STC11688-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11688-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01563-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de agosto de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Emma del Socorro Posada \u00c1lvarez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Doce Laboral del Circuito de esa ciudad, las Juntas Regional de Antioquia y Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2014-00026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad social (\u2026) favorabilidad, rehabilitaci\u00f3n e integraci\u00f3n social\u00bb, supuestamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Emma del Socorro Posada \u00c1lvarez promovi\u00f3 ordinario laboral contra la AFP Porvenir S.A., BBVA Seguros S.A., y la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez \u00aba partir del 21 de noviembre de 2007\u00bb, teniendo en cuenta que \u00abregistraba un total de 239 semanas cotizadas (\u2026) [y si bien,] BBVA Seguros S.A. y la Junta Regional de Antioquia estimaron [en el segundo dictamen realizado] que ten\u00eda una invalidez del 47,59% y 61,50%; estructurada el 25 de mayo de 2010 (\u2026) un m\u00e9dico particular (\u2026) estim\u00f3 que ten\u00eda una p\u00e9rdida del 54,34% que se configur\u00f3 el 21 de noviembre de 2007\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien absolvi\u00f3 a las demandadas. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta en favor de la gestora, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 la providencia del a quo, pues advirti\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Posada \u00c1lvarez configur\u00f3 un porcentaje de afectaci\u00f3n de la capacidad laboral del 61,50% y que se estructur\u00f3 el 25 de mayo de 2010. Sin embargo, al ser aplicable el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, (\u2026) la afiliada no reun\u00eda los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, comoquiera que en los \u00faltimos tres a\u00f1os acreditaba 48 semanas y no las 50 exigidas por la norma\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la precursora, incurri\u00f3 en \u00abdefecto de Violaci\u00f3n Directa de la Constituci\u00f3n por la Inaplicaci\u00f3n del Principio de Favorabilidad (\u2026) [en virtud del cual, debi\u00f3] (\u2026) flexibilizar el requisito cuando el afiliado se encuentra muy cerca de acreditar las 50 septenario (sic), reconociendo la pensi\u00f3n, en virtud del principio de solidaridad que rige al sistema integral de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente constitucional, especialmente el contenido en la \u00abSentencia T-381 de 2015\u00bb, puesto que \u00abrestringi\u00f3 su alcance y le fij\u00f3 uno que no se compadece con su esp\u00edritu y finalidad de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que se dejen sin efectos los fallos del 23 de octubre de 2020 y 6 de junio de 2023 y, en consecuencia, se reconozca la aludida prestaci\u00f3n \u00abdesde el 21 de noviembre de 2007\u00bb a cargo de BBVA. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la determinaci\u00f3n de segunda instancia, y manifest\u00f3 que el \u00abcaso fue analizado a la luz de la normatividad y la jurisprudencia que se encontraba vigente para la fecha de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que \u00abde los fundamentos facticos y las probanzas aportadas en la solicitud de amparo, dan cuenta de que no existe afectaci\u00f3n a las garant\u00edas superiores esbozadas\u00bb. <\/p>\n
3. Porvenir S.A. refiri\u00f3 que \u00abno ha incurrido en ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, ni tampoco encuentra perjuicio probado en el libelo tutelar\u00bb. <\/p>\n
4. Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. indic\u00f3 que \u00abha cumplido con lo propio en el \u00e1mbito de su competencia con relaci\u00f3n al proceso (\u2026) y no es la tutela el mecanismo para discutir asuntos de tipo econ\u00f3mico como lo pretende el accionante, m\u00e1s a\u00fan cuando el proceso surti\u00f3 todas las etapas incluso Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n tal como lo soporta la accionante en los anexos de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
