STC11703-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11703-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 15 de junio de 2023, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por Blanca Elvira Fandi\u00f1o Contreras contra la Sala de extinci\u00f3n de dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 50001-31-20-001-2020-00006-01. <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio referido. <\/p>\n
2. El 3 de septiembre de 2014, la accionante fue condenada por el delito de rebeli\u00f3n \u00abpor ser auxiliadora del frente 26 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)\u00bb; por lo cual, la Fiscal\u00eda promovi\u00f3 proceso de extinci\u00f3n de dominio, entre otros, de 3 inmuebles y el 50% de un establecimiento de comercio de propiedad de la tutelante. En primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n del Dominio de Villavicencio -en sentencia del 27 de enero de 2022- declar\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio de los bienes referidos. Inconforme, la promotora interpuso apelaci\u00f3n. No obstante, el Tribunal de Bogot\u00e1 -en fallo del 4 de mayo de 2023- confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primer grado pues \u00fanicamente revoc\u00f3 el numeral tercero a fin de ordenar \u00abla tradici\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes extinguidos (\u2026.) a favor de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Fondo para la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas del Conflicto Armado\u00bb. <\/p>\n
2.1. Se duele la gestora que no se \u00able dio el respectivo valor a los testigos declarantes que daban fe de la persona que era\u00bb, la decisi\u00f3n no se \u00absoport\u00f3 [en] los experticios contables que refut[\u00f3] por intermedio de contador p\u00fablico, movimientos bancarios\u00bb. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que -a diferencia de lo afirmado en el proceso- su negocio \u00abnaci\u00f3 con raz\u00f3n social de Supermercado Principal\u00bb no obstante los que mandaban \u00aben el municipio y fung\u00edan autoridad era la guerrilla de las FARC\u00bb y por tanto los ciudadanos no pod\u00edan \u00abejercer su libre albedrio estando sometidos a la voluntad\u00bb del grupo al margen de la ley. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 que se amparen los derechos invocados presuntamente vulnerados \u00abpor parte de los jueces de primera y segunda instancia, que no valoraron las pruebas aportadas\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la \u00abfinalidad de la actora es reabrir un debate probatorio que se surti\u00f3 con el m\u00e1ximo de respeto a las garant\u00edas fundamentales, allegando nuevos elementos de convicci\u00f3n para acreditar sus condiciones personales y familiares, y la manera en que adquiri\u00f3 sus bienes\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero del Circuito Especializado en extinci\u00f3n de dominio de Villavicencio solicit\u00f3 que se niegue el amparo por cuanto no ha \u00abvulnerado los derechos fundamentales de la accionante\u00bb pues lo que advierte son \u00abdiscrepancias relacionadas con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes con fundamento en apreciaciones respecto de la interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n que se le otorgo\u0301 a las pruebas obrantes en el proceso\u00bb3. <\/p>\n
3. Sociedad de Activos Especiales S.A.S. aleg\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno ya que tan solo se encuentra ejerciendo las funciones que legal y reglamentariamente le han sido asignadas en la administraci\u00f3n de los bienes afectados con medidas cautelares o respecto de aquellos que son propiedad del FRISCO en virtud de la extinci\u00f3n de dominio\u00bb4. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que el Tribunal de Bogot\u00e1 \u00abresolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada y justificada en la normatividad que rige la materia y las pruebas recaudadas\u00bb pues encontr\u00f3 \u00absatisfechos los presupuestos de los numerales 1\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, al corroborarse las conductas t\u00edpicas en las que incurri\u00f3 [la accionante] en contribuci\u00f3n de las FARC\u00bb5. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que, hubo \u00ab[p]ruebas que no se valoraron o se hizo una valoraci\u00f3n superflua, desconociendo que en [su] caso como muchos otros casos de poblaci\u00f3n civil [se vieron] en la obligaci\u00f3n de aceptar colaborar con los grupos armados ilegales, so pena de destierro o de poner en riesgo la misma vida y la de los familiares, en [su] caso en concreto no se tuvo en cuenta que [fue] v\u00edctima del homicidio en la persona de [su] difunto esposo\u00bb6. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia que cerr\u00f3 el debate, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2. Se observa que, el Tribunal de Bogot\u00e1 -en sentencia del 4 de mayo de 20237- confirm\u00f3 parcialmente el fallo de primer grado mediante la cual se orden\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio de unos bienes de propiedad de la accionante. Para ello, centr\u00f3 el problema jur\u00eddico en s\u00ed \u00ab\u00bf[e]xiste un respaldo probatorio suficiente para satisfacer las causales invocadas por la fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y extinguir el dominio de los bienes afectados propiedad de BLANCA ELVIRA FANDI\u00d1O CONTRERAS?\u00bb. Ello, con base en las causales en cita, es decir, \u00ablos numerales 1\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. <\/p>\n
Previo a abordar el fondo del asunto, se pronunci\u00f3 sobre los anexos que acompa\u00f1aban el escrito de apelaci\u00f3n y advirti\u00f3 que \u00ablas pruebas que el apelante pretender arribar en el tr\u00e1mite de segunda instancia, no fueron solicitadas en el termino oportuno, por consiguiente, tampoco fueron decretadas por el juzgado de origen\u00bb y por ende \u00abno se valorar\u00e1n para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. Dentro de aquellas pruebas se encontraban tres planos mediante los cuales buscaban \u00abdemostrar sus postulaciones, aduciendo que se trataban de mapas de algunos de los bienes afectados\u00bb. <\/p>\n
Comenz\u00f3 por tratar la contribuci\u00f3n de la accionante al frente 26 de las FARC. En apelaci\u00f3n, estableci\u00f3 que la recurrente se dol\u00eda de que su contribuci\u00f3n \u00abconsisti\u00f3 \u00fanicamente en el suministro de v\u00edveres cuyo valor no superaba los ocho (8) millones de pesos, actuaci\u00f3n que realiz\u00f3 contra su voluntad\u00bb. No obstante, evidenci\u00f3 que \u00ablos supuestos vicios de la voluntad a la que fue sometida la afectada por parte del grupo terrorista, no fueron alegados como estrategia defensiva dentro del tr\u00e1mite penal\u00bb pues la acusada \u00abdecidi\u00f3 optar por sentencia anticipada como figura en acta de preacuerdo del 22 de noviembre de 2013, donde de manera libre consciente y voluntaria (\u2026) decidi\u00f3 aceptar los cargos por el punible de Rebeli\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que no fue \u00abla simple manifestaci\u00f3n de aceptaci\u00f3n de cargos\u00bb lo que \u00abacredit\u00f3 su responsabilidad penal\u00bb, pues -en el proceso- se concluy\u00f3 que la actora \u00abten\u00eda una estrecha y longeva vinculaci\u00f3n con las actividades criminales que realizaba el grupo insurgente\u00bb. Para ello, se tuvo en cuenta las pruebas como: el informe de investigador de campo FPJ-11 del 22 de mayo de 2013 donde se establec\u00eda que la tutelante ten\u00eda \u00abconstante comunicaci\u00f3n con alias [Leiber o Quincharo] seg\u00fan los audios comprometida con la Organizaci\u00f3n delincuencial\u00bb, el informe FPJ-11 del 13 de octubre de 2010 que expuso que \u00able ten\u00edan un grado muy alto de confianza los comandantes de las FARC\u00bb por haber sido ella quien prove\u00eda de \u00abv\u00edveres de primera necesidad y otros materiales tales como gasolina, recargas de celular, entre otras, a los comandantes de esta estructura, de igual forma, es quien [estaba] pendiente de los movimientos de la fuerza p\u00fablica y avisa[ba] directamente a los comandantes\u00bb. Asimismo, afirm\u00f3 que esas conclusiones estaban soportadas \u00abpor el c\u00famulo de interceptaciones telef\u00f3nicas realizadas a la afectada y su interlocutor, un importante miembro de las FARC\u00bb, entre las cuales, resalt\u00f3 las del 8 de marzo, 6, 7, 8 y 27 de mayo de 2013 donde, entre otras, \u00abElvira le dice a quincharo el valor de la remesa y tambi\u00e9n le indica \u201cque esta despejado\u201d no hay presencia de Ejecito ni de Polic\u00eda, y Tambi\u00e9n se refiere en t\u00e9rminos como esa plaga no est\u00e1 por ah\u00ed, refiri\u00e9ndose a estos dos organismos de la fuerza p\u00fablica\u00bb. De ello, concluy\u00f3 que resultaba \u00abevidente nivel de participaci\u00f3n de FANDI\u00d1O CONTRERAS con las FARC y el alto nivel de confianza con