STC11759-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11759-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03946-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cielo Gonz\u00e1lez Villa contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal 2015-00175-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora -a trav\u00e9s de apoderado judicial- reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n acus\u00f3 a la tutelante como presunta autora del delito de realizaci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Lo anterior, en virtud de la suscripci\u00f3n del \u00abConvenio Marco de Cooperaci\u00f3n y Asistencia T\u00e9cnica entre la Secretar\u00eda Ejecutiva de la Organizaci\u00f3n del Convenio Andr\u00e9s Bello y la Alcald\u00eda de Neiva\u00bb, firmado por la actora como Alcalde del municipio de Neiva y el representante legal de la Secretar\u00eda Ejecutiva de la Organizaci\u00f3n del Convenio Andr\u00e9s Bello, con el fin de \u00abrecibir asistencia t\u00e9cnica por parte de la SECAB para la formulaci\u00f3n y gesti\u00f3n de proyectos t\u00e9cnica y financieramente viables que permitan optimizar el sistema de acueducto para la ciudad de Neiva\u00bb. Al respecto, la Fiscal\u00eda endilg\u00f3 que \u00abcon la suscripci\u00f3n de un contrato directo se le pretendi\u00f3 dar una apariencia de convenio de cooperaci\u00f3n\u00bb, lo cual no encuentra asidero en el \u00abart\u00edculo 13 de la ley 80 de 1993, bajo el entendido que eran recursos de empr\u00e9stitos o donaciones de organismos multilaterales o de asistencia y ayuda humanitaria, toda vez que se estaba frente a recursos de la misma administraci\u00f3n y en ese sentido, deb\u00eda aplicarse el estatuto general de contrataci\u00f3n\u00bb. En ese orden, resalt\u00f3 que \u00abse est\u00e1 frente a un verdadero contrato estatal financiado con recursos p\u00fablicos, para lo cual deb\u00edan agotarse los tramites se\u00f1alados en la ley vigente, toda vez que se logr\u00f3 demostrar que lo realizado por la SECAB fue una intermediaci\u00f3n para el manejo de recursos p\u00fablicos\u00bb. Actuaci\u00f3n en la que particip\u00f3 la acusada y su defensa, el Ministerio P\u00fablico y el municipio de Neiva1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva -con sentencia del 11 de octubre de 2021- resolvi\u00f3 \u00abcondenar a Cielo Gonzalez Villa [\u2026] a las penas principales de [\u2026] 48 meses de prisi\u00f3n, [\u2026] 50 s.m.l.m.v. de multa y [\u2026] 60 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas en calidad de autora responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que tipifica y sanciona el art\u00edculo 410 del C\u00f3digo Penal\u00bb, y, le concedi\u00f3 \u00aba la sentenciada la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n que trata el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Penal, en la forma y t\u00e9rmino expuestos en la parte motiva de esta sentencia\u00bb2. Inconforme con lo decidido, la defensa interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El Tribunal de Neiva -con fallo del 14 de diciembre de 2022- dispuso \u00abconfirmar la sentencia [\u2026] a trav\u00e9s de la cual fue condenada Cielo Gonz\u00e1lez Villa como autora responsable del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tipificado en el canon 410 del C.P.\u00bb3. Frente a lo suscrito, la actora impetr\u00f3 remedio extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal -con auto del 9 de agosto de 2023- determin\u00f3 \u00abinadmitir la demanda de casaci\u00f3n formulada por el apoderado de Cielo Gonz\u00e1lez Villa, contra la sentencia del 14 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que la conden\u00f3 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb4. Contra ello, la recurrente present\u00f3 \u00abrecurso de insistencia\u00bb ante la Procuradur\u00eda Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con fundamento en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 20045. <\/p>\n
2.5. La Procuradur\u00eda Delegada -con prove\u00eddo del 6 de septiembre de 2023- decret\u00f3 abstenerse de acceder a la petici\u00f3n elevada por cuanto la misma es \u00abimprocedente y no existe m\u00e9rito para acudir al mecanismo de insistencia [\u2026] para que su demanda sea admitida\u00bb6. <\/p>\n