5. BBVA S.A. arguy\u00f3 que \u00aben el presente caso nos encontramos ante la concreci\u00f3n de la cosa juzgada, pues no se est\u00e1 resolviendo una situaci\u00f3n f\u00e1ctica nueva, debido a que en el presente escrito se ponen de presente los mismos hechos que se exponen en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor promovida por el accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, porque \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia sigui\u00f3 el precedente de la Sala permanente, el cual es obligatorio para las salas de descongesti\u00f3n, seg\u00fan lo estipulado por la Ley 1781 de 2016. (\u2026) [y] en todo caso explic\u00f3 las razones para no seguir el precedente de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abtodos los dict\u00e1menes realizados por las Entidades arrojan diferentes fechas de estructuraci\u00f3n, dado que no ten\u00edan en cuenta el diagn\u00f3stico de esclerosis m\u00faltiple at\u00edpica, por: i) no existe una prueba reina o definitiva, sino que se hace con una conjugaci\u00f3n de elementos de la historia cl\u00ednica, ex\u00e1menes paracl\u00ednicos y de im\u00e1genes; ii) que [su] enfermedad al ser del sistema nervioso afecta diferentes \u00f3rganos y zonas anat\u00f3micas de mi cuerpo, generando s\u00edntomas con otras patolog\u00edas y que confunden al m\u00e9dico. Sin contar que las etapas iniciales de la enfermedad requieren de diseminaci\u00f3n de la lesi\u00f3n en el espacio y en el tiempo; Adem\u00e1s, sufr[e] de Mielopat\u00eda At\u00edpica cuadriparapesia est\u00e1tica y trastorno de ansiedad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL1357-2023, 6 jun.), por cuanto dej\u00f3 en firme la determinaci\u00f3n desfavorable del ad quem, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 23 de octubre de 2020 y 6 de junio de 2023, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem pues coligi\u00f3 que \u00abno es conducente incrementar de 48 a 50 los aportes, como lo pretende la recurrente\u00bb; no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el \u00fanico cargo formulado por la v\u00eda directa por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del \u00abart\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, los art\u00edculos 1, 2, 13, 47, 48, 53, 54, 68 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, del CONVENIO 111 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por el Estado Colombiano el 04 de marzo de 1969; art\u00edculo 4 del CONVENIO 159 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 82 de 1988, Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad, aprobado por la Ley 762 de 2002, art\u00edculos 3, 4, 5, 12, 25, 28 de la Convenci\u00f3n sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009; art\u00edculo 3, 4, 5 y 12 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, los art\u00edculos 19 y 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; y las sentencias T-138 de 2013, T-915 de 2014, T-235 de 2015 y T-503 de 2017 de la Honorable Corte Constitucional\u00bb, la Colegiatura encartada expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]o que pretende la recurrente es que conforme a las sentencias de la Corte Constitucional CC T-915 de 2014 y CC T-503 de 2017, le sean aproximadas a 50 los 48 per\u00edodos de aportes entre el 25 de mayo de 2007 y el mismo d\u00eda y mes de 2010, para acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez con fundamento en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, indic\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab(i) Emma del Socorro Posada \u00c1lvarez cuenta con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 61,50%; (ii) estructurada el 25 de mayo de 2010 y (iii) acredita un total de 48 semanas cotizadas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os a la configuraci\u00f3n de dicha condici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre la petici\u00f3n de la censora, record\u00f3 que \u00abesta Corporaci\u00f3n ha desarrollado la regla jur\u00eddica aplicable estableciendo que ello solo es posible hacerlo al n\u00famero entero siguiente, siempre y cuando la fracci\u00f3n supere el 0,5\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, cit\u00f3 en lo pertinente la providencia SL, 24 agosto 2010, rad. 39196 y precis\u00f3 que \u00abla aproximaci\u00f3n a favor de la se\u00f1ora Posada \u00c1lvarez solo hubiera sido posible de 48 a 49 semanas y en el escenario en que la fracci\u00f3n hubiera sido de 48,5, caso en que tampoco se hubiera cumplido el tiempo m\u00ednimo exigido por la ley\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed concluy\u00f3 que \u00abno es conducente incrementar de 48 a 50 los aportes, como lo pretende la recurrente, en primer lugar, porque se encontr\u00f3 probado que registr\u00f3 48 sin que la fracci\u00f3n superara el 0,5 y, finalmente, dado que ello constituir\u00eda un aumento por arriba del entero inmediatamente siguiente que ser\u00eda 49\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que \u00abla aproximaci\u00f3n no solo encuentra sentido en la protecci\u00f3n de las expectativas de los afiliados, sino que tambi\u00e9n se emplea por razones de equidad y justicia en favor de las administradoras de los reg\u00edmenes del Sistema General de Pensiones y de los otros vinculados\u00bb. De este modo, desestim\u00f3 embate. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la disposici\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 5 de octubre de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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