{"id":76862,"date":"2024-05-20T22:44:32","date_gmt":"2024-05-20T22:44:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc11643-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:44:32","modified_gmt":"2024-05-20T22:44:32","slug":"stc11643-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc11643-2023\/","title":{"rendered":"STC11643 2023"},"content":{"rendered":"<p>STC11643-2023<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>STC11643-2023 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0. &nbsp;11001-02-03-000-2023-02940-00 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado en sesi\u00f3n &nbsp;del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. &nbsp;C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp;<\/p>\n<p>La Corte decide la &nbsp;acci\u00f3n de tutela promovida por Duv\u00e1n Fernando Guevara &nbsp;R\u00edos, quien dice actuar como apoderado de Luz Helena Monje &nbsp;S\u00e1nchez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de &nbsp;Cundinamarca y el Juzgado Promiscuo de Familia de Guachet\u00e11. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>1. El &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;gestor demanda la salvaguarda del derecho fundamental al debido &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;proceso de quien dice representar, presuntamente vulnerado en la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tutela de radicado 25297318400120230005400. &nbsp;<\/p>\n<p>2. Del &nbsp;escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes &nbsp;hechos relevantes: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. Luz Helena &nbsp;Monje S\u00e1nchez promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela &nbsp;contra el Parqueadero Bodegaje Log\u00edstica Financiera S.A.S. y &nbsp;la Polic\u00eda Nacional, argumentando que no le correspond\u00eda &nbsp;asumir el pago de parqueo de su veh\u00edculo, para que este le &nbsp;fuera entregado, en tanto fue desembargado en el proceso 2019-006782, &nbsp;por el Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de &nbsp;Bogot\u00e1, raz\u00f3n por la cual tal costo estaba a cargo de &nbsp;la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;El Juzgado &nbsp;Promiscuo de Familia de Guachet\u00e1 emiti\u00f3 sentencia de &nbsp;primera instancia el 29 de marzo de 20233, &nbsp;que declar\u00f3 improcedente el amparo, ante la ausencia del &nbsp;requisito de subsidiariedad, y porque el fin perseguido era meramente &nbsp;econ\u00f3mico. El 28 de junio de 2023, el Tribunal accionado &nbsp;confirm\u00f3 el fallo del a &nbsp;quo. &nbsp;<\/p>\n<p>3. El actor &nbsp;sostiene que los Despachos accionados encausaron erradamente el &nbsp;problema jur\u00eddico planteado, pues no se pretend\u00eda &nbsp;zanjar una disputa econ\u00f3mica, sino la protecci\u00f3n de un &nbsp;derecho fundamental vulnerado con el cobro de un dinero que no le &nbsp;correspond\u00eda pagar, dado que era del resorte de la Direcci\u00f3n &nbsp;Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. Aduce que, pese a contar &nbsp;con otros mecanismos para salvaguardar los derechos vulnerados por el &nbsp;parqueadero, estos no son expeditos. &nbsp;<\/p>\n<p>4. Conforme a lo &nbsp;relatado, pretende que se ordene dictar un nuevo fallo \u00abque &nbsp;en derecho y jurisprudencia corresponda\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>II. &nbsp;RESPUESTAS RECIBIDAS &nbsp;<\/p>\n<p>1. El Tribunal &nbsp;accionado refiri\u00f3 los argumentos que tuvo en cuenta en el &nbsp;fallo de tutela cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que el amparo &nbsp;propuesto contra una decisi\u00f3n de igual naturaleza era &nbsp;improcedente. &nbsp;<\/p>\n<p>2. El Juzgado &nbsp;accionado solicit\u00f3, igualmente, que se declara improcedente el &nbsp;ruego constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>3. El Juzgado &nbsp;D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de &nbsp;Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en el proceso 2019-00678 profiri\u00f3 &nbsp;auto del 21 de marzo de 2023, en el que se pronunci\u00f3 sobre las &nbsp;solicitudes de la actora, decisi\u00f3n que no recurri\u00f3. &nbsp;<\/p>\n<p>4. Bodegaje &nbsp;Log\u00edstica Financiera S.A.S. asever\u00f3 que la accionante &nbsp;recurre de forma reiterada y temeraria al tr\u00e1mite &nbsp;constitucional, para evadir su obligaci\u00f3n de cancelar unos &nbsp;servicios causados y prestados en debida forma. &nbsp;<\/p>\n<p>5. La Polic\u00eda &nbsp;Metropolitana de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 negar las s\u00faplicas &nbsp;de la tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>III. &nbsp;CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La &nbsp;Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de &nbsp;legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 &nbsp;su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que &nbsp;reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia &nbsp;CSJ &nbsp;STC10721-2023, &nbsp;por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa &nbsp;providencia. