STC11625-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11625-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03888-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad y los intervinientes en la sucesi\u00f3n radicado n\u00ba 1990-12663. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en el proceso de sucesi\u00f3n de su padre Federico Erardo Ditterich Hopfenmueller, el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, el 11 de mayo de 2022 profiri\u00f3 auto mediante el cual declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega del bien inmueble denominado La Camelia, \u00abpor supuesto exceso de las facultades que ten\u00eda el inspector [\u2026] y porque supuestamente quebrant\u00f3 las normas del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, relata que, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio (Sala unitaria), el 26 de septiembre de 2023 confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, pero lo hizo respecto del auto de 30 de septiembre de 2022 que resolvi\u00f3 sobre un incidente de nulidad propuesto por el abogado de los dem\u00e1s causahabientes en relaci\u00f3n con el prove\u00eddo de 11 de mayo de 2022. <\/p>\n
Cuestiona que, dicha decisi\u00f3n lo afecta porque, \u00abse debi\u00f3 revocar en su totalidad el del 11 de mayo de 20223, por cuanto esa providencia se enmarc\u00f3 dentro de la ilegalidad y desconoci\u00f3 las pruebas documentales y las actas que se levantaron en la entrega del predio La Camelia\u00bb. <\/p>\n
Explica que, la decisi\u00f3n que fue objeto de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n por su parte fue el auto de 11 de mayo de 2022, pero sus recursos y argumentos all\u00ed expuestos en torno a la validez de la diligencia de entrega del inmueble fueron ignorados por el tribunal accionado. <\/p>\n
Sostiene que, no fueron examinados en su totalidad los recursos que interpuso, por lo que la providencia de segundo grado fue incoherente y se sali\u00f3 del contexto del escrito del abogado de su contraparte, \u00abquien estaba solicitando que se revocara por ser nulo el auto de 11 de mayo de 2022 y el magistrado resolvi\u00f3 el auto de 30 de septiembre de 2022, lo que al ser contrario a la realidad me afecta en mis derechos constitucionales, porque se va a malinterpretar esta situaci\u00f3n y se va a querer agendar la entrega de la finca La Camelia a los se\u00f1ores Alvarado\u00bb. <\/p>\n
Sobre la decisi\u00f3n del juzgado de conocimiento, es decir, aquella que declar\u00f3 la nulidad de la diligencia del predio La Camelia aleg\u00f3 que, el juez dej\u00f3 \u00abvarias pruebas de lado y no las consider\u00f3 o les rest\u00f3 valor probatorio, y solo tuvo en cuenta lo que apoderado Gerardo Antonio Alvarado Parra y sus herederos le dijo al juzgado y que estaba sesgado y envenenado, y de ah\u00ed [\u2026] se pronunci\u00f3 dejando sin validez la diligencia de entrega, sataniz\u00f3 el procedimiento realizado y por todos los medios le rest\u00f3 validez legal a esa diligencia, que fue l\u00edcita, transparente de cara a la realidad jur\u00eddica, y as\u00ed se agrav\u00f3 este hecho con el fallo (sic) del magistrado el 26 de septiembre de 2023 porque sigui\u00f3 la misma l\u00ednea de errores cometidos por el a quo, y falla sobre una providencia del 30 de septiembre de 2023 que no fue lo que el incidentante pidi\u00f3 en su escrito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide, que se dejen sin efecto las decisiones del 26 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil Familia y la del 11 de mayo de 2022 del Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad y \u00abse ordene continuar con la diligencia de entrega, seg\u00fan el despacho comisorio 025 de 2019 (\u2026) se ordene suspender cualquier audiencia programada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Villavicencio, con el objeto de realizar el restablecimiento de derecho de la familia Alvarado, ordenada en el auto de 11 de mayo de 2021 (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Erardo