STC11589-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11589-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03731-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela y posterior incidente de desacato 2023-00285. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abincurrencia [sic] por v\u00eda de hecho\u00bb, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, \u00abdesmejoramiento salarial, violaci\u00f3n al art\u00edculo 53 de la constituci\u00f3n Nacional [sic]\u00bb, vida digna, igualdad, salud, \u00abfuero de maternidad\u00bb, estabilidad laboral reforzada de madre lactante, derechos del menor reci\u00e9n nacido \u00aby dem\u00e1s\u2026 que por conexidad se pueden vulnerar\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y las pruebas recopiladas se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
2.3. Dicha determinaci\u00f3n fue ratificada en su integridad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de aquel distrito judicial, el 14 de agosto siguiente, al desatar las impugnaciones formuladas por ambas partes. <\/p>\n
2.4. Ante el incumplimiento de la orden constitucional impartida, la accionante promovi\u00f3 incidente de desacato, el cual fue resuelto el 6 de septiembre en el sentido de imponer a Elvia Rosa Monroy Arroyo, en su condici\u00f3n de jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional, arresto de 3 d\u00edas y multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.5. Al desatar el grado jurisdiccional de consulta el 11 de septiembre, la Sala Civil Familia accionada revoc\u00f3 la sanci\u00f3n irrogada al considerar que la funcionaria obligada \u00abno desconoci\u00f3 las \u00f3rdenes impartidas\u00bb. <\/p>\n
3. De la Hoz Pe\u00f1a acude a la herramienta consagrada en el art\u00edculo 86 Superior pues, a su juicio, la colegiatura \u00abno solo est\u00e1 vulnerando el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino que est\u00e1 incurriendo en una v\u00eda de hecho, dado a que a mi poderdante Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a, se le est\u00e1 vulnerando el derecho al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil de ella y de su menor hijo, se le est\u00e1 realizando un desmejoramiento salarial se est\u00e1 omitiendo la aplicaci\u00f3n y protecci\u00f3n del articulo 53 de la constituci\u00f3n nacional, la aplicaci\u00f3n mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales del derecho, primac\u00eda de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; las garant\u00edas a la seguridad social,; la protecci\u00f3n especial a la mujer, a la maternidad y su menor reci\u00e9n nacido, que est\u00e1n gravemente afectados [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, reprodujo \u00edntegramente los planteamientos y pretensiones presentados en la acci\u00f3n de tutela primigenia (2023-00285), para, finalmente, solicitar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) decretar la existencia sin lugar a duda una relaci\u00f3n laboral maquillada a trav\u00e9s de un contrato prestaci\u00f3n de servicio maquillado entre\u2026 Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a y la Policia Nacional [SIC]. <\/p>\n
(\u2026) ordenarle a la Policia Nacional. Unidad Prestadora de Salud, cancelarle\u2026 los salarios, prestaciones y dem\u00e1s derechos desde el 24 de mayo de 2023 hasta la fecha, los cuales no han sido cancelados , por encontrarse incapacitada, o en consecuencia la diferencia teniendo en cuenta el pago de las incapacidades a fin de completar la totalidad del salario que ven\u00eda percibiendo y no vulnerar su desmejoramiento salarial, su m\u00ednimo vital y el de su menor hijo [SIC]. <\/p>\n
(\u2026) ordenarle a la polic\u00eda nacional, a cancelar la diferencia salarial, de las incapacidad generada por licencia de maternidad, teniendo en cuenta que\u2026 realizo aportes al sistema como trabajador independiente, muy a pesar de que la laboraba bajo el cumplimiento de todos los elementos esenciales de un contrato de trabajo con la polic\u00eda nacional y lo cual perjudicara el m\u00ednimo vital de ella y su menor hijo [SIC]. <\/p>\n
(\u2026) ordenarle a la polic\u00eda nacional, a cancelarle los salarios\u2026 de manera puntual como empleada directa y vinculada a trav\u00e9s de contrato de trabajo , debido al cabal cumplimiento de sus laborales [SIC]. <\/p>\n
Decretar\u2026 que\u2026se encuentra cobijada bajo la protecci\u00f3n especial del estado y la ley, con fuero de maternidad de madre gestante y en consecuencia de ellos se le deber\u00e1n respetar y garantizar cada uno de sus derechos y acreencias laborales, como tambi\u00e9n garantizar la vinculaci\u00f3n formal y directa como trabajadora de la polic\u00eda nacional, por las funciones que viene desarrollando desde el 09 de diciembre de 2021 [SIC] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n objeto de censura se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abla conclusi\u00f3n a la que se lleg\u00f3\u2026 no fue caprichosa ni mucho menos arbitraria, sino [que] est\u00e1 fundamentada en los elementos probatorios obrantes en el plenario, los cuales fueron interpretados de forma razonable sin desnaturalizar el contenido de los mismos\u2026 se ajust\u00f3 a las normas aplicables al caso\u00bb, al tiempo que lo pretendido por la promotora es \u00abrevivir instancias de debate legalmente precluidas, por la eventualidad de haber recibido una decisi\u00f3n adversa a sus intereses e imponer su visi\u00f3n particular sobre el asunto de marras\u00bb. <\/p>\n
