STC11598-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11598-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00265-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 28 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleny Santana Higuita contra el Juzgado Primero de Familia de Bello y Lisa Vanessa Posada Cuartas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00ba 2022-00846. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Isabel Ximena Castro Oquendo, instaur\u00f3 demanda de uni\u00f3n marital de hecho en contra suya y de los dem\u00e1s herederos de Diego Ferney Santana Higuita (presunto compa\u00f1ero permanente de la se\u00f1ora Castro Oquendo), la cual admiti\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Bello el 9 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Que \u00aben el mes de marzo de 2023, [la ac\u00e1 accionante] se enter\u00f3 [de] que al correo que le fue abierto para activar un celular que adquiri\u00f3, un [mensaje] del d\u00eda 16 de enero de 2023, a trav\u00e9s del cual le fue enviado un memorial de subsanaci\u00f3n de demanda, un anexo (registro civil de nacimiento de su hijo) y auto admisorio de demanda, sin que se haya remitido el archivo con la demanda inicial y sus anexos\u00bb, por lo que, \u00abhechas las averiguaciones correspondientes en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, constituy\u00f3 apoderado a fin de que la representara en dicho proceso, se solicitara la notificaci\u00f3n y traslado de la demanda, para as\u00ed ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que la representante judicial de la all\u00ed demandante afirm\u00f3, \u00abhaber enviado una notificaci\u00f3n anticipada de la demanda, pero [la hoy querellante], manifiesta que nunca le lleg\u00f3 el archivo contentivo de la demanda inicial y sus anexos, que no conoce el texto de la demanda inicial [y que su apoderada] tampoco ha podido acceder [a ellos], toda vez que, el proceso no se encuentra digitalizado y pese a que se solicit\u00f3 la notificaci\u00f3n personal ante el Juzgado, [la] misma fue negada [y] tampoco fue enviado el archivo\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abante la negativa de la notificaci\u00f3n personal y dado el desconocimiento que se tiene de la demanda inicial y sus anexos, se present\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, mismo que fue despachado desfavorablemente, a trav\u00e9s de auto interlocutorio Nro. 816 del 30 de agosto de [2023]\u00bb, y ello, pese a que \u00abel tr\u00e1mite que se dio a la notificaci\u00f3n personal de la demanda, no est\u00e1 acorde con lo dispuesto en el C.G.P., el auto admisorio del d\u00eda 09 de diciembre de 2022, y lo dispuesto en los art\u00edculos 6\u00ba inciso 5\u00ba y 8\u00ba de la ley 2213 de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al [encartado], deje sin valor el auto interlocutorio Nro. 816 de agosto 30 de 2023, (\u2026) a trav\u00e9s del cual neg\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, se ordene declarar la misma por encontrarse configurada, [y renovar la actuaci\u00f3n conforme a la ley]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
2. La abogada Lisa Vanessa Posada Cuartas, explic\u00f3 las gestiones adelantadas para notificar a la demandada, y asegur\u00f3 que \u00abcon el correo que se notific\u00f3 la admisi\u00f3n de la demanda se acompa\u00f1\u00f3 el auto [admisorio], toda vez que la demanda y lleno de requisitos fue enviado de forma anticipada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo al advertir \u00abque la accionante contaba con otras herramientas para ventilar el descontento que dirige a este escenario especial, habida cuenta que, auscultado el expediente acusado y el portal web de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, (\u2026) no refut\u00f3 a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el comentado prove\u00eddo del [30] de agosto [de 2023], e inclusive, tampoco el emitido el 17 de abril de los corrientes que neg\u00f3 su solicitud de notificaci\u00f3n en dicho proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para insistir en sus argumentos iniciales y se\u00f1alar, frente a la desidia que le fue enrostrada por el tribunal para desestimar el auxilio, que \u00abno se informa por parte del Juzgado los recursos procedentes, ni se descorren los t\u00e9rminos de traslado para interponerlos, n\u00f3tese que se dispuso \u201ccontinuar con el tr\u00e1mite del proceso\u201d, sin considerar que la demandada ni si apoderada conocen el escrito genitor de la demanda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la salvaguarda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero de Familia de Bello, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la reclamante, al no acceder a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de la demandada dentro del juicio n\u00b0 2022-00846. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el resguardo no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez del amparo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia ha indicado los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque, circunscrita al problema jur\u00eddico planteado, frente a la supuesta nulidad por indebida notificaci\u00f3n de la demandada en el declarativo n\u00b0 2022-00846, la acci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, sin que se avizore justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar dicho criterio. <\/p>\n
