STC11657-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC11657-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03836-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Cl\u00ednica Imporclinicas JG S.A.S. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo 2015-00252-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora -a trav\u00e9s de apoderado judicial- reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. La entidad actora expone que present\u00f3 demanda ejecutiva singular en contra de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, por la prestaci\u00f3n de servicios de salud. Menciona que la obligaci\u00f3n \u00abse encuentra contenida en las facturas de venta de servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la ESE\u00bb. Seguidamente, refiere que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad -con prove\u00eddo del 5 de agosto de 2015- orden\u00f3 librar mandamiento de pago y asimismo prestar cauci\u00f3n. Frente a ello, narra que la pasiva present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, y, que de cara a las mismas, descorri\u00f3 el traslado. Al respecto, indica que el despacho \u2013con auto del 21 de octubre de 2015- decret\u00f3 \u00abmedidas cautelares en contra de la [ejecutada] bajo [las condiciones]: siempre y cuando no se excedan de los l\u00edmites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 [y] siempre que los recursos no provengan del r\u00e9gimen subsidiado de salud\u00bb. Inconforme con lo determinado, expres\u00f3 que impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. En consecuencia, el juez \u2013con providencia del 20 de abril de 2016- dispuso no reponer lo actuado. Asimismo, interpuso el remedio de alzada, el cual, fue concedido en el efecto devolutivo. <\/p>\n
2.1. En efecto, se\u00f1ala que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Barranquilla \u2013con resoluci\u00f3n del primero de julio de 2016- discurri\u00f3 \u00abdeclarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb propuesto, con fundamento en el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la entidad demandada requiri\u00f3 el levantamiento de medidas cautelares y el decreto de terminaci\u00f3n del proceso con el fin de aplicar lo reglado en el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1966 de 2019 por haber un programa de saneamiento fiscal y financiero \u00abviabilizado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico\u00bb. En ese sentido, el Despacho cognoscente -con prove\u00eddo del 7 de septiembre de 2020- decidi\u00f3 que con \u00abfundamento de que se logr\u00f3 acreditar que la E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad, se acogi\u00f3 a dicho programa con la finalidad de recuperar su viabilidad econ\u00f3mica y financiera, por haberse categorizado en riesgo medio\u00bb. Frente a ello, la convocante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. En consecuencia, el despacho \u2013con providencia del 21 de mayo de 2021- decret\u00f3 confirmar lo actuado. En ese orden, el estrado ad quem \u2013con auto del 7 de junio de 2022- resolvi\u00f3 \u00abconfirmar el auto fechado 7 de septiembre de 2020 [\u2026]\u00bb1. <\/p>\n
2.3. Censura que es un proceso ejecutivo que lleva \u00abm\u00e1s de 7 a\u00f1os y siete meses y no se ha logrado su cometido jur\u00eddico, muy a pesar de existir una sentencia en firme ejecutoriada 14 de septiembre de 2017, y confirmada el 12 de octubre de 2018 por el Tribunal [\u2026]\u00bb. Lo anterior, como consecuencia de que \u00abla sentencia de [7 de junio de 2022] solo le limito a terminar el proceso y levantar las medidas sin tener en cuenta y desconociendo las obligaciones claras expresas y exigibles que se hab\u00edan configurado con las sentencias de primera y segunda instancia [\u2026], extinguiendo as\u00ed la obligaci\u00f3n de una forma irregular teniendo en cuenta que no est\u00e1 acorde a lo plasmado en el art\u00edculo 1625 del c\u00f3digo civil colombiano. Dejando en el aire el pago de la obligaci\u00f3n cuando debi\u00f3 suspenderlo m\u00e1s no terminarlo\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se ordene \u00abrevertir las providencias de fecha 7 de septiembre de 2020 y 7 de junio de 2022, y en consecuencia se ordene seguir con la ejecuci\u00f3n y se decrete las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 sobre la inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos de su parte, por lo que solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, y escrutado el material probatorio, esta Sala considera que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Ello, en raz\u00f3n a que no se cumpli\u00f3 con el presupuesto de la inmediatez2. <\/p>\n
2. En esa l\u00ednea, la Sala advierte la improcedencia del resguardo, pues it\u00e9rese, no se atendi\u00f3 el requisito constitucional citado. Ello es as\u00ed a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada -auto que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo relativo a terminar el proceso ejecutivo sub examine-, el \u00ab7 de junio de 2022\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab3 de octubre de 2023\u00bb3. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida4. Sin que, al respecto, la entidad actora haya probado que estaba inmersa en alguna de las causales de flexibilizaci\u00f3n -tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras-5 que justificaran su inactividad para impetrar la presente s\u00faplica6. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 18 a 23 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan se identifica del acta de reparto respectiva. <\/p>\n
4\u0002 Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
6\u0002 Agr\u00e9guese que en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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