STC11584-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11584-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03849-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Francisco Ochoa Jaramillo y Santiago Melquicedec Elorza Toro contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Civil Laboral de La Ceja; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P., as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00b0 2022-00329. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub lite: <\/p>\n
Relatan los promotores que ante el juzgado accionado \u00abse tramit\u00f3 un proceso de servidumbre de l\u00edneas de trasmisi\u00f3n de energ\u00eda en la que [fueron] demandados por EPM y que termin\u00f3 con sentencia a [su] favor (\u2026) [orden\u00e1ndose] pagar $ 677.798.253.oo por indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os causados\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, aducen que adelantaron proceso ejecutivo conexo en aras de obtener el pago de la obligaci\u00f3n contenida en el aludido fallo, libr\u00e1ndose mandamiento ejecutivo el 21 de octubre de 2022, en el que adem\u00e1s se \u00aborden\u00f3 la medida cautelar solicitada (\u2026) sobre dineros que hubiese en la cuenta corriente\u00bb de la demandada, la cual se hizo efectiva el 17 de noviembre de 2022, pues la entidad bancaria receptora inform\u00f3 que \u00ab[la] hab\u00eda aplicado (\u2026) en la suma de $1.239.662.000.00 M.L. que fue el l\u00edmite fijado\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, refieren que el juzgado endilgado resolvi\u00f3 \u00abno declarar la nulidad y orden\u00f3 a EPM presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, actuaci\u00f3n que al ser atendida tuvo en cuenta \u00abcomo corte de la liquidaci\u00f3n de intereses el 11 de noviembre de 2022, fecha en que la ejecutada hab\u00eda hecho la consignaci\u00f3n de los dineros que consider\u00f3 como pago de la obligaci\u00f3n\u00bb, por lo que procedieron a objetarla alegando que no se permiti\u00f3 la inclusi\u00f3n de los r\u00e9ditos causados hasta la fecha de su presentaci\u00f3n, esto es, 31 de marzo de 2023; no obstante, al definir el monto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y acceder a terminar el proceso, el juzgado calcul\u00f3 \u00fanicamente los intereses moratorios generados hasta la fecha en que los dineros recaudados -con ocasi\u00f3n de la medida cautelar-, fueron puestos a disposici\u00f3n del proceso, pues con ello se satisfizo la totalidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconformes, dicen que formularon recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, reprochando que \u00abel despacho no pod\u00eda tener como pago de la obligaci\u00f3n una suma que hab\u00eda sido consignada (\u2026) como resultado de una medida de embargo (\u2026) y que no se hab\u00eda condenado en costas siendo esto totalmente procedente\u00bb, pero, tras confirmar su decisi\u00f3n, el a-quo concedi\u00f3 el remedio ante el superior, quien a su vez ratific\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
En ese sentido, critican que los estrados encartados \u00absin resolver la excepci\u00f3n de pago formulada por la demandada, procedieron a declarar terminado el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, echando mano para ello (\u2026) de otro t\u00edtulo que exist\u00eda en el proceso, (\u2026) que hab\u00eda sido consignado por Bancolombia -(NO POR EPM)- a favor del juzgado en el Banco Agrario el 9 de diciembre de 2022 en cumplimiento de la orden de embargo (\u2026) [violando] los derechos de la parte ejecutante al debido proceso y a la satisfacci\u00f3n total del cr\u00e9dito\u00bb, como quiera que dicha actuaci\u00f3n, adem\u00e1s de desconocer los postulados del art\u00edculo 461 del estatuto procesal, \u00abtiene por virtud perniciosa e ilegal el congelamiento de los intereses de mora a los que tiene derecho el ejecutante, desde el momento en que se materializa la medida, concretamente en los casos -como el que hoy nos ocupa-, en el que se observa claramente que los intereses se congelaron desde el 9 de diciembre de 2022, a pesar de que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue presentada por EPM el 28 de marzo de 2023 y la objeci\u00f3n a dicha liquidaci\u00f3n fue resuelta por el juzgado el 15 de abril del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, manifestaron su desacuerdo al \u00abhaberse aplicado parcialmente el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 440 del C.G.P. por cercenamiento de la disposici\u00f3n de condenar en costas a la ejecutada cuando se cumple la orden de ejecuci\u00f3n en el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el mandamiento de pago\u00bb y destacaron lo considerado por esta Corporaci\u00f3n en una acci\u00f3n de tutela previa que involucr\u00f3 igualmente el asunto que ahora es objeto de queja (Sentencia STC10682-2023). <\/p>\n
