STC11585-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11585-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00292-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 26 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Graciano Yepes Vega contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los pleitos 200-00235 y 2023-00191. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que ante el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 se adelant\u00f3 proceso de fijaci\u00f3n de alimentos (rad. 2000-00235), a cargo suyo y a favor de su hijo Juan David Yepes Fandi\u00f1o, hoy mayor de edad; que dentro del \u00abproceso de revisi\u00f3n de cuota de alimentos [rad. 2012-00116]\u00bb, el Juzgado Segundo de Familia de esa capital, con auto del \u00ab8 de septiembre de 2022 [orden\u00f3] la suspensi\u00f3n de la entrega de los t\u00edtulos judiciales por concepto de cuota alimentaria hasta que mi hijo demostrara la necesidad de recibirlos e igualmente orden\u00f3 comunicar al Juzgado Primero para que procediera a ejecutar [la] orden\u00bb. <\/p>\n
Que ante el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 present\u00f3 \u00abpetici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb, y este se la remiti\u00f3 por competencia a su hom\u00f3logo Primero, quien la radic\u00f3 bajo el n\u00b0 2022-00474, la inadmiti\u00f3 y luego rechaz\u00f3 \u00abpor no aportar el requisito de procedibilidad conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que el \u00ab30 de mayo de 2023\u00bb, impetr\u00f3 nueva solicitud de exoneraci\u00f3n ante el accionado a fin de que \u00abfuera tramitada dentro de la radicaci\u00f3n 2000-235\u00bb, frente a lo cual ese estrado, luego de radicarla bajo el n\u00b0 2023-00191, con auto del 27 de junio de 2023 dispuso su inadmisi\u00f3n; que pese a subsanarla indicando que \u00abla jurisprudencia de las altas cortes ha sido clara en (\u2026) reiterar que en esta clase de tr\u00e1mites no es necesario el requisito de procedibilidad \u201cconciliaci\u00f3n\u201d, y en indicar que las decisiones de los juzgados se solicitan como prueba trasladada, [el querellado] resuelve rechazar la demanda\u00bb, aduciendo que \u00abno se aport\u00f3 la conciliaci\u00f3n extrajudicial, ni las decisiones del Juzgado Segundo de Familia, ni la de ese mismo juzgado\u00bb, decisi\u00f3n que, en sentir del actor, \u00abse aparta sin ninguna motivaci\u00f3n del precedente judicial, adem\u00e1s de exigir documentos que el mismo tiene en su poder\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene [al encartado] el tr\u00e1mite expedito a [la] petici\u00f3n [de exoneraci\u00f3n de alimentos] que lleva m\u00e1s de un a\u00f1o sin [resolver]\u00bb, y que \u00abacate la orden impartida por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 [sobre] la suspensi\u00f3n inmediata de la entrega de los t\u00edtulos por concepto de cuota alimentaria a mi hijo Juan David\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que \u00aben las inadmisiones de los dos procesos de exoneraci\u00f3n [rad. 2022-00474 y 2023-00191], se requiri\u00f3 al demandante (\u2026) para que acrediten la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad en los t\u00e9rminos del Art. 69 y 71 de la Ley 2220 de 2022 (\u2026), sin que haya cumplido con dicha carga procesal, al igual que se le requiri\u00f3 para que allegara copia de las decisiones donde se fijaron los alimentos [objeto de] exoneraci\u00f3n (\u2026), sin que allegara los documentos requeridos [para subsanar]\u00bb, y que tales \u00abrequerimientos se encuentran ajustados a la ley\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al despacho convocado, manifest\u00f3 abstenerse de emitir concepto, \u00abdado que dentro de la presente acci\u00f3n no se se\u00f1ala afectaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n a ning\u00fan derecho de un menor de edad\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 14 Judicial II de Familia de Ibagu\u00e9, consider\u00f3 que \u00abla tutela se torna improcedente [ya que] la controversia (\u2026) debe ser dirimida por la justicia ordinaria de familia competente, [es decir], existe otro mecanismo de defensa en el que se zanj\u00f3 el litigio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo en relaci\u00f3n con los reproches \u00abfrente a los procesos de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria (\u2026), tras encontrarse insatisfecho el requisito de subsidiariedad, [en tanto que] las determinaciones proferidas el 10 de marzo de 2023 [rad. 2022-00474] y 1\u00b0 de septiembre de 2023 [rad. 2023-00191], a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 rechaz\u00f3 las demandas (\u2026), no fueron objeto de los recursos previstos en la normativa procesal\u00bb, pero lo concedi\u00f3 por mora judicial, al advertir que ese mismo despacho ha omitido pronunciarse sobre \u00abla suspensi\u00f3n en la entrega de t\u00edtulos judiciales (\u2026), dispuesta por [el] Juzgado Segundo de Familia de la citada localidad [y notificada al accionado con oficio del 29 de marzo de 2023]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para reiterar sus argumentos, citando como criterios de autoridad, sendos pronunciamientos de esta Sala sobre dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia del actor, porque: (i) rechaz\u00f3 -por segunda vez- la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, aduciendo incumplimiento de los requisitos de una demanda, y (ii) no ha dado tr\u00e1mite a la determinaci\u00f3n adoptada por su hom\u00f3logo Segundo de Familia, en relaci\u00f3n con la \u00absuspensi\u00f3n de entrega de t\u00edtulos\u00bb de dep\u00f3sito judicial. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia, la acci\u00f3n contra esta clase de decisiones, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez de tutela no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo y, por tanto, se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7040-2023, 19 jul., rad. 00612-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala modificar\u00e1 el fallo impugnado, para revocar la declaraci\u00f3n de improcedencia respecto de la censura dirigida contra el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, al no dar curso expedito a las solicitudes de exoneraci\u00f3n de alimentos, en particular a la \u00faltima [rad. 2023-00191], elevadas al interior del pleito n\u00b0 2000-00235, y en su lugar conceder el amparo implorado por el quejoso. Por lo dem\u00e1s, se ratificar\u00e1 la salvaguarda otorgada en relaci\u00f3n con la dilaci\u00f3n procesal enrostrada al juez en menci\u00f3n, por no resolver sobre la suspensi\u00f3n en el pago de dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
3.1. De la flexibilizaci\u00f3n de la subsidiariedad. <\/p>\n
Preliminarmente se advierte que para abordar la decisi\u00f3n de fondo, si bien el aqu\u00ed reclamante no interpuso oportunamente recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo adiado el 1\u00b0 de septiembre de 2023 -mediante el cual el accionado dispuso \u00abrechazar la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb-, la Corte obviar\u00e1 el requisito de la subsidiariedad del amparo, porque, como seguidamente se ver\u00e1, al condicionar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a formalidades no previstas en la ley, es evidente la transgresi\u00f3n de las prerrogativas superiores del demandante, configur\u00e1ndose una de las relevantes situaciones que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar la procedencia del ruego tuitivo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01); del mismo, que: \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada entre otras en STC4889-2023, 24 may., rad. 00127-02). <\/p>\n
3.2. De los yerros procedimental y de desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
Al inadmitir \u00abla demanda\u00bb de exoneraci\u00f3n de alimentos con auto del 27 de junio de 2023, bajo el argumento de que conforme a los art\u00edculos 69, 70 y 71 de la Ley 2220 de 2022, deb\u00eda \u00abacreditar la conciliaci\u00f3n extrajudicial con la citaci\u00f3n al demandado se\u00f1or Juan David Yepes Fandi\u00f1o (alimentario); informar la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica del demandado, [y] allegar: (i) copia de las sentencias proferidas por el Juzgado Primero de Familia y el Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, en las cuales se fij\u00f3 la obligaci\u00f3n; (ii) la decisi\u00f3n que se menciona en la \u201cmedida cautelar que alude a la suspensi\u00f3n del pago de dep\u00f3sitos, y (iii) copia \u00edntegra de la demanda y de la subsanaci\u00f3n con los respectivos anexos (\u2026)\u00bb, y al advertir que la subsanaci\u00f3n no se hizo en esos t\u00e9rminos, la rechaz\u00f3 -el 1\u00b0 de septiembre de 2023-, el accionado incurri\u00f3 en los defectos espec\u00edficos de procedibilidad anunciados, pues tales exigencias resultaban ajenas a la normativa aplicable y contrarias a la interpretaci\u00f3n dada por esta Sala para este tipo de asuntos. <\/p>\n
Ciertamente, tras recordar que el fuero de atracci\u00f3n o conexidad aplica en relaci\u00f3n con los asuntos previstos en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, e igualmente en el numeral 6\u00b0 del canon 397 ibidem, la Corte, al resolver asuntos de similares contornos al que ahora se revisa, ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para este tipo de asuntos, no puede desconocerse lo previsto en el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, que enlista las cuestiones que deben ser tramitadas bajo el procedimiento verbal sumario. <\/p>\n
As\u00ed, el numeral segundo de la mentada disposici\u00f3n contempla los de \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n, exoneraci\u00f3n de alimentos y restituci\u00f3n de pensiones alimenticias\u201d, siempre y cuando, -res\u00e1ltese- \u201cno hubieren sido se\u00f1alados judicialmente\u201d. <\/p>\n
De, lo anterior, den\u00f3tese que el caso, como el que es ahora objeto de revisi\u00f3n, qued\u00f3 excluido de la regla general descrita, comoquiera que la solicitud elevada ante el despacho acusado, se present\u00f3 luego de que, contra \u00e9l, se fijara una cuota alimentaria en sentencia de 29 de septiembre de 2015. <\/p>\n