Ditterich Chamarravi, Ewgner y Gunther Ditterich Dalla Torre, as\u00ed como el apoderado del accionante en el juicio en cuesti\u00f3n, vinculados, coadyuvaron las pretensiones de la demanda tutelar, en el sentido de recalcar que el magistrado accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque, al proferir la determinaci\u00f3n que se le reprocha, hizo \u00abun an\u00e1lisis jur\u00eddico indebido frente a una decisi\u00f3n que no se hab\u00eda atacado en el incidente de nulidad, pues no se pronunci\u00f3 de fondo sobre el auto que en verdad era objeto del recurso, es decir, el auto del 11 de mayo de 2022 que decret\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El tribunal accionado alleg\u00f3 el expediente del proceso y la copia digital de la providencia atacada y manifest\u00f3 atenerse a lo resuelto en la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el quejoso dentro de la sucesi\u00f3n (radicado n\u00ba 1990-12663), con el auto de 26 de septiembre de 2023 que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n del prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2022 que neg\u00f3 la nulidad propuesta frente al pronunciamiento del 11 de mayo de 2022 (que declar\u00f3 la invalidez de la diligencia de entrega del inmueble La Camelia, llevada a cabo los d\u00edas 2 y 5 de noviembre de 2021) por, supuestamente, ignorar los argumentos de la alzada y ser incongruente respecto de lo planteado en el recurso. <\/p>\n
2. Actuaciones relevantes. <\/p>\n
A fin de contextualizar, la Sala advierte necesario relacionar \u2013 en lo que interesa a esta acci\u00f3n \u2013 lo que el expediente de la actuaci\u00f3n procesal en cuesti\u00f3n revela, para determinar si, en efecto, la providencia atacada ignor\u00f3 el recurso interpuesto por el accionante. <\/p>\n
2.1. La diligencia de entrega del predio La Camelia se llev\u00f3 a cabo los d\u00edas 2 y 5 de noviembre de 2021, a cargo de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Octava de Villavicencio, comisionada por el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 11 de mayo de 2022, el juzgado de conocimiento declar\u00f3 la nulidad de la diligencia al considerar que el inspector comisionado \u00abexcedi\u00f3 los l\u00edmites de sus facultades\u00bb. <\/p>\n
2.3. Contra la anterior determinaci\u00f3n los apoderados de Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre \u2013 aqu\u00ed accionante \u2013 y de los legatarios Erardo Ditterich Chamarravi y Werner Ditterich Dalla Torre interpusieron recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Con memorial del 19 de mayo de 2022, el abogado de Erardo Ditterich Chamarravi y de Werner Ditterich Dalla Torre, promovi\u00f3 incidente de nulidad del auto del 11 de mayo de 2022 (que declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega del inmueble La Camelia). <\/p>\n
2.5. Con auto del 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Primero de Familia desat\u00f3 las reposiciones formuladas contra el del 11 de mayo de 2022 \u2013 mantuvo lo resuelto \u2013 y neg\u00f3 por improcedentes las apelaciones, de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.6. En prove\u00eddo de la misma fecha (30 de septiembre de 2022) el mencionado despacho resolvi\u00f3 la nulidad solicitada, deneg\u00e1ndola, y conden\u00f3 en costas a los proponentes. <\/p>\n
2.7. El 4 de noviembre de 2022 el juzgado concedi\u00f3 la alzada interpuesta contra la anterior providencia, es decir, la que neg\u00f3 la nulidad planteada por Erardo Ditterich Chamarravi y de Werner Ditterich Dalla Torre a trav\u00e9s de su mandatario. <\/p>\n
2.8. El 9 de marzo de 2023 se remiti\u00f3 el expediente al superior para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n del auto de 30 de septiembre de 2022 que neg\u00f3 la nulidad solicitada. <\/p>\n
2.9. El 17 de marzo de 2023 se radic\u00f3 la actuaci\u00f3n en la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, y el 23 del mismo mes, fue asignada por reparto al despacho del magistrado Alberto Romero Romero. <\/p>\n