2.6. La gestora censura las sentencias proferidas y el auto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n. Lo anterior, pues estima que los juzgadores de instancia se equivocaron en la tipificaci\u00f3n del delito y la sanci\u00f3n impuesta. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que se desconoci\u00f3 por parte de la homologa penal de esta Corporaci\u00f3n la \u00abprohibici\u00f3n de fallar de fondo en autos inadmisorios en sede de casaci\u00f3n\u00bb, dado que lo resuelto vulner\u00f3 \u00ablo establecido en la sentencia SU-296\/2020, y procedi\u00f3 (contrario a la obligaci\u00f3n all\u00ed establecida) a decidir de fondo sobre el asunto en un auto inadmisorio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. Por tanto, considera que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo por \u00abausencia de motivaci\u00f3n, que establece y desarrolla la sentencia SU-296\/2020\u00bb. Por \u00faltimo, indica un \u00aberror de prohibici\u00f3n\u00bb, dado que las \u00abdecisiones sobre la responsabilidad de Cielo Gonz\u00e1lez Villa dejaron este asunto en punto a la confirmaci\u00f3n o exclusi\u00f3n del dolo, aunque realmente no hacen un an\u00e1lisis del mismo, pero de haberlo hecho es claro que se ocuparon del tema como si se tratase de un error de tipo, es decir como un asunto que hizo parte del an\u00e1lisis de tipicidad y se desconoci\u00f3 que ese es un aspecto que tiene que ver es con la culpabilidad, con la consciencia de antijuridicidad\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se declare la cesaci\u00f3n de \u00abefectos jur\u00eddicos de las providencias: i) de 11 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva [\u2026]; (ii) de 14 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal [\u2026] de Neiva [\u2026]\u00bb. Asimismo, se decrete \u00abla cesaci\u00f3n de efectos jur\u00eddicos de la providencia de 9 de agosto de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. Lo anterior, de conformidad con \u00abel precedente establecido por la SU-296\/2020 [\u2026] y lo demostrado en esta acci\u00f3n de tutela, se ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ajustar el proceso penal de conformidad con las garant\u00edas constitucionales alegadas, para proceder a dar tr\u00e1mite al recurso extraordinario interpuesto, toda vez que su actuaci\u00f3n se concret\u00f3 en un an\u00e1lisis y pronunciamiento de fondo sobre los cargos planteados en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 lo tramitado y decidido en esa sede y se\u00f1al\u00f3 que se remite \u00aba su contenido, dado que, en t\u00e9rminos generales, lo sustentado en la acci\u00f3n constitucional fue planteado ante es[a] instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal de Neiva solicit\u00f3 negar el amparo por cuanto indic\u00f3 que lo pretendido por la censora \u00abes revertir las decisiones impartidas [\u2026] presentando para ello hechos y circunstancias que no se desprenden de los elementos de prueba aterrizados en la actuaci\u00f3n, incluso, reiterando los que al parecer fueron expuestos ante el superior, analizados en la demanda inadmitida\u00bb. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que las decisiones atacadas \u00abno incurren en v\u00edas de hecho constitutivas de nulidad alguna, al contrario, se profirieron con fundamento en normas legales\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva refiri\u00f3 sobre lo acontecido en el sub examine y requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente causa, pues \u00abno se le ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se refiri\u00f3 frente a cado uno de los cargos impetrados en la demanda de casaci\u00f3n y resalt\u00f3 que en el an\u00e1lisis de los mismos \u00abno se viol\u00f3 derecho fundamental alguno, y que por el contrario la decisi\u00f3n [de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia] estuvo debidamente motivada\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Delegada ante la Sala Penal de la Corte manifest\u00f3 no se \u00abhan transgredido en ning\u00fan momento los derechos fundamentales del accionante conforme a los argumentos expuestos en el auto inadmisorio y en la respuesta a la solicitud de insistencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