sus miembros, a quienes no solamente les despacho suministros como lo pretender hacer ver el apelante, sino que participaba como intermediaria para hacerles llegar los dineros producto de extorciones, y ten\u00eda conocimiento sobre las actividades relacionadas con el tr\u00e1fico de estupefacientes, adem\u00e1s de informar sobre los movimientos de la fuerza p\u00fablica\u00bb por lo tanto no se advirti\u00f3 que \u00abtales actividades se hayan realizado mediante violencia psicol\u00f3gica ejercida contra la afectada, sino que denotan la voluntariedad en la que realizo sus aportes al grupo terrorista, el cual le confi\u00f3 sumas considerables de efectivo\u00bb. Sumado a ello, destac\u00f3 que del allanamiento de \u00abla caja fuerte del domicilio de la afectada el 10 de junio de 2013\u00bb se encontr\u00f3 \u00abuna \u00abcarpeta que contiene asuntos judiciales por casos de porte ilegal de armas y v\u00ednculos de varias personas con el frente 26 de las FARC , la cual es una evidencia tangible que ratifica a\u00fan m\u00e1s el indiscutible nexo de ELVIRA FANDI\u00d1O con la facci\u00f3n armada\u00bb. <\/p>\n
Ahora, de cara al \u00abdeceso violento de Luis Alberto Monta\u00f1a Acosta, esposo de la afectada\u00bb refiri\u00f3 que ello \u00abno es una circunstancia que acredite una coacci\u00f3n en las contribuciones que realiz\u00f3 a las FARC\u00bb toda vez que \u00abcomo obra en la certificaci\u00f3n emitida el 23 de junio de 2021 por la asistente de Fiscal\u00eda IV Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Granada (Meta)\u00bb frente a ese caso se profiri\u00f3 \u00ab\u00bbResoluci\u00f3n Inhibitoria de la investigaci\u00f3n, as\u00ed como el archivo de las mismas. Como quiera que a la fecha no se ha podido establecer autores c\u00f3mplices y\/o part\u00edcipes de los hechos investigados\u00bb\u00bb. As\u00ed, al tratarse de \u00abun acontecimiento que no ha sido esclarecido por la justicia (\u2026) no tiene la aptitud para anular el actuar voluntario con el que particip\u00f3 FANDI\u00d1O CONTRERAS en los hechos por los que fue condenada\u00bb. <\/p>\n
Sobre los testigos, \u00absurge di\u00e1fano que nunca puso en conocimiento las supuestas amenazas y coacciones con las que pretende excusar su comportamiento en el presente tr\u00e1mite\u00bb conforme lo estableci\u00f3 Hugo Alexander Miranda -el otora comandante de la estaci\u00f3n de polic\u00eda- quien contest\u00f3 \u00abfrente a la pregunta si BLANCA ELVIRA FANDI\u00d1O CONTRERAS le hab\u00eda comentado respecto de alguna extorsi\u00f3n de la que estuviera siendo v\u00edctima, contest\u00f3 sin hesitaci\u00f3n alguna: \u00abNo, en ning\u00fan momento me coment\u00f3 ella que la hab\u00edan llamado, nada, esa situaci\u00f3n nada. No. Una vez si hablando con ella pues pregunt\u00e9 Doria Elvira yo s\u00e9 que aqu\u00ed est\u00e1n pidi\u00e9ndole las vacunas al uno y al otro, extorsiones, esa gente a m\u00ed no me ha llamado todav\u00eda, esperar que llamen a ver, no m\u00e1s, fue lo que me coment\u00f3 ella, no m\u00e1s. (…)en esa \u00e9poca a ella yo nunca le recib\u00ed denuncia, nada, nada, nada\u00bb. (…)\u00bb. <\/p>\n
Frente a los bienes con folios de matr\u00edcula 236-57657 y 236-57656 se\u00f1al\u00f3 que la apelante \u00abpretende justificar la procedencia l\u00edcita de las propiedades afectadas que se adquirieron el 30 de octubre de 2009, aduciendo que provienen de actividades comerciales legales que ejerc\u00eda su representada, la cual adem\u00e1s de vender suministros a la comunidad con el supermercado que hered\u00f3 de su difunto esposo, ejerci\u00f3 actividades de agricultura y ganader\u00eda\u00bb y para ello aport\u00f3 \u00abexperticio contable privado rendido por F\u00e9lix Jorge D\u00edaz Barrera\u00bb. Sin embargo, observ\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis contable no justifica el incremento que el Ente Acusador le atribuy\u00f3 en la formulaci\u00f3n de la demanda\u00bb pues pese a que era obligaci\u00f3n de la promotora \u00abalmacenar registros contables detallados y cronol\u00f3gicamente organizados sobre todos los movimientos financieros que se realizaban en sus negocios\u00bb estos no fueron aportados. Por otro lado, manifest\u00f3 que \u00abel apelante alleg\u00f3 los extractos bancarios de la cuenta de la afectada en el Banco Agrario de Colombia No. 3-4518-0-00015-967, las cuales solamente registran el movimiento de unas sumas de dinero, que por s\u00ed solos no son suficientes para establecer la licitud de los recursos que figuran como consignados, toda vez que carecen de los detalles que permitan determinar su procedencia\u00bb. <\/p>\n
