STC11577-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11577-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03833-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Hern\u00e1ndez Vargas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado y el S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, ambos de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-80002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 16 de mayo de 2023 elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00absolicitando se me concediera la oportunidad de presentar recurso extraordinario de casaci\u00f3n dentro de mi proceso, toda vez que, hasta el momento no he contado con una verdadera defensa t\u00e9cnica dentro de mi proceso penal, pero ya han pasado m\u00e1s de los quince (15) d\u00edas para dar respuesta\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, se ordene a la accionada que, \u00abbrinde una respuesta total de fondo a mi derecho de petici\u00f3n (\u2026) se inste a la accionada para que cumpla con los lineamientos y tiempos que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica tiene [\u2026] para dar respuesta a un derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que, el entonces Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya con auto del 15 de septiembre de 2021 inadmiti\u00f3 un recurso de revisi\u00f3n presentado por la defensa del ac\u00e1 actor, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 esa Sala el 1\u00ba de marzo de esta anualidad al resolver la reposici\u00f3n interpuesta. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, el 23 de mayo de 2023, Hern\u00e1ndez Vargas, alleg\u00f3 a la Sala memorial denominado \u00absolicitud de estudio y aprobaci\u00f3n de recurso de casaci\u00f3n penal dentro del proceso NI 56848\u00bb, repartido el 5 de junio de la presente anualidad al despacho del Magistrado Hugo Quintero Bernate, quien dio respuesta al mismo con auto del 29 de junio de este a\u00f1o, ordenando remitir copia de la petici\u00f3n al Tribunal Superior de Neiva por ser competente para resolver la misma. Dicho pronunciamiento fue comunicado a las partes del proceso penal el 15 de agosto. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva destac\u00f3 que, esa corporaci\u00f3n, en el juicio penal que se adelant\u00f3 contra el aqu\u00ed accionante, dict\u00f3 fallo de segunda instancia el \u00ab31 de julio de 2019 (sic)\u00bb, frente al cual la defensa del procesado interpuso el recurso de casaci\u00f3n, empero, no fue sustentado, por lo que mediante auto del 24 de septiembre de 2019 fue declarado desierto. El 10 de octubre de 2019 devolvi\u00f3 el expediente al juzgado de origen. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al derecho de petici\u00f3n cuya respuesta reclama el gestor, adujo que fue contestado el 18 de agosto de 2023, inform\u00e1ndole a aqu\u00e9l lo sucedido con el recurso extraordinario, e indic\u00f3 que remiti\u00f3 su escrito al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, despacho en el que se hallaba el expediente. <\/p>\n
3. Una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, relacion\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite penal adelantado contra Hern\u00e1ndez Vargas, quien fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva el 2 de abril de 2018 por los delitos de \u00abhomicidio agravado y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, secuestro simple y secuestro agravado\u00bb (2016-80002). Indic\u00f3 que, ese tribunal dict\u00f3 sentencia de segunda instancia confirmando la condena el 24 de julio de 2019, la cual qued\u00f3 ejecutoriada el 8 de octubre de 2019, luego de que venciera en silencio el t\u00e9rmino para sustentar el recurso de casaci\u00f3n por la defensa y fuera declarado desierto el mismo, sin que se recurriera la decisi\u00f3n que as\u00ed lo dispuso. <\/p>\n
4. El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva cont\u00f3 que, conden\u00f3 a Hern\u00e1ndez Vargas a la pena de 480 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado en concurso con porte de armas de fuego de uso restringido, privativo de las Fuerzas Armadas, secuestro simple y secuestro simple agravado\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, remiti\u00f3 el proceso a los juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja desde el 23 de mayo de 2023, siendo repartido al Tercero de esa especialidad. Inform\u00f3 finalmente que, el sentenciado solicit\u00f3 copias del expediente, petici\u00f3n que le respondi\u00f3 el 15 de agosto de 2023, indic\u00e1ndole que la misma fue \u00abenviada al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas\u00bb de Tunja. <\/p>\n
5. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Neiva dijo que, conoci\u00f3 de las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en contra del accionante, las cuales se desarrollaron el 10 de noviembre de 2016. <\/p>\n
