STC11689-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11689-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-01124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Andr\u00e9s Ruiz Espinosa contra el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2021-00091. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el convocado en el diligenciamiento del asunto referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que con la demanda ejecutiva de alimentos que promovi\u00f3 su hija Mar\u00eda Valeria Ruiz Salgado, solicit\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, decretara medidas cautelares en su contra a lo cual este accedi\u00f3; y, de cara a esa determinaci\u00f3n, su apoderado judicial solicit\u00f3 se le ordenara a la demandante \u00abprestar cauci\u00f3n hasta por el 10% del valor actual de la ejecuci\u00f3n para responder por los perjuicios que se causen por su pr\u00e1ctica, [ello] con base en lo dispuesto en el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Que mediante prove\u00eddo del 29 de septiembre de 2022 el accionado le orden\u00f3 a la actora \u00abprestar en dinero, o mediante compa\u00f1\u00eda de seguros, por la suma de $3.344.000 <equivalente al 10% del valor actual de la ejecuci\u00f3n seg\u00fan el mandamiento de pago> para responder por los eventuales perjuicios que se le ocasionen al demandado con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares, so pena de su levantamiento, dentro del t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo por anotaci\u00f3n en estado\u00bb, y aun cuando la demandante \u00abno cumpli\u00f3 con esa obligaci\u00f3n\u00bb, la cancelaci\u00f3n de las cautelas \u00abfue denegada\u00bb. <\/p>\n
Que al advertir que la ejecutante hab\u00eda reformado la demanda, mediante auto del \u00ab06 de marzo de 2023\u00bb el juzgado aument\u00f3 el valor de la cauci\u00f3n a \u00ab$8.550.000,00\u00bb, orden que la interesada \u00abvuelve a incumplir\u00bb, insisti\u00f3 en \u00abel levantamiento de las medidas cautelares excesivas por segunda vez\u00bb, empero, con auto del \u00ab05 de junio de 2023\u00bb el despacho no accedi\u00f3 a ello, aduciendo que \u00ab\u201cdentro del presente asunto [en auto separado de la misma data] le fue concedido el beneficio de amparo de pobreza a la demandante, por tanto, no est\u00e1 \u201cobligad[a] a prestar cauciones procesales\u201d de conformidad con el art. 154 del C. G. del Proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior decisi\u00f3n \u00abinterpuse recurso de reposici\u00f3n y [en] subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb, precisando que \u00abno se puede pretender la exoneraci\u00f3n de gastos procesales que ya fueron causados o liquidados, toda vez que el efecto de su concesi\u00f3n opera a futuro y no tiene efectos retroactivos\u00bb, no obstante, con providencia del 28 de agosto de 2023, el juzgado mantuvo inc\u00f3lume tal resoluci\u00f3n, constituyendo con ella \u00abdefecto sustantivo\u00bb, comoquiera que \u00abinterpret\u00f3 y dio aplicaci\u00f3n de forma err\u00f3nea al inciso final del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que \u00abse ordene al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, dejar sin efectos su decisi\u00f3n de utilizar el amparo de pobreza de forma retroactiva para evitar el levantamiento de las medidas cautelares ejercidas contra el accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular de la agencia judicial convocada, tras aludir la actuaci\u00f3n procesal referida en la querella y enviar el enlace para acceder al expediente digital, asever\u00f3 que \u00abel despacho le ha garantizado al gestor constitucional, todas las garant\u00edas que establece estatuto procesal, y ha resuelto sus solicitudes [por lo que], no ha vulnerado el derecho al debido proceso invocado con la acci\u00f3n tuitiva. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para controvertir las decisiones judiciales y\/o convertirse en una instancia procesal adicional, cuando al litigante se resuelven desfavorable sus peticiones\u00bb. En esas condiciones, acot\u00f3 que \u00abpara conceder el amparo de pobreza, (\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de la literalidad de la norma que lo consagra, [tuvo en cuenta] que su principal objetivo es garantizar el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, motivo por el cual consider\u00f3 procedente la solicitud de la demandante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo resolvi\u00f3 \u00abnegar\u00bb el amparo bajo el argumento de que no cumple el requisito temporal, porque \u00abel actor vino a reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos en forma tard\u00eda, si se tiene en cuenta que la presente acci\u00f3n fue incoada cerca de 12 meses despu\u00e9s de haberse requerido, inicialmente, a la demandante en el proceso ejecutivo para que prestara cauci\u00f3n conforme se prev\u00e9 en el art\u00edculo 599 del C.G. del P., sin que de alguna manera justificara su demora en la reclamaci\u00f3n de sus prerrogativas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para precisar que el presente reclamo se dirigi\u00f3 \u00abcontra la decisi\u00f3n de no reponer el recurso interpuesto por nuestra parte, donde se otorga el amparo de pobreza, [y por