3. En consecuencia, piden \u00abdejar sin efecto el [aparte del auto que] declar\u00f3 terminado el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb y, en su lugar, \u00abdar aplicaci\u00f3n al inciso 4\u00ba del art\u00edculo 461 del C.G.P. ya que, de acuerdo a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por el juzgado, para el 28 de noviembre de 2022 hab\u00eda un saldo de la deuda sin solucionar de $132.650.778,28 M.L\u00bb; asimismo, de manera subsidiaria, deprecaron que \u00abse ordene la aplicaci\u00f3n [del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 440 \u00eddem] en su integridad, esto es, condenando en costas a la parte ejecutada y tramitando el incidente all\u00ed previsto de ser el caso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, adem\u00e1s de remitir el enlace de acceso al expediente digital indagado, afirm\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte actora y subray\u00f3 que \u00abal no tener (\u2026) inter\u00e9s en las resultas del proceso, [se atiene] a lo que tenga a bien disponer [esta Corte]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La magistratura convocada, a trav\u00e9s de la abogada asesora del despacho, pidi\u00f3 que se niegue el amparo y remiti\u00f3 \u00abla providencia atacada, donde obran los fundamentos de hecho y derecho en que la misma se ciment\u00f3 y en cuyo prove\u00eddo fue clara y coherente la Sala Unitaria de Decisi\u00f3n presidida por la Magistrada Claudia Berm\u00fadez Carvajal, en realizar la valoraci\u00f3n separada y conjunta de los elementos probatorios obrantes en el tr\u00e1mite conforme lo dispone el art. 176 del CGP, as\u00ed como la legislaci\u00f3n aplicable al asunto, todo lo anterior, de cara a las actuaciones judiciales surtidas a lo largo del proceso, las cuales se analizaron acorde a las reglas de la sana cr\u00edtica. Adicionalmente, [se\u00f1al\u00f3] que la acci\u00f3n de tutela (\u2026) tiene como fundamento f\u00e1ctico una inconformidad interpretativa de la valoraci\u00f3n probatoria; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la tutela no est\u00e1 instituida para cuestionar la labor interpretativa del operador jur\u00eddico excepto en el caso de que haya sido abiertamente arbitraria, vulneraci\u00f3n constitucional que no se configur\u00f3 en la providencia tutelada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Empresas Municipales de Medell\u00edn E.S.P. sostuvo que carece de legitimaci\u00f3n por pasiva y que lo ahora recriminado frente a la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno fue siquiera objeto de apelaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite del recurso (\u2026) interpuesto por los demandantes dentro del proceso ejecutivo\u00bb, aunado a que con este mecanismo no se puede pretender el pago de litigios de contenido econ\u00f3mico, ni se puede exceder en su uso, toda vez que en reciente oportunidad los accionantes ya acudieron a este remedio excepcional. <\/p>\n
En escrito posterior, trajo copia del auto de 6 de octubre de 2023, emitido al interior del asunto revisado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal querellado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales de los gestores, en el juicio ejecutivo que promueven (rad. n.\u00ba 2022-00239), por cuanto decidi\u00f3 confirmar el auto de 19 de abril de 2023, \u00aba trav\u00e9s del cual el Juzgado Civil del Circuito de la Ceja, declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n presentada por los impugnantes contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por la contraparte, y decidi\u00f3 modificar esta \u00faltima de oficio, decretando la terminaci\u00f3n por pago\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 4 de septiembre de 2023, por la Sala Unitaria de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha se\u00f1alado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la presente queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n, pues se advierte la configuraci\u00f3n del aludido defecto, por cuanto las razones que justificaron la confirmaci\u00f3n del auto criticado -al margen del estudio que en su momento ejerza sobre ellos el despacho cognoscente- desconocieron los planteamientos expuestos por los all\u00e1 recurrentes. <\/p>\n
Surtidas algunas actuaciones adicionales, el juzgado a cargo requiri\u00f3 a la parte ejecutante \u00abpara que presente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, especificando mes por mes la tasa de inter\u00e9s aplicada, a fin de dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art. 440 inc. 1\u00b0 del C.G.P., en armon\u00eda con lo se\u00f1alado en el art. 461 inc. 3\u00b0 \u00eddem\u00bb; en acatamiento, Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. aport\u00f3 un formato de liquidaci\u00f3n y precis\u00f3 que \u00abde acuerdo con el dep\u00f3sito judicial del 28 de noviembre de 2022, [que] consign\u00f3 a \u00f3rdenes del Despacho [por] la suma de $1.086.355.896 (\u2026), se da cuenta de que la totalidad de la obligaci\u00f3n se encuentra a \u00f3rdenes del despacho y que no existe m\u00e9rito para continuar con el presente tr\u00e1mite procesal\u00bb. <\/p>\n