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;El art\u00edculo 1\u00ba &nbsp;del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su &nbsp;disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los &nbsp;jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la &nbsp;protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales &nbsp;fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 &nbsp;ibidem &nbsp;dispone que: &nbsp;<\/p>\n<p>podr\u00e1 &nbsp;ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada &nbsp;en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed &nbsp;misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n &nbsp;se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no &nbsp;est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal &nbsp;circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud&#8230; &nbsp;<\/p>\n<p>Con base en la &nbsp;normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que &nbsp;la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento &nbsp;subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el &nbsp;impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de &nbsp;fondo. &nbsp;Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a &nbsp;la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y &nbsp;particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, &nbsp;condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que &nbsp;act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado &nbsp;mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe &nbsp;comprobar esa circunstancia en forma estricta. &nbsp;<\/p>\n<p>De &nbsp;lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a &nbsp;la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de &nbsp;representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de &nbsp;personas jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, &nbsp;evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de &nbsp;abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante &nbsp;agente oficioso. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. Ahora bien, &nbsp;respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, &nbsp;esta Sala &nbsp;ha venido indicando que la persona habilitada para promover la&nbsp;acci\u00f3n &nbsp;de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus&nbsp;derechos &nbsp;fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un &nbsp;tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son &nbsp;los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n &nbsp;constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios &nbsp;correspondientes (CSJ STC7905-2023). &nbsp;<\/p>\n<p>En consonancia con &nbsp;lo anterior, es claro que el profesional del derecho que&nbsp;representa &nbsp;a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes &nbsp;un&nbsp;simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, &nbsp;resulta afectado&nbsp;en tales derechos cuando los funcionarios &nbsp;judiciales incurren&nbsp;presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb&nbsp;(CSJ &nbsp;STC &nbsp;29 sep.&nbsp;2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ &nbsp;STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). &nbsp;<\/p>\n<p>Igualmente, la &nbsp;Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado &nbsp;impulsor, aun cuando \u00abtenga &nbsp;poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] &nbsp;habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb &nbsp;y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ &nbsp;STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, &nbsp;en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado &nbsp;para representar judiciales a una de las partes en determinado &nbsp;proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, &nbsp;<\/p>\n<p>[a]unque &nbsp;podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte &nbsp;civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe &nbsp;desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la &nbsp;representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha &nbsp;conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n &nbsp;en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de &nbsp;tutela4. &nbsp;<\/p>\n<p>(i) &nbsp;los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante &nbsp;como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra &nbsp;la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el &nbsp;acto o documento causa del litigio &nbsp;y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. &nbsp;Los anteriores elementos permiten reconocer la &nbsp;situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los &nbsp;sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro &nbsp;del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos &nbsp;esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la &nbsp;causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n6. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3.1. Desde &nbsp;luego, el &nbsp;poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional &nbsp;del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, &nbsp;calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC &nbsp;T-024-19, CSJ STC17259-2021). &nbsp;<\/p>\n<p>2.3.2. Acorde con &nbsp;lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, &nbsp;al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como &nbsp;\u00abrefiere &nbsp;de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n &nbsp;de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n &nbsp;se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de &nbsp;fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, &nbsp;no es posible \u00abdistinguir &nbsp;este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, &nbsp;raz\u00f3n por la cual, \u00abAl &nbsp;no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, &nbsp;inviable