ello] nada tiene que ver la decisi\u00f3n de la Juez 26 de Familia, en donde se impuso la carga de prestar cauci\u00f3n\u00bb, por ello, \u00abel punto jur\u00eddico de reflexi\u00f3n es s\u00ed el amparo de pobreza genera efectos retroactivos, y de esto se debe prestar gran atenci\u00f3n, ya que la norma art\u00edculo 154 inciso final del C\u00f3digo General del Proceso es clara en determinar que \u201c\u2026El amparado gozar\u00e1 de los beneficios que este art\u00edculo consagra, desde la presentaci\u00f3n de la solicitud\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el accionante, al negar el levantamiento de medidas cautelares decretadas dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2021-00091, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia, el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las prerrogativas superiores de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero precisando que lo ser\u00e1 porque la determinaci\u00f3n censurada, no constituye defecto sustantivo, procedimental o cualquier otro yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque el reproche tutelar se enfil\u00f3 contra el auto del 5 de junio de 2023, mediante el cual el accionado resolvi\u00f3 \u00abno acceder a la petici\u00f3n de levantamiento de medidas cautelares\u00bb que elev\u00f3 su mandatario judicial, aduciendo que dentro del pleito \u00able fue concedido el beneficio de amparo de pobreza a la demandante, por tanto, no est\u00e1 \u201cobligado[a] a prestar cauciones procesales\u201d, de conformidad con el art. 154 del C. G. del Proceso\u00bb; igualmente, contra el prove\u00eddo del 28 de agosto de 2023, donde, en sede de reposici\u00f3n, se mantuvo dicha postura bajo argumentaci\u00f3n jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
\u00abEn ese orden, los \u00fanicos requisitos axiales para la concesi\u00f3n del amparo son; i) la solicitud que deber\u00e1 presentar el interesado (sea demandante o demandado), la cual puede ser elevada directamente o por intermedio de apoderado judicial, t\u00e9ngase en cuenta que la norma prev\u00e9, que incluso se puede solicitar antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, y; que de ser el caso, se le nombre abogado (inc. 2 art. 154), por lo tanto, no es requisito que la solicitud se eleve a trav\u00e9s de abogado; ii) que manifieste bajo juramento que se encuentra en las condiciones del art. 151 ib., es decir, que no se encuentra en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de las persona a las que por ley debe alimentos. <\/p>\n
Debe recordarse, que el juez en sus providencias por mandato del art. 230 de la CP, solo est\u00e1 sometido al imperio de Ley, adem\u00e1s, \u201cdonde el legislador no distingue no le es dado hacerlo al int\u00e9rprete\u201d, o realizar interpretaciones extensivas o an\u00e1logas donde la norma es clara en su tenor literal, por lo tanto, con apego a la ley procesal, los \u00fanicos requisitos a exigirse para la concesi\u00f3n del amparo de pobreza son los referidos anteriormente. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, se ha pronunciado la jurisprudencia, tras indicar lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el Estado quiso asegurar no s\u00f3lo el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb de quienes carecen de medios para afrontar una contienda, sino el equilibrio e igualdad en el empleo de las herramientas de defensa a lo largo de \u00e9sta, al punto que el art\u00edculo 154 ejusdem pregona que el beneficiado queda exonerado de los \u00abgastos procesales\u00bb y, si es indispensable, se le designar\u00e1 vocero \u00aben la forma prevista para los curadores ad litem\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los requisitos, oportunidad y tr\u00e1mite para obtener la prerrogativa en comento, los c\u00e1nones 152 y 153 \u00edd. se\u00f1alan lineamientos respectivos (\u2026). <\/p>\n
De tal marco, fluye que no es necesario que la parte o el tercero acrediten \u2013 ni siquiera sumariamente \u2013 la insuficiencia patrimonial que los mueve a \u00absolicitar el amparo de pobreza\u00bb; basta que aseveren encontrarse en esas condiciones bajo la \u00abgravedad del juramento\u00bb. Esto se justifica, de un lado, en la presunci\u00f3n de buena fe que cobija a la persona que hace la manifestaci\u00f3n (art. 83 C.N.), y de otro, en la eficacia y valor que el mismo ordenamiento jur\u00eddico le otorga al \u00abjuramento deferido\u00bb en este evento (art. 207 C.G.P.); pues, suponer cosa distinta ser\u00eda tanto como partir de la base de que el \u00abpatente\u00bb falta a la verdad, lo que obviamente est\u00e1 proscrito\u201d [CSJ STC1567-2020, rad. 2019-00183-01]. <\/p>\n
Verificada una vez m\u00e1s la solicitud de amparo de pobreza elevada por la demandante, remitida desde su correo personal (\u2026), el d\u00eda 10\/04\/2023, observa el despacho que la misma cumple con los requisitos. <\/p>\n