Ahora, sobre las evidencias de la actividad ganadera encontr\u00f3 que estas \u00abhacen referencia a movimientos realizados del a\u00f1o 2011 y siguientes, por lo que no tienen la aptitud de justificar los ingresos del a\u00f1o 2009 y anteriores, anualidad en que se adquirieron los dos fundos que se analizan en este ac\u00e1pite\u00bb. Aunado a que, \u00abson documentos que acrecen de los valores dinerarios que generaron estas transacciones, pues se refieren solamente a unas gu\u00edas de transporte de animales\u00bb. As\u00ed, concluy\u00f3 -sobre este punto- que \u00ablos \u00fanicos soportes precisos y con cifras monetarias\u00bb eran \u00abun par de constancias, la primera emitida por el rector de la Instituci\u00f3n Educativa de Lejan\u00edas (Meta), donde asever\u00f3 que FANDI\u00d1O CONTRERAS \u00abfue proveedor para la instituci\u00f3n Educativa de Lejan\u00edas desde el a\u00f1o 2007 hasta el a\u00f1o 2016; con la raz\u00f3n social Autoservicio los monta\u00f1itos\u00bb y que fue acreditado por \u00abel director del Hogar Infantil Lejan\u00edas, en un periodo \u00abdesde el a\u00f1o 2007 hasta el a\u00f1o 2020\u00bb pero \u00abla certificaci\u00f3n con la que se pretend\u00eda soportar los suministros vendidos a la Polic\u00eda Nacional, jam\u00e1s se aport\u00f3 a la foliatura\u00bb. Por ello, sobre el \u00aborigen de los recursos que percibi\u00f3 BLANCA ELVIRA FANDI\u00d1O CONTRERAS del a\u00f1o 2009 y anteriores, que le permitieron adquirir los predios con matr\u00edculas inmobiliarias 236-57656 y 236-57657 al mismo tiempo, se evidencia la existencia de un incremento patrimonial injustificado, que aunado a la indiscutible influencia guerrillera dentro de la regi\u00f3n en la data en que fueron comprados, con la participaci\u00f3n arm\u00f3nica de FANDI\u00d1O CONTRERAS en sus actividades extorsivas, permiten concluir razonablemente a esta Sala que fueron comprados con los r\u00e9ditos que la afectada obtuvo por su colaboraci\u00f3n con el grupo armado irregular, con lo cual se verifica la concurrencia de las causales 1a y 4a contentivas en el art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. Por \u00faltimo, aclar\u00f3 que la conclusi\u00f3n no era porque \u00ablos bienes afectados se presuman il\u00edcitos\u00bb sino que del \u00aban\u00e1lisis conjunto del material suasorio bajo los par\u00e1metros de la carga dinamina de la prueba, permiten concluir su procedencia de actividades ilegales\u00bb. <\/p>\n
De cara a lo que ten\u00eda que ver con predio con folio de matr\u00edcula 236-26437, destac\u00f3 \u00abal conformar materialmente la unidad del establecimiento de comercio con el que BLANCAFANDI\u00d1O ejerci\u00f3 un aporte log\u00edstico tan trascendente a las actividades delincuenciales de las FARC, todos se encuentran comprometidos con una destinaci\u00f3n il\u00edcita y un irrespeto con la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica que le es inherente al derecho de propiedad\u00bb. Asimismo, frente al establecimiento de comercio \u201cLas Monta\u00f1itas\u201d encontr\u00f3 que \u00abla cooperaci\u00f3n brindada por la afectada no se limit\u00f3 a enviar remesas a los alzados en armas provenientes de su supermercado, sino que implic\u00f3 un aporte eficaz en las acciones criminales que realizaban\u00bb pues actuaba \u00abcomo intermediadora del recibo y la entrega de dineros producto de actividades extorsivas (\u2026) lo que le permit\u00eda ser part\u00edcipe en los grandes r\u00e9ditos que estas actividades generaban\u00bb y de ese modo \u00abinstrumentaliz\u00f3 el establecimiento de raz\u00f3n social \u00abAUTOSERVICIO LAS MONTA\u00d1ITAS en funci\u00f3n del delito\u00bb. En suma, pese a que este fue adquirido \u00abmediante sucesi\u00f3n\u00bb tambi\u00e9n es cierto que lo utiliz\u00f3 \u00abpara resguardar los dineros que eran entregados por las v\u00edctimas mediante amenazas y coerci\u00f3n para asegurar que llegaran a manos delos comandantes guerrilleros, de all\u00ed que resulte incuestionable su participaci\u00f3n en los punibles de extorsi\u00f3n y lavado de activos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, para ahondar en m\u00e1s razones destac\u00f3 la Sala \u00ablas incongruencias existentes entre el activo total que se encontr\u00f3 en la materializaci\u00f3n del secuestro del establecimiento y el plasmado en el registro mercantil\u00bb. Frente a ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la diligencia que se llev\u00f3 a cabo el 27 de noviembre de 2020 se encontr\u00f3 una suma de efectivo de $9.809.700.0081, as\u00ed como numerosa maquinaria y equipos\u00bb lo cual, constatado con la informaci\u00f3n \u00abregistrada ante las autoridades comerciales, permite concluir (\u2026) que \u00abel valor registrado ante la C\u00e1mara de Comercio no coincide con los activos f\u00edsicos encontrados en el establecimiento\u00bb\u00bb; circunstancia que, \u00abdesdibuja la apariencia de legalidad que el recurrente pretende acreditar sobre los ingresos del local comercial\u00bb. <\/p>\n
