STC11615-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11615-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00384-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 5 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mercedes Murillo Quintana contra el Juzgado Promiscuo de Familia y la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de M\u00e1laga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2008-00183. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la sucesi\u00f3n intestada de Juan de Dios Carre\u00f1o, en el que se reconocieron \u00ab19 herederos\u00bb y a ella como \u00abc\u00f3nyuge sobreviviente\u00bb, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga se present\u00f3 trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n de bienes propios y sociales, encontr\u00e1ndose dentro de estos \u00faltimos 8 partidas, siendo la 7\u00aa: \u00abel 16.66% de los derechos y acciones vinculados a un predio rural denominado Santa Mar\u00eda, ubicado en la vereda Buraga del municipio de Macaravita, (\u2026) registrado al folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 312-0019000 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de M\u00e1laga\u00bb, cuyo aval\u00fao total es de $10.000.000 y el del porcentaje en menci\u00f3n \u00ab$3.332.000\u00bb. <\/p>\n
Que la referida partici\u00f3n, en la que se liquid\u00f3 la sociedad conyugal Carre\u00f1o-Murillo, adjudic\u00e1ndole a la ac\u00e1 querellante 4 partidas, siendo una de ellas \u00abel 50% de los derechos y acciones vinculados al predio rural denominado Santa Mar\u00eda\u00bb, fue aprobada por el accionado mediante providencia del 22 de agosto de 2012. <\/p>\n
Que, en relaci\u00f3n con el citado inmueble, la anterior adjudicaci\u00f3n result\u00f3 ficticia, toda vez que seg\u00fan \u00abactuaci\u00f3n administrativa No. 312-A.A.2015-36\u00bb seguida ante el Registrador Seccional de Instrumentos P\u00fablicos de M\u00e1laga, con \u00abresoluci\u00f3n n\u00b0 30 [del] 15 de marzo de 2017\u00bb, se dispuso \u00abel cierre del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 312-19000, quedando sin efecto jur\u00eddico ni validez las anotaciones [all\u00ed] contenidas\u00bb. <\/p>\n
Que por lo anterior, \u00abse me asign\u00f3 un bien jur\u00eddicamente inexistente\u00bb, generando con ello \u00abdesigualdad\u00bb en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s adjudicatarios, pues, la cancelaci\u00f3n del referido folio inmobiliario impidi\u00f3 materializa su derecho, el cual \u00abal momento del tr\u00e1mite sucesoral judicial estaba abierto haciendo ver que formaba parte de la masa sucesoral sometida a distribuci\u00f3n o partici\u00f3n\u00bb, y que esa situaci\u00f3n la dej\u00f3 en evidencia el juzgado en auto del 25 de julio de 2023, al responder solicitud de \u00abcopia de la sentencia para su correspondiente inscripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene \u00abdejar sin [efecto] el trabajo de partici\u00f3n realizado en el proceso sucesorio [rad. 2008-00183], as\u00ed como las decisiones (\u2026) aprobatorias del mismo, [y en su lugar] se tomen las que en derecho corresponden (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Promiscuo de Familia de M\u00e1laga, inform\u00f3 que tras la aprobaci\u00f3n del trabajo partitivo en cuesti\u00f3n \u00abmediante sentencia del 22 de agosto del 2012\u00bb, el representante judicial de la ac\u00e1 quejosa interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue declarado \u00abinadmisible\u00bb por el tribunal el 4 de abril de 2013, al advertir que \u00abno se objet\u00f3 la partici\u00f3n realizada por el auxiliar de la justicia\u00bb. Pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n, porque al impetrarse \u00abpasada una d\u00e9cada de haber realizado la transici\u00f3n a cosa jugada de las providencias referidas\u00bb, se desconoce el requisito temporal, aunado a que lo ahora pretendido es \u00abreabrir un debate en que se agotaron los recursos ordinarios\u00bb. <\/p>\n
