi\u00f3n. De igual manera, n\u00f3tese la ostensible diferencia entre los valores de los mandamientos de pago emitidos en el caso citado y en este asunto, as\u00ed como el hecho de que en el proceso acumulado a cargo del acusado la ejecutada era, no un particular, sino una entidad estatal, que administraba recursos p\u00fablicos. Estas circunstancias, con la indiscutible capacidad para prevenir al procesado sobre la trascendencia en las decisiones a adoptar, impiden hacer la inferencia, como aqu\u00e9l lo reclama, de que no fue consciente de las ilicitudes de los mandamientos de pago. <\/p>\n
92. Desde otro punto de vista, no descarga de dolo al acusado el hecho de que haya suspendido los procesos ejecutivos y requerido a la Fiscal\u00eda la investigaci\u00f3n sobre los hechos, una vez CAPRECOM E.P.S. present\u00f3 escrito al Juzgado, en enero de 2014, en el que advirti\u00f3 que hab\u00eda detectado varias irregularidades en los tr\u00e1mites. Ello, por cuanto, al producirse con posterioridad al memorial de la ejecutada, resultan hechos que pueden ser interpretados de dos formas contradictorias. As\u00ed como la conclusi\u00f3n que aduce el procesado, tambi\u00e9n podr\u00eda inferirse que fueron realizados con el fin de desvincularse y mostrarse ajenos a los il\u00edcitos. <\/p>\n
94. As\u00ed, existen suficientes elementos de juicio para considerar que el ex funcionario actu\u00f3 con dolo. Su experiencia de m\u00e1s de veintid\u00f3s a\u00f1os como juez civil permiten inferir que conoc\u00eda muy bien las normas que reg\u00edan los procesos ejecutivos que tramitaba en su despacho. Lo anterior, en especial, porque la gran mayor\u00eda de actuaciones que adelantaba eran de esa naturaleza y las reglas transgredidas no ofrec\u00edan especiales problemas de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n. Del mismo modo, su trayectoria lo pon\u00eda en condiciones de advertir la importancia de revisar los documentos allegados en los procesos objeto de cuestionamiento, pues se pretend\u00edan cuantiosas sumas de dinero que afectar\u00edan a una E.P.S. de car\u00e1cter p\u00fablico. <\/p>\n
95. En este orden de ideas, se encuentra demostrado que DILIO CESAR DONADO MANOTAS emiti\u00f3 dos mandamientos de pago contra CAPRECOM E.P.S., dentro de la actuaci\u00f3n ejecutiva acumulada, uno a favor de DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S., por $2.876.918.122. y el otro en beneficio de COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S., por $7.800.000.000. El primer auto fue emitido con base en un t\u00edtulo ejecutivo falso y el segundo a partir de un certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, a nombre de la demandante, que tambi\u00e9n ten\u00eda car\u00e1cter espurio. Tales decisiones, resulta claro para la Corte, fueron manifiestamente contrarias a la Ley. <\/p>\n
96. As\u00ed mismo, se halla acreditado que el procesado actu\u00f3 con dolo, pues las normas violadas con los mandamientos de pago eran de diaria aplicaci\u00f3n en los procesos ejecutivos a cargo del ex funcionario y su aplicaci\u00f3n no revest\u00eda mayor dificultad. De igual forma, la amplia experiencia del acusado en el cargo le permit\u00eda no solo conocerlas sino tambi\u00e9n advertir que el caso, debido a la cuant\u00eda de las pretensiones y a la naturaleza p\u00fablica de los recursos afectados, supon\u00eda la revisi\u00f3n especial y cuidadosa de los documentos allegados con las demandas. En este sentido, antes que un acto imprudente o un error, las pruebas conducen a inferir que hubo una actuaci\u00f3n deliberada del procesado, dirigida a desconocer las normas a las cuales se encontraba sujeto. <\/p>\n
Respecto al otro de los delitos imputados al actor, agreg\u00f3 el despacho judicial accionado: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, el acusado aduce que no est\u00e1 probado el desplazamiento del patrimonio p\u00fablico. Afirma que no se demostr\u00f3 la cancelaci\u00f3n o pago efectivo de las sumas. Indica que esto tampoco puede deducirse de los extractos bancarios de los abogados de las ejecutantes. En criterio de la Sala, no asiste raz\u00f3n al apelante en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
