STC11674-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11674-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2023-00281-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 14 de septiembre de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Fernando Penagos Vargas contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso constitucional 2022-00321-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El accionante demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Mencion\u00f3 que present\u00f3 solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante el 14 de febrero de 2020 ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Alianza, en calidad de deudor. Se\u00f1al\u00f3 que luego de cumplidas las etapas de audiencia de negociaci\u00f3n de deudas y presentaci\u00f3n y resoluci\u00f3n frente a los reparos, la parte acreedora arrim\u00f3 certificado de existencia y representaci\u00f3n legal donde se advert\u00eda que el censor era representante legal de la sociedad Club el Tesoro Escondido S.A.S. Al respecto, narr\u00f3 que el asunto fue remitido al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali, el cual, concluy\u00f3 que \u00abel deudor es comerciante por ejercer actos de administraci\u00f3n al ser el representante legal de la sociedad Club el Tesoro Escondido S.A.S.\u00bb. En ese orden, remiti\u00f3 el expediente al conciliador para que verificara \u00ablos supuestos de insolvencia del art\u00edculo 538 del C.G.P., para confirmar o revocar la aceptaci\u00f3n o admisi\u00f3n del deudor al tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, conforme al art\u00edculo 543 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, narr\u00f3 que el \u00ab13 de julio de 2022, el conciliador de conocimiento procedi\u00f3 a \u00abefectuar el control de legalidad ordenado [\u2026]\u00bb. Al respecto, discurri\u00f3 que \u00ab(I) la extemporaneidad del documento denominado prueba sobreviniente [certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad denominada Club el Tesoro Escondido S.A.S [\u2026], donde el deudor-accionante es representante legal, (II) ser representante legal por s\u00ed mismo no confiere la calidad de comerciante a la persona que la ejerce y, (III) la sociedad administrada no est\u00e1 en proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb. Por lo tanto, orden\u00f3 devolver la causa al Despacho Cuarto Civil Municipal de Cali con el fin de que desate lo relativo a la impugnaci\u00f3n al acuerdo de pago. <\/p>\n
2.2. Durante dicho tr\u00e1mite, el deudor interpuso acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali al \u00abhaber aceptado un documento [certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad denominada Club el Tesoro Escondido S.A.S.], por fuera de los t\u00e9rminos procesales de las objeciones o controversias presentadas en la audiencia del 13 de marzo de 2020 [\u2026] dicho de otra manera, aduce una prueba casi dos a\u00f1os despu\u00e9s del t\u00e9rmino legal para ello\u00bb. Dicho asunto que fue desatado por el juez Catorce Civil del Circuito de Cali -bajo el radicado 2022-00321-00-, Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abmuy posiblemente el referido deudor -hoy accionante- ostenta la calidad de comerciante\u00bb, y, resolvi\u00f3 negar el amparo y \u00abexhortar al juzgado cuarto civil municipal de Cali, para que una vez reciba la objeci\u00f3n promovida en la audiencia de negociaci\u00f3n de deudas llevada a cabo el 5 de agosto de 2022, imparta un tr\u00e1mite \u00e1gil y expedito a la resoluci\u00f3n de la misma\u00bb. Inconforme con ello, el actor impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n. En ese orden, expuso que la Sala Civil del Tribunal de Cali, decidi\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de subsidiariedad como quiera que est\u00e1 por sustanciarse la objeci\u00f3n de calidad de comerciante del deudor\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que frente a ello, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali, en auto No. 405 -del 21 de febrero de 2023- \u00abaparentemente estudiar\u00eda la resoluci\u00f3n de las segundas objeciones presentadas por la presunta calidad de comerciante del deudor [\u2026]; la actuaci\u00f3n real es que realiza un recuento de las actuaciones agotadas en el proceso de objeciones, para arribar a la decisi\u00f3n que debe estarse a lo resuelto en el auto interlocuci\u00f3n No 665 del 11 de marzo de 2022, donde el conciliador debe atender \u201clas consideraciones estimadas en esta providencia y en el Auto Interlocutorio No. 0665 del 11 de marzo de 2022, confirmado a trav\u00e9s del auto interlocutorio No. 1253 del 3 de junio de 2022.\u201d Siendo lo anterior una forma sutil de imponer al conciliador la tesis jur\u00eddica de que el deudor es comerciante por ser representante legal de una sociedad y por ende debe rechazarse el procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas\u00bb. Por lo tanto, estim\u00f3 que \u00abmedia enga\u00f1o [\u2026] al afirmar [\u2026] que resolver\u00eda las segundas controversias por la presunta calidad de comerciante\u00bb. <\/p>\n
