STC11631-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11631-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2023-00336-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 19 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Restrepo Zapata promovi\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Presidente de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipal de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico, ambos de la Regional Risaralda, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales de Risaralda, Audifarma SA, Cer\u00e1micas Terranova SAS, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez y Cotty Morales Caama\u00f1o, y dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00114. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Sostuvo que en la acci\u00f3n popular que propuso No. 2022-00114, no se cumplen los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 472 de 1998, y que, por la mora judicial y la renuencia en ese tr\u00e1mite, present\u00f3 solicitud de desistimiento, ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, que fue negada. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que ha pedido a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre, contra la administraci\u00f3n de justicia por mora judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio, pero no ha sido atendida. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, con las irregularidades que aqu\u00ed expone, sus derechos fundamentales y su salud mental y emocional est\u00e1n siendo afectados. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 i) aplicar la sentencia C- 367- 2014 proferida por la Corte Constitucional en la presente tutela, ii) ordenar al Juzgado accionado aceptar su desistimiento frente a la acci\u00f3n popular 2022-00114, iii) ordenar a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo, informar la fecha en que presentar\u00e1n acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre, en contra de la administraci\u00f3n de justicia por mora judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio, atendiendo su estado de debilidad manifiesta, de conformidad con la Sentencia SU-108\/18 de la Corte Constitucional y, iv) sincular al presidente de la Rep\u00fablica a fin de que informe o disponga la entidad o funcionario competente para formular, en su nombre, la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, mencionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, se opuso a la prosperidad del amparo, porque no ha incurrido en la mora judicial alegada por el actor, porque el tiempo para proferir sentencia se encuentra vigente y, en ese sentido, no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, mediante providencias de 15 de mayo y 28 de agosto de 2023, se pronunci\u00f3 respecto a las solicitudes elevadas por el actor, y, en cuanto a la petici\u00f3n de desistimiento, destac\u00f3 que ese despacho se acoge a lo dispuesto por el Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de julio de 2003 \u00aben el sentido que, al tratarse de derechos colectivos y no particulares o personales dentro del tr\u00e1mite de las acciones populares, el actor popular no puede disponer de los mismos al punto de desistir del dispositivo judicial avivado por su inter\u00e9s en la protecci\u00f3n de los derechos de las comunidades sordas y sordo ciegas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la excesiva carga laboral de ese despacho, ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, frente a la cual, a\u00fan no hay una soluci\u00f3n definitiva e igualmente, aport\u00f3 cifras de las providencias y actuaciones de los procesos a su cargo, entre enero de 2022 y junio de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Audifarma SA, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no es parte ni interviniente en la acci\u00f3n popular 2022-00114, porque la all\u00ed demandada es Cer\u00e1micas Terranova SAS. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Presidencia de la Rep\u00fablica, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y, adem\u00e1s, no es la autoridad competente para intervenir en las decisiones judiciales de las que este se duele. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Personer\u00eda de Pereira, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la presente solicitud de amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, en tanto no ha vulnerado los derechos invocados. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda, refiri\u00f3 que, para la intervenci\u00f3n en las acciones populares presentadas por los ciudadanos ante la jurisdicci\u00f3n civil, se ha designado a las personer\u00edas municipales para que act\u00faen como Agentes del Ministerio P\u00fablico e intervengan dentro de esos procesos. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no ha intervenido en la acci\u00f3n popular objeto de inconformidad, y adicionalmente, no ha recibido ninguna solicitud, queja o reclamo de proveniente del actor, relacionada con ese proceso, ni mucho menos ha afectado sus derechos fundamentales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n constitucional, al no encontrar superado el requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 28 de agosto de 2023, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de desistimiento de la acci\u00f3n popular que solicit\u00f3 y, en ese sentido, perdi\u00f3 la oportunidad de exteriorizar los reparos que hoy expone. <\/p>\n
