STC11644-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11644-20233 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03003-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Vega Gonz\u00e1lez, quien dice actuar en calidad de apoderado de Luis Fernando S\u00e1nchez Gil, Carlos Andr\u00e9s Carvajal Henao, Diego Fernando Gonz\u00e1les Parra, H\u00e9ctor Orlando Mart\u00edn Tocanch\u00f3n, Andr\u00e9s Mauricio Correa L\u00f3pez, Pedro Nel Quiroga Honorato, Luis Alejandro Acevedo Ballesteros, Jes\u00fas Antonio Villalobos Rubiano, Jes\u00fas Antonio V\u00e9lez Gavilanes, Diego Fernando Alzate Bustamante y Wilson Germ\u00e1n Piraquive P\u00e9rez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Superintendencia Financiera de Colombia \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Luis Fernando S\u00e1nchez Gil, Carlos Andr\u00e9s Carvajal Henao, Diego Fernando Gonz\u00e1les Parra, H\u00e9ctor Orlando Mart\u00edn Tocanch\u00f3n, Andr\u00e9s Mauricio Correa L\u00f3pez, Pedro Nel Quiroga Honorato, Luis Alejandro Acevedo Ballesteros, Jes\u00fas Antonio Villalobos Rubiano, Jes\u00fas Antonio V\u00e9lez Gavilanes, Diego Fernando \u00c1lzate Bustamante y Wilson Germ\u00e1n Piraquive P\u00e9rez promovieron una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A., para que, entre otros, se le condenara a la devoluci\u00f3n total de los recursos pagados por ellos al Fideicomiso Proyecto Jardines del Bosque y\/o cualquier otra cuenta y\/o veh\u00edculo financiero administrado por la Fiduciaria demandada, \u00abpor concepto del precio de las respectivas unidades privadas de vivienda que cada uno de los consumidores pretend\u00eda adquirir\u00bb, dado que la obligaci\u00f3n se venci\u00f3 sin que el proyecto se construyera y sin que sus aportes se hubieran restituido. <\/p>\n
2.2. Por auto del 31 de marzo de 2022 se admiti\u00f3 la demanda y se requiri\u00f3 a la accionada, para que allegara con la contestaci\u00f3n los documentos relacionados con el litigio y los solicitados por la parte actora en la demanda. <\/p>\n
2.3. Contestada la demanda, el 23 de junio de 2022 se reprogram\u00f3 fecha para adelantar audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso y se decretaron pruebas documentales de oficio a cargo de la demandada y la vinculada; adem\u00e1s, se dispuso que, incorporadas esas pruebas, quedaban a disposici\u00f3n sin auto que lo ordenara. Contra esa determinaci\u00f3n, la parte accionante solicit\u00f3 nulidad, que fue negada el 4 de mayo de 2023. En la misma diligencia se dispuso no reponer la decisi\u00f3n y se concedi\u00f3 la alzada propuesta por la activa. <\/p>\n
2.4. En audiencia del 18 de mayo de 2023 se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial pedido por los demandantes, decisi\u00f3n que se confirm\u00f3 en reposici\u00f3n y frente a la cual se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta. De otro lado, se adicion\u00f3 de oficio el decreto del testimonio de Carolina Lozano Ostos, determinaci\u00f3n contra la cual la activa solicit\u00f3 la nulidad, que fue negada por la Delegatura y cuya alzada tambi\u00e9n fue concedida. <\/p>\n
2.5. El 21 de junio de 2023, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de negar la nulidad de los prove\u00eddos del 23 de junio de 2022 y del 18 de mayo de 2023. En la misma fecha, ratific\u00f3 el auto del 18 de mayo de 2023, \u00abpor medio de los cuales deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
3. El actor sostiene que la demandada no aport\u00f3 las pruebas que se le requirieron en el auto admisorio de la demanda, por lo cual no proced\u00eda el decreto oficioso de las documentales para corregir su inactividad probatoria, pues ya se le hab\u00eda concedido un t\u00e9rmino para aportarlos. Aduce que el decreto del testimonio de Carolina Lozano afect\u00f3 la igualdad procesal en perjuicio de la parte demandante, al habilitar irregularmente una oportunidad para ingresar pruebas y que el dictamen pericial se requer\u00eda para conocer las actividades y procedimientos adelantados por la Fiduciaria en aras de cumplir sus obligaciones. Precisa que no se corri\u00f3 traslado frente al decreto de pruebas de oficio por parte del a quo. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se ordene a las autoridades accionadas revocar las decisiones que resolvieron sobre el decreto oficioso de las pruebas documentales, el testimonio de Carolina Lozano Ostos y sobre el dictamen pericial pedido por la parte actora. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada dijo atenerse a los argumentos expuestos en las decisiones censuradas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera de Colombia afirm\u00f3 que la tutela era improcedente, porque no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, y destac\u00f3 que las pruebas decretadas de oficio fueron de conocimiento de ambos extremos, para su respectiva contradicci\u00f3n. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo invocado, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela2. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb3. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n4. <\/p>\n
2.3.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.3.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatac\u00f3 que <\/p>\n
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC T-194-12). <\/p>\n
2.3.4. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, determin\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. <\/p>\n
2.3.5. An\u00e1loga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.3.6. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de Casaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que los poderes abiertos para interponer tutelas no son aceptables, pues un mandato en esos t\u00e9rminos solo contiene una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, por ejemplo de autoridades judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos t\u00e9rminos, se desconoce en concreto los despachos judiciales que tramitar\u00e1n la controversia, las garant\u00edas involucradas, la providencia que afectar\u00eda o lesionar\u00eda el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina esta especial acci\u00f3n (CSJ STC3312-2023). <\/p>\n
Acorde con lo referido, en pret\u00e9rita oportunidad, la Sala determin\u00f3 que la tutela era improcedente, porque: <\/p>\n
