STC11605-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con un menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
STC11605-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-03856-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Kimberly, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Noveno de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Antioquia, las Comisarias de Familia del Barrio Castilla y Comuna Seis – Doce de Octubre, todos de Medell\u00edn, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n internacional de menor objeto de esta causa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n internacional de la menor de edad Antonella, con base en la denuncia presentada por Cristian, ciudadano colombo-espa\u00f1ol, porque \u00absupuestamente [sustraje] a mi hija [Antonella] del hogar que compart\u00edamos en Valladolid Espa\u00f1a\u00bb, sin ning\u00fan tipo de pruebas. <\/p>\n
Dijo que esa acusaci\u00f3n es falsa, porque en otras oportunidades hab\u00eda viajado a Medell\u00edn con su hija sin permiso del padre, puesto que exist\u00eda un documento denominado \u00abDeclaraci\u00f3n Firmada Permiso de Viaje\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que el 9 de junio de 2022 encontr\u00e1ndose en la mencionada ciudad, fue requerida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer No. 1 de Valladolid – Espa\u00f1a, en atenci\u00f3n a que el padre hab\u00eda presentado demanda de guardia y custodia de la ni\u00f1a. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que su hija no ha sido retenida, ni sustra\u00edda, por lo que la denuncia del padre exigiendo su restituci\u00f3n internacional no tiene fundamento jur\u00eddico, porque no piensa separarla de \u00e9l, con quien, de hecho, habla a diario por video llamada, pese a que ha incumplido con la cuota alimentaria que se oblig\u00f3 a pagar. <\/p>\n
Expuso que tiene la custodia y guarda de su hija, y que el padre puede visitarla cuando quiera en el momento en que regrese a Espa\u00f1a, e hizo \u00e9nfasis en que para cuando viaj\u00f3 a Colombia no se le hab\u00eda otorgado la custodia a \u00e9l, de ah\u00ed que \u00ablas decisiones de las autoridades de familia colombianas, Comisar\u00eda de Familia, Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Medell\u00edn y Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn incurrieron en un defecto f\u00e1ctico puesto que su decisi\u00f3n ordenando la restituci\u00f3n internacional de la menor, carece de apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal que soport\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, en la situaci\u00f3n presentada, se aplic\u00f3 \u00abnormatividad ex\u00f3gena y sin an\u00e1lisis exhaustivo de las pruebas que se han aportado en donde no hay prueba alguna de que efectivamente y materialmente haya existido sustracci\u00f3n o retenci\u00f3n de la menor ya citada\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abREVOCAR la decisi\u00f3n de la se\u00f1ora Juez S\u00e9ptima de Familia de Medell\u00edn (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las autoridades vinculadas y a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Medell\u00edn, remiti\u00f3 copia de la sentencia de 31 de agosto de 2023 y adujo que en ella se expusieron las razones por las que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado de primera instancia el 12 de mayo de 2023, en el proceso de restituci\u00f3n internacional de menor objeto de esta causa. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, adem\u00e1s, de compartir el link del expediente, inform\u00f3 que conoci\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n internacional de Antonella solicitado por Cristian y como requerida Kimberly, en el que particip\u00f3 la Defensora de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico, y en sentencia accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 por el Tribunal Superior accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3 negar el amparo, por cuanto en ese tr\u00e1mite se respetaron los derechos fundamentales de las partes y porque la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia judicial. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno de Familia de la referida ciudad, manifest\u00f3 que el 8 de febrero de 2023 le fue repartido el proceso de violencia intrafamiliar en segunda instancia, para conocer del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la decisi\u00f3n de medida de protecci\u00f3n definitiva de la Comisaria de Familia Comuna Seis \u2013 Doce de Octubre, providencia que confirm\u00f3 en providencia de 13 de marzo siguiente. <\/p>\n