2.10. El 26 de septiembre de 2023, el tribunal referido, en sala unitaria, confirm\u00f3 el proferimiento del a quo desestimatorio de la nulidad. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que 2se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto analizado, anticipa la Sala que negar\u00e1 el resguardo respecto de la queja dirigida contra el tribunal accionado por, supuestamente, no haber resuelto de manera congruente el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el ac\u00e1 actor contra el auto del 11 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio (que declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega de inmueble del 2 y 5 de noviembre de 2021), al no encontrarse acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados como desconocidos por dicha corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, como se constata en el historial del proceso, la alzada cuya resoluci\u00f3n reclama el gestor del amparo, no fue concedida por el juez a quo \u2013 auto del 30 de septiembre de 2022 \u2013 al considerarla improcedente, a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (estatuto adjetivo que rigi\u00f3 esa actuaci\u00f3n). <\/p>\n
En aquel proferimiento, el juzgado de conocimiento, para resolver lo concerniente al remedio horizontal, abord\u00f3 cada una de las censuras formuladas por los recurrentes; las del abogado del aqu\u00ed tutelante las resumi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el primero de los litigantes se\u00f1alados manifest\u00f3 estar inconforme con varias afirmaciones hechas por el despacho, y que, seg\u00fan su entender, conllevaron equ\u00edvocamente a decretar la nulidad de lo actuado en la diligencia de entrega del predio La Camelia. As\u00ed, calific\u00f3 de \u201cirrelevante\u201d que el Juzgado comenzara la \u201cratio decidendi\u201d de la providencia impugnada, precisando que la entrega ordenada no era definitiva en virtud que en este juicio no se ha proferido sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, sino que la misma se hac\u00eda para la administraci\u00f3n del inmueble, cuando los legatarios del predio les fue otorgada mediante auto en firme la posesi\u00f3n efectiva de la herencia, lo que incluso les daba la disposici\u00f3n transitoria, por lo que tal aseveraci\u00f3n del despacho no serv\u00eda de fundamento para nulitar la actuaci\u00f3n o lo que es igual no ven\u00eda al caso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado no comprendi\u00f3 que el predio La Camelia es de gran extensi\u00f3n y sobre el mismo se han elevado asentamientos urban\u00edsticos irregulares y que el mismo adquiri\u00f3 distintos nombres dependiendo del sector de que se trate, y que por tal raz\u00f3n fue que desde su inicio la diligencia de entrega fue fraccionada estableci\u00e9ndose los sectores, los d\u00edas y las horas en las que la misma se har\u00eda, todo lo cual a\u00f1adi\u00f3 fue oportunamente puesto en conocimiento de los interesados, de manera que para el d\u00eda 02 de noviembre de 2021, la diligencia de entrega correspond\u00eda al sector conocido como im\u00e1genes diagn\u00f3sticas, y no a otro bien inmueble como dijo, lo entendi\u00f3 este estrado judicial, afirmaci\u00f3n por ende criticada por el libelista. <\/p>\n
Destac\u00f3 que precisamente por tratarse el mencionado sector de uno diferente al ocupado por Gerardo Antonio Alvarado Parra y sus herederos, fue que en la ma\u00f1ana de la calenda en cita, la autoridad administrativa no otorg\u00f3 el uso de la palabra al apoderado judicial de aquellos, ante lo cual dicho togado asegur\u00f3 que estar\u00eda pendiente del momento para hacer su intervenci\u00f3n, consideraci\u00f3n que calific\u00f3, vale decir, la de no otorgar el comisionado el uso de la palabra, como apenas l\u00f3gica, habida cuenta que la normatividad adjetiva (num. 4\u00ba Par. 1\u00ba, art\u00edculo 338 del C.P.C.), indica que solo deben atender las oposiciones que se formulen el d\u00eda que se identifique el sector del inmueble a que se refieras estas, de lo que se coleg\u00eda adem\u00e1s que no era esa la oportunidad para que dicho togado se opusiera a la entrega, por no ser el sector de su inter\u00e9s. <\/p>\n