6. El municipio de Neiva solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por no advertirse infracci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales alegadas, adem\u00e1s de que ha \u00abexistido garant\u00eda del derecho a la asistencia jur\u00eddica cualificada durante la investigaci\u00f3n y juzgamiento escogida por la procesada [\u2026], la cual fue activa, enterada de cada decisi\u00f3n judicial, la cual present\u00f3 las pruebas y los recursos que proced\u00edan en cada estadio procesal [\u2026]\u00bb <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, y escrutado el material probatorio, esta Sala considera que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez la determinaci\u00f3n fustigada no se advierte irrazonable. Por lo que viene <\/p>\n
2. Ciertamente, la Sala advierte que la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n -con prove\u00eddo del 9 de agosto de 2023- inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada por la censora. Para ello, expuso sus razonamientos de cara a cada uno de los 4 cargos propuestos. <\/p>\n
2.1. Frente al primero, el cual tuvo sustento en el numeral 3\u00b0 de la Ley 600 de 2000, indic\u00f3 que la recurrente alude a las irregularidades en dos motivos diversos \u00abla falta de competencia del Fiscal 12 Seccional de Neiva, para continuar el adelantamiento de la instrucci\u00f3n a pesar del fuero constitucional adquirido por la funcionaria; y, la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales de la procesada, por la falta de investigaci\u00f3n integral, en tanto, la instrucci\u00f3n fue surtida en un tiempo superlativamente corto, sin dar la oportunidad de practicar, en su totalidad, las pruebas aducidas durante la indagatoria\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en relaci\u00f3n con el primer reparo, se\u00f1al\u00f3 que la instituci\u00f3n del fuero se encuentra definida por la Constituci\u00f3n y la ley. Postulado que estudi\u00f3 conforme a su tipolog\u00eda y al momento en que comienza dicha calidad para las personas. Frente a ello, asever\u00f3 que \u00aben raz\u00f3n del cambio de jurisprudencia de esta Corte, el conocimiento para conocer del asunto reca\u00eda en el Fiscal General de la Naci\u00f3n \u2013art\u00edculo 115.1 de la C.N- o un Fiscal Delegado ante esta Sala, a partir del 12 de noviembre de 2011, cuando a la funcionaria se le expidi\u00f3 la credencial que la acreditaba con el fuero de gobernadora\u00bb. Precisamente, manifest\u00f3 que en \u00ablugar de ello, el Fiscal 12 Seccional de Neiva profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de 12 de diciembre de 2011, a trav\u00e9s de la cual no repuso su propia decisi\u00f3n del 10 de noviembre, en la que cerr\u00f3 la fase de instrucci\u00f3n. Despu\u00e9s de emitir el acto en cuesti\u00f3n, con fecha del 28 de enero de 2012, procedi\u00f3 a remitir el asunto al funcionario competente, raz\u00f3n por la que, en criterio de la defensa, la actuaci\u00f3n estar\u00eda viciada desde que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, inclusive\u00bb. Y mencion\u00f3 que si bien, \u00abes nula la actuaci\u00f3n del funcionario que, sin ser competente para ello, asuma el conocimiento de una actuaci\u00f3n o adopte decisiones propias de otro funcionario\u00bb, tambi\u00e9n lo es que \u00abel recurso de reposici\u00f3n resuelto por el Fiscal 12 Seccional, no conspira o socava las bases del juicio\u00bb. Por tanto, discurri\u00f3 que \u00abla presunta irregularidad no alcanza una entidad tal que genere la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal, en tanto, se verifica que ello no socava las bases de la instrucci\u00f3n o el juzgamiento, ni tampoco desquicia en sus fundamentos el principio del juez natural, pues, cabe repetir, la intervenci\u00f3n del fiscal anterior no solo es explicable dentro de los par\u00e1metros del proceso penal, sino que se ofrece intrascendente, de cara a la actividad consecuencial realizada -resolver el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el cierre de investigaci\u00f3n- y a la naturaleza protectora del fuero. Conclusi\u00f3n a la que arrim\u00f3 con fundamento en el an\u00e1lisis de lo suscrito en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, precedentes de esa autoridad y de esta Corporaci\u00f3n, as\u00ed como de doctrina comparada. <\/p>\n
