STC11706-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11706-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00860-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Manuel Leonidas Palacios C\u00f3rdoba contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 27001310500220160005001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor inici\u00f3 un proceso ordinario laboral contra Abad Mena Mena y 8.397 personas m\u00e1s, para que se declarara que \u00e9l los represent\u00f3 como abogado en las acciones de grupo en las que ellos fueron parte y que, en consecuencia, se regularan sus honorarios profesionales en un 30% del valor total de las indemnizaciones a que hubiere lugar. <\/p>\n
2.2. El 27 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibd\u00f3 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n que la Sala \u00danica del Tribunal Superior de esa misma ciudad confirm\u00f3 el 5 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.3. En sentencia CSJ SL412 del 28 de febrero de 2023, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3. El accionante alega que los fallos anteriores incurrieron en los defectos material o sustantivo y f\u00e1ctico, desconocieron el precedente constitucional y violaron la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por lo que pide dejarlos sin efecto. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral explic\u00f3 que los argumentos que condujeron a no casar la sentencia del ad quem quedaron plasmados en su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 pidi\u00f3 negar la tutela, porque el fallo que profiri\u00f3 se ci\u00f1\u00f3 al ordenamiento legal y ning\u00fan derecho fundamental vulner\u00f3. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Quibd\u00f3 tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad de su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral accionada est\u00e1 fundamentada y no se muestra arbitraria ni caprichosa; adem\u00e1s, que el tutelante pod\u00eda acudir ante el juez laboral con nuevos argumentos y pruebas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor dijo que requiere el pago de sus honorarios profesionales, para una digna subsistencia, y que lo decidido afecta su m\u00ednimo vital. Insisti\u00f3 en sus argumentos iniciales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. En efecto, en el fallo cuestionado, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral asegur\u00f3 que no estaba en discusi\u00f3n que: i) en mayo de 2002, se produjo en Bojay\u00e1 el desplazamiento de m\u00e1s de diez mil personas; ii) al abogado Manuel Leonidas Palacios C\u00f3rdoba le otorgaron poder 570 personas, para que instaurara en su nombre una acci\u00f3n de grupo, en procura de obtener una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica; iii) el actor incluy\u00f3 en la demanda a otras 7.413 personas como accionantes, quienes no otorgaron poder; iv) el 2 de mayo de 2019 se emiti\u00f3 la sentencia de segunda instancia, en la que se fijaron como honorarios del accionante el equivalente al 10% de la indemnizaci\u00f3n que obtuviera cada uno de los integrantes del grupo que no fue representado judicialmente; y vi) el mandato no ha culminado a\u00fan. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala determin\u00f3 que los problemas jur\u00eddicos a resolver estaban orientados a establecer si el Tribunal se equivoc\u00f3 (i) al considerar que los honorarios del demandante, en relaci\u00f3n con quienes le otorgaron poder, era del 10%, conforme a lo que decidi\u00f3 el Tribunal Administrativo del Choc\u00f3 en la acci\u00f3n de grupo, pues el actor consider\u00f3 que era del 30%, y (ii) al condicionar el pago de los honorarios a cargo de quienes s\u00ed confirieron poder, a que finalizara efectivamente el contrato de mandato. <\/p>\n
En ese sentido destac\u00f3 que, de conformidad con lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 48 de la Ley 472 de 1998, el accionante se encontraba legitimado para iniciar el tr\u00e1mite, sin que todos los interesados le otorgaran poder y, en torno a los alcances de la citada disposici\u00f3n y a la tasaci\u00f3n de honorarios, la Sala cit\u00f3 jurisprudencia del Consejo de Estado (AG-200401163-02 del 27 de octubre de 2011) y concluy\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 se avino a lo dispuesto en dicha providencia, en cuanto a que el citado 10% no correspond\u00eda a quienes se adhirieran con posterioridad al fallo, como lo aleg\u00f3 equivocadamente el demandante, sino a quienes no intervinieron en el proceso, por no tener representaci\u00f3n judicial, como era el caso de las 7.413 personas que no le confirieron poder; en consecuencia, consider\u00f3 improcedente estimar en un 30% los honorarios a cargo de quienes no confirieron poder, dado que ya exist\u00eda una tasaci\u00f3n dispuesta por el \u00f3rgano jurisdiccional competente. <\/p>\n
De otro lado, dijo que la decisi\u00f3n del Tribunal de negar el pago de los honorarios reclamados, con fundamento en que no se demostr\u00f3 que el proceso en que el promotor fungi\u00f3 como apoderado judicial hubiera terminado, no trasgredi\u00f3 ninguna preceptiva legal, porque en los casos en que los honorarios se condicionan a las resultas positivas del proceso, en cuota litis, estos s\u00f3lo se hacen exigibles a la terminaci\u00f3n del litigio, citando en sustento el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte (CSJ SL9319-2016 y CSJ SL2012-2019). <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que dicha condici\u00f3n no se hab\u00eda verificado, pues el proceso ten\u00eda algunos asuntos en tr\u00e1mite, en tanto estaban pendientes solicitudes de revisi\u00f3n, nulidades, adiciones, correcciones y recursos interpuestos por el actor, y la providencia de cierre no estaba ejecutoriada, inferencia f\u00e1ctica que este no desvirtu\u00f3 en su momento. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue, como se indic\u00f3, que la providencia censurada no puede calificarse como irrazonable, dado que se sustenta en un an\u00e1lisis detallado de la actuaci\u00f3n correspondiente, as\u00ed como en la normatividad que gobierna el asunto y en jurisprudencia relacionada, todo bajo una hermen\u00e9utica plausible impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no cabe duda de que entre la decisi\u00f3n controvertida y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro y determine cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como se sugiere por el tutelante, mucho menos para imponer el criterio del actor sobre la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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