STC11592-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11592-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03891-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica del Norte contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo n\u00b013001-31-03-007-2019-00090-02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra Coosalud EPS SA, conoci\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, autoridad que libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a su favor en las cuatro (4) demandas acumuladas. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el Tribunal Superior accionado al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 Coosalud ESP, en providencia de 26 de julio de 2023, \u00abfundament\u00e1ndose en una l\u00ednea jurisprudencial desarrollada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en materia de prestaci\u00f3n de servicios de salud a v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito – SOAT (Sentencias: STC18085-2017, STC19525-2017, STC2065-2019, STC2064-2020, STC3056-2021, STC8408-2021, STC7875-2022, STC1991-2022, STC14094-2022, STC5997-2022, STC1412-2023 y en el Salvamento de voto de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 23 de marzo de 2017, APL2642), revoco todas y cada una de las Sentencias de Seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por considerar que no se hab\u00edan aportado, junto con las facturas, los soportes necesarios para configurar el titulo ejecutivo complejo, es decir, que las facturas deb\u00edan contener todos los \u00edtems, que contempla el anexo No. 5 del Decreto 4747 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que esa decisi\u00f3n le vulner\u00f3 el derecho al debido proceso, al desconocer por completo el precedente de la Corte Constitucional en sentencia T 474 de 2018 y adicionalmente, por configurarse una de las causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela por exceso ritual manifiesto, toda vez que desech\u00f3 por completo los reparos concretos de las partes y la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Juzgado de instancia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse le conceda un t\u00e9rmino de 72 horas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que emita una providencia, garantizando el derecho fundamental del debido proceso de la entidad accionante, analizando \u00edntegramente el acervo probatorio del expediente bajo el radicado 2019 00 090 00\u00bb <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, se dispuso la notificaci\u00f3n a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cartagena, indic\u00f3 que, al conocer de la apelaci\u00f3n, en providencia de 26 de julio de 2023 revoc\u00f3 las decisiones proferidas por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena i) de 30 de noviembre de 2022 acumuladas No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5 de la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica Del Norte y, ii) de 30 de noviembre de 2022 y complementaria de 28 de marzo de 2023 de la acumulada No. 6 promovida por Global Life Ambulancias SAS. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que contrario a lo indicado en el escrito de tutela, tal determinaci\u00f3n no transgrede los derechos reclamados, debido a que la misma fue debidamente fundamentada en el material probatorio allegado al proceso y en atenci\u00f3n a la norma procedimental y a los precedentes jurisprudenciales que han venido pregonando las Altas Cortes en lo concerniente a las facturas que provienen de la prestaci\u00f3n del servicio de salud, donde se requiere la conformaci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo complejo integrado por los documentos que la ley ha se\u00f1alado para su cobro. <\/p>\n
2. Global Life Ambulancias S.A.S. solicit\u00f3 declarar la procedencia de la protecci\u00f3n, como quiera que, la decisi\u00f3n proferida por la corporaci\u00f3n accionada va en contrav\u00eda de lo estipulado en la sentencia T 474 de 2018, raz\u00f3n por la cual, debe emitirse un nuevo fallo, en concordancia con dicha sentencia de revisi\u00f3n, la cual, por ser emitida por la Corte Constitucional, prevalece. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena refiri\u00f3 que conoce del proceso ejecutivo singular adelantado por la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica del Norte contra Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A., en el que mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, se decide acceder parcialmente a las excepciones de m\u00e9rito presentada por la parte demandada sobre unas facturas allegadas al proceso y se sigue adelante la ejecuci\u00f3n con el resto de facturas, decisi\u00f3n que fue revocada por el Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que aun cuando el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible esquivar el respeto a requisitos tales como el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo excepcional como presupuesto para su formulaci\u00f3n, como quiera que, quien presenta la acci\u00f3n de tutela debe contar con inter\u00e9s que lo legitime para actuar, el que radica en cabeza de las partes o intervinientes reconocidos en el litigio, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, debe resaltarse que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abLa legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (Se subraya, CSJ STC1042-2019, STC9902, reiterada en STC256-2022 y en STC3425-2022 ). <\/p>\n
Por tanto, cuando se busca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de otra persona natural o jur\u00eddica, siempre y cuando se haga a trav\u00e9s de abogado, es indispensable actuar con poder especial, o demostrar que aqu\u00e9lla no est\u00e1 en condiciones de ejercer su defensa. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el escrito de tutela, se observa que el representante legal de la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica del Norte concedi\u00f3 poder a un abogado \u00abpara que, en mi nombre y representaci\u00f3n, realice todos los tr\u00e1mites necesarios con ocasi\u00f3n a la acci\u00f3n de tutela, que la entidad que represento, instaurar\u00e1 en contra del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA -SALA CIVIL-\u00bb (May\u00fasculas fijas texto original, se destaca) <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, debe indicarse que esta Corte en STC10721-2023, sent\u00f3 su postura frente a los elementos esenciales que deben contener los poderes para la formulaci\u00f3n de acciones de tutela y, en este sentido determin\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala concluye lo que viene. <\/p>\n
2.4.1. La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
2.4.2. Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
2.4.3. Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.4.4. Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
2.4.5. La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. En esos t\u00e9rminos y dada la relevancia del asunto, la Sala deja sentada su postura, en aras de garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela est\u00e9n legitimados en la causa, cuesti\u00f3n que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. As\u00ed, las exigencias de especificidad del poder no son una limitaci\u00f3n al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo act\u00faen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garant\u00edas superiores en forma id\u00f3nea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposici\u00f3n del mandante, aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este tr\u00e1mite supralegal, tales como la instituci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanci\u00f3n por temeridad\u00bb. (CSJ. STC10721-2023) <\/p>\n
En este sentido, advierte la Sala la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, como quiera que adem\u00e1s que el representante legal de la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica del Norte, confiri\u00f3 poder para que se adelantara la acci\u00f3n de tutela en su \u00abnombre\u00bb, m\u00e1s no de la entidad que representa, no confiri\u00f3 poder especial al abogado, pues el allegado al tr\u00e1mite carece de las especificidades propia de los mandatos para promover este tipo de amparos, pues si bien se\u00f1ala la autoridad accionada, no determina los derechos presuntamente vulnerados, ni el proceso o actuaci\u00f3n a censurar, configur\u00e1ndose as\u00ed la falta de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones del proceso ejecutivo que cr\u00edtica. <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica del Norte contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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