STC11594-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11594-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01398-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de julio de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Valencia Pineda contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad y el Departamento de Antioquia, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2016-00080. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abseguridad social (\u2026) asociaci\u00f3n sindical (\u2026) negociaci\u00f3n colectiva (\u2026) legalidad y fuerza vinculante del precedente\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luis Fernando Valencia Pineda y otros promovieron ordinario laboral contra el Departamento de Antioquia, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abestablecida en los art\u00edculo (sic) 96 del acuerdo colectivo vigente\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien absolvi\u00f3 a la entidad all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abninguno de los demandantes alcanz\u00f3 a reunir los dos requisitos antes del 31 de julio de 2010 [20 a\u00f1os de servicio y 50 de edad]\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, los all\u00ed gestores recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n del ad quem, pues consider\u00f3 que: (i) \u00ablos accionantes deb\u00edan reunir los requisitos convencionales (\u2026) antes del 31 de julio de 2010, cosa que no ocurri\u00f3 en ninguno de los casos\u00bb; y (ii) que \u00abel Acto Legislativo 01 de 2005 no transgrede las normativas internacionales aludidas por la censura\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, desconoci\u00f3 el precedente e incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y procedimental pues \u00abla edad era solo un requisito de disfrute (\u2026) [por ello] no es dable ahora otorgarle un fin diferente al que en un principio quisieron otorgar las partes, desconociendo derechos pensiona les ya consolidados\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, reiter\u00f3 que \u00abante esta dualidad interpretativa, la Sala debi\u00f3 de aplicar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable, la cual hace referencia a que el trabajador demandante le asiste el derecho a reclamar su pensi\u00f3n convencional, pues el requisito de la edad no es de causaci\u00f3n sino de exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se deje sin efectos el fallo SL1557-2022, 10 may. y, en consecuencia, se \u00abemita (\u2026) un nuevo pronunciamiento (\u2026) ordenado el reconocimiento de la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, siguiendo el precedente de esta Corte (CSJ SL2188-2018 y SL4888-2021), donde se ha pronunciado (\u2026) respecto del art\u00edculo 96 de la recopilaci\u00f3n de normas convencionales y de laudos arbitrales 1945-2002, correspondiente a la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la CCT de 1970 (\u2026) concluyendo que para causar tal prerrogativa, es necesario que el trabajador cumpla los requisitos de tiempo y edad dentro de la vigencia del contrato\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio y se\u00f1al\u00f3 que \u00abcumpli\u00f3 con todos los rigores legales, los cuales no dan cuenta de una vulneraci\u00f3n por parte de es[a] Agencia Judicial frente a alg\u00fan derecho fundamental de los actores\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abla negativa de acceder a las pretensiones se sustent\u00f3 en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puesta de presente en el proceso laboral y la interpretaci\u00f3n razonable de la norma llamada a regular el caso en concreto, razonamiento que en manera alguna comporta la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho o un defecto espec\u00edfico de procedibilidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n destacando que \u00abespec\u00edficamente frente al caso de los trabajadores del Departamento de Antioquia, existe una l\u00ednea jurisprudencial ampliamente trabajada por esta corporaci\u00f3n que se sustenta en las sentencias: SU-267\/19 (\u2026), STC12517-2019 (\u2026) STC12516-2019 (\u2026) SU-445 del 2019 (\u2026) SU-165-2022 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por el gestor (SL1557-2022, 10 may.) por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 10 de mayo de 2022 y la tutela se intent\u00f3 el 7 de julio de 2023, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo preceptu\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al indicar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, pues evidenci\u00f3 que: (i) \u00ablos accionantes deb\u00edan reunir los requisitos convencionales (\u2026) antes del 31 de julio de 2010, cosa que no ocurri\u00f3 en ninguno de los casos\u00bb; y (ii) que \u00abel Acto Legislativo 01 de 2005 no transgrede las normativas internacionales aludidas por la censura\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los tres cargos, formulados por: <\/p>\n