3.1. Inicialmente, el expediente digital da cuenta que tras haberse acreditado las gestiones para vincular formalmente a la all\u00ed demandada -ac\u00e1 accionante-, mediante prove\u00eddo del 2 de marzo de 2023 el juzgado determin\u00f3 \u00abque la notificaci\u00f3n realizada a la se\u00f1ora Marleny Santana Higuita se hizo en debida forma, cumpliendo los par\u00e1metros de la ley 2213 de 2022. Es por lo que dicha comunicaci\u00f3n se entender\u00e1 realizada el d\u00eda 16 de enero de 2023 a las 15:44 de la tarde y pasados dos d\u00edas se tendr\u00e1 por notificada personalmente a la demandada, esto es el 18 de enero de 2023, empezando a correrle el t\u00e9rmino para contestar la demanda el 19 de febrero de 2023\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente se observa que, con auto del 17 de abril de la misma anualidad, la anterior determinaci\u00f3n fue corregida para precisar que en raz\u00f3n a la data en que se tuvo por notificada a la se\u00f1ora Marleny Santana Higuita, \u00abla fecha en la que empieza a correr el termino para contestar la demanda es 19 de enero de 2023 y no como se hab\u00eda dicho\u00bb. En esa ocasi\u00f3n, no reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a la abogada a quien la demandada en menci\u00f3n le otorgaba poder, al advertir que el correo electr\u00f3nico de donde remiti\u00f3 el mandato -el 12 de abril de 2023-, no correspond\u00eda al \u00abregistrado en el SIRNA\u00bb. <\/p>\n
En este orden, la incuria de la hoy querellante -quien ya hab\u00eda otorgado poder a profesional del derecho para que asumiera su defensa-, emerge desde la primera intervenci\u00f3n de su mandataria judicial, por cuanto omiti\u00f3 plantear la nulidad procesal por indebida notificaci\u00f3n con observancia en el inciso final del precepto 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, concordante con los art\u00edculos 132 a 138 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado que para evitar la convalidaci\u00f3n de la referida nulidad (art\u00edculos 135 y 136 ibidem), el abogado que representa a la parte afectada debe actuar con prontitud y eficiencia, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para empezar a ejercer su gesti\u00f3n profesional dentro del pleito, el apoderado no requiere de reconocimiento expreso de su personer\u00eda, seg\u00fan la normativa que rige el derecho de postulaci\u00f3n (art\u00edculos 73 a 77 del C\u00f3digo General del Proceso), por el contrario, la jurisprudencia ha definido que la falta de esa declaraci\u00f3n judicial, lejos est\u00e1 de constituir una excusa v\u00e1lida para que el abogado omita actuar en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder especial a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Ciertamente, se ha sostenido que al menos para las etapas inaugurales del litigio (instauraci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n), y con ello las actividades conexas como las solicitudes de medidas cautelares o la interposici\u00f3n de recursos, nulidades o cualquier otra gesti\u00f3n que deba impetrarse mediante la primera intervenci\u00f3n, no se requiere reconocimiento previo del mandatario judicial, m\u00e1xime cuando por la perentoriedad en la realizaci\u00f3n de dichos actos iniciales, su inobservancia puede acarrear perjuicio a los intereses de quien le encomend\u00f3 dicho encargo. <\/p>\n
En otras palabras, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y por tanto el derecho a demandar y\/o a ejercer la defensa en los casos en los que se exija acreditar derecho de postulaci\u00f3n, no se condiciona a una autorizaci\u00f3n judicial previa al apoderado del interesado, sino que aquel puede fungir como tal en la oportunidad que corresponde y su reconocimiento t\u00e1cito o expreso, se produce al responder su pedimento. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dado que el recurrente estima insaneable la \u201cnulidad\u201d esgrimida, debido a que no obstante haber presentado el escrito de apoderamiento, el juzgado no le reconoci\u00f3 personer\u00eda al \u201cmandatario judicial\u201d, lo cual seg\u00fan \u00e9l, impidi\u00f3 el ejercicio de su derecho de defensa, la Sala no advierte posible el derrumbamiento de lo actuado con base en la circunstancia planteada, si se tiene en cuenta la ausencia de imperativo legal que condicione la actuaci\u00f3n del apoderado hasta despu\u00e9s de emitir la providencia que le reconozca personer\u00eda. Si ello fuera as\u00ed, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n, inadmisible desde luego, que antes de tal decisi\u00f3n, el \u201crepresentante judicial\u201d no podr\u00eda adelantar actuaciones iniciales, verbi gratia, la presentaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n por la opositora, etc., las que en principio se cumplen sin haberse emitido dicho pronunciamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s cabe acotar, que la se\u00f1alada decisi\u00f3n tiene un car\u00e1cter declarativo, mas no de habilitaci\u00f3n para que el \u201capoderado judicial\u201d pueda promover las actuaciones que estime pertinentes, puesto que para su adopci\u00f3n \u00fanicamente compete al juzgador realizar un control de legalidad dirigido a verificar que el \u201cpoder\u201d se haya otorgado cumpliendo las \u201cformalidades legales\u201d y que el \u201cmandatario\u201d tenga la condici\u00f3n de \u201cabogado inscrito\u201d, o que para el caso se halle investido del \u201cderecho de postulaci\u00f3n\u201d, criterio \u00e9ste que ha sido avalado por la doctrina jurisprudencial\u00bb (CSJ SC, 17 jul. 2012, rad. 2003-00574-01, reiterada en STC6174-2015, 21 may., rad. 00702-01)\u00bb (CSJ STC080-2023, 18 ene. 2023, rad. 2022-00379-01, citada en STC5182-2023, 31 may., rad. 02001-00). Se subraya. <\/p>\n
