STC11668-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11668-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-21-000-2023-00045-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Ana Silvia Su\u00e1rez Santander, Idain Ruedas S\u00e1nchez y Ana Edilma Ascanio P\u00e9rez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 54001312100120180002100. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores demandan la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establece que, el 31 de marzo de 20231, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta dict\u00f3 sentencia en el proceso 2018-00021-00 y, entre otras determinaciones, i) reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctimas a Jos\u00e9 Milton Rodr\u00edguez Lizcano y Rosa Marina P\u00e9rez de Rodr\u00edguez, ii) orden\u00f3 en su favor la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de los predios reclamados Lote A y B Parcela 3 y el \u201cEl Diamante \u2013 La Monta\u00f1a\u201d, iii) orden\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta inscribir dicha sentencia, cancelar las medidas cautelares e inscribir la medida de protecci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 101 de la Ley 1448 de 2011 durante 2 a\u00f1os y iv) dispuso la entrega de los predios a los solicitantes. <\/p>\n
3. Los promotores censuran la anterior providencia, toda vez que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien \u201cEl Diamante \u2013 La Monta\u00f1a\u201d, lo que implic\u00f3 que fueran despojados de su derecho de comuneros, por no poder transferir su cuota parte a trav\u00e9s de compraventa debidamente registrada; adem\u00e1s, porque no se hizo control de legalidad frente al acto administrativo de inscripci\u00f3n ni se practic\u00f3 una inspecci\u00f3n judicial en el terreno, a fin de constatar que el \u00e1rea referenciada involucraba a otros comuneros, como los tutelantes, para que pudieran intervenir en el asunto. <\/p>\n
Igualmente, cuestionan que la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras no haya comunicado oportunamente la publicidad de las actuaciones administrativas realizadas, que derivaron en la emisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n RN 00899, que dio lugar al referido proceso. Con lo anterior, consideran que se contravino el art\u00edculo 2.15.1.5.1. del Decreto 1071 del 2015. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicitan dejar sin efecto la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, y que se ordene decretar la nulidad del acto administrativo de inscripci\u00f3n del bien en el registro de tierras despojadas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado indic\u00f3 que no se desconocieron los derechos de los comuneros del predio en disputa. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas manifest\u00f3 que la Resoluci\u00f3n RN 00899 no fue objeto de reposici\u00f3n, adem\u00e1s de que adelant\u00f3 adecuadamente el tr\u00e1mite administrativo formulado por Milton Rodr\u00edguez Lizcano. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y porque los accionantes no han elevado petici\u00f3n alguna a dicha entidad. <\/p>\n
4. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA \u2013 Regional Norte de Santander- y la Unidad para las V\u00edctimas tambi\u00e9n alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La Oficina de Registros e Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta, Norte de Santander afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos de los accionantes. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la tutela, porque los actores no reclamaron en el proceso de origen lo expuesto en esta instancia, a pesar de que el Juez de la restituci\u00f3n mantiene la competencia para pronunciarse sobre lo pertinente, de acuerdo con lo previsto en los art\u00edculos 91 y 102 de la Ley 1448 de 2011; adem\u00e1s, advirti\u00f3 que cuentan con otros mecanismos de defensa, como el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores manifestaron que, si el Juzgado accionado no garantiz\u00f3 los derechos fundamentales de los vencidos en juicio, mucho menos lo har\u00eda frente a ellos, que nunca concurrieron al proceso. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, toda vez que los actores no est\u00e1n legitimados para atacar la providencia judicial emitida por el Juzgado accionado y porque no supera el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el primer aspecto se destaca que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, frente a lo cual la Sala ha sostenido que trat\u00e1ndose de decisiones judiciales son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional, de manera que <\/p>\n
cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los tutelantes no son sujetos procesales reconocidos en el tr\u00e1mite atacado, no est\u00e1n facultados para acudir a la acci\u00f3n de tutela, para cuestionar las decisiones all\u00ed emitidas, como la sentencia del 31 de marzo de 2023. <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que los actores no expusieron previamente ante el Juzgado accionado las censuras aqu\u00ed elevadas y la eventual nulidad por falta de integraci\u00f3n del contradictorio, sin que sea el juez de tutela el llamado a decidir un asunto que debe ser sometido a consideraci\u00f3n del operador judicial de conocimiento, dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acci\u00f3n de tutela; adem\u00e1s de que los accionantes tienen a su alcance el recurso de revisi\u00f3n, como lo indica el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 D540013121001201800021000Sentencia2023414175353.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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