STC11602-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11602-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 19 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Presidencia de la Rep\u00fablica y los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00131. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas afirma, que dentro del citado asunto, \u00abdonde se desconoce todos los terminos (sic) perentorios de tiempo que impone la ley 472 de 1998\u00bb, el despacho querellado, \u00abNO ME PERMITE DESISTIR DE LA ACCION\u00bb, pese a que \u00abNO ESTOY OBLIGADO POR LEY ALGUNA CONOCIDA POR MI A SEGUIR AFECTANDO MI SALUD MENTAL\u00bb. Adicionalmente sostiene, que ha solicitado sin \u00e9xito al juzgado perder competencia para fallar el asunto, que \u00abDEMUESTRE EN DERECHO la gran carga laboral de acciones populares (sic) que le impiden cumplir [los] terminos (sic)\u00bb, copia digital del libro radicador de audiencias, y, constancia secretarial de cada una de las etapas del proceso. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende (i) que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente, \u00abSEPARARME, DESHACERME INMEDIATAMENTE DE LA ACCION POPULAR POR RAZONES DE DIGNIDAD HUMANA ante la mora judicial y la renuencia de la tutelada, pue spara (sic) mi (sic) es un KARMA que no soporto ni vivir\u00e9 mas (sic)\u00bb; (ii) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abme informen dia (sic), mes y a\u00f1o en que presentaran a mi nombre accion (sic) de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente mora judicial, falla en la prestaci\u00f3n (sic) del servicio\u00bb; y, (iii) \u00abSE CONCEDA AMPARO DE POBRE EN ESTA TUTELA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidencia de la Rep\u00fablica, el municipio de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
2. La oficina jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3, en lo que tiene que ver con la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por mora judicial a que hace referencia el actor en el escrito de tutela, que }\u00abtodas las personas que demuestren una condici\u00f3n de imposibilidad econ\u00f3mica o social para pagar por s\u00ed mismas la defensa de sus derechos, as\u00ed como asumir su representaci\u00f3n judicial o extrajudicial tal como ser\u00eda pretendido por el actor, tendr\u00e1n derecho a que se les preste el servicio de defensor\u00eda p\u00fablica con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad p\u00fablica, en virtud a lo dispuesto en el art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; frente a lo cual, corresponde al accionante solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
4. El representante legal de Audifarma SA pidi\u00f3 que se aparte a la entidad de estas diligencias, pues \u00abuna vez consultado el proceso Rad. 66001310300320220013100 evidenciamos que no somos parte en el tr\u00e1mite de esta Acci\u00f3n popular ya que la entidad demandada es ENERGY MOTOS PEREIRA LA VIRGINIA\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no hab\u00eda presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
6. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles solicit\u00f3 denegar el amparo reclamado, habida cuenta que \u00ab la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n encausa su actuar en la defensa del inter\u00e9s general por lo que, ab initio, no concuerda con su misionalidad, el promover a favor de particulares acciones que tienen por fin lograr indemnizaciones a su favor; y, en todo caso, de llegarse a aceptar que este \u00f3rgano si pudiese llegar a promoverlas, antes de iniciarlas, debe analizar, a trav\u00e9s de la dependencia competente (que no es la Delegada con funciones mixtas 4 para asuntos Civiles) si se re\u00fanen los presupuestos que la ley y la jurisprudencia han previsto para su interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio por ausencia de la conducta endilgada a la autoridad querellada, comoquiera que, aunque el actor cuestiona la no aceptaci\u00f3n del desistimiento presentado dentro de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00131, \u00abrevisado el expediente se advierte que el interesado no present\u00f3 solitud af\u00edn; el \u00fanico escrito adicional a la demanda fue una petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, se\u00f1alando que \u00abPIDO NULIDAD DE OFICIO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada al, supuestamente, no aceptar el desistimiento presentado por el actor, dentro de la acci\u00f3n popular seguida por \u00e9ste contra Energy Motos Pereira (n\u00b0 2022-00131). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, reiterada recientemente en STC1792-2023, 1\u00b0 mar. 2023, rad. 00018-01). <\/p>\n
3. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo en referencia, habida cuenta que la controversia que plante\u00f3 el querellante resulta infundada, pues si bien \u00e9ste se queja de la no aceptaci\u00f3n del desistimiento de la acci\u00f3n popular seguida en contra Energy Motos Pereira, tal y como se pudo verificar en el expediente, no obra solicitud en este sentido presentada por el inconforme ante el juzgado cognoscente. <\/p>\n
En este orden, la controversia planteada por el actor relativa a que la autoridad criticada no acepta su solicitud de desistimiento, carece de fundamento para soportar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, tras estar demostrado que no ha existido pronunciamiento del juzgado querellado en este sentido, de acuerdo con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada aqu\u00ed planteada. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que lo hagan posible en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01, reiterara entre otros, en STC1580-2023, 22 feb. 2023, rad. 00573-00). <\/p>\n
4. Precisiones adicionales <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abme informen dia (sic), mes y a\u00f1o en que presentaran a mi nombre accion (sic) de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente mora judicial, falla en la prestaci\u00f3n (sic) del servicio\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante las citadas autoridades sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
4.2. Por otra parte, sobre la solicitud para que \u00ab\u00abSE CONCEDA AMPARO DE POBRE EN ESTA TUTELA\u00bb, basta decir que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb1, quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto; sin embargo, si el gestor considera que en lo sucesivo debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada impide que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo2 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin y solicite lo propio. <\/p>\n
4.3. Finalmente, aunque en el escrito de impugnaci\u00f3n el gestor se\u00f1al\u00f3 que debe declararse la nulidad de lo actuado por falta de competencia del tribunal a quo para decidir la acci\u00f3n, basta con precisar que las quejas esbozadas en el escrito inicial est\u00e1n dirigidas puntualmente contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, y si bien la demanda se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, al revisar el portal web de la Rama Judicial no se encontraron actuaciones de segundo grado al interior de la acci\u00f3n popular criticada, por lo que la censura no pod\u00eda extenderse a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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