STC11616-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC11616-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 20 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Javier Paternina Sierra contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad, tr\u00e1mite al que fue citado el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso verbal de nulidad de contrato por lesi\u00f3n enorme con radicado N\u00ba 08758-40-03-003-2019-00245. <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el proceso referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso verbal contra Edris Eliecer P\u00e9rez Pastrana, para que se declarara la existencia de lesi\u00f3n enorme en la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa que suscribieron en relaci\u00f3n con el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 041-13504, ubicado en Barranquilla, puesto que aun cuando el bien estaba avaluado en $110.000.000, lo vendi\u00f3 en $34.100.000 conforme se evidencia en la escritura de compraventa N\u00ba 2751, firmada el 2 de noviembre de 2016. <\/p>\n
Explic\u00f3, que, en su criterio, el negocio fue simulado, pues \u00abde una parte el comprador no pag\u00f3 el precio real del inmueble, y de otra, se pretendi\u00f3 encubrir un Contrato de Mutuo con Garant\u00eda y el cobro de intereses, mediante un presunto Contrato de Arrendamiento, celebrado en fecha 22 de Octubre de 2016\u00bb, que el comprador le pidi\u00f3 suscribir como garant\u00eda. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, adem\u00e1s, como el se\u00f1or P\u00e9rez Pastrana contest\u00f3 la demanda de manera directa sin contar con la representaci\u00f3n de un abogado, no se tuvieron en cuenta sus manifestaciones y, tras recibir las pruebas decretadas, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad en sentencia de 21 de febrero de 2021 accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado y revoc\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad el 8 de mayo de 2023 para, en su lugar, desestimar sus peticiones. <\/p>\n
Sostuvo que con ese pronunciamiento incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque adem\u00e1s de desconocer lo dispuesto en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la no contestaci\u00f3n de la demanda, apreci\u00f3 de manera indebida las pruebas y, pese a que en sus pretensiones subsidiarias pidi\u00f3 que se declarara la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa y, en su criterio, se hallaban satisfechos todos los presupuestos legalmente establecidos para el efecto, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abDEJAR sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de fecha Mayo 23 de 2023, proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD – ATLANTICO, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de all\u00ed se desprendan, dentro del radicado No. 08-758-40-03-003-2019-00245-00\u00bb. (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad, relat\u00f3 los antecedentes del asunto y se\u00f1al\u00f3 que, en auto de 29 de mayo de 2023, resolvi\u00f3 obedecer y cumplir lo dispuesto por su Superior, por tanto, dispuso la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares y el archivo del expediente materia de queja. <\/p>\n
2. Edris Eliecer P\u00e9rez Pastrana pidi\u00f3 desestimar el amparo propuesto, porque en el tr\u00e1mite no se vulneraron los derechos del accionante, ni los de los dem\u00e1s intervinientes en el proceso cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la providencia censurada, pues consider\u00f3 que, el Juzgado accionado, <\/p>\n
De modo que, al margen de que la presente Sala comparta o no la decisi\u00f3n, no puede calificarse de caprichosa o arbitraria, ni puede tenerse como una interpretaci\u00f3n desviada de la ley o apreciaci\u00f3n ama\u00f1ada de las pruebas aportados, que lleve a configurarse un defecto sustantivo, factico o por falta de motivaci\u00f3n, de modo que no existe motivo que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial, a los que agreg\u00f3 que se desconoci\u00f3 la apreciaci\u00f3n irregular de su interrogatorio en el proceso cuestionado, pues s\u00f3lo acept\u00f3 que recibi\u00f3 $43.000.000 por la compraventa, valor en el que se incluy\u00f3 el monto de la hipoteca que fue levantada, y no $58.000.000 como irregularmente lo determin\u00f3 el ad quem censurado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja del se\u00f1or Ricardo Javier Paternina Sierra se dirige, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad el 8 de mayo de 2023, mediante la cual el revoc\u00f3 el fallo de primera instancia en el proceso de nulidad de contrato por lesi\u00f3n enorme que promovi\u00f3 contra Edris P\u00e9rez Pastrana para, en su lugar, desestimar las pretensiones de la demanda, pues, seg\u00fan el peticionario, con esa decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por valorar indebidamente las pruebas y desconocer que su contraparte no contest\u00f3 la demanda. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n propuesta y, en consecuencia, la sentencia materia de impugnaci\u00f3n ser\u00e1 confirmada, pues como lo determin\u00f3 el a quo constitucional, en el pronunciamiento reprochado no se establece irregularidad alguna que le abra paso a este especial mecanismo. <\/p>\n
3.1 En efecto, de la revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, se establece que el Juzgado accionado encontr\u00f3 reunidos los presupuestos procesales y, particularmente, acreditada la legitimaci\u00f3n en la causa de ambos extremos del proceso, relat\u00f3 los antecedentes del asunto, explic\u00f3 que el a quo hab\u00eda accedido a las pretensiones de la demanda porque encontr\u00f3 que la compraventa se realiz\u00f3 por $43\u2019000.000, suma inferior a la mitad del valor del bien para la \u00e9poca del negocio, pues el mismo ascend\u00eda a $110\u2019000.000. <\/p>\n
Enseguida, refiri\u00f3 que el demandado, all\u00ed apelante, sustent\u00f3 el recurso en las supuestas deficiencias del aval\u00fao aportado para demostrar el precio del inmueble y la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el fallador de primera instancia, porque, en su criterio \u00abde las pruebas recaudadas se tiene que con la escritura de compraventa el demandante recibi\u00f3 $34.100.000 m\u00e1s $24.800.000 que fueron cancelados por el comprador por concepto de una deuda hipotecaria m\u00e1s intereses y honorarios, la cual se adelantaba en el juzgado 2\u00ba de peque\u00f1as causas, y sobre lo cual rindi\u00f3 declaraci\u00f3n la dra ALEXANDRA RHENALS apoderada del acreedor hipotecario, por lo que el valor de la compraventa ascender\u00eda a $58.900.000, y no a la se\u00f1alada en la sentencia\u00bb. El recurrente tambi\u00e9n sostuvo, que el a quo no valor\u00f3 la \u00abactitud ama\u00f1ada\u00bb de su contraparte, pues cambi\u00f3 sus declaraciones en cuanto al dinero recibido por la compraventa. <\/p>\n
Para definir el recurso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad, luego de referir lo relativo a la carga de la prueba, se\u00f1al\u00f3 que, en cuanto a la acci\u00f3n propuesta, deb\u00eda recordarse que la lesi\u00f3n enorme \u00abes el detrimento que sufre una persona en raz\u00f3n de un acto jur\u00eddico realizado por ella, desmedro que consiste en el desequilibrio entre las ventajas que el contrato reporta para uno de los extremos contractuales, en comparaci\u00f3n con las que se presentan para el otro. Al respecto, se destaca que dicha figura puede presentarse en los contratos de permuta o compraventa de bienes inmuebles, la partici\u00f3n de bienes y la aceptaci\u00f3n de una asignaci\u00f3n sucesoral\u00bb. <\/p>\n
Al punto, refiri\u00f3 jurisprudencia de esta Sala, para destacar que, como elementos para decretar la lesi\u00f3n enorme, se requiere \u00aba) que la venta sea sobre bienes inmuebles, y no se hubiese hecho por ministerio de la justicia (art. 1949 C.C., mod. art. 32 de la ley 57 de 1887); b) que la divergencia entre el justo precio al tiempo del contrato y el pactado sea enorme: menos de la mitad, o m\u00e1s del doble (art. 1947 C.C.); c) que el negocio celebrado no sea de car\u00e1cter aleatorio; d) que luego de verificarse el contrato no se haya renunciado a la acci\u00f3n rescisoria; e) que el bien objeto del negocio no se hubiese perdido en poder del comprador (art. 1951); y f) que la acci\u00f3n rescisoria se ejerza dentro del t\u00e9rmino legal de cuatro a\u00f1os (art. 1954)\u00bb (CSJ, SC10291-2017. Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-03-001-2008-00374-01). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de acuerdo con lo expuesto, el demandante vendedor, debe asumir \u00abla carga de acreditar de manera fehaciente dos situaciones: la primera, el precio pactado en la negociaci\u00f3n, y la segunda, el valor real del inmueble para la fecha de suscripci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, explic\u00f3 que si bien de la lectura de la escritura de la compraventa cuestionada pod\u00eda tenerse por acreditado que el precio del predio ascendi\u00f3 apenas a $34\u2019100.000 y que conforme a lo manifestado en la demanda este fue valor recibido por el demandante, de las pruebas obrantes en el asunto, no pod\u00eda acogerse de manera simple esa conclusi\u00f3n para convalidar lo resuelto por el a quo, pues, de las declaraciones de las partes, los testimonios recibidos, entre ellos, de la acreedora hipotecaria del predio, y de los documentos aportados, se conclu\u00eda \u00abque es un hecho aceptado y confesado por ambas partes que el comprador demandado como parte de la negociaci\u00f3n de compraventa pag\u00f3 la deuda hipotecaria que ten\u00eda el demandante vendedor con YAICA Y CIA, cancelando la suma de $24.800.000, distribuidos as\u00ed: $21.800.000 por concepto de capital e intereses y $3.000.000 por concepto de honorarios de quien fung\u00eda como abogada del acreedor hipotecario, este es un hecho sobre el cual no hay discusi\u00f3n alguna y que fue corroborado por la Dra. ALEXANDRA RHENALS al rendir declaraci\u00f3n jurada, testimonio que de manera oficiosa fue decretado por la Juez A-quo\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, se advirti\u00f3 que el demandante guard\u00f3 silencio sobre esa hipoteca y su pago por parte del comprador en la demanda, y \u00absolo vino a hacer referencia de esta circunstancia al momento de absolver el interrogatorio, donde quiso hacer ver que esta suma est\u00e1 dentro del valor se\u00f1alado en la escritura de compraventa, manifestaci\u00f3n que no soport\u00f3 con ning\u00fan otro elemento probatorio\u00bb pese que ten\u00eda la carga probatoria para demostrarlo. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que como no fue demostrado que el valor de la hipoteca, intereses y honorarios hac\u00edan parte del monto reportado en la escritura de compraventa, deb\u00eda tenerse por acreditado, \u00abque el valor de la compraventa del inmueble lo fue la suma se\u00f1alada en dicha escritura de $34.100.000, que en la misma el hoy demandante manifest\u00f3 recibir a entera satisfacci\u00f3n y que en los hechos 2\u00ba y 3\u00ba de la demanda acept\u00f3 haber recibido, sumada a la suma de $24.800.000 que (\u2026) el comprador demandado cancel\u00f3 por concepto de acreencia hipotecaria m\u00e1s honorarios, sumados ambos valores nos arroja la suma de $58.900.000 que ser\u00e1 el valor que se tendr\u00e1 en cuenta por concepto de la negociaci\u00f3n de compraventa realizada entre las partes contenida en la escritura p\u00fablica citada\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que no pod\u00eda tenerse por demostrado que el valor de la compraventa fue $43\u2019000.000 como lo concluy\u00f3 la juez de primer grado, porque \u00abde los elementos probatorios recaudados no se desprende o acredita tal situaci\u00f3n, no siendo procedente llegar a dicha conclusi\u00f3n o darla por cierta con el solo dicho o manifestaci\u00f3n del demandante realizado al absolver interrogatorio de parte en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble que se le adelanto en el juzgado 2\u00ba de peque\u00f1as causas, sin que exista ning\u00fan otro elemento probatorio que avale dicha manifestaci\u00f3n\u00bb, y, porque adem\u00e1s, en el proceso bajo su conocimiento se prob\u00f3 que el vendedor recibi\u00f3 del comprador $34.100.000, pues en la escritura de compraventa el demandante se\u00f1al\u00f3 \u00abexpresamente que hab\u00eda recibido dicha suma a entera satisfacci\u00f3n, as\u00ed como la manifestaci\u00f3n realizada en los hechos de la demanda en tal sentido, la cual se tiene como confesi\u00f3n\u00bb, as\u00ed las cosas, insisti\u00f3 en que ese valor, sumado a los $24\u2019800.000, \u00abque ambas partes aceptaron que el comprador cancel\u00f3 y que correspond\u00eda a una obligaci\u00f3n hipotecaria que pesaba sobre dicho inmueble\u00bb, daba como resultado el monto que en realidad pag\u00f3 el comprador por el predio, esto es, $58\u2019900.000. <\/p>\n
