STC11623-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11623-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2023-00332-01 <\/p>\n
66001-22-13-000-2023-00334-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Sostuvo que en la citada acci\u00f3n popular no se cumplen los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 472 de 1998 y, por la mora judicial y la renuencia en ese tr\u00e1mite, present\u00f3 solicitud de desistimiento, ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, la cual fue negada. <\/p>\n
Asegur\u00f3, adicionalmente, que ha pedido a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre, contra la administraci\u00f3n de justicia por mora judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio, pero no ha sido atendida. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, por las irregularidades que aqu\u00ed expone, sus derechos fundamentales y su salud mental y emocional est\u00e1n siendo afectados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 i) aplicar la sentencia C- 367-2014 proferida por la Corte Constitucional en la presente tutela, ii) ordenar al Juzgado accionado aceptar su desistimiento frente a la acci\u00f3n popular 2022-00025, iii) ordenar a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo, informar la fecha en que presentar\u00e1n acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre, en contra de la administraci\u00f3n de justicia por mora judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio, atendiendo su estado de debilidad manifiesta, de conformidad con la Sentencia SU-108\/18 de la Corte Constitucional y, iv) vincular al presidente de la Rep\u00fablica a fin de que informe o disponga la entidad o funcionario competente para formular, en su nombre, la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, mencionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que ha acatado los t\u00e9rminos procesales consagrados en la Ley 472 de 1998 y en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al punto que, el 12 de diciembre de 2022, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, en la que ampar\u00f3 el derecho colectivo invocado y en ese sentido, no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la excesiva carga laboral de ese despacho, ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, frente a la cual a\u00fan no hay una soluci\u00f3n definitiva, e igualmente, aport\u00f3 cifras de las providencias y actuaciones de los procesos y tr\u00e1mites a su cargo, entre enero de 2022 y junio de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Presidencia de la Rep\u00fablica, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y, adem\u00e1s, no es la autoridad competente para intervenir en las decisiones judiciales de las que este se duele. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no ha vulnerado los derechos del accionante. <\/p>\n
4. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda, refiri\u00f3 que, para la intervenci\u00f3n en las acciones populares presentadas por los ciudadanos ante la jurisdicci\u00f3n civil, se ha designado a las personer\u00edas municipales para que act\u00faen como Agentes del Ministerio P\u00fablico e intervengan dentro de esos procesos. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la acci\u00f3n popular, objeto de inconformidad, no fue promovida por ese despacho, como tampoco ha intervenido en su tr\u00e1mite, y adicionalmente, no ha recibido ninguna solicitud, queja o reclamo de proveniente del actor, relacionada con ese proceso, ni mucho menos, ha afectado sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
En sustento, afirm\u00f3 que, revisado el sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante, encontr\u00f3 solo una solicitud de defensor p\u00fablico en el \u00e1rea penal, ajena al asunto debatido, como tambi\u00e9n, se\u00f1al\u00f3 que las quejas relacionadas con la acci\u00f3n popular, deben ser resueltas por el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente que, en lo corrido del a\u00f1o, el actor ha presentado ante esa entidad m\u00faltiples derechos de petici\u00f3n, los que ha respondido de manera clara y de fondo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, atendiendo a las m\u00faltiples peticiones y afirmaciones del accionante, le asignaron citas con las Defensoras P\u00fablicas, especialistas en derecho administrativo, para los d\u00edas 19 y 24 de marzo de 2023, sin que asistiera a las mismas, ni informara sobre su inasistencia. Afirm\u00f3 que, en las respuestas a los nuevos derechos de petici\u00f3n, le informaron al solicitante que pod\u00eda aportar un n\u00famero telef\u00f3nico para asignarle una cita virtual, pero no lo ha hecho y, en su lugar, exige la consignaci\u00f3n de dinero para asistir a las citas presenciales, pese a la posibilidad de realizarlas de manera virtual. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira solicitaron la desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, en tanto no han vulnerado los derechos invocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, por inexistencia f\u00e1ctica, toda vez que no observ\u00f3 en el expediente la decisi\u00f3n denunciada por el actor, esto es, la negativa a la solicitud de desistimiento. <\/p>\n
Respecto a las solicitudes dirigidas a las dem\u00e1s entidades, tambi\u00e9n declar\u00f3 su improcedencia, toda vez que el actor puede acudir a ellas directamente para solicitar lo que invoca por esta v\u00eda. <\/p>\n
Igualmente, en lo concerniente con la inconformidad derivada de la acumulaci\u00f3n del expediente 2023-00334 al presente tr\u00e1mite -2023-00332-01- indic\u00f3 que lo pertinente es su tr\u00e1mite unificado, en lugar del rechazo como lo sugiere el accionante. <\/p>\n
Finalmente, y lo relacionado con la petici\u00f3n de amparo de pobreza, presentada en el escrito inicial, record\u00f3 que fue resuelto negativamente, desde el auto que admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, de forma arbitraria o caprichosa, y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Restrepo reprocha que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira no cumple los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 472 de 1998 y, adem\u00e1s, neg\u00f3 la petici\u00f3n de desistimiento que present\u00f3 en la acci\u00f3n popular 2023-00332-01. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Examinado el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, se tiene que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, conforme al tr\u00e1mite regulado por la Ley 472 de 1998, el 12 de diciembre de 2022, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, en la que ampar\u00f3 el derecho colectivo invocado (Derivado 43Sentencia.pdf \u2013 Cuaderno 01Principal del expediente electr\u00f3nico), decisi\u00f3n que no fue apelada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que, el Juzgado accionado, contrario a lo afirmado por el accionante, ha procedido con celeridad al tramitar y decidir la acci\u00f3n popular propuesta, sin que se observe alg\u00fan tipo de mora judicial que pueda sancionarse a trav\u00e9s de esta demanda constitucional. <\/p>\n
Lo anterior pone en evidencia, que las inconformidades de las que se queja el solicitante, est\u00e1n sustentadas en unos hechos totalmente ajenos a la realidad del proceso que motiva la queja constitucional. <\/p>\n
De igual manera, el Despacho accionado a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, no ha negado, como erradamente lo afirm\u00f3 el solicitante, la petici\u00f3n de desistimiento del proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se encontr\u00f3 probada la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, y como lo ha reiterado la Sala, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC131 de 2018, STC12717-2019, STC7254 de 2021, STC2726-2022, STC10725-2022, 12173-2022 y STC654-2023 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En cuanto a la petici\u00f3n dirigida a ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre, resulta improcedente, porque, entre las competencias asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al accionante, por cuanto sus funciones se concretan en, i) preventiva, para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) disciplinaria, para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos y, iii) intervenci\u00f3n, como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades. <\/p>\n
5. En lo que ata\u00f1e a la solicitud para que se ordene a la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, designar a la \u00abentidad estatal, servidor p\u00fablico para que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre por falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, tambi\u00e9n es improcedente porque de acuerdo con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el Presidente tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar las leyes y pol\u00edticas p\u00fablicas, pero no tiene asignada la representaci\u00f3n judicial del actor popular o de cualquier otro ciudadano. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Finalmente, en lo que respecta a la aplicaci\u00f3n de los fallos constitucionales citados por el accionante, debe se\u00f1alarse que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022, STC633-2023 entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
7. De conformidad con lo anterior, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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