Que en el caso de autos, y en horas de la tarde de la misma fecha, estando la autoridad administrativa y dem\u00e1s participantes de la diligencia en el sector que s\u00ed era ocupado por Gerardo Antonio Alvarado Parra y sus herederos, se dio el uso de la palabra al mandatario judicial de los mismos, el cual debi\u00f3 en ese preciso instante manifestar su oposici\u00f3n pero que sobre el particular guard\u00f3 silencio, cuesti\u00f3n que dijo el libelista, no fue advertida por el Juzgado que consider\u00f3 vulnerado el derecho al debido proceso de aquellos, al ser desestimada la oposici\u00f3n que extempor\u00e1neamente formularon por intermedio de su abogado el 5 de noviembre de la misma anualidad, cuando se continu\u00f3 con la diligencia de entrega en el sector ocupado por los nombrados, y para cuando ya no cab\u00eda oposici\u00f3n alguna, por no ser ese el d\u00eda que se identific\u00f3 el sector objeto de entrega. <\/p>\n
Asimismo, adujo como errado la consideraci\u00f3n del despacho en cuanto al predio objeto de entrega no fue debidamente identificado por la autoridad de polic\u00eda, toda vez que, para el efecto, esta se vali\u00f3 de medios documentales, t\u00e9cnicos y tecnol\u00f3gicos que aseguraron la plena identificaci\u00f3n del inmueble, as\u00ed como que se garantiz\u00f3 la publicidad de la diligencia con la colocaci\u00f3n de vallas levantadas en los sectores que deb\u00edan ser entregados. <\/p>\n
De otro lado, patrocin\u00f3 que el comisionado negara la concesi\u00f3n de recursos contra la determinaci\u00f3n de este, consistente en desestimar por extempor\u00e1nea la oposici\u00f3n del apoderado del cesionario Gerardo Alvarado Parra y sus herederos, aduciendo que tal decisi\u00f3n era apenas consecuente y l\u00f3gica, toda vez que admitir los medios de impugnaci\u00f3n propuestos, equivaldr\u00eda a extender una oportunidad procesal para dirimir la inacci\u00f3n del citado profesional del derecho, en una etapa debidamente precluida, insistiendo que todo ello era consecuencia de no haberse formulado la oposici\u00f3n en el momento estipulado por la ley para tal gesti\u00f3n, reiterando que en el sub judice, debi\u00f3 formularse aquella a las 02:00 pm del 02 de noviembre de 2021, cuando se continu\u00f3 con la diligencia en el sector ocupado por el citado cesionario. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, lo relacionado con la recusaci\u00f3n del inspector de polic\u00eda solo buscaba dilatar la diligencia y que el funcionario comisionado hizo lo que le correspond\u00eda que era resolver de plano sobre el particular denegando tal pedimento\u00bb. <\/p>\n
Frente a los rese\u00f1ados reproches, el despacho puntualiz\u00f3 en primera medida que, la nulidad aplicable al asunto era la aut\u00f3noma contemplada en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al avizorarse que el funcionario comisionado para la diligencia de entrega se extralimit\u00f3 en sus facultades, por lo que, al tenor de dicha norma \u00abtoda actuaci\u00f3n del comisionado que exceda los l\u00edmites de sus facultades es nula (\u2026) la petici\u00f3n de nulidad se resolver\u00e1 de plano por el comitente y el auto que la decida solo ser\u00e1 susceptible de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, recalc\u00f3 que, aunque evidenci\u00f3 diversas irregularidades durante el desarrollo del referido procedimiento, la nulidad concretamente declarada por el despacho fue la, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) relativa a la extralimitaci\u00f3n del comisionado en el ejercicio de sus facultades, de manera que, solo la transgresi\u00f3n de tal l\u00edmite es lo que configurar\u00eda la nulidad y no as\u00ed, cualquier otro vicio. <\/p>\n