4. La Comisar\u00eda de Familia de la Comuna Seis de Medell\u00edn, expres\u00f3 que los procesos de los que tuvo conocimiento relacionados con la menor (restablecimiento de derechos en favor de menor de edad y violencia intrafamiliar en favor de la accionante), fueron radicados por la Comisar\u00eda de Familia de Permanencia Turno 3, quien a su vez los envi\u00f3 a esa dependencia, y afirm\u00f3 que desconoce los detalles del proceso de restituci\u00f3n internacional. <\/p>\n
5. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Antioquia, dio cuenta de la actividad y gesti\u00f3n que adelant\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n internacional de la menor de edad y, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no tener injerencia en las decisiones que adopten los jueces competentes, y pidi\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
6. La apoderada judicial de Cristian, se pronunci\u00f3 frente a los hechos narrados en el escrito de tutela, para pedir que no se acceda a lo pretendido por la accionante, \u00aben cuanto no existe una pretensi\u00f3n dentro del escrito y solo argumentan en las interpretaciones constitutivas de los hechos, atacar t\u00e1citamente la confirmaci\u00f3n del fallo emitido por el Juzgado 7 de Familia en Oralidad de Medell\u00edn, sin tener en cuenta la sustentaci\u00f3n y argumentos presentados por el Tribunal Superior de Medell\u00edn que es claro, y del cual est\u00e1 dando raz\u00f3n a lo fallado en Primera Instancia\u00bb. (sic) <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de corregir o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, conforme los hechos narrados en el escrito de tutela, la inconformidad de la se\u00f1ora Kimberly se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 31 de agosto de 2023, que confirm\u00f3 el fallo del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad de 12 de mayo anterior, por el que resolvi\u00f3 acceder a la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n internacional presentada por el se\u00f1or Cristian respecto de su hija menor de edad, en raz\u00f3n a que, no se aplicaron en debida forma las normas que rigen la materia, no se tuvo en cuenta el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y las pruebas que se han aportado en donde no hay prueba alguna de que efectivamente y materialmente haya existido sustracci\u00f3n o retenci\u00f3n de la menor. <\/p>\n
3. Para resolver, es pertinente mencionar, que mediante la Ley 173 de 1994, el legislador colombiano aprob\u00f3 el \u00abConvenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os\u00bb, suscrito con la finalidad de procurar la restituci\u00f3n inmediata de los menores al lugar de su residencia habitual cuando han sido il\u00edcitamente trasladados o retenidos en otro Estado, conforme al art\u00edculo 1\u00ba de esa normativa. <\/p>\n
La mencionada ilicitud se configura en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3\u00b0 de esa preceptiva, <\/p>\n
\u00aba) Cuando ha habido una violaci\u00f3n del derecho de guarda asignado ya sea a una persona, una instituci\u00f3n o cualquier otro organismo, ya sea solo o conjuntamente, por la legislaci\u00f3n del Estado en el cual el ni\u00f1o resid\u00eda habitualmente antes de su traslado o no regreso; b) Que este derecho era ejercido de manera efectiva s\u00f3lo o conjuntamente en el momento del traslado o no regreso o lo habr\u00edan sido si tales hechos no se hubieran producido\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el canon 13 \u00eddem, except\u00faa el deber de ordenar el reintegro del menor, <\/p>\n
(\u2026) cuando la persona, instituci\u00f3n u organismo que se opusiere a su regreso probare: <\/p>\n
a) Que la persona, instituci\u00f3n u organismo que cuidaba de la persona del ni\u00f1o no ejerc\u00eda efectivamente el derecho de guarda en el momento del traslado o no regreso o hab\u00eda consentido o asentido posteriormente a ese traslado o no regreso; <\/p>\n
b) Que existe un grave riesgo que el regreso del ni\u00f1o no lo someta a un peligro f\u00edsico o ps\u00edquico o de cualquier otra manera no lo coloque en una situaci\u00f3n intolerable. <\/p>\n
La autoridad judicial o administrativa podr\u00e1 tambi\u00e9n negarse a ordenar el regreso del ni\u00f1o si constatare que \u00e9ste se opone a su regreso y que hubiere alcanzado una edad y madurez en donde mostrare que es conveniente tener en cuenta esta opini\u00f3n. <\/p>\n
En la apreciaci\u00f3n de las circunstancias se\u00f1aladas en el presente art\u00edculo, las autoridades judiciales o administrativas deber\u00e1n tener en cuenta las informaciones suministradas por la Autoridad Central o cualquier otra autoridad competente del Estado donde el ni\u00f1o residiere habitualmente acerca de su situaci\u00f3n social\u00bb. <\/p>\n
