STC11649-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11649-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03745-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Dar\u00edo Novoa Moreno, quien dice actuar como apoderado de Jos\u00e9 Abelardo y Mar\u00eda Aleida Becerra Berr\u00edo, contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Cali1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de las garant\u00edas superiores del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada de quienes dice representar, presuntamente vulneradas en el juicio de radicado 76111310300320210002000 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Aurora Carrillo Garc\u00eda promovi\u00f3 un proceso contra Jos\u00e9 Abelardo y Mar\u00eda Aleida Becerra Berr\u00edo, para que se declarara que adquiri\u00f3, por v\u00eda de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva del dominio, el inmueble de FMI 373-64269, de la ORIP de Buga. <\/p>\n
2.2. En auto del 12 de abril de 2021 se tuvieron los demandados por notificados, quienes contestaron la demanda oponi\u00e9ndose a las pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 14 de diciembre de 20222, el Juzgado vinculado profiri\u00f3 sentencia anticipada y i) declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa propuesta por los demandados; ii) declar\u00f3 de oficio probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de presunci\u00f3n de perpetuidad de la mera tenencia y \u00abfalta tiempo de posesi\u00f3n material con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb; iii) neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones formuladas por la demandante; iv) levant\u00f3 la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda sobre el inmueble con FMI 373-64269; y v) conden\u00f3 en costas a la actora. Frente a esa decisi\u00f3n, esta interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 25 de agosto de 20233, el Tribunal accionado revoc\u00f3 el fallo de primer grado y orden\u00f3 al a quo \u00abque prosiga con el tr\u00e1mite procesal correspondiente hasta dictar sentencia de fondo\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 13 de septiembre de 20234 se neg\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la pasiva. <\/p>\n
3. El actor sostiene que el Tribunal revivi\u00f3 una etapa ya cumplida, pese a reconocer la potestad para dictar sentencia anticipada del juez de primera instancia, como se expres\u00f3 en el salvamento de voto. A\u00f1adi\u00f3 que esa decisi\u00f3n desconoce el deber de rechazar solicitudes improcedentes que impliquen dilaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no es id\u00f3nea la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso para negar el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, pues las pretensiones no son esencialmente econ\u00f3micas, si se tiene en cuenta que se trata de un proceso declarativo para adquirir la propiedad de un bien. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se declare nula la decisi\u00f3n de segunda instancia y, en su lugar, que se confirme la del a quo. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado se\u00f1al\u00f3 que su actuaci\u00f3n se ajusta a las normas vigentes. <\/p>\n
2. El Juzgado vinculado resalt\u00f3 que la censura se dirige contra la decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
3. Juan Olmedo Arbel\u00e1ez indic\u00f3 que el ruego no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para su prosperidad. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala, en reciente sentencia CSJ STC10721-2023, unific\u00f3 su criterio en relaci\u00f3n con los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos all\u00ed expuestos. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judicialmente a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela5. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb6. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n7. <\/p>\n
2.3.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.4. Esta Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
3. Pues bien, aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto, se advierte que el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Jos\u00e9 Abelardo y Mar\u00eda Aleida Becerra Berr\u00edo, pero no alleg\u00f3 poder especial para actuar en su nombre, lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jos\u00e9 Abelardo y Mar\u00eda Aleida Becerra Berr\u00edo, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga, Aurora Carrillo Garc\u00eda y Nohemy Loaiza <\/p>\n
Alzate. <\/p>\n
2\u0002 Documento 75, carpeta Juzgado, expediente 2021-00020. <\/p>\n
3\u0002 Documento 25, carpeta Tribunal, expediente 2021-00020. <\/p>\n
4\u0002 Documento 32, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
6\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
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