Inconformes con el c\u00e1lculo realizado, los ejecutantes lo objetaron arguyendo que no se aplic\u00f3 la tasa de inter\u00e9s de mora reconocida y que, aun teniendo en cuenta la consignaci\u00f3n realizada, permanece un saldo pendiente, \u00abpor lo tanto la parte ejecutada no ha pagado el monto del cr\u00e9dito liquidado en la forma ordenada en el mandamiento ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, tras desestimar la objeci\u00f3n propuesta contra el cr\u00e9dito liquidado por la entidad ejecutada, el a-quo decidi\u00f3 modificarlo de oficio y decretar la terminaci\u00f3n del litigio, sin lugar a condena en costas, esencialmente, debido a que \u00abla parte ejecutante no tuvo en cuenta la segunda consignaci\u00f3n efectuada para este proceso el d\u00eda 9 de diciembre de 2022, por la suma de $1.239\u2019662.000, (\u2026) [pues] por cuenta de este proceso existen dos t\u00edtulos judiciales, el N\u00b0 62438 del 28 de noviembre de 2022, por la suma de $1.086\u2019355.896; y, el N\u00b0 62578 del 9 de diciembre de 2022, por la suma de $1.239\u2019662.000, el cual tampoco fue tenido en cuenta por la parte ejecutada al presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb y defini\u00f3 que como con el segundo abono \u00abse cumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el mandamiento ejecutivo, se declarar\u00e1 la terminaci\u00f3n del proceso, sin condenar en costas, habida cuenta que nos encontramos en una ejecuci\u00f3n adelantada a continuaci\u00f3n del proceso declarativo Rad.- 2017-00012. Art. 306 C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En evidente desacuerdo con lo anterior, parte del ataque formulado por los convocantes consisti\u00f3, enf\u00e1ticamente, en que erradamente se \u00abasume como pago por parte de la ejecutada el resultado de una medida cautelar consistente en el embargo de los dineros que posee la ejecutada en la cuenta 00190499600 de Bancolombia que fue ordenada en el auto del 21 de octubre de 2022\u00bb cuando, adem\u00e1s de no tratarse de un pago voluntario -que tampoco fue incluido en la liquidaci\u00f3n presentada por la entidad-, la aludida cautela \u00abfue objeto de repulsa y de inconformidad por parte de la demandada\u00bb, aunado a que el asunto no cuenta con orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n -art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso-, ni se trata de alg\u00fan acuerdo conciliatorio que as\u00ed lo permita, siendo \u00abun dislate inexplicable del juzgado su aseveraci\u00f3n de que \u201cni la norma ni la jurisprudencia hacen distinciones o ponderan la efectividad de las formas de pago al interior del proceso ejecutivo\u201d cuando es clara la distinci\u00f3n que hace la ley entre consignaci\u00f3n del valor del cr\u00e9dito y las costas por parte del demandado y la materializaci\u00f3n de una medida cautelar y la entrega de lo embargado al ejecutante para efectivizar la sentencia. Si se siguiera la l\u00f3gica del despacho en todos los procesos ejecutivos tendr\u00edamos que, con el solo embargo y secuestro de un bien inmueble, sin que se encuentre en firme la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y sin que se lleve a cabo el remate del bien, se entienda pagado el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
No obstante, para ratificar la decisi\u00f3n de primera instancia, la magistrada encargada, frente a los precisos reparos mencionados, se limit\u00f3 a decir que los mismos son \u00abincongruente[s] con los fines del rito coercitivo, puesto que se opone a la satisfacci\u00f3n de las prestaciones reclamadas en la demanda, con base en argumentos que intentan ubicar las normas procedimentales como obst\u00e1culo para la efectividad del derecho sustancial\u00bb e insisti\u00f3 en que son desenfocados, toda vez que \u00abse muestran disconformes, pese a que obtuvieron lo pedido dentro del \u00e1mbito jur\u00eddicotemporal dispuesto en el mandamiento compulsivo; y en segundo lugar, por cuanto la solicitud de terminaci\u00f3n del juicio radicada por la ejecutada, fundada en la extinci\u00f3n total de las obligaciones por haberse comprobado el pago de $1.086\u2019355.896 exhibe con nitidez su voluntariedad de cumplimiento y en adici\u00f3n, que la motivaci\u00f3n de la solicitud del levantamiento de la cautela que en \u00faltimas permiti\u00f3 ajustar el saldo para llegar a la cifra global adeudada obedeci\u00f3 a la creencia de que era innecesaria\u00bb, aclarando que \u00ablos t\u00edtulos judiciales que satisficieron las prestaciones perseguidas con la ejecuci\u00f3n fueron puestos a disposici\u00f3n del juzgado dentro del lapso contemplado en la orden de apremio (\u2026); de ah\u00ed que lo resuelto por la A quo, se acompase a los fines del proceso, as\u00ed como al car\u00e1cter instrumental de las cautelas y al \u00e1mbito temporal establecido para el pago\u00bb. <\/p>\n
