STC11620-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC11620-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01310-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Iv\u00e1n El\u00edas Bader Pico contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 2020-00503. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda en sentencia de 2 de julio de 2019, lo conden\u00f3 por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb a 146 meses de prisi\u00f3n y le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, as\u00ed como la prisi\u00f3n domiciliaria, decisi\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal modific\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n el 5 de agosto de 2020, en el sentido de fijar la pena en 134 meses de prisi\u00f3n, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 30 de noviembre de 2021 solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n de la privaci\u00f3n de la libertad intramural por domiciliaria, con fundamento en los art\u00edculos 314 numeral 2\u00ba y 461 de la Ley 906 de 2004, por haber cumplido 65 a\u00f1os y considerar que reun\u00eda el requisito subjetivo, no obstante la petici\u00f3n le fue negada por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda en auto de 23 de diciembre de 2022, que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad el 10 de abril de 2023. <\/p>\n
Sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo, al fundamentar sus decisiones en los art\u00edculos 22 y 23 de la Ley 1709 de 2014, los cuales modificaron el C\u00f3digo Penal en relaci\u00f3n con la prisi\u00f3n domiciliaria, porque desconocieron la aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, el principio de favorabilidad y el precedente judicial reiterado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal contenido en las sentencias SP14850-2015 y SP955-2020, en las que en casos similares concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria, as\u00ed como en una falta de motivaci\u00f3n, pues luego de admitir que es una persona de la tercera edad, se desviaron abiertamente del tema, introduciendo juicios de valor relacionados con la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta por la que fue condenado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que igualmente incurrieron en defecto f\u00e1ctico, al omitir la valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas, entre otras, los documentos que demostraban su desempe\u00f1o personal, familiar, social y laboral, y dieron por no probados hechos y circunstancias que objetivamente se encuentran demostradas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto las providencias proferidas por las autoridades accionadas el 23 de diciembre de 2021 y 10 de abril de 2023, en el proceso penal adelantado en su contra. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, -conformada por Conjueces-, a trav\u00e9s del ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas y, manifest\u00f3 que la Sala en auto de 10 de abril de 2023 dispuso confirmar la providencia que neg\u00f3 el otorgamiento de la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena solicitada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Destac\u00f3 que lo pretendido por el reclamante es utilizar este mecanismo como una instancia adicional para, de esa manera, obtener el beneficio o subrogado penal que le ha sido negado, circunstancia que impon\u00eda declarar la improcedencia del amparo. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos no se evidenci\u00f3 respuesta por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo al determinar que las autoridades accionadas resolvieron el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada y justificada en la normativa y la jurisprudencia que rige la materia, a partir de lo cual establecieron que no se cumpl\u00eda el requisito subjetivo para acceder a la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena en establecimiento carcelario por la del lugar de su residencia, por cuanto el solicitante al estar evadido de la justicia no purgaba la pena privativa de la libertad, an\u00e1lisis que se efectu\u00f3 al tenor del art\u00edculo 314 de la Ley 906 de 2004 norma invocada por el solicitante. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 que el a quo, \u00abno se encarg\u00f3 del an\u00e1lisis de los diferentes defectos y las pruebas enunciados en la acci\u00f3n de tutela que nos concita, confront\u00e1ndolos con el proceder inconstitucional del Juez Primero de ejecuci\u00f3n de Penas y la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Iv\u00e1n El\u00edas Bader Pico cuestiona las decisiones proferidas por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, a trav\u00e9s de las cuales negaron la sustituci\u00f3n de la privaci\u00f3n de la libertad intramural por domiciliaria, que formul\u00f3 en el proceso penal adelantado en su contra. <\/p>\n
3. De manera preliminar se indica que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 10 de abril de 2023, en raz\u00f3n a que la determinaci\u00f3n de primera instancia fue sometida al estudio de esa autoridad a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, de manera que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb. (CSJ. STC14012-2015, STC11805-2021, reiterada en STC4694-2022 y STC2780-2023). <\/p>\n
4. Ahora bien, analizados los fundamentos de la inconformidad del reclamante, se advierte la inviabilidad del amparo y confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinadas las consideraciones expuestas por Tribunal Superior accionado, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En la providencia cuestionada, tras relatar los antecedentes del caso, destac\u00f3 que, una vez revisada la actuaci\u00f3n procesal comprob\u00f3 que el sentenciado no se encontraba privado de la libertad porque hab\u00eda evadido el cumplimiento de la pena de prisi\u00f3n impuesta, la que hasta ese momento no se hab\u00eda materializado. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el solicitante fundament\u00f3 su petici\u00f3n en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 314 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el art\u00edculo 461 \u00edbidem, afirm\u00f3 que ten\u00eda 65 a\u00f1os y acreditaba el estudio de arraigo familiar y social, igualmente, sostuvo que uno de los presupuestos objetivos para conceder la prisi\u00f3n domiciliaria era el establecido en el numeral 4 literal c) del C\u00f3digo Penal, el cual establece que debe \u00abcomparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello\u00bb, y, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) El condenado no ha dado muestra de obedecer su condena, la cual le fue notificada personalmente, lo que configura una vez m\u00e1s su rebeld\u00eda a su cumplimiento, por lo que sus argumentos jur\u00eddicos para solicitar la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n carcelaria en esta instancia, solo podr\u00edan encuadrar en aquellos casos en que el condenado estuviera materialmente cumpliendo con una pena, lo cual no es este caso, ya que ser\u00eda coadyuvar una impunidad en el caso de llegar a conceder dicho subrogado, sobre todo por tratarse de quien act\u00fao il\u00edcitamente en calidad de juez de la Rep\u00fablica \u2013 Administrador de Justicia, conocedor de las leyes que no solo las viol\u00f3 en su condici\u00f3n de juez, pretenda ahora amparase en el manto de la impunidad con argumentos que para esta Sala no son de recibo, todo lo contrario, se encuentra en Libertad, de acuerdo con el ordinal segundo de la parte resolutiva del auto apelado. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Colombiana en su art\u00edculo 6\u00ba. Establece: \u201cLos particulares s\u00f3lo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci\u00f3n y las leyes, los servidores p\u00fablicos lo son por la misma causa y por omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones. <\/p>\n