2. El representante legal para temas de salud y acciones de tutela de la EPS Sanitas S.A.S., pidi\u00f3 \u00abdesvincular\u00bb a esa empresa por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Barranquilla lesion\u00f3, dentro del incidente de desacato distinguido con radicaci\u00f3n 2023-00285, los derechos fundamentales de la ac\u00e1 gestora al tener por cumplida la orden constitucional impartida por el Juzgado Octavo de Familia y revocar, por esa v\u00eda, la sanci\u00f3n impuesta a la jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
2.1.1. En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Seguidamente ese Alto Tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
2.1.2. Precisado lo anterior y al examinar la providencia del pasado 11 de septiembre, a trav\u00e9s de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta y revoc\u00f3 el auto en el que el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad sancion\u00f3 por desacato a la jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional, la Corte advierte que, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los elementos demostrativos allegados para el estudio del referido tr\u00e1mite. <\/p>\n
Para proceder con el an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n censurada, resulta necesario rememorar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la orden constitucional impartida por la c\u00e9lula judicial cognoscente del resguardo y se observa que lo resuelto en el fallo se circunscribi\u00f3 a lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) PRIMERO: TUTELAR el derecho a la estabilidad reforzada por embarazo, a la vida digna, a la igualdad, m\u00ednimo vital, derecho a la salud, la se\u00f1ora Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a por parte de la Unidad Prestadora de salud \u2013Atl\u00e1ntico- de la Polic\u00eda nacional. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de la suspensi\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios N\u00b0 104-7-200067-2023 del 04 de julio de 2023. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la Unidad Prestadora de Salud \u2013 Atl\u00e1ntico \u2013 de la Polic\u00eda Nacional, a trav\u00e9s de su jefe, Elvia Rosa Monroy Arroyo, o quien haga sus veces que\u2026 proceda a reanudar el contrato de prestaci\u00f3n de servicios N\u00b0 104-7-200067-2023 del 04 de julio de 2023 con la accionante. As\u00ed mismo, deber\u00e1 pagar los honorarios dejados de percibir desde la suspensi\u00f3n del contrato hasta cuando se restablezca la labor contractual. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
QUINTO: Conminar a la entidad accionada para que se abstenga de incurrir en pr\u00e1cticas que puedan considerarse discriminatorias en raz\u00f3n de la condici\u00f3n de salud de la accionante, por lo que deber\u00e1 abstenerse de dar por terminado el contrato. <\/p>\n
SEXTO: Decl\u00e1rese improcedente dem\u00e1s pretensiones impetrada por la se\u00f1ora Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por considerar que la funcionaria obligada no cumpli\u00f3 lo dispuesto en la sentencia, el juzgado la sancion\u00f3 con arresto por 3 d\u00edas y multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; no obstante, el tribunal aqu\u00ed accionado, al evaluar -en sede de consulta- el material probatorio allegado en el tr\u00e1mite incidental estim\u00f3 que la jefe de la Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico de la Polic\u00eda Nacional, capit\u00e1n Elvia Rosa Monroy Arrollo, s\u00ed acat\u00f3 la orden dada; para ello efectu\u00f3 las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la orden fue clara al se\u00f1alar que la misma se refer\u00eda exclusivamente a los honorarios, excluyendo por tanto el pago de incapacidades y licencias de embarazo, los cuales por tratarse de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios no pod\u00edan ser asumidas por la Polic\u00eda Nacional (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) no puede la\u2026 Sala dejar de lado la naturaleza y el prop\u00f3sito del pago de las licencias de embarazo y de las incapacidades, la cual no es otra sino al de sustituir o remplazar de forma temporal el salario o los honorarios de quien goza de la licencia. De modo que ambas se configuran en remuneraciones excluyentes, no pudiendo percibir por el mismo periodo de tiempo salario y pago de incapacidades, u honorarios y pago de incapacidades. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala aprecia que, dentro de los elementos probatorios aportados por la sancionada\u2026 se destacan las constancias emitidas por la EPS sobre las incapacidades sucesivas que fueron concedidas a la accionante desde el 17 de mayo del 2023 hasta el 24 de octubre del mismo a\u00f1o (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Adem\u00e1s de ello, la sancionada\u2026 tambi\u00e9n aport\u00f3 las constancias emitidas por la EPS SURA sobre los pagos realizados por concepto de incapacidades y licencias a la accionante, correspondientes a los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023, por la suma de $10.544.098 (\u2026). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se advierte que la accionante percibi\u00f3 por parte de EPS Sura el pago de sus incapacidades para los meses de mayo y junio del 2023, y el pago de su licencia de maternidad para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2023. Por tal motivo, no resultaba procedente el pago de los honorarios por parte de la Polic\u00eda Nacional – Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico por concepto de los mismos meses. <\/p>\n
