STC11648-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11648-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mois\u00e9s El\u00edas Carre\u00f1o Polo -quien dice actuar como apoderado de Daniel Wandurraga Cruz contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato de radicado 2021-00166 y de la denuncia disciplinaria radicada el 23 de mayo de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado gestor, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El 17 de agosto de 2021, el abogado accionante -en representaci\u00f3n de Daniel Wandurraga Cruz- promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela referida contra el Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal de esta ciudad y la Oficina de Reparto del Consejo Superior de la Judicatura, con el objeto que se protegiera el derecho constitucional de petici\u00f3n, respecto de la solicitud de informaci\u00f3n radicada el 19 de octubre de 2017, en la que se deprecaba informaci\u00f3n sobre \u00abA QUE JUZGADO FUE REMITIDO EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR, DEMANDANTE SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. DEMANDADO CARLOS PONCE LE\u00d3N CC 19374412. VOXONI LIMITADA NIT 900188065. DANIEL WNADURRADA CC 91476343 CON NUMERO DE RADICACI\u00d3N 2014-00142 DEL JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOT\u00c11\u00bb. <\/p>\n
2.1. El 31 de agosto de 2021, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta urbe deneg\u00f3 el amparo2. Una vez impugnada, el Tribunal accionado -con providencia del 20 de octubre de 2021- resolvi\u00f3 revocar. Y, en su lugar, conceder el amparo. Para ello, determin\u00f3 que \u00aben criterio de la Sala la respuesta no es de fondo ni resuelve la inquietud del peticionario, y tampoco se acredit\u00f3 ante esta instancia pese al requerimiento que se hiciera a la Direcci\u00f3n Ejecutiva, quien se limit\u00f3 a reiterar su respuesta sin allegar pruebas de haber adelantado pesquisas efectivas para establecer definitivamente el paradero del expediente por el que indaga el se\u00f1or Wandurraga3\u00bb. <\/p>\n
2.2. El abogado tutelante censura que pese a que el \u00ab23 de mayo de 2023, se interpone incidente de desacato contra la DIRECCI\u00d3N EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACI\u00d3N JUDICIAL DE BOGOT\u00c1 y el JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOT\u00c1, por no remitir respuesta o informe pormenorizado dirigido al accionante sobre el proceso EJECUTIVO\u2026 en vista de la negligencia de las dependencias encargadas de informar sobre el paradero del proceso EJECUTIVO [tambi\u00e9n]\u2026se presenta denuncia disciplinaria ante la PROCURADUR\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL\u00bb. No obstante, \u00aba la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, no se registran respuestas o requerimientos por parte de las entidades accionadas, ni por parte de la PERSONER\u00cdA DISTRITAL DE BOGOT\u00c1, relacionados con el impulso procesal necesario para la denuncia disciplinaria que fue interpuesta el 23 de mayo de 2023\u2026 [ni] por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT\u00c1 relacionados con el impulso procesal necesario para el incidente de desacato que fue interpuesto el d\u00eda 23 de mayo de 2023\u00bb. <\/p>\n
Aduce que \u00aben el caso del incidente de desacato, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT\u00c1, no ha aplicado las multas correspondientes ni las sanciones previstas para el incumplimiento de fallo de tutela que ordenaba \u2026 dar respuesta ante la p\u00e9rdida del proceso ejecutivo 110014003039-2014-00142-00\u00bb. Sumado a que \u00abfrente a la denuncia disciplinaria interpuesta ante las entidades accionadas, la \u00fanica entidad competente que se pronuncia\u2026es la PROCURADURIA\u2026 [t]odo lo anterior representa una negativa de adelantar el debido proceso que debe tener la denuncia disciplinaria\u2026 la COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL\u2026 es la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesi\u00f3n, cuesti\u00f3n que evidentemente est\u00e1 siendo aludida en el caso del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se ordene a la \u00abCOMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL\u2026 realizar las investigaciones disciplinarias solicitadas por el accionante\u2026 con el fin de encontrar y sancionar a los responsables de las gestiones indebidas que dieron como resultado la desaparici\u00f3n del proceso de radicado 110014003039-2014- 00142-00\u00bb. Y que se ordene \u00abal TRIBUNAL\u2026 imponer las sanciones a que haya lugar por el desacato a la orden de este\u2026 [y] aportar respuesta dadas por las entidades DIRECCI\u00d3N EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACI\u00d3N JUDICIAL DE BOGOT\u00c1 \u2013 OFICINA DE REPARTO, y el JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOT\u00c1, en caso de haberle sido remitida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n accionada dio cuenta de las acciones surtidas en su instancia y defendi\u00f3 su legalidad. Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias dijo que no ha recibido desacato alguno y solicit\u00f3 negar la solicitud de amparo. El Juzgado 68 Civil Municipal de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 lo actuado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda deprec\u00f3 la improcedencia del amparo por hecho superado. Y, la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque el apoderado accionante no cuenta con poder especial para actuar en nombre de quien dice representar. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Al respecto, se ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor \u00abno lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. Y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela. (CSJ STC1042-2019 reiterada en CSJ STC6815-2023 y m\u00e1s recientemente en CSJ STC8241-2023 y CSJ STC9347-2023). <\/p>\n
2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n4\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
2.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abal no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sentido similar, en la sentencia CC T-718-2017, indic\u00f3 que un poder como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha sostenida esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023), al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
3. Atendiendo las consideraciones esgrimidas, se concluye que, en el caso, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Daniel Wandurraga Cruz. Sin embargo, los poderes allegados -visibles a folios 33 y 82 del escrito de tutela- fueron conferidos para actuar en la acci\u00f3n constitucional que por esta v\u00eda cuestiona. Es decir, no alleg\u00f3 poder especial para actuar es este tr\u00e1mite constitucional, lo que desemboca en la improcedencia del amparo implorado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documentos pdfn\u00b001.EscritoDemanda y 02. Secuencia19611. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Documento pdf09.Fallo. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Documento pdf24.Fallo2daInstancia110013103703202100166 01. <\/p>\n
4\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98 <\/p>\n
5\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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