STC11673-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11673-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2023-00265-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 4 de septiembre de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Emssanar EPS S.A.S. contra la Oficina de Cobro Coactivo del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La entidad accionante \u2013a trav\u00e9s de apoderada judicial- demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa. <\/p>\n
2. La promotora mencion\u00f3 que la \u00abRama Judicial, mediante actos administrativos, sancion\u00f3 a [sus] representados por el no acatamiento de orden judicial y les impuso multa\u00bb en sendos procesos. Adem\u00e1s, narr\u00f3 que la \u00abRama Judicial, mediante actos administrativos [\u2026] decidieron dejar sin efectos, revocar, cesar, etc., la sanci\u00f3n de multa en contra de los representantes legales de EMSSANAR\u00bb. Frente a ello, indic\u00f3 que el 27 de julio de 2023 present\u00f3 derecho de petici\u00f3n, en el cual solicit\u00f3 que se \u00absirva realizar las terminaciones de los procesos que se encuentran en la etapa de cobro coactivo, por existir la excepci\u00f3n establecida en el numeral 4 del art\u00edculo 831 del Estatuto Tributario Nacional [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, se \u00aboficie a todas las entidades p\u00fablicas y privadas, el acto administrativo de levantamiento de medida cautelar de embargo, se ordene su cumplimiento y se verifique su materializaci\u00f3n\u00bb. Asimismo, se \u00abdeclare terminado los Procesos de Cobro Coactivo que se relacionaron en la parte f\u00e1ctica y se ordene su archivo\u00bb. Y, se \u00abremita a esta entidad, la notificaci\u00f3n de los actos administrativos con respecto a la solicitud\u00bb. Y, agreg\u00f3 que adjunt\u00f3 a dicho documento los soportes para que \u00abse terminen los procesos\u00bb por encontrar cumplida la excepci\u00f3n aludida, \u00aben donde se verifica que se inaplic\u00f3 la sanci\u00f3n de multa en contra de los representantes legales de EMSSANAR [\u2026] y que cursan hoy en la oficina de cobro coactivo de la Direcci\u00f3n Seccional del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Rama Judicial Valle\u00bb. <\/p>\n
Censur\u00f3 que a pesar \u00abde que la informaci\u00f3n se solicit\u00f3 a los correos suministrados por la oficina de cobro coactivo de la Direcci\u00f3n Seccional del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Rama Judicial Valle [\u2026], hasta la fecha no se ha obtenido ninguna clase de respuesta, lo que conlleva a la fragmentaci\u00f3n del debido proceso y defensa, as\u00ed como tambi\u00e9n a la violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia por no existir contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n, cuya fecha l\u00edmite de respuesta se venc\u00eda el 17 agosto de la anualidad\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se declare \u00abque la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Seccional del Valle del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Rama Judicial, ha vulnerado el derecho fundamental de petici\u00f3n, debido proceso y derecho a la defensa y contradicci\u00f3n sobre los procesos de cobro coactivo relacionados en la parte de fundamentos f\u00e1cticos\u00bb. Adem\u00e1s, se tutelen las prerrogativas fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n. Y, se ordene al \u00abfuncionario Ejecutor de la Direcci\u00f3n Seccional de valle, declare probada la excepci\u00f3n La p\u00e9rdida de ejecutoria del t\u00edtulo por revocaci\u00f3n o suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente, contenida en el art 831 del Estatuto Tributario Nacional\u00bb. Como consecuencia, lo anterior, requiri\u00f3 que \u00abse dictamine la terminaci\u00f3n de los procesos y el levantamiento de medidas cautelares de embargo, de los procesos relacionados en la parte de los fundamentos facticos y se ordene su registro en los diferentes documentos de acuerdo al embargo de bienes muebles, inmuebles, CDTS, cuentas bancarias o cualquier otro producto financiero que se all\u00e1 efectuado en los procedimientos de cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali anex\u00f3 sendas respuestas dirigidas a la entidad actora del 28 de agosto de 2023 y adicion\u00f3 que la verificaci\u00f3n del \u00abcumplimiento del deber del Estado de responder un caso determinado, no debe realizarse al margen de las condiciones reales en las que puedan desarrollarse las correspondientes actividades jurisdiccionales, en consideraci\u00f3n a los recursos humanos y los medios t\u00e9cnicos de que disponga y a las circunstancias particulares de cada despacho judicial y Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Grupo de Cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, estim\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de una actuaci\u00f3n que cuenta con un tr\u00e1mite procesal reglamentado y definido como es el proceso de cobro coactivo, tanto el funcionario como las partes deben ajustarse al mismo so pena de