el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 (CSJ STC485-2023). <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. Pues bien, aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto, se advierte que el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de quienes dice representar, sin embargo, los poderes allegados para actuar en su nombre no re\u00fanen las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque precisan las autoridades accionadas y los derechos invocados, no determinan el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hacen referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan los mandados otorgados para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del asunto; m\u00e1xime que, ante esos estrados, el proceso relacionado en la demanda de tutela reporta varias actuaciones. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03003-00 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque compartimos la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, respetuosamente nos permitimos ACLARAR nuestro voto, con el prop\u00f3sito de plantear algunas reflexiones sobre la importancia de consolidar la unificaci\u00f3n de criterio de la Sala respecto de los poderes especiales para interponer el amparo. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, el abogado Juan Manuel Vega Gonz\u00e1lez reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso de Luis Fernando S\u00e1nchez Gil, Carlos Andr\u00e9s Carvajal Henao, Diego Fernando Gonz\u00e1les Parra, H\u00e9ctor Orlando Mart\u00edn Tocanch\u00f3n, Andr\u00e9s Mauricio Correa L\u00f3pez, Pedro Nel Quiroga Honorato, Luis Alejandro Acevedo Ballesteros, Jes\u00fas Antonio Villalobos Rubiano, Jes\u00fas Antonio V\u00e9lez Gavilanes, Diego Fernando Alzate Bustamante y Wilson Germ\u00e1n Piraquive P\u00e9rez, supuestamente vulneradas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Superintendencia Financiera de Colombia \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, con ocasi\u00f3n de lo dispuesto en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero que estos \u00faltimos incoaron contra la Fiduciaria Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2022-00866), puntualmente, sobre el decreto oficioso de algunos medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
En la providencia de la referencia, en relaci\u00f3n con la queja indicada, la Sala precis\u00f3 que no era posible ahondar en el estudio del fondo de la cuesti\u00f3n, por cuanto \u00abel tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de quienes dice representar, sin embargo, los poderes allegados para actuar en su nombre no re\u00fanen las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque precisan las autoridades accionadas y los derechos invocados, no determinan el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hacen referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan los mandados (sic) otorgados para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del asunto; m\u00e1xime que, ante esos estrados, el proceso relacionado en la demanda de tutela reporta varias actuaciones\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre la unificaci\u00f3n de criterio frente a la especificidad del poder para interponer la tutela. <\/p>\n
2.1. En lo atinente a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica abordada en el sub-lite, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural ha exigido, de manera consistente, el poder especial para la interposici\u00f3n de la salvaguarda cuando se acude a trav\u00e9s de un profesional del Derecho (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 19915); pero, tambi\u00e9n, ha prohijado \u2013expresa o t\u00e1citamente\u2013 distintas posturas sobre el entendimiento de dicha especificidad. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a esa circunstancia, en la providencia actual, esta Sala Especializada reiter\u00f3 la unificaci\u00f3n del criterio sobre el punto, tras colegir que: <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente\u00bb Se resalta. <\/p>\n
2.2. En ese orden, en la determinaci\u00f3n citada supra se recalc\u00f3 la postura unificada de esta Colegiatura frente a la comprensi\u00f3n de las normas que regulan el ejercicio de la salvaguarda, y, puntualmente, el requerimiento del poder especial para su formulaci\u00f3n \u2013cuando se acude a trav\u00e9s de abogado\u2013, aspecto que estimamos de la mayor relevancia, dada la necesidad de revestir de claridad el alcance de las exigencias sobre el particular en sede de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, pues, en la actividad judicial, debe procurarse la uniformidad de criterios \u2013m\u00e1xime cuando se trata de los presupuestos para acudir a la administraci\u00f3n de justicia en una acci\u00f3n de car\u00e1cter constitucional6, en la que se busca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales\u2013; y, por ende, la seguridad jur\u00eddica que debe imperar en las sentencias del \u00f3rgano de cierre de la especialidad Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
2.3. Bajo las premisas que anteceden, nos permitimos iterar que compartimos la resoluci\u00f3n del sub-ex\u00e1mine, en la medida en que consolid\u00f3 una postura frente al tema discutido, con lo que se garantiza, en lo sucesivo, la unidad sobre el punto que hab\u00eda tenido distintos entendimientos y, por lo mismo, la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, la confianza leg\u00edtima, entre otros. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En ese contexto, acompa\u00f1amos la unificaci\u00f3n sobre la comprensi\u00f3n de las previsiones normativas sobre el poder especial para instaurar la acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de abogado, puntualmente, en lo que ata\u00f1e al requisito de especificidad que rige la misma. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundamentada nuestra aclaraci\u00f3n de voto, con la reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Luis Fernando S\u00e1nchez Gil, Carlos Andr\u00e9s Carvajal Henao, Diego Fernando Gonz\u00e1les Parra, H\u00e9ctor Orlando Mart\u00edn Tocanch\u00f3n, Andr\u00e9s Mauricio Correa L\u00f3pez, Pedro Nel Quiroga Honorato, Lu\u00eds Alejandro Acevedo Ballesteros, Jes\u00fas Antonio Villalobos Rubiano, Jes\u00fas Antonio V\u00e9lez Gavilanes, Diego Fernando \u00c1lzate Bustamante, Wilson Germ\u00e1n Piraquive P\u00e9rez y a Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n
2\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
3\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
4\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 10: \u00abLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
<\/p>\n
6\u0002 Cuyo tr\u00e1mite es preferente y sumario, a voces del canon 1 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
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STC11644-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11644-20233 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03003-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Vega […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76863","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76863"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76863\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}