Sobre el veh\u00edculo, refiri\u00f3 que \u00abson las manifestaciones del mismo recurrente las que ponen de presente la imposibilidad de acreditar su origen l\u00edcito\u00bb. Pues, del informe perital contable \u00abasever\u00f3 que el bien mueble fue adquirido porque BLANCA FANDI\u00d1O \u00abrealizo (sic) ahorros contables mensuales en Banco Colombia de las utilidades de cada a\u00f1o por la actividad comercial que ven\u00eda desarrollando con el establecimiento de comercio Autoservicio los Monta\u00f1itas\u00bb. No obstante, \u00aben memorial con el que descorri\u00f3 el traslado del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo de la Extinci\u00f3n del Dominio, el togado asever\u00f3 que \u00aba pesar de haberse solicitado los extractos bancarios del a\u00f1o 2012 y otros a\u00f1os con la debida antelaci\u00f3n al banco Bancolombia, sucursal donde se expidi\u00f3 el t\u00edtulo valor cheque) con el que se adquiri\u00f3 el rodante, \u00e9stos no fueron entregados de manera oportuna por la entidad al momento de dar contestaci\u00f3n a la demanda que nos ocupa\u00bb\u00bb. As\u00ed, pese a que el a-quo le \u00abconcedi\u00f3 un t\u00e9rmino para aportar dicha documentaci\u00f3n, la misma jam\u00e1s fue allegada al expediente, por lo que no hay soporte del cheque referido, como tampoco la constancia de que efectivamente la informaci\u00f3n fue solicitada\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, encontr\u00f3 que \u00ab[l]os \u00fanicos registros objetivos sobre el origen l\u00edcito de los recursos de la afectada para el 2012, que son las constancias emitidas por la Instituci\u00f3n Educativa y el Hogar Infantil de Lejan\u00edas (Meta), mencionan contratos por valores de $56.670.000.00 y $18.836.444.00 respectivamente, que adem\u00e1s de no contar con soporte alguno, inclusive sumados no son suficientes para justificar en su totalidad los $78.000.000.00 con los que se adquiri\u00f3 el campero de placa QGC-382 durante esa anualidad\u00bb sumado a que, \u00abla orfandad probatoria sobre la manera en que se adquiri\u00f3 este rodante el 25 de septiembre de 2012, compra que se realiz\u00f3 meses antes de las interceptaciones que dejaron de manifiesto su activa participaci\u00f3n en las actividades delictivas del grupo alzado en armas\u00bb. Por lo cual, concluy\u00f3 el cumplimiento del art\u00edculo 16 de la ley 1708 \u00abtoda vez que si fue adquirido con los recursos provenientes del establecimiento de comercio, al haberse acreditado ya tanto su destinaci\u00f3n criminal como su mezcla material con bienes provenientes de la comisi\u00f3n de conductas punibles, las ganancias que generaba tambi\u00e9n est\u00e1n viciadas de ilicitud\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable8. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por supuesto, para esta Sala, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Descart\u00e1ndose, tambi\u00e9n, una ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.1. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-9, archivo \u201c0002Expediente_remitido.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0008Informe_secretarial.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0010Informe_secretarial.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0011Informe_secretarial.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c0012Sentencia.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c0014Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c0007Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11703-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11703-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01118-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76909","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76909"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76909\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}