STC11593-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11593-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23-001-22-14-000-2023-00178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de septiembre de 2023 dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela promovida por Jos\u00e9 Gregorio Negrete Peinado contra el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo de costas con radicado n\u00b0 234173103001-2017-10053-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante pidi\u00f3 que se deje sin efecto el auto que invalid\u00f3 lo actuado en el coactivo -incluidas las cautelas- (22 jun. 2023) y el que desestim\u00f3 la respectiva reposici\u00f3n subsidiaria de apelaci\u00f3n (15 ago. 2023). <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en el proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea que se surti\u00f3 contra la Cooperativa de Transporte de San Bernardo del Viento \u00abCootrasanber\u00bb Ltda. Relat\u00f3 que dicha disputa termin\u00f3 con sentencia favorable a sus pretensiones y conden\u00f3 a la vencida a pagar las costas del juicio (26 nov. 2019), las cuales fueron aprobadas en auto de 3 marzo 2020. <\/p>\n
Expuso que para obtener el pago de ese rubro adelant\u00f3 ejecuci\u00f3n continuada ante el mismo despacho (9 jul. 2020), quien libr\u00f3 el mandamiento de pago correspondiente contra la cooperativa vencida (22 abr. 2021) y decret\u00f3 el embargo de algunos de sus inmuebles (3 may. y 23 jun. 2022). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, como consecuencia de un memorial de la parte ejecutada, el juzgado hizo un control de legalidad en el que decret\u00f3 la nulidad de lo actuado \u00ab(\u2026) a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago de fecha 22 de abril del 2.021 (\u2026)\u00bb, para, en su lugar, hacer extensiva la condena a los representantes legales de la persona jur\u00eddica (22 jun. 2023), Se\u00f1al\u00f3 que contra esa determinaci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n, sin \u00e9xito (15 ago. 2023). <\/p>\n
De la nulidad decretada y del fracaso de su impugnaci\u00f3n deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales porque, en su criterio, el juzgado err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de las circunstancias f\u00e1cticas, probatorias y normativas relativas al caso. En concreto, consider\u00f3 que esas determinaciones redundan en perjuicio de la duraci\u00f3n de su causa y de la materializaci\u00f3n de las costas adeudadas. <\/p>\n
2.- El Juzgado accionado remiti\u00f3 el link del expediente, defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y se opuso a la prosperidad del amparo porque el demandante a\u00fan contaba con el recurso de queja para exponer sus alegaciones. <\/p>\n
3.- La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar que no se cumpli\u00f3 con el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
4.- El censor impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales y aleg\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El fallo impugnado ser\u00e1 revocado porque, independientemente de la eventual discusi\u00f3n que pudiere existir sobre la apelabilidad de los autos dictados en el curso de la ejecuci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis -y, por consiguiente, del deber de agotar el recurso de queja para dilucidar esa circunstancia-, lo cierto es que del expediente se advierte un yerro protuberante que habilita la injerencia de esta sede supra legal. <\/p>\n
2. En efecto, la queja medular del censor se circunscribi\u00f3 a que el juzgado accionado decretara la nulidad de lo actuado \u00ab(\u2026) a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago de fecha 22 de abril del 2.021 (\u2026)\u00bb para, en su lugar, emitir nuevamente la orden de apremio, pero no s\u00f3lo contra la persona jur\u00eddica, sino tambi\u00e9n frente a sus representantes legales (22 jun. 2023). <\/p>\n
Para tomar esa determinaci\u00f3n, la autoridad judicial se fund\u00f3, en esencia, en el numeral 3\u00b0 de la resolutiva de la sentencia de segunda instancia que defini\u00f3 el declarativo (26 nov. 2019), que dispuso: <\/p>\n
\u00abTERCERO. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada y en favor del demandante, las que ser\u00e1n liquidadas por el juzgado de primera instancia de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 365 y 366 del C\u00f3digo General del Proceso.\u00bb (resaltado propio) <\/p>\n
De ese tenor literal coligi\u00f3 que su superior funcional conden\u00f3 en costas a la parte pasiva del asunto, pero \u00abno hizo distinci\u00f3n, exoneraci\u00f3n, o absoluci\u00f3n\u00bb respecto de otros posibles sujetos procesales, por lo que consider\u00f3 viable imputar el pago de esa suma, tanto a la persona moral, como a sus representantes legales; lo anterior, fincado en el numeral 6 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u00abCuando fueren dos (2) o m\u00e1s litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenar\u00e1 en proporci\u00f3n a su inter\u00e9s en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entender\u00e1n distribuidas por partes iguales entre ellos\u00bb. (resaltado de ahora) <\/p>\n
Vistas esas consideraciones y contrastadas con las piezas del expediente, pronto se advierte la irregularidad que provoca la intromisi\u00f3n de esta sede constitucional, porque el juzgado convocado fund\u00f3 su decisi\u00f3n, medularmente, en apenas un fragmento de la resolutiva que impuso la condena en costas, sin tener en cuenta los dem\u00e1s elementos de esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, basta con remitirse a esa providencia para dejar en evidencia que contrario a lo predicado, el tribunal s\u00ed determin\u00f3 de forma expresa los extremos de la litis: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) PRIMERO. Revocar la sentencia de fecha 5 de marzo de 2019 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea radicado 23417310320170005302 folio 313 promovido por el se\u00f1or Gregorio Negrete Peinado contra Cootrasanber Ltda. <\/p>\n