Al recordar que otro de los reproches propuestos por los recurrentes se dirig\u00eda a cuestionar que \u00abel dinero deducido del embargo a una cuenta bancaria se hubiera imputado como pago, pese a que no medi\u00f3 la orden de continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb, reiter\u00f3 el ad quem que \u00abla denotada intenci\u00f3n de cumplimiento total expresada por la accionada, y la disposici\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales dentro del t\u00e9rmino concedido para ello en el mandamiento compulsivo, claramente permit\u00edan considerar saldadas las prestaciones y la culminaci\u00f3n de la Litis, como lo determin\u00f3 la cognoscente, habida cuenta que la cautela de la que provino el pago, fue decretada precisamente para asegurar el acatamiento de lo reclamado con la demanda, por lo que no tiene sentido alguno restarle su alcance o efectividad, en procura de desplegar otras fases procesales como ocurrir\u00eda si se dictara la providencia tendiente a proseguir el tr\u00e1mite, pues con ello se incurrir\u00eda en un exceso ritual manifiesto que desplazar\u00eda la satisfacci\u00f3n alcanzada del derecho sustancial, para anteponer el rigor inane del procedimiento, en desmedro del mandato de la supremac\u00eda objetiva sobre la formal, consagrado en el prenotado canon superior 228 CP.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En ese orden, al advertir que, en la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, ning\u00fan argumento desarroll\u00f3 la colegiatura cuestionada para justificar el hecho de acudir a lo recaudado por una medida cautelar como abono para satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada, sin mediar intenci\u00f3n previa del deudor en ese sentido o haberse definido el pleito a trav\u00e9s del prove\u00eddo que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, de tal manera que el ejecutante pueda acceder a la entrega de dineros (art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso), soslayando adem\u00e1s la naturaleza preventiva de las medidas cautelares; resulta evidente que el ad-quem no realiz\u00f3 una verdadera valoraci\u00f3n de los planteamientos esbozados por los apelantes en aras de declarar infundada la objeci\u00f3n formulada, modificar oficiosamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y de contera terminar el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, como en los mencionados argumentos no repar\u00f3 de fondo el fallador de segundo grado, es indudable la trasgresi\u00f3n del derecho a un debido proceso del promotor, por lo cual, en aras de salvaguardar dicha garant\u00eda, es necesario conceder el amparo ordenando al tribunal involucrado deje sin efecto lo resuelto y emita una nueva decisi\u00f3n, pero esta vez abarcando el estudio de todos los motivos que sustentaron el recurso de apelaci\u00f3n formulado, conforme a las consideraciones expuestas en este fallo. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, dada la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de los gestores, se conceder\u00e1 el auxilio, ordenando dejar sin efecto el prove\u00eddo de fecha 4 de septiembre de 2023 proferido en el ejecutivo rad. 2022-00329 y, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n de segunda instancia que defina el fondo del asunto, comprendiendo todos los reproches expuestos por la parte all\u00e1 apelante. <\/p>\n
Bajo ese entendido, al determinarse la viabilidad de las pretensiones principales incoadas en esta acci\u00f3n, no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno frente a la solicitud subsidiaria alusiva a que \u00abse ordene la aplicaci\u00f3n [del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 440 \u00eddem] en su integridad, esto es, condenando en costas a la parte ejecutada\u00bb, pues ella deriva de la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se ordena dejar sin efecto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la salvaguarda de las prerrogativas fundamentales derivadas del debido proceso de los accionantes. <\/p>\n
En tal virtud, se ORDENA a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto su auto de 4 de septiembre de 2023 dictado, en segunda instancia, en el juicio ejecutivo con radicado n.\u00ba 2022-00329-01 y, as\u00ed mismo, emita un nuevo prove\u00eddo, atendiendo los razonamientos plasmados en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actual art\u00edculo 279 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11584-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11584-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03849-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Francisco Ochoa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76816","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76816","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76816"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76816\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76816"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76816"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76816"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}