desconocer justamente el debido proceso\u00bb. Por tanto, indic\u00f3 que \u00abno es posible considerar aqu\u00ed la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n de la accionante pues lo solicitado excede el marco de la misma al referir a solicitudes que deben ser atendidas en m\u00e1s de 400 procesos de ejecuci\u00f3n coactiva bajo las normas que lo regulan, precisamente para garantizar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de quienes intervienen en \u00e9l, de modo que no puede aspirar a una respuesta bajo las pautas del derecho de petici\u00f3n -15 d\u00edas- respecto de todas y cada uno de esos procesos\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La actora funda su inconformidad bajo argumentos similares a los se\u00f1alados en el escrito inicial. Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n se adujo que \u00ablos actos administrativos del levantamiento de la sanci\u00f3n, fueron adjuntos con la petici\u00f3n, que si bien es cierto se invoc\u00f3 como derecho de petici\u00f3n, tambi\u00e9n es cierto que en la misma se solicit\u00f3 entre otras cosas aplicar la excepci\u00f3n establecida en el numeral 4 del art\u00edculo 831 del Estatuto Tributario Nacional [\u2026]\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que si es posible aplicar la normativa de cara al derecho de petici\u00f3n, dado que hay \u00abunos procesos que se encuentran en la etapa de cobro persuasivo\u00bb, por lo tanto, \u00ablos procesos en estas condiciones, no admiten excepciones ni recursos, ni otra actuaci\u00f3n procesal, quedando en el caso de que el \u00d3rgano judicial levantara la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, de acuerdo al an\u00e1lisis de las piezas obrantes en el expediente y de las contestaciones recibidas al interior de la presente actuaci\u00f3n, se advierte que la entidad censora propone que se d\u00e9 respuesta a petici\u00f3n radicada el 27 de julio de 2023 -relativa a que se terminen los procesos que se encuentran en etapa de cobro coactivo-. No obstante, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala1, no es posible endilgar omisi\u00f3n o mora judicial injustificada del juez cuando las partes, al interior de un litigio -como en el caso de cobro coactivo-2, presenten solicitudes conforme al canon 23 de la Constituci\u00f3n, dado que estos requerimientos deben proponerse en cada juicio, dentro de las oportunidades y de acuerdo con las reglas procesales establecidas para la causa. Precisamente, la Sala ha sostenido que <\/p>\n
las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (\u2026)\u00bb3, de manera que el derecho de petici\u00f3n s\u00f3lo es procedente cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos, por tanto, no es posible en el presente asunto exigir una respuesta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, pues lo solicitado por la accionante corresponde a un tr\u00e1mite judicial (STC10765-2023). <\/p>\n
En ese orden, refulge que lo requerido por la actora, a trav\u00e9s de petici\u00f3n del 27 de julio de 2023, no se trata de asuntos administrativos, pues lo que busca la censora, it\u00e9rese, es la culminaci\u00f3n de sendos procesos en etapa de cobro coactivo, dado que consider\u00f3 que debe aplicarse la excepci\u00f3n del numeral 4\u00b0 del canon 831 del Estatuto Tributario Nacional, situaci\u00f3n que concierne es al juicio referido, sus diligencias y consecuencias, y por tanto, es necesario que se respeten los turnos en cada caso, para que se profiera la determinaci\u00f3n anhelada. <\/p>\n
3. Finalmente, de cara a las solicitudes referentes con que se declare probada la excepci\u00f3n de p\u00e9rdida de ejecutoria del t\u00edtulo y, en consecuencia, se lleve a cabo el levantamiento de medidas cautelares de embargo frente a los procesos relacionados, la Corte advierte que ello hace parte de la ritualidad del asunto y de las consecuencias de las decisiones proferidas. Por tanto, no es posible que a trav\u00e9s de esta senda residual y subsidiaria, sea consecuente suplir las funciones del juez natural de la causa, en la medida que ello hace parte de su \u00f3rbita. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ STC 22 may 2012, rad, 00055-01, reiterada STC 6 mar 2013, rad. 00431-00. STC2363-2014, 4 mar, rad. 00007-01). <\/p>\n
2\u0002 Como es el de cobro coactivo, surtidos ante la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, en virtud de la facultad legal establecida en el art\u00edculo 136 de la Ley 6 de 1992 y los art\u00edculos 9, 10 y 11 de la Ley 1743 de 2014 y conforme a lo dispuesto en el canon 5\u00b0 de la Ley 1066 de 2006, aplica las normas del establecidas en el Estatuto Tributario, el Reglamento Interno de Cartera de la Entidad y el Manuel de Cobro Coactivo. Y, de manera supletiva, en lo no previsto en la norma tributaria, se remite al C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y lo dispuesto en la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
3\u0002 Ver CSJ STC516-2022, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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