En orden con el segundo cuestionamiento, reliev\u00f3 que \u00abse puede pregonar que en sede de esa tramitaci\u00f3n sea imperativo para la fiscal\u00eda recoger todos y cada uno de los elementos de juicio que se ofrezcan pertinentes, pues, del funcionario se obliga cerrar la investigaci\u00f3n cuando cuente con los elementos necesarios para calificar el m\u00e9rito del sumario, pues, precisamente para salvaguardar algunos principios que con timidez asoman en esa normatividad, se espera que ante el juez del caso se practiquen pruebas, las cuales pueden ser pedidas por la defensa, si estima que el tr\u00e1mite instructivo fue corto o no le permiti\u00f3 hacerlo\u00bb. Si bien ello es as\u00ed, acot\u00f3 que en el caso, \u00abla apertura formal de la investigaci\u00f3n -16 de agosto de 2011-, objeto de este proceso, se produjo con ocasi\u00f3n de la compulsa de copias que dispuso el fiscal investigador, dentro de la indagaci\u00f3n que adelantaba en virtud a la denuncia presentada, el 9 de agosto de 2010 (caso 201000151), por presuntas irregularidades en el \u201cReservorio de Aguas\u201d, realizado por las empresas p\u00fablicas de Neiva, y donde, acorde con el programa metodol\u00f3gico dispuesto por el fiscal investigador, se lograron obtener elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica, que llevaban a considerar posibles anomal\u00edas acaecidas en vigencia de la Ley 600 de 2000, \u201cen lo relacionado con el Convenio de Cooperaci\u00f3n y Asistencia T\u00e9cnica suscrito en Abril de 2005, por la entonces alcaldesa de Neiva Cielo Gonz\u00e1lez Villa\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.2. Tocante con el segundo cargo propuesto -por la v\u00eda directa-, pues se estim\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 9, 10, 11, 12, 29 y 410 del C\u00f3digo Penal y se dejaron de aplicar los c\u00e1nones 294 de la Constituci\u00f3n y 7 y 382 de la Ley 600 de 2000. Ello, dado que aludi\u00f3 que la censora condena que se desconoci\u00f3 \u00abque para la fecha de los hechos se autorizaba la suscripci\u00f3n de convenios de cooperaci\u00f3n internacional, conforme lo establec\u00eda el art\u00edculo 13 de la Ley 80 de 1993 -cuya exequibilidad fue declarada mediante la C-249 de 2004-, que permit\u00eda a las entidades p\u00fablicas contratar de forma directa, sin remitir al principio de selecci\u00f3n objetiva\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la Sala consider\u00f3 que \u00abla interpretaci\u00f3n realizada por la defensa en torno a que la funcionaria no incurri\u00f3 en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a m\u00e1s que actu\u00f3 convencida de aplicar correctamente el sentido del inciso 4 del art\u00edculo 13 de la Ley 80 de 1993, su Decreto reglamentario 2166 de 2004, y la sentencia C-249 de 2004, apenas representa persistir en su postura, definida desde el juicio, que ha sido ampliamente debatida y desechada por las instancias con argumentos serios y suficientes, sin que ahora, bajo similar argumentaci\u00f3n, ense\u00f1e que de verdad los sentenciadores se equivocaron en el an\u00e1lisis de lo que las normas sustanciales contienen\u00bb. Asimismo, expuso que \u00abcuando se vale de la causal de violaci\u00f3n directa para persistir en la presunta ocurrencia de un yerro exculpatorio, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 32, numeral 10, de la Ley 599 de 2000 \u2013por haber obrado con error invencible-, pasa por alto que ello tambi\u00e9n fue examinado y rechazado por los jueces ordinarios\u00bb. Y, resalt\u00f3 que existi\u00f3 un \u00abclaro desconocimiento de la naturaleza del recurso extraordinario de casaci\u00f3n e, incluso, desvirtuando la esencia de la causal aducida, pues, en estricto sentido, lo que discute no es que se dejara de aplicar la norma en la cual se fija la eximente planteada, o que se leyera esta de forma inadecuada, sino que no se tuvieran en cuenta los hechos en los cuales busca fundar su existencia\u00bb. <\/p>\n