Respecto a las solicitudes dirigidas a las dem\u00e1s entidades accionadas, tambi\u00e9n declar\u00f3 su improcedencia por inexistencia de los hechos invocados, toda vez que el actor, no acredit\u00f3 haber solicitado la asesor\u00eda jur\u00eddica que reclama, pese a que fue requerido para ello, en esa instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el accionante, sin exponer los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, de forma arbitraria o caprichosa, y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Restrepo Zapata reprocha que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira no cumple los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 472 de 1998 y, adem\u00e1s, neg\u00f3 la petici\u00f3n de desistimiento que present\u00f3 en la acci\u00f3n popular 2022-00114. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Examinado el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, se advierte que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira conforme al tr\u00e1mite regulado por la Ley 472 de 1998, en la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 10 de octubre de 2023, la declar\u00f3 fallida ante la inasistencia del actor popular y al no haber m\u00e1s pruebas por decretar o practicar, prescindi\u00f3 del periodo probatorio, y refiri\u00f3 que, en auto aparte, se correr\u00e1 traslado para allegar los alegatos de conclusi\u00f3n (Minuto 28:15 a 45:25, derivado 63Grabaci\u00f3n Audiencia Tr\u00e1mite.pdf \u2013 Cuaderno 01Principal del expediente electr\u00f3nico). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que, el Juzgado accionado, contrario a lo afirmado por el accionante, ha procedido con celeridad al tramitar la acci\u00f3n popular propuesta, sin que se observe alg\u00fan tipo de mora judicial injustificada que pueda sancionarse a trav\u00e9s de esta demanda constitucional. <\/p>\n
En ese orden, no se advierte un escenario de \u00abmora judicial\u00bb que abra paso a este excepcional tr\u00e1mite, puesto que, esta procede cuando se evidencia una par\u00e1lisis derivada de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ. STC962-2023). (\u00c9nfasis a\u00f1adido). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a la queja relacionada con la supuesta negativa de aceptar su desistimiento de la acci\u00f3n popular, advierte la Sala lo siguiente, <\/p>\n
<\/p>\n
1. El 19 de mayo de 2023, el actor, entre otros requerimientos, present\u00f3 su desistimiento frente a la acci\u00f3n popular objeto de queja, petici\u00f3n que reiter\u00f3 en escrito de 26 de junio siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En providencia de 28 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de pereira, entre otras determinaciones, rechaz\u00f3 la solicitud de desistimiento (derivado 46AutoSustanciaci\u00f3n.pdf \u2013 Cuaderno 01Principal del expediente electr\u00f3nico). <\/p>\n
3. Frente a la anterior decisi\u00f3n, el accionante no interpuso recurso alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ante este panorama se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente, al no cumplirse el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, puesto que, en un acto constitutivo de incuria, Restrepo Zapata desaprovech\u00f3 el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que, conforme a lo establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, no puede pretender ahora subsanar su propia desidia, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 el Juzgado de conocimiento, al no aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n popular que, seg\u00fan sus afirmaciones, procede, ha debido interponer el recurso de reposici\u00f3n, conforme lo establece el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
[L]a falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021, STC14292-2021, STC2296-2022, STC2818-2022, STC2912-2022 y, STC3871-2022 entre muchos otros). <\/p>\n
<\/p>\n
6. En cuanto a la petici\u00f3n dirigida a ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, presentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre, resulta improcedente, porque, entre las competencias asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al accionante, por cuanto sus funciones se concretan en, i) preventiva, para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) disciplinaria, para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos y, iii) intervenci\u00f3n, como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En lo que ata\u00f1e a la solicitud para que se ordene a la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, designar a la \u00abentidad estatal, servidor p\u00fablico para que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre por falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, igualmente es improcedente porque de acuerdo con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el Presidente tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar las leyes y pol\u00edticas p\u00fablicas, pero no tiene asignada la representaci\u00f3n judicial del actor popular o de cualquier otro ciudadano. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Finalmente, en lo que respecta a los fallos constitucionales citados por el accionante, para que fueran aplicados a su caso, debe se\u00f1alarse que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022, STC633-2023 entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
9. De conformidad con lo anterior, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11631-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11631-2023 Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2023-00336-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76856","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76856\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}