Al punto se destaca, que el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, prev\u00e9 en su art\u00edculo 112 que, \u00abLos ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, ser\u00e1n protegidos por el Estado colombiano contra todo traslado il\u00edcito u obst\u00e1culo indebido para regresar al pa\u00eds\u00bb. (CSJ. STC12174-2017). <\/p>\n
4. Examinada la determinaci\u00f3n cuestionada, se advierte la improsperidad de la acci\u00f3n de tutela, porque los argumentos esgrimidos por el Tribunal Superior accionado no se advierten caprichosos o irrazonables, por cuanto, para adoptar la decisi\u00f3n delimit\u00f3 el escenario de su competencia, para establecer si \u00abla prueba recaudada que no fue debidamente valorada, alcanza a demostrar la configuraci\u00f3n de las excepciones consagradas en los art\u00edculos 12 y 13 literal b del Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, para no ordenar el regreso de la ni\u00f1a [Antonella] a Espa\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
En los antecedentes se\u00f1al\u00f3, \u00abEl 6 de julio de 2022, esto es, dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o desde la retenci\u00f3n ilegal, la autoridad central colombiana recibi\u00f3 de la autoridad central Espa\u00f1ola la solicitud de restituci\u00f3n internacional por la retenci\u00f3n ilegal, y tras realizarse el d\u00eda 30 de septiembre de 2022 la verificaci\u00f3n del estado de cumplimiento de los derechos de la ni\u00f1a, se concluye que se encuentra en buenas condiciones con su madre\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el traslado o no regres\u00f3 se considera il\u00edcito, cuando se viol\u00f3 el derecho de guarda asignado por la legislaci\u00f3n del Estado en el cual el ni\u00f1o resid\u00eda habitualmente antes de su traslado, ese derecho era ejercido de manera efectiva o lo habr\u00eda sido si tales hechos no se hubieran producido, al igual que debe presentarse la configuraci\u00f3n de alguna de las causales espec\u00edficas y taxativas del Conveni\u00f3 mencionado para no ordenar su retorno (art\u00edculos 12 y 13), lo que le sirvi\u00f3 de base para indicar que \u00abes carga del opositor, no solo porque as\u00ed lo establece este canon sino tambi\u00e9n porque constituye un principio de derecho probatorio, el demostrar, fehacientemente, las circunstancias especiales descritas en el Convenio para que no se acceda a las pretensiones de la restituci\u00f3n internacional, carga que desde ahora debe advertirse esta Sala no cumpli\u00f3 la apelante\u00bb. <\/p>\n
Al volver sobre el caso bajo examen, despej\u00f3 el panorama al decir que, <\/p>\n
\u00abEn esta oportunidad es claro que [Antonella] es menor de 16 a\u00f1os y lo sigue siendo, puesto que su natalicio aconteci\u00f3 en Valladolid, Espa\u00f1a, el d\u00eda 8 de octubre de 2020; tampoco hay discusi\u00f3n en cuanto a que el traslado de la ni\u00f1a a Colombia desde Espa\u00f1a, por parte de su madre, se produjo de forma unilateral, cuando el derecho de custodia era compartido, y habi\u00e9ndose presentado la solicitud de restituci\u00f3n dentro del a\u00f1o siguiente al traslado, se agot\u00f3 la etapa de restituci\u00f3n voluntaria el 30 de septiembre de 2022, quedando por definir las tres excepciones invocadas de consentimiento o asentimiento t\u00e1cito posterior al traslado o no regreso, integraci\u00f3n al nuevo medio y la existencia de un grave riesgo para la ni\u00f1a en el evento de ordenarse su retorno a Espa\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa directriz, sostuvo que los mensajes de WhatsApp que intercambiaban los padres de la menor, si bien dan cuenta que el padre piensa que ella es una buena madre, no puede interpretarse como un asentamiento t\u00e1cito, <\/p>\n
\u00abm\u00e1xime cuando present\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n, la cual, debe anotarse, puede elevarse despu\u00e9s del a\u00f1o en que se materializ\u00f3 el traslado o retenci\u00f3n il\u00edcita, teniendo como l\u00edmite que se trate de un menor de 16 a\u00f1os. Realmente no existe ning\u00fan medio suasorio que acompa\u00f1e esta afirmaci\u00f3n de la accionada, o que la solicitud de restituci\u00f3n tenga un sentimiento de venganza del padre de la ni\u00f1a o que tiene como origen un dinero que cada uno reclama como suyo, aqu\u00e9l ha sido reiterativo en que su inter\u00e9s es que se respeten sus derechos como padre y que su hija regrese a su residencia habitual en Espa\u00f1a, a m\u00e1s que, seg\u00fan sus dichos, el objeto de esos mensajes no era otro que llegar a un acuerdo\u00bb. <\/p>\n