Empero, en este asunto no se procedi\u00f3 de esa manera pues la invocaci\u00f3n de dicho remedio procesal no se ajust\u00f3 a la normativa y precedente enunciados. Aunado a ello, en dicha oportunidad tambi\u00e9n debi\u00f3 haber presentado reparos contra la providencia del 17 de abril de 2023, en la que, tras ratificar la fecha en que se tuvo por notificada a la demandada, el accionado dejaba claro el t\u00e9rmino para contestar; no obstante, ese medio ordinario de impugnaci\u00f3n tampoco se emple\u00f3, sin que medie raz\u00f3n alguna que pudiera estudiarse como excusa de ese comportamiento desidioso. <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, encuentra la Sala que frente a la resoluci\u00f3n del incidente de nulidad que propuso la ac\u00e1 demandante, esto es, el prove\u00eddo del 30 de agosto de 2023, la interesada tuvo la oportunidad de controvertir los argumentos que el juzgado expuso para desestimarlo, pero nuevamente mostr\u00f3 pasividad ya que no interpuso los recursos de que era susceptible. <\/p>\n
Ciertamente, la all\u00ed demandada no s\u00f3lo dej\u00f3 de proponer el recurso de reposici\u00f3n, cuya aptitud no est\u00e1 en entredicho, sino tambi\u00e9n el de apelaci\u00f3n que igualmente se mostraba id\u00f3neo y proced\u00eda al tenor del art\u00edculo 321-6 del C\u00f3digo General del Proceso, desaprovechando de esa manera los instrumentos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para intentar remediar la afectaci\u00f3n por la que ahora se duele, tornando as\u00ed impr\u00f3spero el presente ruego tuitivo. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la acci\u00f3n de tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica contemplada en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de amparo de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Ahora, respecto de las \u00abjustificaciones\u00bb aducidas por la impugnante para flexibilizar la incuria, la mismas devienen abiertamente infundadas. Ello, porque no es admisible el argumento de que dej\u00f3 de recurrir el auto del 30 de agosto de 2023 porque en este no se indic\u00f3 \u00ablos recursos procedentes\u00bb, cuando los medios de impugnaci\u00f3n y la oportunidad para interponerlos, est\u00e1n consagrados en las disposiciones legales que rigen este tipo de asuntos, las cuales son de conocimiento general de los litigantes, mucho m\u00e1s cuando estos act\u00faan a trav\u00e9s de abogado. <\/p>\n
Menos a\u00fan puede tenerse como exculpaci\u00f3n el hecho de que en la providencia que neg\u00f3 la nulidad, el juez hubiera ordenado \u00abcontinuar el tr\u00e1mite del proceso\u00bb, pues si una de las partes considerara que esa actuaci\u00f3n era contraria a derecho, nada imped\u00eda para reprocharla utilizando los recursos que la ley prev\u00e9. En suma, ninguno de los referidos argumentos se mostraba v\u00e1lido para justificar la incuria advertida en esta oportunidad. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio criticado, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC7666-2023, 3 ago., rad. 00184-01, entre otras). <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que exige la jurisprudencia constitucional para su prosperidad bajo tal modalidad: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para reiterar que, en situaciones como la revisada, no emerge razonable justificar el comportamiento pasivo de la accionante, pues al no acreditarse irregularidad alguna en la notificaci\u00f3n de las actuaciones censuradas, y al contar la interesada con apoderada judicial, las supuestas falencias en que esta pudo incurrir en el ejercicio de sus deberes y funciones legal y convencionalmente establecidos, no pueden enrostrarse al estrado acusado. <\/p>\n
El anterior aserto ha venido siendo sostenido de vieja data por el precedente jurisprudencial, al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada en STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01 y STC6197-20232, 28 jun., rad. 00266-01, entre otras muchas). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n dijo que al otorgarse poder a un abogado para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada en STC12206-2022, 14 sep., rad. 00409-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC912-2023, 8 feb., rad. 2022-00161-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo por no superar el requisito de la subsidiariedad, porque la actora no hizo uso oportuno y adecuado de los medios de defensa a su alcance para rebatir la actuaci\u00f3n criticada. Adicionalmente, se advierte que ante la inexistencia de excusa para haber omitido el empleo de los mecanismos judiciales de defensa y la no demostraci\u00f3n de las razones necesarias para configurar un perjuicio irremediable, tampoco procede otorgar la tutela transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11598-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11598-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00265-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76829\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}