6. El Fiscal 4\u00ba Especializado apunt\u00f3 que, ese despacho fiscal conoci\u00f3 de la noticia criminal SPOA 2016-80002 contra Miguel \u00c1ngel Hern\u00e1ndez Vargas, quien fuere condenado por diversos delitos. Manifest\u00f3 que, en relaci\u00f3n con el objeto de la presente tutela no le es posible hacer pronunciamiento alguno \u00abtoda vez que no es competencia de la Fiscal\u00eda Cuarta Especializada\u00bb. <\/p>\n
7. El Director de la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad \u00abEl Barne\u00bb de Tunja, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde dilucidar si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada, por no responder la petici\u00f3n elevada por el ac\u00e1 querellante el 16 de mayo de 2023, dirigida a solicitar se habilite la posibilidad de interponer recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta en el proceso penal rad. 2016-80002. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Si bien el gestor denuncia el quebrantamiento de varios derechos fundamentales, todos ellos ligados de manera intr\u00ednseca al debido proceso, lo cierto es que, la queja se contrae a manifestar su inconformidad con la Sala Especializada accionada por la falta de respuesta a una solicitud (de 16 de mayo de 2023), que por su propia cuenta elev\u00f3 con el fin de que se habilite, nuevamente, la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisado lo anterior, en el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento en cuesti\u00f3n tiene v\u00ednculo con el juicio penal radicado n\u00ba 2016-80002 que curs\u00f3 contra el aqu\u00ed tutelante ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el actor no se encuentra habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que la autoridad tutelada respondiera sobre un asunto propio del tr\u00e1mite judicial en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, al margen de lo anterior, se tiene que tampoco podr\u00eda atribuirse violaci\u00f3n de ninguna otra prerrogativa, dado que, de acuerdo a lo informado en estas diligencias por las autoridades convocadas, el pedimento de Hern\u00e1ndez Vargas cuya contestaci\u00f3n reclama, fue atendido tanto por la Hom\u00f3loga Penal como por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva y debidamente notificado, seg\u00fan lo acreditaron. <\/p>\n
La primera autoridad en menci\u00f3n, mediante auto de 29 de junio de 2023 se pronunci\u00f3 indic\u00e1ndole al peticionario que, dicha Sala solo era competente para conocer de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n que su defensor inco\u00f3; y, seguidamente le aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurso extraordinario de casaci\u00f3n debe ser interpuesto ante el tribunal encargado de proferir la sentencia de segunda instancia, de acuerdo con el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004; \u201cART\u00cdCULO 183. OPORTUNIDAD: El recurso se interpondr\u00e1 ante el Tribunal dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n y en un t\u00e9rmino posterior com\u00fan de treinta (30) d\u00edas se presentar\u00e1 la demanda que de manera precisa y concisa se\u00f1ale las causales invocadas y sus fundamentos\u201d. <\/p>\n
Por lo que de conformidad con lo anterior se extrae que el presente asunto es competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la colegiatura vinculada respondi\u00f3 con oficio n\u00ba 2681 del 18 de agosto pasado inform\u00e1ndole al interesado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el proceso radicado n\u00ba 41078600058920168000201 seguido en su contra por el delito de homicidio y otros, fue devuelto el 10 de octubre de 2019 al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, por haberse declarado desierto el recurso de interpuesto por su defensor contra sentencia de segunda instancia al no haber sustentado, quedando debidamente ejecutoriada la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, se desprende que la reclamaci\u00f3n del quejoso resulta infundada, ya que las autoridades convocadas absolvieron en su oportunidad la solicitud impetrada. <\/p>\n
Por lo expuesto, se impone la negativa de la salvaguarda habida cuenta que, como viene de puntualizarse, no se demostr\u00f3 vulneraci\u00f3n de derecho alguno. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Resulta improcedente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial; no obstante, sin perjuicio de ello, conforme se constat\u00f3 en esta actuaci\u00f3n, como la Sala Especializada y el tribunal vinculado se pronunciaron frente a la petici\u00f3n incoada por el gestor del amparo, se descarta el desconocimiento de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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