Luego abord\u00f3 el tema de la integraci\u00f3n al nuevo medio, para lo cual se refiri\u00f3 a las pruebas de informe de valoraci\u00f3n socio-familiar de verificaci\u00f3n de derechos, tarjeta de identidad, matr\u00edcula escolar, matr\u00edcula de clases de nataci\u00f3n, afiliaci\u00f3n a salud, informe de la entidad escolar en las que se aprecia que el desarrollo de la ni\u00f1a es bueno, analiz\u00f3 a continuaci\u00f3n los testimonios de Edna y Erika, as\u00ed como la declaraci\u00f3n de la abuela materna, con las cuales, afirm\u00f3, no se acredit\u00f3 la alegada integraci\u00f3n, pues aun cuando se haya demostrado que la menor ha establecido lazos con familiares y que su retorno puede generar un da\u00f1o, lo anterior no implica integraci\u00f3n, porque, <\/p>\n
\u00abno se trata entonces de un concepto de poca relevancia y que puede ser simplemente invocado para lograr la emisi\u00f3n de un veredicto favorable a las pretensiones de los padres, el protagonista es el ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente y hacia \u00e9l debe enfocarse la decisi\u00f3n, como en efecto ocurri\u00f3 en este caso, en donde tras revisar las circunstancias individuales se tiene que hubo un traslado il\u00edcito, sin consentimiento del padre, ni previo ni posterior, y sin que se pueda alegar un arraigo para impedir su retorno a su residencia habitual en Espa\u00f1a, conforme a los lineamientos del Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, el que como se anunci\u00f3 al inicio se fundamenta en el inter\u00e9s superior del menor\u00bb. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el riesgo relacionado en que la restituci\u00f3n de la menor la exponga a un peligro f\u00edsico o ps\u00edquico, afirm\u00f3 que, aunque se pusieron de presente los tipos de violencia que dijo la apelante recibi\u00f3 la ni\u00f1a de parte del padre, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este fallador plural emprendi\u00f3 la labor de analizar las pruebas recopiladas y que apuntan a la demostraci\u00f3n de la excepci\u00f3n, incluso, en cumplimiento del deber-poder de decretar pruebas de oficio, se procedi\u00f3 a ello en auto del 27 de julio de 2023, requiriendo a la Comisar\u00eda de Familia Seis -Barrio Doce de Octubre de Medell\u00edn, Antioquia, para que aportara copia digital, completa y debidamente organizada de los expedientes correspondientes al proceso de restablecimiento de derechos de la ni\u00f1a [Antonella] y violencia intrafamiliar, incoado por la se\u00f1ora [Kimberly] en contra del se\u00f1or [Cristian] y a la Fiscal\u00eda 101 Local, Unidad CAIVAS \u2013Medell\u00edn, para que informara el estado de la denuncia que, por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 a\u00f1os, se hizo en contra del se\u00f1or [Cristian], padre de la ni\u00f1a [Antonella] (\u2026) Una vez allegadas las respuestas se pusieron en conocimiento de las partes, garantiz\u00e1ndose el debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Pese a esto, lo cierto es que no obra en el expediente ning\u00fan soporte probatorio para acreditar que la restituci\u00f3n internacional pone en riesgo a la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 despu\u00e9s de analizar las declaraciones de ambas partes y los testimonios de Mar\u00eda, Xiomara, Sarai, Omaira y Antonio, que llevaron a determinar que los hechos de maltrato y violencia, <\/p>\n
\u00abno fueron probados en este escenario como tampoco en la sede administrativa, en donde mediante la Resoluci\u00f3n No 049 del 24 de enero de 2023, la Comisar\u00eda de Familia Seis-Doce de Octubre, declar\u00f3 no probada la responsabilidad del se\u00f1or [Cristian] , por los presuntos hechos de violencia intrafamiliar denunciados por la se\u00f1ora [Kimberly], revocando las medidas de protecci\u00f3n impuestas en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 559 del 14 de junio de 2022 y sugiriendo a los involucrados realizar un proceso psicol\u00f3gico para afrontar situaciones como la ruptura de la relaci\u00f3n y su rol como padres, determinaci\u00f3n que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Medell\u00edn en providencia del 13 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
Y si bien es cierto que la misma autoridad en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 601 de 6 de diciembre de 2022, en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, declar\u00f3 en riesgo de vulneraci\u00f3n los derechos a la integridad y desarrollo sexual de la ni\u00f1a, hasta que la autoridad internacional competente se pronuncie sobre la comisi\u00f3n del presunto delito, y declar\u00f3 responsable al se\u00f1or Cristian, no puede dejarse de lado que ese acto administrativo, <\/p>\n