(i) La v\u00eda directa \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, del inciso 4 y la parte final del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionaron los art\u00edculos 4, 48 y 55 de la CP, y 467 CST, <\/p>\n
[\u2026] y POR FALTA DE APLICACI\u00d3N de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados art\u00edculo 27 (Ley 32 de 1985) en relaci\u00f3n con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 16 numeral 1 y Protocolo de San Salvador, art\u00edculo 8 (Ley 319 de 1996); los convenios 87 (Ley 26 de 1976), 98 (Ley 27 de 1976), 151 (Ley 411 de 1997), 154 (Ley 524 de 1999) y 157 \u201csobre la conservaci\u00f3n de los derechos en curso de adquisici\u00f3n\u201d, en materia de seguridad social de la OIT; la Declaraci\u00f3n de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo numeral segundo de la OIT y los art\u00edculos 39, 53, 55, 58, 93 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; el Acto Legislativo 01 de 2005 par\u00e1grafo transitorio 3, parte inicial, y el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; art\u00edculo 7 de la Ley 1149 de 2007 que modific\u00f3 el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
(iii) Nuevamente por la v\u00eda directa por \u00abla falta de aplicaci\u00f3n de las siguientes disposiciones: [\u2026] del Art. 7\u00b0 de la Ley 1149 de 2007, que reform\u00f3 el Art. 48 del CPL y de la SS, omisi\u00f3n de medio que lo condujo a violar el Art. 467 y 478 del CST y la Ley 26\/76 (Convenio 87 Art. 8\u00b0 numeral 2\u00b0, Art. 11 y 16 numerales 1\u00b0 y 2\u00b0) y Ley 27 de 1976 (Convenio 98 art\u00edculos 4 y 11 numerales 1 y 2) en armon\u00eda con el numeral 2\u00b0 de la Declaraci\u00f3n de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, todo en concordancia con el Art. 228 de la CP en cuanto establece como principios gu\u00edas de la Rama Judicial la independencia de sus decisiones, as\u00ed como su funcionamiento desconcentrado y aut\u00f3nomo, en armon\u00eda con el art. 336 del CGP, inciso final sobre la casaci\u00f3n oficiosa en defensa de los derechos constitucionales\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abLe corresponde a la Corte definir si el Tribunal se equivoc\u00f3 al negarle el derecho a los demandantes al pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contemplada en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, por considerar que debieron cumplir tanto la edad como el tiempo de servicio exigido en ese compendio normativo extralegal antes del 31 de julio de 2010, por virtud del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, record\u00f3 que el texto extralegal que fundament\u00f3 las pretensiones de los demandantes, ya hab\u00eda sido objeto de estudio \u00aben innumerables ocasiones, en las que ha concluido que para causar tal prerrogativa, es necesario que el trabajador cumpla los requisitos de tiempo y edad dentro de la vigencia del contrato\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00abal referirse el acuerdo (\u2026) a los trabajadores que cumplan 20 a\u00f1os de servicio y 50 de edad, \u00fanicamente comprendi\u00f3 a las personas que prestaban servicios al departamento de Antioquia, es decir, que no cobij\u00f3 a los que ya hubieran perdido esa condici\u00f3n de empleados activos\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que \u00abcon arreglo al Acto Legislativo 01 de 2005, los accionantes deb\u00edan reunir los requisitos convencionales de edad y tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, cosa que no ocurri\u00f3 en ninguno de los casos\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, reliev\u00f3 que \u00abtambi\u00e9n tiene adoctrinado la Sala que los beneficios extralegales que est\u00e9n en curso para el momento en que entr\u00f3 en vigor dicha normativa, bien sea por la vigencia inicial pactada del acuerdo convencional (la cual se respetar\u00e1 si supera el l\u00edmite dispuesto, seg\u00fan lo dicho en sentencia CSJ SL3635-2020), por las pr\u00f3rrogas previstas en la ley, o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto debido a la denuncia de la convenci\u00f3n, tendr\u00e1n vigor, m\u00e1ximo, hasta el 31 de julio de 2010, lo que no significa atentar contra derechos adquiridos, las expectativas leg\u00edtimas o el derecho de negociaci\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, cit\u00f3 en lo pertinente las providencias SL2543-2020, 15 jul., y SL3663-2020, 16 sep. De esta manera, desestim\u00f3 los embates. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, la determinaci\u00f3n cuestionada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la disposici\u00f3n reprochada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, ya que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de octubre de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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