2.3. En cuanto al tercer cargo propuesto, relativo con que los juzgadores de instancia \u00abincurrieron en falsos juicios de existencia y de identidad, al momento de examinar el contenido objetivo de los medios recopilados en el juicio\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel recurrente no acredit\u00f3 la efectiva materialidad de dos especies de error. En lugar de ello, elabor\u00f3 su propia e interesada valoraci\u00f3n de los diferentes medios de prueba, en procura de que la Sala acoja su ejercicio estimativo como de mejor factura al plasmado en los fallos de instancia, fin absolutamente ajeno al recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. Ello, por cuanto precis\u00f3 que examinadas las sentencias \u00abde instancia, en tanto unidad jur\u00eddica inescindible, [\u2026] que la discusi\u00f3n sobre la materialidad del tipo penal se dirigi\u00f3, precisamente, a definir la ostensible falta de requisitos que permitieran suscribir el convenio de cooperaci\u00f3n internacional, mismo que, acorde con el art\u00edculo 13.4 de la Ley 80 de 1993 y la sentencia C-239 de 2006, solo pod\u00eda tener cabida \u201csi los recursos con los cuales se pretend\u00eda desarrollar la labor proven\u00edan del organismo internacional y no del tesoro p\u00fablico\u201d\u00bb. Igualmente, indic\u00f3 que lo acotado por la demandante en casaci\u00f3n \u00abresulta un contrasentido que ahora se diga por el censor, que se requer\u00eda establecer cu\u00e1l era la m\u00ednima cuant\u00eda para contratar, buscando descartar el elemento objetivo del tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cuando lo cierto es que, se insiste, la controversia ante las instancias oper\u00f3 respecto de los requisitos para contratar, en trat\u00e1ndose de un convenio internacional\u00bb. Asimismo, destac\u00f3 que lo \u00abpropuesto, se opone al cargo formulado, porque, si en realidad se trataba de un contrato de m\u00ednima cuant\u00eda, ninguna dificultad hubiere encontrado la funcionaria para contratar de manera directa con la SECAB, pues, el convenio de cooperaci\u00f3n no incid\u00eda en nada para eludir la licitaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb. Por \u00faltimo, sostuvo en referencia, que \u00abno se haya tra\u00eddo al proceso una certificaci\u00f3n o norma expresa en la cual se fijen los rangos de m\u00ednima, menor y mayor cuant\u00eda, resulta un aspecto intrascendente para la definici\u00f3n concreta del tema, en tanto, gracias a la prueba recaudada, en particular, el conocimiento que como ordenadora del gasto ten\u00eda sobre el asunto la acusada, fue ella directamente la que entreg\u00f3 el dato requerido para el efecto\u00bb. <\/p>\n
2.4. Y, en relativo con el cuarto cargo, de entrada, refiri\u00f3 que cuando \u00abel error alegado lo es el de falso raciocinio, adem\u00e1s de aceptarse que la prueba no es tarifada y que fue allegada con sujeci\u00f3n a las ritualidades que la gobiernan, el desacierto no se concreta en la aprehensi\u00f3n de su contenido objetivo, sino que recae en las deducciones hechas a partir de su fidedigna literalidad, cuando dichas inferencias desconocen los postulados de la sana cr\u00edtica (leyes de la ciencia, reglas de la l\u00f3gica, o m\u00e1ximas de la experiencia)\u00bb. Por tanto, discurri\u00f3 que \u00abtal especie de vicio le corresponde al censor desarrollar una dial\u00e9ctica orientada a ense\u00f1ar cu\u00e1l fue la ley de la ciencia, regla l\u00f3gica o m\u00e1xima de la experiencia equivocadamente empleada por el funcionario, y cu\u00e1l es la que acertadamente corresponde utilizar, con el fin de arribar a una conclusi\u00f3n jur\u00eddica correcta y favorable a sus intereses\u00bb. Por ello, aludi\u00f3 que corresponde \u00abal demandante ilustrar c\u00f3mo los respectivos desaciertos fueron determinantes de una conclusi\u00f3n jur\u00eddica equivocada, en la medida en que, la correcci\u00f3n de tales falencias y la nueva valoraci\u00f3n de esas pruebas, en conjunto y de manera racional, lleve a una soluci\u00f3n favorable