2. El Registrador Seccional de Instrumentos P\u00fablicos de M\u00e1laga, dio cuenta que respecto del folio inmobiliario n\u00b0 312-19000, por hallar \u00abanomal\u00edas\u00bb en el cumplimiento de \u00ablas condiciones exigidas por las leyes para mantener su origen\u00bb, el 28 de abril de 2015 esa oficina dio apertura a una actuaci\u00f3n administrativa, culminando con resoluci\u00f3n del 15 de marzo de 2017 ordenando \u00abdar cierre (\u2026) por tratarse de duplicidad en folios de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. Ello, porque cada predio debe tener \u00abt\u00edtulos v\u00e1lidos y perfectos\u00bb, pues de no ser as\u00ed \u00abse formar\u00edan verdaderas cadenas de fraudulentas y los asientos del registro solo servir\u00edan para enga\u00f1ar al p\u00fablico, favorecer\u00edan el tr\u00e1fico il\u00edcito y provocar\u00edan un sinf\u00edn de litigios\u00bb. Pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda porque de parte de esa oficina, \u00abno existe vulneraci\u00f3n de los derechos [invocados]\u00bb, e indic\u00f3 que su proceder \u00abse fundamenta en [los] principios de legalidad y de rogaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Milton Hugo Acevedo Pacheco, quien act\u00faa en el juicio criticado como apoderado judicial de la actora, manifest\u00f3 que \u00abdeben concederse [las pretensiones] por cuanto (\u2026) se asign\u00f3 a la accionante un porcentaje de un bien ra\u00edz que al momento de la partici\u00f3n y al emitir el fallo exist\u00eda jur\u00eddicamente porque no se hab\u00eda cerrado el correspondiente folio de matr\u00edcula inmobiliaria, [y por ello, dicha actuaci\u00f3n] no se objet\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4. Johan Sneider Rodr\u00edguez Osorno, asever\u00f3 que la accionante \u00abparticip\u00f3 en la conformaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, (\u2026) le fue adjudicado la suma de $15.620.750 [a trav\u00e9s de 4 partidas, 3 de ellas correspondientes a inmuebles]; que el trabajo de partici\u00f3n fue aprobado por el juzgado el 22 de agosto de 20132; el 15 de marzo del a\u00f1o 2017 el registrador de instrumentos p\u00fablicos cerr\u00f3 el folio de matr\u00edcula 312-0019000 por considerar que nunca se debi\u00f3 abrir dado que el mismo deviene del folio 312-952\u00bb, y en esas circunstancias, \u00abninguna garant\u00eda fundamental fue soslayada [pues] la funci\u00f3n [del juzgado] consisti\u00f3 en adelantar el proceso sucesoral conforme a la informaci\u00f3n suministrada por los interesados en el juicio de sucesi\u00f3n\u00bb, en \u00faltimas, que frente al cuestionamiento realizado contra el despacho judicial, no se satisface el presupuesto de inmediatez del amparo. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al estimar que se enfil\u00f3 \u00abcontra el trabajo de partici\u00f3n que fue presentado por el auxiliar de la justicia el 16 de julio de 2012 y la sentencia que lo aprob\u00f3 el 22 de agosto de la misma anualidad; con venero en el cierre de la matr\u00edcula del inmueble que le fue adjudicado en virtud de lo ordenado en la Resoluci\u00f3n No. 30 del 15 de marzo de 2017 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de M\u00e1laga (\u2026), se impetr\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de un t\u00e9rmino razonable, pues han trascurrido m\u00e1s de 6 a\u00f1os desde que se produjo la \u00faltima de las actuaciones\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, seg\u00fan el expediente, \u00abla actora conoc\u00eda desde el a\u00f1o 2012 las irregularidades que rodeaban el folio No. 312-19000 que corresponde al predio que le fue asignado en la repartici\u00f3n de la herencia, como que fue ese el eje central del recurso de apelaci\u00f3n que inadmiti\u00f3 esta superioridad en prove\u00eddo del 4 de abril de 2013 (\u2026), pero dej\u00f3 trascurrir un espacio temporal muy amplio para acudir a este excepcional y expedito remedio, lo que desdibuja cualquier urgencia\u00bb. Por lo dem\u00e1s, que la actora \u00abno [emple\u00f3] los mecanismos judiciales ordinarios para exponer oportunamente los argumentos aqu\u00ed blandidos, en la medida que no objet\u00f3 la divisi\u00f3n y no prob\u00f3 haber agotado los recursos que proced\u00edan contra la resoluci\u00f3n ya citada, por lo que la protecci\u00f3n rogada est\u00e1 hu\u00e9rfana [del] requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante se\u00f1alando que s\u00ed se satisface el requisito temporal ya que \u00abla vulneraci\u00f3n a mis derechos fundamentales en la actualidad est\u00e1 vigente\u00bb, y que quienes no actuaron con inmediatez fueron los accionados al no \u00abgarantizar los derechos que de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble se derivan\u00bb; que no se