es pronunciarse de \u00abfondo &nbsp;sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, &nbsp;objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3.3. En otra &nbsp;oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que &nbsp;indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte &nbsp;Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el &nbsp;prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no &nbsp;fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatac\u00f3 &nbsp;que &nbsp;<\/p>\n<p>en &nbsp;el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n &nbsp;en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia &nbsp;o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que &nbsp;permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la &nbsp;petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de &nbsp;all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la &nbsp;presente demanda de tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2.8. &nbsp;Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su &nbsp;apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los &nbsp;extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n &nbsp;y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la &nbsp;situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni &nbsp;las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo &nbsp;expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n &nbsp;por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los &nbsp;intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC &nbsp;T-194-12). &nbsp;<\/p>\n<p>2.3.4. En similar &nbsp;sentido, en la sentencia CC T-718-2017, determin\u00f3 que un &nbsp;poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno &nbsp;especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es &nbsp;el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 &nbsp;proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, &nbsp;no es especial. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3.5. An\u00e1loga &nbsp;postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ &nbsp;STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al &nbsp;destacar que un poder especial debe \u00abidentificar &nbsp;la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de &nbsp;tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro &nbsp;del amparo\u00bb &nbsp;(CSJ STP2343-2023). &nbsp;<\/p>\n<p>2.3.6. Teniendo en &nbsp;cuenta lo anterior, esta Sala de Casaci\u00f3n tambi\u00e9n ha &nbsp;precisado que los poderes abiertos para interponer tutelas no son &nbsp;aceptables, &nbsp;pues un mandato en esos t\u00e9rminos solo contiene una delegaci\u00f3n &nbsp;gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad &nbsp;necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe &nbsp;tenerse en cuenta que, &nbsp;si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas &nbsp;fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n &nbsp;de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, por ejemplo de autoridades &nbsp;judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer &nbsp;tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos &nbsp;t\u00e9rminos, se desconoce en concreto los despachos judiciales &nbsp;que tramitar\u00e1n la controversia, las garant\u00edas &nbsp;involucradas, la providencia que afectar\u00eda o lesionar\u00eda &nbsp;el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la &nbsp;situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina esta especial acci\u00f3n &nbsp;(CSJ &nbsp;STC3312-2023). &nbsp;<\/p>\n<p>Acorde &nbsp;con lo referido, en pret\u00e9rita oportunidad, la Sala determin\u00f3 &nbsp;que la tutela era improcedente, porque: &nbsp;<\/p>\n<p>el &nbsp;abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo &nbsp;texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le &nbsp;hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites &nbsp;administrativos y judiciales para &nbsp;el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la &nbsp;representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de &nbsp;cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la &nbsp;participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, &nbsp;siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los &nbsp;elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la &nbsp;causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no &nbsp;determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el &nbsp;derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la &nbsp;actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la &nbsp;presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime &nbsp;si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales &nbsp;en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la &nbsp;cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada &nbsp;improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 &nbsp;(CSJ STC485-2023). &nbsp;<\/p>\n<p>2.4. De todo lo &nbsp;expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ &nbsp;STC10721-2023, &nbsp;concluy\u00f3 que, &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026La &nbsp;legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y &nbsp;esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea &nbsp;para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este &nbsp;aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento &nbsp;de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, &nbsp;debe