a la parte que alega los vicios\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00abinsiste el libelista, como si se tratara de una segunda instancia, que no existe prueba legalmente practicada que demuestre que la funcionaria actu\u00f3 con conocimiento y voluntad de que pasaba por alto preceptos normativos propios de la contrataci\u00f3n estatal, por lo que, agrega, es plausible reconocer en su favor la tesis del error invencible\u00bb. Al respecto, indic\u00f3 que esa forma \u00abde argumentar desconoce que en este asunto la declaraci\u00f3n de responsabilidad, en consonancia con la acusaci\u00f3n, se sustent\u00f3 por las instancias en la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de convicci\u00f3n, los cuales las llevaron a precisar que la funcionaria actu\u00f3 con dolo y no bajo ninguna causal de ausencia de responsabilidad, menos, que se encontrare inmersa en un error excusable al momento de suscribir el convenio de cooperaci\u00f3n\u00bb. En esa l\u00ednea, expuso que \u00abcontrario a lo esbozado por el letrado, las instancias s\u00ed analizaron los testimonios de Jos\u00e9 Nelson Polan\u00eda Tamayo, Martha Cecilia Abella de Fierro y Jorge Pino Ricci, en su orden, jefes de la oficina jur\u00eddica y de contrataci\u00f3n de la alcald\u00eda de Neiva, as\u00ed como lo expuesto por el abogado externo, salvo que, a diferencia de la pretensi\u00f3n del deponente, consideraron los jueces que resultaba evidente el actuar doloso de la funcionaria, dirigido a obviar la licitaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb. Y, cit\u00f3 lo referente a lo aludido en las sentencias de instancia. <\/p>\n
Sobre el aspecto en cuesti\u00f3n, explic\u00f3 que las \u00abm\u00e1ximas de la experiencia son premisas cuyo fundamento cognoscitivo se construye a partir de patrones de comportamiento v\u00e1lidos con pretensiones de generalidad en un contexto sociohist\u00f3rico espec\u00edfico, los cuales se verifican previsibles y homog\u00e9neos, dada su repetici\u00f3n\u00bb. Frente a ello, sostuvo que se viene insistiendo en que \u00abno cualquier premisa expresada en t\u00e9rminos de intuici\u00f3n u opini\u00f3n puede ser postulada como paradigma a ser atendido por los juzgadores en el ejercicio de la valoraci\u00f3n probatoria, de manera que, debe estar edificada en el ordinario devenir de los acontecimientos de la vida en sociedad y tener una base general y abstracta. Corresponde, entonces, a la ense\u00f1anza adquirida por el uso, la pr\u00e1ctica o el diario vivir, admitida por un conglomerado social que se desenvuelve en similares circunstancias de tiempo, modo y lugar\u00bb. As\u00ed las cosas, bajo el an\u00e1lisis integral de las pruebas, la Ley 80 de 1993, la sentencia C-249 de 2004 y el precedente de esa Corporaci\u00f3n, concluy\u00f3 que desde \u00abesa \u00f3ptica, la afirmaci\u00f3n planteada por la defensa no ata\u00f1e propiamente a una regla de experiencia, pues, no satisface criterios de universalidad, previsibilidad y homogeneidad, dado que, en materia de contrataci\u00f3n estatal no son las opiniones de expertos los que regulan la forma en que se contrata, sino la Constituci\u00f3n, la Ley y la jurisprudencia\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abcomo lo advirtieron las instancias, que no fue la SECAB el ente que, finalmente, desarroll\u00f3 el objeto del contrato, en tanto, subcontrat\u00f3 con ESSERE LTD, situaci\u00f3n que, en oposici\u00f3n con lo advertido por la defensa, se alza de gran trascendencia, dado que verifica c\u00f3mo el organismo internacional oper\u00f3 como innecesario y costoso intermediario -especie de administrador del dinero estatal-, sin posibilidad de adelantar el objeto contratado, con sus propios equipos, personal y medios en general\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, no emerge el defecto enrostrado con capacidad de estructurar la v\u00eda de hecho sostenida por el censor. Ello, pues para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada, it\u00e9rese, no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Lo anterior, dado que fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial frente a lo propuesto en la demanda