SEGUNDO. En su lugar declarar la ineficacia de la asamblea general extraordinaria No. 18 de mayo 27 de 2017 celebrada por los socios de la cooperativa de transportes de San Bernardo del viento Cootrasanber Ltda. Por secretar\u00eda of\u00edciese a la c\u00e1mara de comercio para lo de su competencia. <\/p>\n
TERCERO. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada y en favor del demandante, las que ser\u00e1n liquidadas por el juzgado de primera instancia de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 365 y 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con ese panorama, no queda duda que la decisi\u00f3n del fallador del circuito se fund\u00f3 exclusivamente en un fragmento de la resolutiva de su superior funcional y dej\u00f3 de lado la apreciaci\u00f3n integral de la misma; circunstancia que, de haberse tenido en cuenta, habr\u00eda influido en las resultas del control de legalidad reprochado. <\/p>\n
3. Ahora, si se dejar\u00e1 de lado lo anterior, el resultado de esta salvaguarda no ser\u00eda distinto en la medida que pudo constatarse del paginario que durante el tramite de las dos instancias de la disputa -y en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n continuada- qued\u00f3 esclarecido qui\u00e9nes eran los sujetos que integraban los extremos procesales. Sobre el particular, se resalta que fue el mismo juzgado accionado quien determin\u00f3 que la parte demandada se hallaba integrada \u00fanicamente por Cootrasanber Ltda. <\/p>\n
A decir verdad, pudo verificarse que en el curso del declarativo el juzgador precis\u00f3 la titularidad de la parte pasiva en la cooperativa demandada y reliev\u00f3 que sus representantes legales solamente actuaran en la litis como voceros de la compa\u00f1\u00eda (16 may. 2018). Al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn este orden, y al dirigirse la demanda contra la entidad, sociedad u \u00f3rgano respectivo, en este caso en particular LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO \u2013 COOTRASANBER LTDA, se debe realizar su vinculaci\u00f3n procesal por intermedio del respectivo representante legal, quien es el llamado a ejercer la representaci\u00f3n judicial y con ello el derecho de defensa de dicha cooperativa. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En virtud de la especial circunstancia puesta de presente en el p\u00e1rrafo precedente la representaci\u00f3n judicial de la entidad demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO \u2013 COOTRASANBER LTDA, recaer\u00e1 en el Consejo de Administraci\u00f3n que lo componen los se\u00f1ores JAMER NARVAEZ BALLESTA, FREDY GENES BANDA Y FELIPE SANTIAGO TAPIA ARTEAGA, quienes se encuentran debidamente notificados, e inclusive, le dieron contestaci\u00f3n a la demanda.\u00bb (negrillas nuestras) <\/p>\n
De igual forma, el ejecutante dirigi\u00f3 inicialmente la solicitud de ejecuci\u00f3n y sus cautelas contra los representantes legales de la entidad condenada (9 jul. 2020), sin embargo, el despacho accionado solo libr\u00f3 mandamiento de pago contra Cootrasanber Ltda., tras considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en lo atinente al decreto de medidas cautelares, estas habr\u00e1n de ser rechazadas en su integralidad, en la medida en que los se\u00f1ores JAMER NARVAEZ BALLESTA y FELIPE SANTIAGO TAPIAS ARTEAGA, no fueron sujetos demandados al interior del proceso verbal declarativos de IMPUGNACION DE ACTOS DE ASAMBLEA (\u2026) <\/p>\n
En este orden de ideas, mal har\u00eda este funcionario judicial en perseguir los bienes muebles e inmuebles de unos sujetos que no han sido escuchados y vencidos en juicio, dado que; ello traer\u00eda como consecuencia; la flagrante vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso y debida defensa\u00bb (negrillas del despacho) <\/p>\n
Sobre esa misma l\u00ednea argumentativa, la agencia del circuito desestim\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta por el demandante contra ese \u00faltimo pronunciamiento reafirmando sus argumentos y aclarando la distinci\u00f3n entre el ente jur\u00eddico demandado y las personas naturales que fung\u00edan como sus voceras legales (24 sep. 2021). <\/p>\n
F\u00edjese, entonces, que son varios los actos procesales que en el curso del litigio tuvieron como demandado, \u00fanicamente, al ente moral y, por tanto, es dable colegir que es contra \u00e9l quien recae la condena en comento, no contra sus portavoces. <\/p>\n
4. Finalmente, como si lo expuesto no fuese suficiente para justificar la concesi\u00f3n del auxilio, basta con dirigirse a las normas procesales que imperan en el asunto objeto de revisi\u00f3n, de cuyo tenor literal se extrae que: <\/p>\n
\u00abLa demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n.\u00bb (negrillas propias) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda tambi\u00e9n en evidencia el desconocimiento de dicha preceptiva y sus efectos en el caso en concreto. <\/p>\n
5. En definitiva, comoquiera que la autoridad judicial <\/p>\n
cuestionada desconoci\u00f3 la integralidad de las documentales obrantes en el expediente y se apart\u00f3 de la normativa relativa al caso en concreto, se impone la concesi\u00f3n del auxilio para que el juzgado querellado resuelva nuevamente la reposici\u00f3n interpuesta por el accionante conforme en derecho corresponda y con atenci\u00f3n de las consideraciones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En su lugar, CONCEDE la tutela implorada por Jos\u00e9 Gregorio Negrete Peinado. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Juzgado Civil del Circuito de Lorica que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva nuevamente la reposici\u00f3n interpuesta por el actor contra el auto de fecha 22 de junio de 2023, conforme en derecho corresponda y con atenci\u00f3n a lo expuesto en las consideraciones precedentes. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11593-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11593-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 23-001-22-14-000-2023-00178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de septiembre de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}