\u00abno constituye una corroboraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la demandada, en tanto que la decisi\u00f3n, adoptada en un tr\u00e1mite que tiene un fin muy distinto al presente, en criterio de esta Sala, solo tiene como cimiento la existencia de una denuncia por los presuntos actos de abuso y la necesidad cumplir con unos t\u00e9rminos para resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica, sin precisar que otras pruebas permiten llegar a la conclusi\u00f3n de la existencia de ese riesgo y que el responsable es el progenitor. Es m\u00e1s, pese a que en su parte motiva identifica como en riesgo los derechos de la ni\u00f1a a la calidad de vida, a un ambiente sano y a tener una familia y no ser separada de ella, finalmente indica que el riesgo de vulneraci\u00f3n se predica de los derechos a la integridad y desarrollo sexual (\u2026) Sin que sea viable impedir el retorno de la menor con la simple afirmaci\u00f3n de la madre o la existencia de una denuncia, principalmente cuando en la Rep\u00fablica de Colombia fue archivada, como se comunic\u00f3 a este Tribunal por la Fiscal 101 Local\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, luego de valorar las pruebas documentales, los testimonios practicados y dem\u00e1s elementos allegados al tr\u00e1mite, concluy\u00f3 que la ni\u00f1a para el momento en que se traslad\u00f3 con su se\u00f1ora madre a Colombia, ten\u00eda como residencia habitual Espa\u00f1a, que la demandada la retuvo il\u00edcitamente, pues cuando se residenciaron en este pa\u00eds compart\u00eda la guarda y el cuidado con el demandante, que no se demostr\u00f3 arraigo de la infante en Colombia, y, en todo caso, que las condiciones socio familiares y culturales en Espa\u00f1a son similares, por lo que la adaptaci\u00f3n de la ni\u00f1a ese medio no ser\u00eda dif\u00edcil, y, por \u00faltimo, que no se encontraba acreditado que el padre representara un peligro para la integridad de \u00e9sta, y, en ese sentido, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Medell\u00edn que orden\u00f3 la restituci\u00f3n internacional de Antonella de tres a\u00f1os a Espa\u00f1a, en compa\u00f1\u00eda de un adulto que bien puede ser su progenitora, dispuso que quien realice el traslado de la menor, la debe entregar a la Autoridad Central de ese pa\u00eds, para lo de su competencia o autoridad homologa al ICBF, \u00abrequiriendo a la se\u00f1ora [Kimberly] para que defina lo pertinente para el traslado, al ICBF para que preste la asesor\u00eda y colaboraci\u00f3n, y aclarando que el ICBF elegir\u00e1 al funcionario que lleve a la ni\u00f1a y que si no lo hace ser\u00e1 la progenitora\u00bb. <\/p>\n
5. Efectuado ese recuento, se advierte que el Tribunal Superior accionado al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la accionante contra la sentencia de primera instancia, tuvo en cuenta los reparos efectuados por la apelante y las pruebas recaudadas, para concluir que la petici\u00f3n de restituci\u00f3n internacional, cumpl\u00eda con los requisitos \u00abconvencionales y legales\u00bb, adem\u00e1s de haber sido demostrada la retenci\u00f3n il\u00edcita ejercida por la madre y no enmarcarse el caso, en ninguna de las excepciones establecidas en el Convenio de La Haya. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, la sentencia atacada se encuentra motivada y no luce arbitraria, ni se evidencia que con esa decisi\u00f3n se configure alguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, cuando no se acredit\u00f3 el defecto f\u00e1ctico reprochado, y, en estrictez, ante la expectativa de la accionante que en esta sede se efect\u00fae una nueva valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas en el tr\u00e1mite referido, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, puesto que, en este puntual aspecto es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
Entonces, no se evidencia defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la accionante, quien, lo que busca realmente es imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse el asunto y la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraerse de cada medio de prueba, para que se accediera a los medios exceptivos que propuso al contestar la demanda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
En este aspecto, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por el accionante, como qued\u00f3 expuesto, el Tribunal Superior de Medell\u00edn analiz\u00f3 de manera completa y detallada las pruebas recaudadas, las apreci\u00f3 de manera conjunta asign\u00e1ndoles el m\u00e9rito que de ellas razonadamente extrajo (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), estudio que le sirvi\u00f3 de base para adoptar la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Kimberly, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnada esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11605-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con un menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}