Lo anterior es importante toda vez que, si bien es cierto, se reitera, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 varias irregularidades, a guisa de ejemplo, indebida identificaci\u00f3n del predio objeto de entrega como de publicidad de la diligencia, o el tr\u00e1mite impartido a la recusaci\u00f3n formulada contra la autoridad de polic\u00eda, entre otros, a la postre, solo una de las actuaciones desplegadas por el comisionado, estructura la nulidad en cuesti\u00f3n, de manera que los dem\u00e1s vicios se\u00f1alados, son aspectos, si se quiere, accesorios, defectos que este Funcionario advirti\u00f3 y que a bien tuvo relacionar en la providencia recurrida, pero que no son necesariamente el soporte de la decisi\u00f3n, y bien pod\u00edan ser objeto de mayor an\u00e1lisis en un escenario en el que se estuviera decidiendo la oposici\u00f3n a la entrega propiamente dicha\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, y tras evaluar nuevamente el proceder del inspector comisionado, ratific\u00f3 que contrariaba \u00abel ordenamiento jur\u00eddico y que, conforme al art\u00edculo 34 del C.P.C., genera la necesidad de reencausar el tr\u00e1mite mediante el remedio extremo de la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Y finaliz\u00f3, nuevamente precisando que, \u00abcomoquiera que por mandato expreso del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el auto que decida sobre la nulidad aqu\u00ed invocada solo es susceptible de reposici\u00f3n, se negar\u00e1 por improcedente la apelaci\u00f3n formulada en subsidio por los legatarios recurrentes\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, queda claro que el prove\u00eddo que el precursor del resguardo critica del tribunal accionado, nada tuvo que ver con el recurso de alzada impetrado subsidiariamente al de reposici\u00f3n contra el auto del 11 de mayo de 2022, pues el a quo, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 34 de C\u00f3digo de Procedimiento Civil (normativa en la que fund\u00f3 la nulidad declarada), precis\u00f3 que frente a dicha determinaci\u00f3n solo es viable el remedio horizontal. <\/p>\n
Por lo tanto, como se observa, la actuaci\u00f3n de la magistratura tutelada no amerita reproche, pues ninguna vulneraci\u00f3n puede endilg\u00e1rsele en torno a una supuesta resoluci\u00f3n incongruente del recurso interpuesto por el quejoso, ya que, el auto del 26 de septiembre de 2023 se ocup\u00f3, como bien se extrae de la rese\u00f1a procesal, de la apelaci\u00f3n contra el proferimiento que resolvi\u00f3 sobre el incidente de nulidad planteado por el abogado de Erardo Ditterich Chamarravi y de Werner Ditterich Dalla Torre (del mismo 30 de septiembre de 2022). <\/p>\n
As\u00ed pues, distinto a lo afirmado por el querellante, la corporaci\u00f3n denunciada se sujet\u00f3 a las espec\u00edficas censuras concretadas por los apelantes ante el juez de familia, espec\u00edficamente, frente a la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre la nulidad deprecada; luego, si el aqu\u00ed accionado actu\u00f3 bajo esos par\u00e1metros, no es posible atribuirle vulneraci\u00f3n de derecho alguno o v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos expuestos por el tutelante. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No se advierte la v\u00eda de hecho denunciada respecto del ad quem al resolver la alzada, ya que la providencia que profiri\u00f3 el 26 de septiembre de 2023 auscult\u00f3 las espec\u00edficas censuras que hicieron parte del recurso impetrado frente a la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad planteada (por Erardo Ditterich Chamarravi y de Werner Ditterich Dalla Torre), y que, nada tuvo que ver con los recursos formulados por el quejoso contra el auto del 11 de mayo de 2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11625-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11625-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03888-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iossif Fernando Ditterich […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}