99. De acuerdo con las pruebas, el acusado expidi\u00f3 auto del 21 de noviembre de 2013, mediante el cual orden\u00f3 el desembargo de unas cuentas de CAPRECOM E.P.S. En esa misma providencia, advirti\u00f3 que, a la fecha, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y de las costas aprobados ascend\u00eda a $4.010.080.108,37 a favor de DEP\u00d3SITO DENTAL UNIVERSITARIO S.A.S. y de $14.004.387.072,5 en beneficio de COLOMBIANA DE GESTI\u00d3N Y PROCESOS S.A.S. En el auto tambi\u00e9n puso de presente que a la primera ejecutante se le hab\u00eda pagado la totalidad de lo liquidado y que a la segunda se le hab\u00eda entregado un total de $7.054.283.592,41, es decir, un poco m\u00e1s de la mitad de lo liquidado. Por lo tanto, a ese d\u00eda, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que el patrimonio p\u00fablico de la ejecutada se hab\u00eda afectado en $11.064.363.700,78, suma equivalente al total entregado a las ejecutantes. <\/p>\n
100. Ya iniciada la investigaci\u00f3n, por petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, mediante comunicaci\u00f3n de 7 de abril de 2014, quien todav\u00eda ejerc\u00eda el cargo de juez, le inform\u00f3 que a 21 de noviembre de 2013 se hab\u00eda entregado a los demandantes $11.064.363.700,78 y que, con posterioridad, se les hab\u00eda cancelado tres t\u00edtulos por valor de $179.604.760,53, $239.177.198,03 y $1.020.201,06. Anexa al oficio, el acusado remiti\u00f3 copia de las 37 \u00f3rdenes de pago, a trav\u00e9s de las cuales fueron sufragados los anteriores valores. Estos aparecen con firma y huella del juez, el secretario, el jefe de la oficina judicial y el responsable de la \u201coficina respectiva\u201d. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n figura huella y firma de recibido, por parte de los abogados de las ejecutantes. <\/p>\n
101. En adici\u00f3n, en diligencia de inspecci\u00f3n a la oficina judicial de los juzgados civiles de Barranquilla, la jefe de la dependencia puso a disposici\u00f3n de la polic\u00eda judicial 34 de los 37 t\u00edtulos indicados con anterioridad. En este caso, anexas a las \u00f3rdenes de pago se aportaron para la investigaci\u00f3n actas de entrega independientes, una por cada orden. Estas figuran firmadas por la referida Jefe de la oficina judicial y los apoderados de las ejecutadas que recibieron los t\u00edtulos para el pago en cada caso. <\/p>\n
102. Lo anterior implica que los recursos p\u00fablicos en cuesti\u00f3n efectivamente salieron de la esfera jur\u00eddica de dominio de la instituci\u00f3n p\u00fablica defraudada. Las entidades bancarias en las cuales CAPRECOM E.P.S. ten\u00eda las cuentas embargadas por orden del juzgado, con ocasi\u00f3n de los procesos ejecutivos en menci\u00f3n, constituyeron los respectivos dep\u00f3sitos judiciales, destinados al pago de las supuestas obligaciones. Luego, el Juzgado dispuso su entrega a los demandantes, a lo cual se procedi\u00f3 en la forma antes indicada. Con esta entrega, se ejecut\u00f3 la conducta de peculado, pues los demandantes adquirieron el derecho a recibir el valor de cada dep\u00f3sito y la ejecutada ya no dispon\u00eda de los recursos en sus cuentas. <\/p>\n
103. Como se se\u00f1al\u00f3 en las consideraciones de esta sentencia, la apropiaci\u00f3n a la que hace referencia el peculado por apropiaci\u00f3n puede llevarse a cabo a trav\u00e9s de decisiones judiciales. Cuando ello ocurre, la disponibilidad de los bienes est\u00e1 vinculada al ejercicio de deberes funcionales del servidor, quien dispone de la titularidad de los recursos. En este caso, luego de haberse constituido los respectivos dep\u00f3sitos judiciales con dineros p\u00fablicos, el Juez acusado orden\u00f3 su entrega a los apoderados de las demandantes, con lo cual, dispuso en ese momento de tales valores y se apoder\u00f3 de ellos, en favor de los citados terceros. <\/p>\n