En efecto, en el escrito presentado la solicitante invoca el art. 151 del CGP, y realiza las siguientes manifestaciones: \u201cmi situaci\u00f3n econ\u00f3mica es precaria debido a que solamente me encuentro estudiando en la jornada diurna y no tengo sustento econ\u00f3mico, y se me ha hecho muy dif\u00edcil encontrar empleo mientras estoy estudiando, ya que las horas en las que estudio, me ocupan para recibir un trabajo normal para sustentarme. Mi apoderado es consciente de la situaci\u00f3n por lo cual, \u00e9l est\u00e1 trabajando por cuota Litis\u201d, \u201cel \u00fanico sustento eran los dineros que mi padre Sergio Andr\u00e9s Ruiz Espinosa, consignaba irregularmente\u201d, \u201cAdem\u00e1s, mi madre (\u2026) se encuentra en situaci\u00f3n econ\u00f3mica dif\u00edcil por no haber podido continuar trabajando, (\u2026) debido a que ha tenido que dedicarse a protegerse y protegerme de los maltratos verbales y f\u00edsicos (\u2026) por v\u00edas de hecho por parte del demandante (\u2026). (Denuncias puestas en la fiscal\u00eda)\u201d. <\/p>\n
Ahora, acerca de la terminaci\u00f3n del beneficio, su tr\u00e1mite est\u00e1 previsto en el art. 158 del CGP, [la jurisprudencia de esta Sala se\u00f1ala]: <\/p>\n
\u201c4.3. (\u2026) recu\u00e9rdese que a voces del art\u00edculo 158 de la nueva de ley de enjuiciamiento civil, la contraparte tiene la posibilidad de solicitar la terminaci\u00f3n del amparo de pobreza en cualquier momento, evento en el que s\u00ed les corresponder\u00e1 a los interesados del auxilio aportar elementos de prueba para acreditar que carecen de los recursos econ\u00f3micos para afrontar el tr\u00e1mite pleito, no as\u00ed antes; (\u2026)\u201d [CSJ STC6174-2020, 26 ago., rad. 02010-00]\u201d. <\/p>\n
De otro lado, en lo que ata\u00f1e a los efectos del beneficio de amparo de pobreza, acorde con el inc. 1\u00ba art. 154 del CGP, \u201cEl amparado por pobre no estar\u00e1 obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n, y no ser\u00e1 condenado en costas\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, la norma es clara en indicar que no se le debe exigir al amparado prestar cauciones procesales, as\u00ed mismo, el inc. 4\u00ba de la norma ut supra indica que \u201cEl amparado gozar\u00e1 de los beneficios que este art\u00edculo consagra, desde la presentaci\u00f3n de la solicitud\u201d. <\/p>\n
Sobre lo anterior, debe tenerse en cuenta que el amparo de pobreza es un mecanismo de protecci\u00f3n de derechos en favor de quien no se halla en capacidad de cubrir los gastos propios del proceso sin menoscabo de su propia subsistencia, es decir, atendiendo la insuficiencia econ\u00f3mica del solicitante, manifestaci\u00f3n que realiz\u00f3 la demandante ante el requerimiento de prestar cauci\u00f3n. <\/p>\n
Para efectos de su aplicaci\u00f3n, en principio, la norma en comento no se\u00f1ala efectos retroactivos, sin embargo, la interpretaci\u00f3n m\u00e1s razonable, atendiendo su finalidad teol\u00f3gica y las particularidades del caso, es garantizar al sujeto procesal que se encuentre en las circunstancias all\u00ed descritas el libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues estar\u00eda en riesgo de levantarse las medidas cautelares si no presta cauci\u00f3n (inciso 5\u00b0, art\u00edculo 599 del C.G.P.), a pesar de que, seg\u00fan su manifestaci\u00f3n, no cuenta con los medios econ\u00f3micos para prestar la garant\u00eda solicitada\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
En suma, el hecho de que, con antelaci\u00f3n al otorgamiento del amparo de pobreza a favor de la ejecutante, a esta se le hubiera ordenado prestar cauci\u00f3n para mantener vigentes las cautelas, para el caso concreto no impide el beneficio de exenci\u00f3n que contempla dicha figura jur\u00eddica, pues no se aleg\u00f3 y menos acredit\u00f3, que las circunstancias de precariedad econ\u00f3mica de la alimentaria que justificaron su aplicaci\u00f3n, no estuvieran presentes al momento en que se decretaron las medidas para materializar el pago de la prestaci\u00f3n, o para cuando su progenitor requiri\u00f3 del juzgado exigir la garant\u00eda. Aunado a ello, si el reparo cardinal del ejecutado radica en que tales medidas se tornan \u00abexcesivas\u00bb, cuenta con la posibilidad de pedir su reducci\u00f3n al tenor del art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la Corte no encuentra que la actuaci\u00f3n reprochada al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia en relaci\u00f3n con el ejecutivo de alimentos radicado bajo el n\u00b0 2021-00091, desencadene amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada y que, por tanto, amerite la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
En las condiciones descritas, se reitera que mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso a la acci\u00f3n de tutela, ya que esta procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, lo cual no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Esto, porque el hecho de que lo resuelto no se avenga a los intereses del accionante, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito de competencia del juez excepcional, pues, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras muchas en STC8772-2023, 31 ago., rad. 03233-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, precisando que la denegaci\u00f3n del amparo implorado, emerge porque la actuaci\u00f3n censurada no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende tenga la aptitud para lesiones las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por la puntual raz\u00f3n explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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