extraordinaria. Ciertamente, la determinaci\u00f3n dictada en sede de casaci\u00f3n, agot\u00f3 un an\u00e1lisis integral -procesal y sustancial- de cara a cada uno de los cargos propuestos. Ello, en relaci\u00f3n con: (I) el fuero de la autoridad que investig\u00f3 y el tiempo que la misma dispuso para la instrucci\u00f3n. (II) las disposiciones sustanciales que se consideraron vulneradas. (III) los falsos juicios de existencia y de identidad frente a los medios de prueba recaudados y, (IV) relativo a un falso raciocinio de las pruebas. Precisamente, la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, abord\u00f3 cada uno de los defectos de t\u00e9cnica que hac\u00edan improcedente admitir la demanda impetrada7. Y, de igual forma, expuso aspectos de fondo que de su an\u00e1lisis -en sede constitucional- solo demuestran que se desarroll\u00f3 un estudio mucho m\u00e1s pormenorizado que instituye garant\u00edas para un mejor proveer, en armon\u00eda con los principios de celeridad, imparcialidad, eficiencia y tutela judicial efectiva, todo ello, en pro de los derechos de las partes, lo cual, no puede significar de manera alguna, la configuraci\u00f3n de un defecto. <\/p>\n
Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de juzgador de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab001SP007SentenciaCondenatoria\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab2015 000175 02 Cielo Gonzalez \u2013 Contrato sin cumplimiento requisitos legales – Confirma Condena\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab63700 -Casaci\u00f3n-Inadmite\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 a 20 del archivo PDF \u00ab5. 20230394600 Cielo Gonzalez Villa. Anexos\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Folios 21 a 26. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 La jurisprudencia de la Sala especializada y reiterado por esta Corporaci\u00f3n ha indicado que \u00abtambi\u00e9n es oportuno recordar que cualquiera que sea la causal invocada, la demanda de casaci\u00f3n no es un escrito de libre elaboraci\u00f3n en tanto debe cumplir con los requisitos establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, esto es, en esencia, citar las normas que se consideren infringidas, determinar la clase de quebrantamiento, indicar los fundamentos completos con claridad, precisi\u00f3n y l\u00f3gica, en armon\u00eda con la naturaleza del vicio reprochado, adem\u00e1s de demostrar la trascendencia del yerro en la decisi\u00f3n, as\u00ed como sustentar en cargos separados cada uno de los reparos de los que se acusa a la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En efecto, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue instituido como medio de control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores y, como lo determina el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, su finalidad es \u00abla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Las caracter\u00edsticas del recurso determinan la elaboraci\u00f3n de una demanda bajo los criterios t\u00e9cnicos decantados por la jurisprudencia, identificando claramente la causal o causales invocadas y efectuando un desarrollo argumentativo l\u00f3gico y coherente, que corresponda con los motivos y el sentido de la violaci\u00f3n invocada, as\u00ed como la clara demostraci\u00f3n de la necesidad de un nuevo fallo con el que se logre concretar alguna de las finalidades del recurso. Por ende, es un recurso rogado e interpuesto frente una sentencia que goza de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, respecto del cual el accionar de la Corte est\u00e1 limitado, en principio, s\u00f3lo a las causales alegadas por el demandante\u00bb (STC13998-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11759-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11759-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03946-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cielo Gonz\u00e1lez Villa contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76915","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76915"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76915\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}