valor\u00f3 que es \u00abuna persona campesina de la tercera edad [quien] no termin\u00f3 estudios primarios, [por lo que] merezco un grado de especial protecci\u00f3n\u00bb. Sobre la subsidiariedad, dijo que \u00abal momento de la partici\u00f3n y al fallar exist\u00eda el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 312-19000 [y por ello], si no se objet\u00f3 la partici\u00f3n fue porque se parti\u00f3 de la buena fe en el sentido de que los derechos que se me asignaron los pod\u00eda registrar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron las prerrogativas fundamentales de la actora, en tanto: (i) al interior del proceso de sucesi\u00f3n intestada n\u00b0 2008-00183, el Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga, aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de derechos y acciones sobre un predio y (ii), el Registrador Seccional de Instrumentos P\u00fablicos de la localidad en menci\u00f3n, decret\u00f3 el cierre de una matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia ha sostenido que, para la intervenci\u00f3n del juez constitucional de cara a las actuaciones judiciales, deben confluir los presupuestos generales que tornen viable el restablecimiento del orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, en especial, que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales; tambi\u00e9n se destacan como esenciales, la inmediatez y la subsidiariedad, lo que implica actuar oportuna, adecuada y diligentemente, si no es as\u00ed, el auxilio no puede prosperar. <\/p>\n
Ello, toda vez que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues esta no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo deprecado, precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a su improcedencia, porque: (i) frente al reproche contra el despacho judicial, no se consolida afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la quejosa, y, (ii) en lo que ata\u00f1e a la reclamaci\u00f3n contra la autoridad registral, desatiende el principio de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento emerge respecto del proceder del Juzgado Promiscuo de Familia de M\u00e1laga en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del sucesorio n\u00b0 2008-00183, pues revisada la actuaci\u00f3n surtida en dicho liquidatorio, en particular la conformaci\u00f3n del inventario de la masa herencial y de la respectiva sociedad conyugal, y la consecuente etapa de partici\u00f3n, no se advierte irregularidad que, en su momento, ameritara correctivo por parte de la autoridad judicial para evitar o conjurar la afectaci\u00f3n que aduce la hoy tutelante. <\/p>\n
En efecto, el respectivo expediente da cuenta que el inventario y aval\u00fao tanto de los bienes propios del causante como de los sociales, se elabor\u00f3 previo consenso entre los herederos y la ac\u00e1 c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite (accionante), quien cont\u00f3 con representante judicial debidamente constituido y reconocido en el juicio, observ\u00e1ndose que en tal relaci\u00f3n se present\u00f3 la partida s\u00e9ptima del activo como \u00abel 16.66% de los derechos y acciones vinculados a un predio rural denominado Santa Mar\u00eda, ubicado en la vereda Buraga del municipio de Macaravita, (\u2026) registrado al folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 312-0019000 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de M\u00e1laga\u00bb. <\/p>\n
Entonces, teniendo claro que el inventario previamente aprobado es la base de la partici\u00f3n, tal trabajo se confeccion\u00f3 por el auxiliar de la justicia designado por el juzgado, y como la referida partida hac\u00eda parte de uno de los bienes sociales, a la se\u00f1ora Murillo Quintana, en su calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente, se le asign\u00f3 \u00abel 50% de los derechos y acciones vinculados al predio rural denominado Santa Mar\u00eda (\u2026)\u00bb, lo que significa que la adjudicaci\u00f3n deb\u00eda sujetarse a esa modalidad de derecho, tras lo cual surg\u00eda la posibilidad de consolidar la propiedad que a partir de all\u00ed pudiera generarse. <\/p>\n