(\u2026) no resulta posible entender como incumplido el fallo del 19 de julio del a\u00f1o 2023 dictada por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla y confirmada en segunda instancia por el presente Despacho en fecha 14 de agosto del 2023, en tanto la actuaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional – Unidad Prestadora de Salud del Atl\u00e1ntico no desconoci\u00f3 las \u00f3rdenes impartidas ni consideraciones expuestas en fallo de tutela. Tal circunstancia implica necesariamente la revocatoria de la sanci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Es claro que la anterior determinaci\u00f3n encuentra soporte en los elementos demostrativos aportados en el tr\u00e1mite incidental advirti\u00e9ndose, de manera clara, cu\u00e1les fueron las razones jur\u00eddicas para tener por cumplido lo dispuesto en el fallo de 19 de julio de 2023, ratificado por el Tribunal Superior de Barranquilla el 14 de agosto siguiente y revocar, por esa v\u00eda, la sanci\u00f3n por desacato irrogada el pasado 6 de septiembre. <\/p>\n
De suerte que no puede se\u00f1alarse de caprichosa o arbitraria, comoquiera que la colegiatura enjuiciada resolvi\u00f3 con fundamento en lo allegado a la actuaci\u00f3n, resalt\u00e1ndose que lo pretendido por la aqu\u00ed actora y su apoderado es retomar un debate que fue zanjado desfavorablemente en la anterior salvaguarda constitucional cuando no se accedi\u00f3 a declarar la existencia de un contrato laboral, tanto en primera como en segunda instancia, utilizando el incidente de desacato e incluso esta nueva acci\u00f3n de tutela a manera de instancia adicional. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues el hecho de encontrarse en desacuerdo con el sentido del pronunciamiento recriminado no es motivo suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
2.2. De la temeridad en el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional <\/p>\n
2.2.1. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del auxilio supralegal entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche (\u2026)\u00bb (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
2.2.2. El asunto que se examina se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a promovi\u00f3, con antelaci\u00f3n, otra acci\u00f3n similar con la que buscaba la declaratoria de existencia de una \u00abrelaci\u00f3n laboral maquillada a trav\u00e9s de un contrato de prestaci\u00f3n de servicio[s]\u00bb con la Naci\u00f3n – Ministerio de Defensa – Polic\u00eda Nacional con el consecuente pago de salarios y dem\u00e1s prestaciones y emolumentos. <\/p>\n
Lo anterior queda en evidencia con la simple lectura de los fallos proferidos por el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla y el Tribunal Superior de dicho distrito judicial al interior de la salvaguarda 2023-00285 a trav\u00e9s de los cuales se declararon impr\u00f3speras las solicitudes que, en el sentido indicado en el p\u00e1rrafo precedente, formulara la ac\u00e1 gestora. <\/p>\n
Se encuentra que la queja frente a la presunta existencia de una relaci\u00f3n laboral entre de la Hoz Pe\u00f1a y la Polic\u00eda Nacional es el reflejo de un ejercicio m\u00faltiple y desbordado de la salvaguarda, en un asunto esencialmente similar y replanteando un tema que ya ha sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n de varios jueces de amparo. <\/p>\n
2.2.3. Entonces, como la presente tutela y la decidida con antelaci\u00f3n concuerdan en los puntos cardinales que las motivaron, es posible concluir que constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia, m\u00e1xime cuando no se evidencia motivo alguno que justifique el uso desmedido e irracional de esta herramienta. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido esta salvaguarda es el reflejo del injustificado uso de otra esencialmente similar, resulta inviable su replanteamiento porque: <\/p>\n
2.2.4. De la sanci\u00f3n por temeridad. Aun cuando es clara duplicidad en el ejercicio de la acci\u00f3n, la Sala se abstendr\u00e1 de imponer sanci\u00f3n al mandatario de la accionante en consideraci\u00f3n a que la promoci\u00f3n de esta nueva salvaguarda pudo obedecer a una errada comprensi\u00f3n de lo que se considera como hechos nuevos. <\/p>\n
Lo anterior no obsta para llamar la atenci\u00f3n del profesional del derecho a efectos de que evite hacer uso irracional, desmedido y abusivo de este instrumento, pues al haber asistido a Sandra Milena de la Hoz Pe\u00f1a tanto en la anterior salvaguarda (en condici\u00f3n de agente oficioso) como en la presente (en calidad de apoderado), podr\u00eda verse inmerso en conductas de naturaleza disciplinaria conforme lo dispone el segundo inciso del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 33-8 del Estatuto Disciplinario del Abogado. <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1. La providencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Barranquilla resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta al interior del incidente por desacato 2023-00285 y revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta, no revela arbitrariedad o desmesura que deba ser conjurada a trav\u00e9s de esta herramienta supralegal. <\/p>\n
3.2. Resulta evidente que el objeto, la causa y las partes en este tr\u00e1mite constitucional guardan identidad con la acci\u00f3n de tutela 2023-00285 presentada previamente por Sharon Milena de la Hoz Pe\u00f1a, pues en ambas se buscaba declarar la existencia de una relaci\u00f3n laboral con la Polic\u00eda Nacional \u00abmaquillada a trav\u00e9s de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios [sic]\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11589-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11589-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03731-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sharon Milena de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}