2.4. Mencion\u00f3 que interpuso incidente de desacato \u00abante el juez constitucional 14 Civil del Circuito y recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n ante el juez ordinario [04 Civil Municipal]\u00bb. Frente a ello, refiri\u00f3 que el \u00abjuez constitucional rechaz\u00f3 el incidente de desacato el 10 de marzo de 2023, aduciendo que \u201cpor la certeza dada por el despacho respecto de la calidad de comerciante del hoy incidentante, situaci\u00f3n que, de lo dicho por el despacho incidentado, impone al centro de conciliaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, la obligaci\u00f3n de analizar su competencia para conocer de la negociaci\u00f3n de deudas, teniendo en cuenta la ya definida calidad de comerciante del se\u00f1or Penagos Vargas\u201d\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que de cara al remedio horizontal impetrado determin\u00f3 confirmarlo la actuaci\u00f3n cuestionada, asimismo, denegar la alzada propuesta. <\/p>\n
2.5. En ese orden, censur\u00f3 que de lo acontecido en la causa \u00abse puede evidenciar que tanto el juez ordinario [04 Civil Municipal], como el constitucional [14 Civil del Circuito] prejuzgan al deudor como comerciante, sin darle la oportunidad de controvertir los argumentos de ambos jueces mediante la resoluci\u00f3n de las segundas objeciones o controversias, ordenadas por el juez constitucional 05 Civil Municipal\u00bb. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que el \u00abjuez constitucional [14 Civil del Circuito], convalida la vulneraci\u00f3n al debido proceso en su faceta de derecho a la contradicci\u00f3n por parte del juez 04 Civil Municipal para con el accionante, al no ordenar al juez ordinario, conforme lo afirm\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela [ver hecho 28] \u2013 principio de confianza leg\u00edtima \u2013, que resuelva las segundas controversias, seg\u00fan la expuesto en la \u00faltima oraci\u00f3n de la sentencia de tutela de primera instancia [168], en su numeral cuarto: \u201c(\u2026) imparta un tr\u00e1mite \u00e1gil y oportuno a la resoluci\u00f3n de la misma\u201d [\u2026]. Mientras tanto, el juez ordinario [04 Civil Municipal] no resuelve las segundas objeciones o controversias, ampar\u00e1ndose en la palabra \u201cexhorto\u201d que hace parte del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia No 168\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se \u00abordene al juzgado 14 Civil del Circuito de Cali en sede constitucional, que conceda el incidente de desacato promovido por el deudor-accionante\u00bb. Y, en consecuencia, requiri\u00f3 que \u00abse ordene al Juzgado 04 Civil Municipal de la ciudad de Cali que resuelva de fondo las segundas controversias que versan sobre la presunta calidad de comerciante del deudor, en base (sic) a los escritos presentados por las partes en el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el acta de la audiencia 5 de agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
2. El Despacho Quinto Civil Municipal de Cali mencion\u00f3 sobre las actuaciones surtidas en esa instancia, y agreg\u00f3 que \u00abno se pregona vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb, por lo que \u00abse atiene a lo consignado en el expediente rese\u00f1ado [\u2026] y a la decisi\u00f3n de fondo que resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela tramitada\u00bb. <\/p>\n
3. El juez Cuarto Civil Municipal de Cali solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo, pues \u00abno ha existido alg\u00fan tipo de irregularidad procesal que d\u00e9 lugar a la violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
4. el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Alianza Efectiva mencion\u00f3 que ha acatado lo decidido por las autoridades judiciales y envi\u00f3 el expediente 2020-00361-01 al juez cuarto municipal para que resuelva por segunda vez la controversia suscitada. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, estim\u00f3 que \u00abdesde la firmeza de las providencias atacadas, calendadas febrero y marzo del 2023, transcurri\u00f3 un extenso periodo injustificado por el accionante para movilizar el aparato judicial, a la entrada de los 6 meses\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El actor funda su inconformidad bajo argumentos similares a los se\u00f1alados en el escrito inicial. Agreg\u00f3, que \u00abexisti\u00f3 deficiencia argumentativa [\u2026] porque el juez constitucional de primera instancia, con lac\u00f3nica argumentaci\u00f3n para desprenderse de la resoluci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no puede aplicar con criterio subjetivo la jurisprudencia del t\u00e9rmino de inmediatez en la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, de cara al cuestionamiento frente a la resoluci\u00f3n que resuelve las controversias al interior del proceso de insolvencia, la Sala advierte la improcedencia del resguardo, en raz\u00f3n a que no cumpli\u00f3 con el presupuesto de la inmediatez1. Ello es as\u00ed a causa del lapso transcurrido desde cuando se resolvi\u00f3 el tr\u00e1mite de insolvencia, el \u00ab21 de febrero de 2023\u00bb2, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab7 de septiembre de 2023\u00bb3. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse cumplido la actuaci\u00f3n rebatida4. Sin que, al respecto, el actor haya probado que estaba inmerso en alguna de las causales de flexibilizaci\u00f3n -tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras-5 que justificaran su inactividad para impetrar la presente s\u00faplica6. <\/p>\n
3. En orden a la queja frente al Despacho Catorce Civil del Circuito de Cali, por cuanto neg\u00f3 el tr\u00e1mite incidental propuesto, la Sala ha sostenido reiteradamente la improcedencia para rebatir decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, porque, esta puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior. Y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T1113\/05. Citado por esta sala, entre otras, en STC6808-2023). Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha considerado su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, STC8903-2022, 13 jul. 2022, rad. 01052-01). <\/p>\n
En efecto, en el presente caso el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali -con prove\u00eddo del 10 de marzo de 2023-, cerr\u00f3 y archiv\u00f3 el incidente de desacato impetrado por el censor7. Para ello, resalt\u00f3 que dicho asunto fue presentado contra el juez Cuarto Civil Municipal de Cali -dentro de la acci\u00f3n de tutela 2022-00321-00-, por cumplimiento \u00abde la [\u2026] resoluci\u00f3n de la controversia enervada por el acreedor Israel \u00c1ngel Valencia dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante que adelanta el hoy incidentante en el Centro de Conciliaci\u00f3n Fundaci\u00f3n Alianza Efectiva, resolviendo en auto interlocutorio No. 405 del 21 de febrero de 2023 que, Juan Fernando Penagos Vargas tiene la calidad de comerciante, y por ende, compete al Centro de Conciliaci\u00f3n Fundaci\u00f3n Alianza Efectiva, dar aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 542 del CGP, esto es, realizando la verificaci\u00f3n de los requisitos legales de la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas, con la certeza dada por el despacho respecto de la calidad de comerciante del hoy incidentante, situaci\u00f3n que de lo dicho por el despacho incidentado, impone al centro de conciliaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, la obligaci\u00f3n de analizar su competencia para conocer de la negociaci\u00f3n de deudas, teniendo en cuenta la ya definida calidad de comerciante de Penagos Vargas\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que el recurrente cuestiona que en la sentencia de tutela objeto de desacato \u00abno se orden\u00f3 nada al despacho del cual es titular, m\u00e1s all\u00e1 de exhort\u00e1rsele para darle un tr\u00e1mite \u00e1gil y expedito a la resoluci\u00f3n de la controversia planteada por el acreedor dentro del tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante, lo cual ya aconteci\u00f3, dando as\u00ed cumplimiento a lo ordenado por este despacho judicial a trav\u00e9s de la sentencia de tutela T-128 de diciembre 13 de 2022\u00bb. As\u00ed las cosas, observ\u00f3 superado el presunto incumplimiento que dio origen al tr\u00e1mite incidental, \u00abal advertirse el acogimiento del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali a lo decantado por este despacho en la sentencia de tutela T-128 de diciembre 13 de 2022\u00bb. <\/p>\n
4. De lo reproducido, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable8. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis probatorio del tema debatido. Sumado a que, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo tanto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454-2020, 15 de julio de 2020). Aunado a que se advierten cumplidas las reglas de competencia de los tr\u00e1mites constitucionales y notificaci\u00f3n de todos aquellos que deb\u00edan ser llamados convocados a la actuaci\u00f3n de marras. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
2\u0002 Folios 48 a 61 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan se identifica del acta de reparto respectiva. <\/p>\n
4\u0002 Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
6\u0002 Agr\u00e9guese que en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
7\u0002 Folios 63 a 64 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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