Ahora, en este punto resulta importante precisar que la actuaci\u00f3n en comento, esto es, la aprobaci\u00f3n de la referida partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, se produjo -sin reparos de la ahora reclamante- mediante providencia adiada el 22 de agosto de 2012, lo que implica que tuvo lugar mucho antes de que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de M\u00e1laga dispusiera el cierre del folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio sobre el cual se derivaron los derechos en comento. <\/p>\n
En esas condiciones, demostrado como se encuentra que el comportamiento y proceder de las funcionaria judicial no compromete la legalidad de la actuaci\u00f3n procesal, deviene infundada la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas iusfundamentales que motiv\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, pues reiteradamente esta Corte ha dicho, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada en STC5705-2023, 14 jun., rad. 00417-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que este excepcional mecanismo jur\u00eddico requiere: \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC7667-2023, 3 ago., rad. 01426-01). Se resalta. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Conforme se anunci\u00f3, se predica en la modalidad de incuria y surge respecto del reproche realizado por esta v\u00eda a la determinaci\u00f3n del Registrador Seccional de Instrumentos P\u00fablicos de M\u00e1laga, esto es, a la resoluci\u00f3n n\u00b0 30 del 15 de marzo de 2017, mediante la cual se decidi\u00f3 la \u00abactuaci\u00f3n administrativa n\u00b0 312-A.A.2015-36\u00bb, adelantada para \u00abclarificar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula No. 312-12952 y 312-19000\u00bb, culminando con la declaraci\u00f3n de \u00abcierre\u00bb de este \u00faltimo folio inmobiliario, invalidando con ello las anotaciones que all\u00ed figuraban. <\/p>\n
En esa perspectiva, se enfatiza que los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez del resguardo, pues acerca de su legalidad, este no puede arrogarse facultades que son propias de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues, en principio, es en ese escenario donde el punto \u00abdebe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2007, rad. 00186-01, citada en STC10875-2022, 22 ago., rad. 00193-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que la senda jur\u00eddica para refutar actuaciones administrativas, es aquella dise\u00f1ada por el legislador para ser adelantada ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, al afirmar que, \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ STC5278-2015, 4 may., rad. 2014-00305-01, citada entre otras en STC7059-2023, 19 jul., rad. 00296-01). <\/p>\n
En este orden, para debatir la legalidad del acto administrativo que motiva la inconformidad de la querellante, esta contaba con el correspondiente medio de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (nulidad y restablecimiento del derecho), en lugar de acudir a este instrumento excepcional, pues dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. <\/p>\n
Al respecto, desde sus albores la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que el estudio de fondo de la tutela se habilita s\u00f3lo cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, siendo evidente que en el sub j\u00fadice, la interesada no acredit\u00f3 haber acudido a los pertinentes medios de defensa, cuya aptitud y eficacia no est\u00e1n en entredicho. <\/p>\n
Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la desidia para hacer uso oportuno y adecuado de los medios ordinarios de defensa judicial, la demandante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero en raz\u00f3n a su improcedencia porque: (i) la censura contra el juzgado deviene infundada en tanto que, no se demostr\u00f3 que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n hubiera consolidado transgresi\u00f3n a derecho fundamental alguno de la actora, y, (ii) porque el reproche contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, desatiende el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad, comoquiera que no agot\u00f3 el medio de defensa judicial id\u00f3neo que ten\u00eda a su alcance para controvertir el acto administrativo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11615-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11615-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00384-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76845","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76845\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}