Por lo tanto, como el valor probado del aval\u00fao del inmueble para el a\u00f1o 2016, -\u00e9poca de celebraci\u00f3n del negocio-, fue de $110\u2019000.000, conforme a la \u00abprueba t\u00e9cnica practicada en la actuaci\u00f3n\u00bb, concluy\u00f3 que \u00abpara que se pueda declarar que existi\u00f3 lesi\u00f3n enorme el precio pactado (\u2026) deber\u00eda haber sido la mitad o menos de dicho valor, es decir deber\u00eda el demandante demostrar que la suma pactada fue por $55.000.000 o menos, situaci\u00f3n que claramente se ha encontrado acreditada\u00bb, puesto que, \u00abse demostr\u00f3 (\u2026) que fue pactada por concepto de la negociaci\u00f3n (\u2026) la suma de $58.900.000, la que sin mayor esfuerzo se observa es mayor a la mitad del justiprecio se\u00f1alado en el dictamen pericial\u00bb, raz\u00f3n que consider\u00f3 suficiente para revocar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Posteriormente, sobre la pretensi\u00f3n subsidiaria de simulaci\u00f3n del contrato censurado, el Juzgado accionado advirti\u00f3 que la misma tampoco se configur\u00f3, pues \u00abel v\u00ednculo caracter\u00edstico de esta figura como lo es el animus simulandi no se logr\u00f3 acreditar, que no es otra cosa que la voluntad de los contratantes para ocultar o encubrir la real negociaci\u00f3n y as\u00ed enga\u00f1ar a unos terceros con otra negociaci\u00f3n aparente que es la que exterioriza\u00bb, cuesti\u00f3n que el demandante no se\u00f1al\u00f3 al rendir su interrogatorio, pues nada dijo sobre la existencia de alg\u00fan \u00abacuerdo de voluntades con el comprador, por el contrario insisti\u00f3 en un supuesto enga\u00f1o por parte del comprador y su apoderado\u00bb. <\/p>\n
Al punto, refiri\u00f3 jurisprudencia de esta Sala (CSJ. SC3598-2020 SC963-2022, SC963-2022), y la doctrina que estim\u00f3 pertinente, tras lo cual advirti\u00f3 que \u00abel demandante en ning\u00fan momento hizo referencia a un acuerdo de voluntades entre los contratantes para encubrir un negocio diferente a la compraventa que se realiz\u00f3, todo lo contrario, de manera insistente se\u00f1al\u00f3 que fue enga\u00f1ado, que ley\u00f3 sin firmar, que no sab\u00eda que se trataba de una compraventa\u00bb por tanto, reiter\u00f3, que \u00abal no existir ning\u00fan acuerdo de voluntades de encubrir una negociaci\u00f3n diferente a la plasmada, tales manifestaciones son ajenas a la figura de la simulaci\u00f3n, por lo que no nos queda otro camino que (\u2026) [no] acceder a esta pretensi\u00f3n de declarar simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 2751 del 2 de noviembre del 2016\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala no encuentra irregularidad alguna en las consideraciones antes expuestas, porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad defini\u00f3 el asunto bajo su conocimiento con suficiencia y atendiendo a lo acreditado en el proceso, de donde concluy\u00f3, que la lesi\u00f3n enorme no se hab\u00eda configurado porque las partes aceptaron que el comprador pag\u00f3 $24\u2019800.000 para el levantamiento de la hipoteca que pesaba sobre el bien objeto del negocio y, adicionalmente, qued\u00f3 probado con la escritura p\u00fablica y dem\u00e1s declaraciones, que el precio recibido \u00aba entera satisfacci\u00f3n\u00bb por el accionante vendedor fue de $34\u2019100.000, valores que sumados arrojan $58\u2019900.000, esto es, una suma superior a la mitad del aval\u00fao del inmueble para la fecha del contrato -$110.000.000- y, adem\u00e1s, que la simulaci\u00f3n alegada tampoco tuvo lugar, puesto que, ni el relato del demandante, ni las pruebas daban cuenta de un posible acuerdo fingido entre ambos contratantes. <\/p>\n
Se destaca, asimismo que, con independencia de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, las pruebas referidas por el Juzgado accionado respaldan su decisi\u00f3n, as\u00ed como la valoraci\u00f3n que se hizo de la conducta de las partes y sus declaraciones, cuestiones, todas ellas, que deb\u00eda apreciar para proferir la sentencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de los anteriores razonamientos no puede extraerse arbitrariedad, porque como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada entre muchas en STC2260-2022 y, STC9235-2023). <\/p>\n
Igualmente, debe tenerse presente que, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC2622-2022 y, STC9386-2023 entre muchas otras). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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