STC11590-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11590-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01434-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de octubre de 20201, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama (Boyac\u00e1), y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2010-00206. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad convocante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
Jos\u00e9 Aldemar Rojas Triana promovi\u00f3 ordinario laboral contra Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., en procura de que se dejara sin efectos la terminaci\u00f3n del contrato efectuada el 10 de diciembre de 2008, toda vez que, para ese momento se encontraba en \u00absituaci\u00f3n de discapacidad\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00absalarios, las prestaciones legales y extralegales (\u2026) la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, conforme al art. 34 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y su sindicato; la bonificaci\u00f3n equivalente al 100% del valor de la cl\u00e1usula 34 de la convenci\u00f3n [entre otros]\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, quien concedi\u00f3 lo pretendido exceptuando los beneficios extralegales. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta por ambas partes, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e13 confirm\u00f3 lo dispuesto en primer grado, pues coligi\u00f3 que \u00abcomo el accidente de tr\u00e1nsito en el que el demandante perdi\u00f3 su visi\u00f3n, y por ende su capacidad laboral, as\u00ed como su fecha de estructuraci\u00f3n, fueron con anterioridad a la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo, (\u2026) la empleadora conoc\u00eda de su estado de salud\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A., recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4, mantuvo inc\u00f3lume el fallo del ad quem, en tanto advirti\u00f3 que \u00abno hubo una violaci\u00f3n de la citada norma [Ley 361 de 1997], ni de las dem\u00e1s relacionadas en la proposici\u00f3n jur\u00eddica de ambos cargos\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la sociedad promotora, incurrieron en defectos f\u00e1ctico y sustantivo pues \u00abse realiz\u00f3 una (\u2026) una indebida apreciaci\u00f3n (\u2026) del material probatorio (\u2026) [y una] aplicaci\u00f3n inadecuada del fuero por razones de salud contemplado en la Ley 361 de 1997\u00bb. Agreg\u00f3 que, se desconoci\u00f3 el precedente toda vez que \u00abse aplic[aron] las reglas jurisprudenciales que se consolidaron con posterioridad [al despido]\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, anot\u00f3 que \u00abel precedente aplicable en aquel entonces era aquel por virtud del cual se entend\u00eda que solo deb\u00eda acudirse ante la autoridad del trabajo competente, si el despido se produc\u00eda por razones discriminatoria por las condiciones de salud del trabajador, lo cual, (\u2026) no sucedi\u00f3 en este caso, puesto que existi\u00f3 una causal objetiva y motivada para la terminaci\u00f3n del contrato, consistente en la situaci\u00f3n de crisis econ\u00f3mica afrontada por la empresa\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la providencia SL598-2020, 25 feb., y \u00abcomo consecuencia (\u2026) [se] ordene inmediatamente la suspensi\u00f3n de todas las \u00f3rdenes judiciales proferidas en contra de ACER\u00cdAS PAZ DEL R\u00cdO S.A.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a la accionante, al se\u00f1alar que se obviaron medios probatorios trascendentales en el an\u00e1lisis, pues si la recurrente se encontraba inconforme con la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Tribunal, as\u00ed debi\u00f3 plantearlo en el recurso de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la v\u00eda id\u00f3nea (un cargo por la v\u00eda indirecta en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida), lo cual no ocurri\u00f3, limitando exclusivamente su reparo, a un aspecto de \u00edndole jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Laboral del Circuito de Duitama realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio censurado. <\/p>\n
3. Quien adujo ser la apoderada de Jos\u00e9 Aldemar Rojas Triana indic\u00f3 que \u00abel juez de conocimiento no aplico la norma en forma arbitrariamente (sic) y caprichosa, sino que lo realizo con fundamento en las pruebas allegadas al proceso y la libre valoraci\u00f3n (\u2026) de suerte que si la parte accionante (\u2026) no estuvo de acuerdo con la interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas dadas por el juez de conocimiento del proceso laboral no por esto significa la configuraci\u00f3n de vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abno puede el accionante, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado4 de la sociedad precursora para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que el a quo constitucional \u00abomiti\u00f3 realizar un an\u00e1lisis destallado sobre cada uno de los tres defectos que fueron planteados como causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela en el presente caso y que por su naturaleza y alcance constituyen yerros que afectan la decisi\u00f3n objeto de la acci\u00f3n de tutela interpuesta y que generan una vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso de mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00aba la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo el ex trabajador (\u2026) no ten\u00eda ninguna incapacidad m\u00e9dica, ni hab\u00eda sido sujeto de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral (\u2026) as\u00ed mismo no hab\u00eda ninguna situaci\u00f3n de prescripci\u00f3n por temas de salud (\u2026) lo cual ameritaba un pronunciamiento que, desde la perspectiva constitucional, evaluara que la actuaci\u00f3n desplegada por ACER\u00cdAS PAZ DEL R\u00cdO S.A. (\u2026) no contrariaba las disposiciones vigentes en materia de estabilidad laboral reforzada, puesto que, se insiste, las motivaciones del despido fueron ajenas a toda discriminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido contra Acer\u00edas Paz del R\u00edo S.A. (SL598-2020, 25 feb.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del tribunal ad quem, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que \u00abno hubo una violaci\u00f3n de la citada norma [Ley 361 de 1997], ni de las dem\u00e1s relacionadas en la proposici\u00f3n jur\u00eddica de ambos cargos\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados por la v\u00eda directa: por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y aplicaci\u00f3n indebida del \u00abart. 5 de la Ley 361 de 1997, en concordancia con el 7 del Decreto 2463 de 2001; y los arts. 1 y 6 de la Ley 776 de 2002, 38 y 39 de la Ley 100 de 1993\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
En esa l\u00ednea, destac\u00f3 que \u00abesta corporaci\u00f3n a trav\u00e9s de su jurisprudencia, ha considerado, que la calificaci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, en el carn\u00e9 de afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad en Salud, por parte de las Empresas Promotoras de Salud y el grado de discapacidad, de que trata el art. 5 de la Ley 361 de 1997, no es un requisito sine qua non para que opere la protecci\u00f3n consagrada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 en lo pertinente las decisiones SL 41845, 18 sep. 2012 y SL5181-2019, 27 nov., en las cuales se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla Corte ha precisado que no es necesario que el trabajador est\u00e9 previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que se le identifique de esa manera en un carn\u00e9, como el que regula el art\u00edculo 5 de la Ley 361 de 1997, pues lo importante es que padezca una situaci\u00f3n de discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador, para que se activen las garant\u00edas que resguardan su estabilidad. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n a la censura al sostener que para que el demandante pudiera ser objeto de especial protecci\u00f3n a la estabilidad laboral, deb\u00eda contar con un carn\u00e9 o certificaci\u00f3n que lo identificara como minusv\u00e1lido o disminuido, pues tales documentos no ten\u00edan un car\u00e1cter constitutivo de esa condici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, refiri\u00f3 que \u00abno hubo una violaci\u00f3n de la citada norma, ni de las dem\u00e1s relacionadas en la proposici\u00f3n jur\u00eddica de ambos cargos, por lo que no est\u00e1n llamados a prosperar\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la sociedad gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 2 de octubre de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Una vez finaliz\u00f3 la medida de descongesti\u00f3n, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo; colegiado que tambi\u00e9n se encuentra notificado del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 Quien en escrito posterior inform\u00f3 que \u00abrenuncia[ba] al poder\u00bb. <\/p>\n
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STC11590-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11590-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01434-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76822","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76822\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}