En suma, la citada prerrogativa, no enuncia ning\u00fan otro requisito que deba contemplarse para efectos de solicitar la exoneraci\u00f3n de alimentos, basta \u2013rep\u00edtase-, con solicitarlo al juez de la causa, para que \u00e9ste, a continuaci\u00f3n del proceso de alimentos, proceda a resolverla en audiencia, con la comparecencia y participaci\u00f3n, claro est\u00e1, de la parte contraria, como se dej\u00f3 visto\u00bb (CSJ STC5710-2017, 27 abr., rad. 00122-01, reiterada en STC19138-2017, 17 nov., rad. 00704-01). Se resalta. <\/p>\n
Siguiendo esa misma directriz, en un caso semejante, expuso que \u00abresult\u00f3 desatinado el actuar del juzgado (\u2026) cuestionado toda vez que, err\u00f3 al rechazar la demanda de incremento de cuota alimentaria y dio un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, en esa medida, equivoc\u00f3 la direcci\u00f3n del asunto de marras, ello a la luz del a normatividad aplicable y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado\u00bb (STC10326-2018, 10 ago. 2018, rad. 00318-01, reiterada en STC11756-2018, 12 sep. 2018, rad. 00379-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la cuota de alimentos ya se encuentra determinada por la autoridad judicial competente, los asuntos atinentes al aumento, reducci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, corresponde conocerlos y dirimirlos el mismo juez que la fij\u00f3, precisando que para ello no se requiere agotar conciliaci\u00f3n prejudicial ni las dem\u00e1s exigencias formales de una nueva demanda, sino que solo es menester la petici\u00f3n elevada por la parte interesada. <\/p>\n
Lo anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide \u00aben audiencia previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb; tampoco implica que la decisi\u00f3n se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque adem\u00e1s de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicci\u00f3n, la normativa en comento establece que \u00abel juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante (\u2026)\u00bb (CSJ STC13655-2021, 13 oct., rad. 00105-01, citada en STC1220-2022, 9 feb., rad. 2021-00864-01; STC5487-2022, 5 may., rad. 00129-01; STC11795-2022, 7 sep., rad. 00170-01, y STC4884-2023, 24 may., rad. 00075-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
De igual modo, recientemente la Sala afianz\u00f3 tal postura se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haberse fijado o ratificado la cuota alimentaria por el mismo juez, las pretensiones enfiladas a modificarla (aumento, reducci\u00f3n, restituci\u00f3n o exoneraci\u00f3n), no conllevan la carga de una acci\u00f3n independiente y menos con el lleno de los requisitos formales de una demanda; s\u00f3lo debe formularse la solicitud enunciando los fundamentos f\u00e1cticos que denoten justificaci\u00f3n para la variaci\u00f3n, aportar los medios de prueba que est\u00e9n a su alcance y solicitar los que considere deben practicarse en audiencia, a la cual debe concurrir su contraparte, a quien debe citarse previamente y otorgarle las oportunidades de ley para que ejerza sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb (CSJ STC6430-2023, 5 jul., rad. 00142-01). <\/p>\n
En este orden, por cuanto el accionado requiri\u00f3 del reclamante el cumplimiento de formalidades que s\u00f3lo ser\u00edan verificables en trat\u00e1ndose de una demanda, no de una simple solicitud de exoneraci\u00f3n que para el caso deb\u00eda resolverse sobre el mismo expediente inicial (rad. 2000-00235), la soluci\u00f3n al sub j\u00fadice no puede ser otra que la dada por la Corte a los examinados en precedencia, en los que se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n iusfundamental deprecada, por violaci\u00f3n a las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del peticionario. <\/p>\n
N\u00f3tese que, si el funcionario cognoscente requiere de piezas procesales que se encuentran en expediente seguido ante ese mismo despacho y por ende est\u00e1n bajo su custodia, etas no deben ser requeridas al demandante, sino que basta agregarlas oficiosamente, m\u00e1xime cuando la actuaci\u00f3n deprecada debe adelantarse sobre el mismo expediente, y si tales documentos obran en un estrado hom\u00f3logo, puede acudirse a la figura de la prueba trasladada. Proceder de otra manera implica no s\u00f3lo imponerle al interesado una carga adicional y excesiva, sino desconocer algunos de los deberes del juez, en particular el se\u00f1alado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 42-4 del estatuto adjetivo general, as\u00ed como el uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n y correccionales como director del proceso (art\u00edculos 43 y 44, ibidem). <\/p>\n