104. No se precisa, de forma necesaria, la prueba de que los dineros hayan entrado a las cuentas de las personas que recibieron los dep\u00f3sitos judiciales. La conducta punible se consuma al momento en el cual, en virtud de la decisi\u00f3n del juez, el Estado pierde la disponibilidad de aquellos y pasa a estar a favor de terceros. El exfuncionario, justamente, en el citado auto de 21 de noviembre de 2013, considerando que, ya buena parte de los valores por los cuales se liquidaron los supuestos cr\u00e9ditos y costas, hab\u00edan sido pagados a las ejecutantes, orden\u00f3 el desembargo de cuatro cuentas bancarias de la demandada. <\/p>\n
105. De esta forma, contrario a lo sostenido por los impugnantes, est\u00e1 probado el desplazamiento patrimonial de los recursos oficiales, a favor de terceros. Las decisiones del juez procesado, comenzando con los ilegales mandamientos de pago, continuando con los prove\u00eddos de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, practicar medidas cautelares, liquidar los cr\u00e9ditos y costas y, finalmente, entregar los dineros ejecutados, ocasionaron la apropiaci\u00f3n de dineros p\u00fablicos. La defraudaci\u00f3n patrimonial se halla entonces demostrada. <\/p>\n
106. Adem\u00e1s, debe subrayarse que las decisiones manifiestamente contrarias a la ley dictadas por el acusado fueron el medio para apropiarse de los recursos y que estas fueron dolosamente emitidas. Esto permite inferir, tambi\u00e9n, que la intenci\u00f3n con la emisi\u00f3n de tales providencias era lograr el detrimento del patrimonio p\u00fablico a favor de los apoderados de las ejecutantes. De esto se sigue, por consiguiente, que la conducta punible de peculado fue tambi\u00e9n ejecutada con conocimiento y voluntad. <\/p>\n
107. En s\u00edntesis, se halla demostrado que el ex funcionario acusado, en el marco de los dos procesos acumulados contra CAPRECOM E.P.S., a partir de decisiones ilegales, procedi\u00f3 a la entregar a las ejecutantes m\u00e1s de $11.000.000.000. Las evidencias documentales ponen de manifiesto que dispuso la orden de pago de 37 t\u00edtulos judiciales y que los mismos fueron recibidos por los apoderados de las demandantes. De igual manera, est\u00e1 probado que a ello se procedi\u00f3 con dolo, pues el ex juez, debido a sus condiciones personales, sab\u00eda de la ilicitud de la conducta y, por medio de las decisiones dictadas, obr\u00f3 con voluntad de defraudar a la entidad p\u00fablica ejecutada. <\/p>\n
108. En este orden de ideas, dado que est\u00e1 acreditada la ejecuci\u00f3n de las conductas punibles de prevaricato y peculado por apropiaci\u00f3n, as\u00ed como el dolo del funcionario en su realizaci\u00f3n, la Corte confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de condena respecto de ambos delitos, emitida por el Tribunal de Barranquilla. Por \u00faltimo, procede analizar los cuestionamientos a la individualizaci\u00f3n de la pena realizada por el A quo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial querellada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que estaban demostrados los requisitos necesarios para condenar al procesado, al demostrarse los elementos configurativos de las conductas punibles por las que fue acusado. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Las consideraciones precedentes, resultan suficientes para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11575-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11575-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03916-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dilio C\u00e9sar Donado Manotas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76808","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76808"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76808\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}