STC11653-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11653-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03670-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Alfredo Nieto Morales, quien dice actuar como apoderado de Technical Petroleum Services Engineering TPSE S.A.S., en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e11. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quien dice representar, presuntamente vulnerados en el juicio con radicado 11001310304420200037100 (01). <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Technical Petroleum Services Engineering TPSE S.A.S. promovi\u00f3 una demanda ejecutiva contra TPL Colombia Ltda. -Sucursal Colombia- y Pluspetrol Colombia Corporation, como integrantes de la Uni\u00f3n Temporal Planatlantic, ahora TPL \u2013 Pluspetrol, para obtener el pago de 20 facturas vencidas, correspondientes a los servicios prestados por la ejecutante a TPL Colombia Ltda. -Sucursal Colombia-, en el marco de la ejecuci\u00f3n del contrato de exploraci\u00f3n y producci\u00f3n 18 de 2008 Turpial. <\/p>\n
2.2. El 9 de noviembre de 2020, el Juzgado vinculado libr\u00f3 mandamiento de pago \u00fanicamente frente a las facturas 195, 197, 198, 199, 202, 204 y 207, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal el 25 de marzo de 2021. A su turno, TPL Colombia Ltda. y Pluspetrol, una vez vinculadas al proceso, interpusieron recurso contra la orden de apremio, argumentando falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto de esa \u00faltima sociedad y la falta de requisitos formales del t\u00edtulo. El 10 de noviembre de 2021, el ad quem mantuvo inc\u00f3lume el mandamiento de pago. <\/p>\n
2.3. En audiencia del 7 de junio de 2022, el Juzgado declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por Pluspetrol, dado que no se hab\u00eda desprendido de la solidaridad del contrato al continuar haciendo parte de la Uni\u00f3n Temporal a favor de la cual se prestaron los servicios, y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Frente a esa decisi\u00f3n Pluspetrol promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En providencia del 29 de marzo de 2023, el Tribunal accionado resolvi\u00f3 i) modificar la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, \u00abCESAR la ejecuci\u00f3n promovida por Technical Petroleum Services Engineering S.A.S. \u00fanicamente en lo que ata\u00f1e en contra de Pluspetrol Colombia Corporation Sucursal Colombiana, al hallarse configurada la excepci\u00f3n propuesta contra la acci\u00f3n cambiaria y la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb; ii) condenar en costas y perjuicios en primera instancia a la ejecutante y a favor de la apelante; y iii) ordenar al a quo que se pronuncie sobre el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
3. El promotor sostiene que el Tribunal desconoci\u00f3 las pruebas aportadas: el contrato de exploraci\u00f3n y producci\u00f3n y dem\u00e1s documentos que demuestran la relaci\u00f3n contractual y, en consecuencia, inaplic\u00f3 lo contemplado en los art\u00edculos 7, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y 1568 del C\u00f3digo Civil sobre las obligaciones solidarias, en este caso de la Uni\u00f3n Temporal de la que hac\u00eda parte Pluspetrol. Adem\u00e1s, que Pluspetrol aleg\u00f3 que su 50% de participaci\u00f3n se hab\u00eda cedido, no obstante, de acuerdo con el contrato esta requer\u00eda autorizaci\u00f3n por parte de la ANH y protocolizaci\u00f3n a trav\u00e9s de un otros\u00ed que nunca se firm\u00f3. <\/p>\n
4. Conforme a lo narrado, el actor pretende que se deje sin efectos la sentencia del 29 de marzo de 2023 y que se ordene al Tribunal proferir un nuevo fallo teniendo en cuenta la ley y la jurisprudencia sobre la litis. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada sostuvo que en su providencia reposan las razones de hecho y de derecho que dieron lugar a modificar la sentencia del a quo. <\/p>\n
2. El Juzgado vinculado consider\u00f3 que en este asunto no se incurri\u00f3 en ninguna de las causales de procedibilidad de tutela frente a decisiones judiciales. <\/p>\n
3. Pluspetrol Colombia Corporation -Sucursal Colombiana- solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo o, en su defecto, negar las pretensiones. Destac\u00f3 que el 29 de junio de 2016 cedi\u00f3 el porcentaje de participaci\u00f3n que le correspond\u00eda en el contrato a favor de TPL, quien desde ese a\u00f1o ejecuta todas las actividades relacionadas con la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos y, por tanto, desconoce sobre la vinculaci\u00f3n de la accionante para prestar servicios en el Bloque Turpial. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala recientemente unific\u00f3 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en la sentencia CSJ STC10721-2023, proferida el 28 de septiembre del a\u00f1o en curso, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tenga un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela2. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb3. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n4. <\/p>\n
2.3.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.3.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatac\u00f3 que <\/p>\n
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC T-194-12). <\/p>\n
2.3.4. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, determin\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. <\/p>\n
2.3.5. An\u00e1loga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.3.6. Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala de Casaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que los poderes abiertos para interponer tutelas no son aceptables, pues un mandato en esos t\u00e9rminos solo contiene una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, por ejemplo de autoridades judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos t\u00e9rminos, se desconoce en concreto los despachos judiciales que tramitar\u00e1n la controversia, las garant\u00edas involucradas, la providencia que afectar\u00eda o lesionar\u00eda el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina esta especial acci\u00f3n (CSJ STC3312-2023). <\/p>\n
Acorde con lo referido, en pret\u00e9rita oportunidad, la Sala determin\u00f3 que la tutela era improcedente, porque: <\/p>\n
el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 (CSJ STC485-2023). <\/p>\n
2.4. Igualmente, trat\u00e1ndose de personas jur\u00eddicas que pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela directamente a trav\u00e9s de su representante legal5, necesario es precisar que, si este otorga un poder, debe reunir los requisitos de especificidad se\u00f1alados, para lo cual se requiere, adicionalmente, que quien otorga poder est\u00e9 facultado para ello, por lo que se debe aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal vigente o su equivalente, seg\u00fan la naturaleza de la persona jur\u00eddica, en tanto sin ese documento actualizado, imposible resulta validar que quien suscribe el mandato sea quien en la fecha pertinente ostenta la calidad en la que dice actuar6. <\/p>\n
2.5. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. (Destaca la Sala). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las sociedades TPL Colombia Ltda. \u2013 Sucursal Colombia y Pluspetrol Colombia Corporation Sucursal Colombiana, as\u00ed como el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
3\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
4\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
5\u0002 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia CC SU-439-2017, precis\u00f3 que: <\/p>\n
(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa\u2026 (Resalta la Sala). <\/p>\n
6\u0002 Tal criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes sentencias: CSJ STC15374-2022, CSJ STC15159-2022, CSJ STC11859-2022, CSJ STC8335-2022, CSJ STC2277-2022, STC797-2022. <\/p>\n
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STC11653-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11653-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03670-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Alfredo Nieto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76872","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76872\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}