Sobre el advertido defecto procedimental, es necesario recordar que, en primer lugar, se tipifica en la modalidad de absoluto, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el accionado se apart\u00f3 de su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular del demandante, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en los art\u00edculos 390 y 397 del C\u00f3digo General del Proceso; en segundo lugar, dicho yerro se configur\u00f3 por exceso ritual manifiesto, al exigir rigurosamente formalidades de una demanda, cuando, como se observ\u00f3 en precedencia, ello es contrario a los postulados de una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que para incursionar en el yerro en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Ahora, sobre el defecto de \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb, se ha precisado que el que obliga es el especializado y vertical, en la medida que: \u00ablos jueces \u201cest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u201d (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01), por ello, cuando se enfrente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez est\u00e1 llamado a atenderlo para no lesionar las prerrogativas que se protegen en sede constitucional. <\/p>\n
Dicha figura ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha indicado que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
3.2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: \u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables\u00bb, y que \u00abEl derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC8932-2023, 6 sep., rad. 00398-01). <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los reparos del tutelante en relaci\u00f3n con el diligenciamiento que debi\u00f3 surtirse por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, de cara a la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Segundo de la misma especialidad mediante auto del 23 de marzo de 2023 (rad. 2012-00116), es evidente la dilaci\u00f3n procesal endilgada en punto de resolver sobre la eventual \u00absuspensi\u00f3n del pago de t\u00edtulos judiciales\u00bb que el citado estrado le comunic\u00f3 con \u00aboficio No. 0514 de 29 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque en lugar de pronunciarse en sentido alguno al interior del primigenio proceso de fijaci\u00f3n de alimentos (rad. 2000-00235), el cognoscente s\u00f3lo se refiri\u00f3 sobre el particular, condicionando su resoluci\u00f3n a la procedencia o no de la \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb, de manera que como esta fue rechazada, la determinaci\u00f3n que le fue remitida por el Juzgado Segundo de Familia de la misma capital, qued\u00f3 sin definici\u00f3n alguna. <\/p>\n
As\u00ed, como para otorgar el pronunciamiento echado de menos por el demandante, el titular de la agencia judicial accionada no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, tal omisi\u00f3n vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia, cuya importancia se ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
(\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
De la misma manera, ha sostenido que la dilaci\u00f3n injustificada en el tr\u00e1mite de los asuntos jurisdiccionales, es reprochable constitucionalmente, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se modificar\u00e1 la sentencia proferida por el tribunal a-quo, para -como se anunci\u00f3 inicialmente-, revocar el numeral 4.1 que declar\u00f3 improcedente el amparo en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de la solicitud de exoneraci\u00f3n de alimentos, y en su lugar, tras invalidar el auto inadmisorio y el que la rechaz\u00f3, ordenar que la misma sea tramitada en el t\u00e9rmino perentorio de 5 d\u00edas. Finalmente, confirmar el resguardo encaminado a hacer cesar la mora judicial enrostrada al accionado, a fin de que emita pronunciamiento conforme lo dispuso el fallador de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, en el sentido de REVOCAR su numeral 4.1., mediante el cual declara improcedente el auxilio solicitado. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por el demandante. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin efecto los autos proferidos por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 el 27 de junio y 1\u00b0 de septiembre de 2023, dentro del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2023-00191, mediante los cuales, en su orden, inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la \u00abdemanda\u00bb de exoneraci\u00f3n de alimentos. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al titular del despacho convocado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie nuevamente sobre la referida petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, con observancia en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: CONFIRMAR los numerales 4.2., 4.3., 4.4. y 4.5. de la resolutiva de la providencia objeto de impugnaci\u00f3n, referentes al otorgamiento de la protecci\u00f3n para superar la mora judicial enrostrada al despacho accionado, conforme se indic\u00f3 en dicha decisi\u00f3n y se aludi\u00f3 en esta instancia. <\/p>\n
SEXTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11585-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11585-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00292-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76817","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76817"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76817\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}