Para esta Sala, es de obligatorio cumplimiento la norma constitucional aqu\u00ed se\u00f1alada no solo para los gobernados sino para todos los servidores p\u00fablicos que infrinjan las normas por omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones tal y como se demostr\u00f3 en este asunto, se reitera no est\u00e1 comprobado el cumplimiento de la privaci\u00f3n de libertad del condenado\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que para esa Sala era de obligatorio cumplimiento el mencionado art\u00edculo 6\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no solo para los gobernados sino para todos los servidores p\u00fablicos que infringieran las normas por omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones, como ocurri\u00f3 en el asunto estudiado, pues no estaba comprobado el cumplimiento de la privaci\u00f3n de la libertad del sentenciado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que, por prohibici\u00f3n expresa del C\u00f3digo Penal, no era admisible en esa instancia desconocer las restricciones que estableci\u00f3 el legislador para la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, concretamente lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 38 del estatuto penal, que establece, <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 38. LA PRISI\u00d3N DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISI\u00d3N. La prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n consistir\u00e1 en la privaci\u00f3n de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine. <\/p>\n
El sustituto podr\u00e1 ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acci\u00f3n de la justicia\u00bb. (Destaca la Sala). <\/p>\n
Por \u00faltimo, cit\u00f3 la sentencia STP6068-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la que se indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) El art\u00edculo 4\u00b0 del C\u00f3digo Penal se\u00f1ala que la pena cumplir\u00e1 funciones de prevenci\u00f3n general, retribuci\u00f3n justa, prevenci\u00f3n especial, reinserci\u00f3n social y protecci\u00f3n al condenado y que la prevenci\u00f3n especial y la reinserci\u00f3n operan en el momento de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n. <\/p>\n
La Corte interpreta que cuando all\u00ed se declara que las funciones de prevenci\u00f3n especial y reinserci\u00f3n social operan en el momento de la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n (sea esta domiciliaria o carcelaria) no se excluyen las dem\u00e1s funciones como fundamento de la misma pena, sino que impide que sean la prevenci\u00f3n especial y la reinserci\u00f3n criterios incidentes en la determinaci\u00f3n o individualizaci\u00f3n de la pena privativa de la libertad. <\/p>\n
Significa lo anterior, que tanto para imponer, como para ejecutar la prisi\u00f3n domiciliaria en sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n carcelaria deben tenerse en cuenta tambi\u00e9n las funciones de la pena que tienen que ver con la prevenci\u00f3n general y la retribuci\u00f3n justa. Independientemente de las afinidades te\u00f3ricas que se tengan sobre los conceptos b\u00e1sicos que integran las funciones de la pena, la decisi\u00f3n de pol\u00edtica criminal del Estado Colombiano en cuanto a los principios y los fines de la pena es la adoptada en los art\u00edculos 3 y 4 del C\u00f3digo Penal. Desde esa \u00f3ptica, la funci\u00f3n de \u2018retribuci\u00f3n justa\u2019 puede abordarse de manera general en dos estadios claramente diferenciados del proceso penal. Como criterio que influye en la determinaci\u00f3n judicial de la pena, en cuanto es en tal momento que se define la medida de la retribuci\u00f3n y se determina su contenido de justicia, de mano de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y, como funci\u00f3n vinculada a la ejecuci\u00f3n de la pena que no puede ser dejada de sopesar cuando vaya a enjuiciarse la adopci\u00f3n de providencias que anticipen material y condicionalmente una parte de la privaci\u00f3n efectiva de la libertad o la subroguen por un periodo de prueba\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda que neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de la privaci\u00f3n de la libertad intramural por domiciliaria. <\/p>\n
5. De las consideraciones expuestas, determina la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta en los razonamientos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda que revele los defectos sustantivo y f\u00e1ctico alegados por Iv\u00e1n El\u00edas Bader Pico y que que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en las normas aplicables al caso y jurisprudencia que rigen la materia, las cuales la llevaron a confirmar la providencia que neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de la pena, por cuanto el sentenciado no se encontraba privado de la libertad pagando la sentencia, de manera que solo se podr\u00eda acceder a la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n en los casos en que el sentenciado la estuviera cumpliendo materialmente, circunstancia que no ocurr\u00eda en el asunto estudiado, por lo que conceder ese subrogado seria coadyuvar a una impunidad. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Iv\u00e1n El\u00edas Bader Pico a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en los pronunciamientos objeto de inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
7. Ahora, ante la expectativa del peticionario para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas con la solicitud que formul\u00f3 para que se otorgara la sustituci\u00f3n de la pena o, se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, debe indicarse que, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios, como as\u00ed lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC8884-2020, STC-2462-2021, STC2622-2022, STC5841-2023 y STC9169-2023). <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11620-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC11620-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01310-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76850\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}