declarar improcedente la tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026Dada &nbsp;la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente &nbsp;ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n &nbsp;inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n &nbsp;se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del &nbsp;derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026Los &nbsp;poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos &nbsp;administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer &nbsp;tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la &nbsp;jurisdicci\u00f3n constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026Un &nbsp;poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una &nbsp;sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato &nbsp;debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; &nbsp;iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, &nbsp;proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique &nbsp;o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que &nbsp;origina la tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026La &nbsp;ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de &nbsp;legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es &nbsp;improcedente. &nbsp;<\/p>\n<p>3. Pues bien, &nbsp;aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto, se advierte &nbsp;que el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos &nbsp;fundamentales de Luz Helena Monje S\u00e1nchez, sin embargo, el &nbsp;poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las &nbsp;caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n &nbsp;de tutela, por cuanto se dirige al Parqueadero Bodegaje Log\u00edstica &nbsp;Financiera S.A.S., para que se adelanten los tr\u00e1mites &nbsp;correspondientes \u00aba &nbsp;la salida de los patios del veh\u00edculo placas RML-887\u00bb &nbsp;y \u00abante &nbsp;los jueces de tutela de ser necesario\u00bb, &nbsp;no obstante, no cita las autoridades judiciales accionadas en ese &nbsp;asunto, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni &nbsp;hace referencia alguna que permita individualizar las providencias &nbsp;que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n &nbsp;constitucional en contra los despachos convocados, lo cual impide &nbsp;analizar el fondo del asunto; m\u00e1xime que &nbsp;el documento se suscribi\u00f3 el 24 de enero de 2023, esto es, con &nbsp;anterioridad a las providencias censuradas en la tutela de la &nbsp;referencia y, adem\u00e1s, fue presentado como mandato en la acci\u00f3n &nbsp;constitucional conocida previamente bajo el radicado 2023-000547. &nbsp;<\/p>\n<p>IV. &nbsp;DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito &nbsp;de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la &nbsp;Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA &nbsp;IMPROCEDENTE el &nbsp;amparo reclamado. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s &nbsp;expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del &nbsp;Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte &nbsp;Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser &nbsp;impugnada. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA PATRICIA &nbsp;GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>(con aclaraci\u00f3n &nbsp;de voto) &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA GONZ\u00c1LEZ &nbsp;NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO WILSON &nbsp;QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>(con aclaraci\u00f3n &nbsp;de voto) &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02940-00 &nbsp;<\/p>\n<p>ACLARACI\u00d3N &nbsp;DE VOTO &nbsp;<\/p>\n<p>Aunque &nbsp;compartimos la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Civil, Agraria y Rural, respetuosamente nos permitimos ACLARAR &nbsp;nuestro voto, con el prop\u00f3sito de plantear algunas reflexiones &nbsp;sobre la importancia de consolidar la unificaci\u00f3n de criterio &nbsp;de la Sala respecto de los poderes especiales para interponer el &nbsp;amparo. &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Precisiones sobre el sub &nbsp;ex\u00e1mine. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;el caso analizado, el abogado Duv\u00e1n Fernando Guevara R\u00edos &nbsp;reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas &nbsp;esenciales de acceso a la justicia y debido proceso de Luz Helena &nbsp;Monje S\u00e1nchez, supuestamente vulneradas por la Sala Civil &nbsp;Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca &nbsp;(rad. n.\u00ba 2023-00054), &nbsp;por cuanto confirm\u00f3 la sentencia desestimatoria de primer &nbsp;grado, dictada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocont\u00e1 &nbsp;en el curso del amparo que promovi\u00f3 contra el Parqueadero &nbsp;Bodegaje Log\u00edstica Financiera S.A.S. y la Polic\u00eda &nbsp;Nacional. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;la providencia de la referencia, en relaci\u00f3n con la queja &nbsp;indicada, la Sala precis\u00f3 que no era posible ahondar en el &nbsp;estudio del fondo de la cuesti\u00f3n, por cuanto &nbsp;\u00abel &nbsp;tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales &nbsp;de Luz Helena Monje S\u00e1nchez, sin embargo, el poder allegado &nbsp;para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas &nbsp;de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto &nbsp;se dirige al Parqueadero Bodegaje Log\u00edstica Financiera S.A.S., &nbsp;para que se adelanten los tr\u00e1mites correspondientes \u00aba &nbsp;la salida de los patios del veh\u00edculo placas RML-887\u00bb y &nbsp;\u00abante los jueces de tutela de ser necesario\u00bb, no &nbsp;obstante, no &nbsp;cita las autoridades judiciales accionadas en ese asunto, no &nbsp;determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace &nbsp;referencia alguna que permita individualizar las providencias que &nbsp;originan el mandado (sic) &nbsp;otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional &nbsp;en contra los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo &nbsp;del asunto; m\u00e1xime que el documento se suscribi\u00f3 el 24 &nbsp;de enero de 2023, esto es, con anterioridad a las providencias &nbsp;censuradas en la tutela de la referencia y, adem\u00e1s, fue &nbsp;presentado como mandato en la acci\u00f3n constitucional conocida &nbsp;previamente bajo el radicado 2023-00054\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sobre &nbsp;la unificaci\u00f3n de criterio frente a la especificidad &nbsp;del poder para interponer la tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;En lo atinente a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica abordada en el &nbsp;sub-lite, &nbsp;la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural ha exigido, de &nbsp;manera consistente, el poder especial para la interposici\u00f3n de &nbsp;la salvaguarda cuando se acude a trav\u00e9s de un profesional del &nbsp;Derecho (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 19918); &nbsp;pero, tambi\u00e9n, ha prohijado \u2013expresa o t\u00e1citamente\u2013 &nbsp;distintas posturas sobre el entendimiento de dicha especificidad. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;atenci\u00f3n a esa circunstancia, en la providencia actual, esta &nbsp;Sala Especializada reiter\u00f3 la unificaci\u00f3n del criterio &nbsp;sobre el punto, tras colegir que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abReferente &nbsp;a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 su &nbsp;criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que &nbsp;reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia &nbsp;CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los &nbsp;argumentos expuestos en esa providencia. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. El &nbsp;art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas &nbsp;las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de &nbsp;tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien &nbsp;act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus &nbsp;derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo &nbsp;10 ibidem dispone que: podr\u00e1 &nbsp;ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada &nbsp;en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed &nbsp;misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n &nbsp;se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no &nbsp;est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal &nbsp;circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud&#8230; &nbsp;<\/p>\n<p>Con base &nbsp;en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 &nbsp;que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento &nbsp;subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el &nbsp;impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de &nbsp;fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que &nbsp;acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y &nbsp;particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, &nbsp;condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que &nbsp;act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado &nbsp;mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe &nbsp;comprobar esa circunstancia en forma estricta. &nbsp;<\/p>\n<p>De lo referido en &nbsp;precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de &nbsp;diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes &nbsp;legales, como en el caso de los menores de edad o de personas &nbsp;jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, evento en el &nbsp;cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado &nbsp;titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente &nbsp;oficioso. &nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026) &nbsp;<\/p>\n<p>De todo &nbsp;lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, &nbsp;concluy\u00f3 que, &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y &nbsp;esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea &nbsp;para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este &nbsp;aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento &nbsp;de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, &nbsp;debe declarar improcedente la tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>Dada la &nbsp;informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente &nbsp;ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n &nbsp;inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n &nbsp;se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del &nbsp;derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. &nbsp;<\/p>\n<p>Los &nbsp;poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos &nbsp;administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer &nbsp;tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la &nbsp;jurisdicci\u00f3n constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>Un poder &nbsp;especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez &nbsp;y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe &nbsp;indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) &nbsp;el derecho fundamental invocado; iv) el &nbsp;acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de &nbsp;manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n &nbsp;f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de &nbsp;legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es &nbsp;improcedente\u00bb &nbsp;Se resalta. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. En &nbsp;ese orden, en la determinaci\u00f3n citada supra &nbsp;se recalc\u00f3 la postura unificada de esta Colegiatura frente a &nbsp;la comprensi\u00f3n de las normas que regulan el ejercicio de la &nbsp;salvaguarda, y, puntualmente, el requerimiento del poder especial &nbsp;para su formulaci\u00f3n \u2013cuando se acude a trav\u00e9s de &nbsp;abogado\u2013, aspecto que estimamos de la mayor relevancia, dada la &nbsp;necesidad de revestir de claridad el alcance de las exigencias sobre &nbsp;el particular en sede de tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>Lo &nbsp;anterior, pues, en la actividad judicial, debe procurarse la &nbsp;uniformidad de criterios \u2013m\u00e1xime cuando se trata de los &nbsp;presupuestos para acudir a la administraci\u00f3n de justicia en &nbsp;una acci\u00f3n de car\u00e1cter constitucional9, &nbsp;en la que se busca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales\u2013; &nbsp;y, por ende, la seguridad jur\u00eddica que debe imperar en las &nbsp;sentencias del \u00f3rgano de cierre de la especialidad Civil, &nbsp;Agraria y Rural. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. Bajo las &nbsp;premisas que anteceden, nos permitimos iterar que compartimos la &nbsp;resoluci\u00f3n del sub-ex\u00e1mine, &nbsp;en la medida en que consolid\u00f3 una postura frente al tema &nbsp;discutido, con lo que se garantiza, en lo sucesivo, la unidad sobre &nbsp;el punto que hab\u00eda tenido distintos entendimientos y, por lo &nbsp;mismo, la &nbsp;igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, la confianza leg\u00edtima, &nbsp;entre otros. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Conclusi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;ese contexto, acompa\u00f1amos la unificaci\u00f3n sobre la &nbsp;comprensi\u00f3n de las previsiones normativas sobre el poder &nbsp;especial para instaurar la acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de &nbsp;abogado, puntualmente, en lo que ata\u00f1e al requisito de &nbsp;especificidad &nbsp;que rige la misma. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundamentada nuestra &nbsp;aclaraci\u00f3n de voto, con la reiteraci\u00f3n de respeto por &nbsp;los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, &nbsp;Agraria y Rural. &nbsp;<\/p>\n<p>Fecha &nbsp;ut &nbsp;supra, &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrada &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tr\u00e1mite se dispuso vincular a &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Luz Helena Monje S\u00e1nchez, Parqueadero Bodegaje Log\u00edstica &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Financiera S.A.S., Polic\u00eda Nacional, el Juzgado D\u00e9cimo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Banco Ita\u00fa CorpBanca Colombia. &nbsp;<\/p>\n<p>2\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Promovido por el Banco Ita\u00fa CorpBanca Colombia. &nbsp;<\/p>\n<p>3\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Documento 039, carpeta primera instancia, expediente 2023-00054. &nbsp;<\/p>\n<p>4\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;T-695-98. &nbsp;<\/p>\n<p>5\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. &nbsp;<\/p>\n<p>6\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. &nbsp;<\/p>\n<p>7\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folio 8, documento 002, primera instancia, expediente 2023-00054. &nbsp;<\/p>\n<p>8\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Art\u00edculo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10: \u00abLa &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;aut\u00e9nticos. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;solicitud. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;municipales\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>9\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuyo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tr\u00e1mite es preferente y sumario, a voces del canon 1 del &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Decreto 2591 de 1991. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC11643-2023 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; STC11643-2023 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0. &nbsp;11001-02-03-000-2023-02940-00 &nbsp; (Aprobado en sesi\u00f3n &nbsp;del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). &nbsp; Bogot\u00e1, D. &nbsp;C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp; La Corte decide la &nbsp;acci\u00f3n de tutela promovida por Duv\u00e1n Fernando Guevara &nbsp;R\u00edos, quien dice [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76862","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76862"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76862\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}