STC11860-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11860-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04025-00 y 11001-02-03-000-2023-04106-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Henry Mauricio Rodr\u00edguez Botero1, Guillermo Prospero Castillo Vallecilla y Nelson Guti\u00e9rrez Tejero instauraron contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, extensiva a los intervinientes en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n con rad. 2017-00794-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas pretenden a trav\u00e9s del presente mecanismo que se deje sin valor ni efecto la sentencia que revoc\u00f3 la Resoluci\u00f3n que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en su contra (29 mar. 2023). <\/p>\n
En sustento de lo anterior adujeron que hac\u00edan parte de la Primera Brigada de Infanter\u00eda de Marina; que por cuenta del deceso del se\u00f1or Omar Z\u00fa\u00f1iga V\u00e1squez (q.e.p.d.) en hechos acaecidos en el municipio de San Jacinto \u2013 Bol\u00edvar (1\u00ba jun. 1992), de un lado, el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar declar\u00f3 responsable administrativa y patrimonialmente a la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Defensa Nacional, y de otro, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n que se formul\u00f3 en su contra por los delitos de homicidio agravado y tortura, as\u00ed mismo, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n oficiosa por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (25 jun. 2012). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que por la \u00faltima determinaci\u00f3n la progenitora de la v\u00edctima demand\u00f3 al estado Colombiano ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos; y por un \u00ab\u201cACUERDO\u201d de \u201cSOLUCI\u00d3N AMISTOSA\u201d\u00bb celebrado entre las partes la Procuradora 161 Judicial II Penal de Bogot\u00e1, formul\u00f3 demanda de revisi\u00f3n contra la citada decisi\u00f3n, tr\u00e1mite en el cual la Corporaci\u00f3n aludida, declar\u00f3 fundada la causal invocada y como consecuencia dej\u00f3 sin valor ni efecto lo dispuesto por el ente acusador; en su criterio \u00fanicamente se apel\u00f3 al mentado pacto y omiti\u00f3, no solo, que se trataba de una \u00absentencia absolutoria\u00bb que hizo tr\u00e1nsito a \u00abcosa juzgada\u00bb, sino, adem\u00e1s que no se estudiaron los diferentes medios de prueba recaudados ni que los t\u00e9rminos procesales precluyeron; as\u00ed mismo que con antelaci\u00f3n se concluy\u00f3 que \u00ablos hechos investigados no pod\u00edan calificarse como de graves violaciones de derechos humanos ni de lesa humanidad\u00bb, sin contar que la decisi\u00f3n del Tribunal internacional no \u00abera vinculante\u00bb. <\/p>\n
2. La Magistrada Sustanciadora de la Colegiatura convocada precis\u00f3 que los hechos objeto de investigaci\u00f3n ocurrieron en 1992 calenda para la cual la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad, de all\u00ed que por el acuerdo suscitado en ese escenario resultaba procedente el mecanismo de la revisi\u00f3n; advirti\u00f3 que en las diligencias penales el actor cuenta con todas las garant\u00edas para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
La Jefe de la Unidad de Fiscal\u00edas Delegada ante el Tribunal Superior con sede en esta capital aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; el Fiscal 103 Especializado advirti\u00f3 que se trataba de delitos \u00abIMPRESCRIPTIBLES\u00bb y que tanto en la etapa de instrucci\u00f3n como en el juicio el actor cuenta con herramientas para su defensa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte (29 mar. 2023), en tanto es aquella la que finiquit\u00f3 definitivamente el mecanismo extraordinario de revisi\u00f3n; y estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada, se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la Corporaci\u00f3n aludida para declarar fundada la causal tercera de que trata el art\u00edculo 220 de la Ley 660 de 2000 y, por tanto, dejar sin efecto la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida contra los aqu\u00ed inconformes y otros, despu\u00e9s de citar in extenso jurisprudencia constitucional y ordinaria en relaci\u00f3n a los requisitos de que trata la causal invocada, esto es, que exista cesaci\u00f3n de la persecuci\u00f3n penal ejecutoriada, que los hechos investigados se refieran a infracciones a los derechos humanos y que una instancia internacional, aceptada por el Estado Colombiano, constate el incumplimiento del deber de investigar los sucesos, precis\u00f3 que <\/p>\n
Colombia reconoci\u00f3 expresamente su responsabilidad internacional en los hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos protegidos por la Convenci\u00f3n Americana de 1969 y cuyas v\u00edctimas fueron OMAR Z\u00da\u00d1IGA V\u00c1SQUEZ, AMIRA V\u00c1SQUEZ DE Z\u00da\u00d1IGA y sus familiares. A partir de ese reconocimiento, se lleg\u00f3 a un acuerdo de Soluci\u00f3n Amistosa entre el Estado colombiano y las v\u00edctimas ante la CIDH. All\u00ed, el Estado se comprometi\u00f3 expl\u00edcitamente a promover, por conducto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las acciones pertinentes para que se revisara la presente investigaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n pac\u00edficamente en decisiones anteriores (v.gr CSJ-SCP Revisi\u00f3n 30642 de 2012; ), es claro que este tipo de informes no son simples recomendaciones, sino decisiones de un \u00f3rgano internacional que contienen obligaciones claras y exigibles para el Estado en materia de derechos humanos respecto de las que el mismo se comprometi\u00f3, y por lo tanto, que pueden ser invocadas dentro de la causal de revisi\u00f3n contenida en el numeral 3 de art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 4 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, luego de referir las actuaciones que surtieron ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos CIDH y en especial la cl\u00e1usula 2\u00aa del informe de Soluci\u00f3n Amistosa, en donde la naci\u00f3n se comprometi\u00f3 a tomar una serie de \u00abmedidas de justica\u00bb en relaci\u00f3n a los sucesos, puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
dada la naturaleza vinculante de las obligaciones contenidas en el Informe de Soluci\u00f3n Amistosa precitado y que el acuerdo all\u00ed consignado a\u00fan se encuentra en etapa de verificaci\u00f3n en espera de que el Estado termine de cumplir todos los compromisos adquiridos -en especial, el tema relativo a las medidas de justicia-, como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad en hechos considerados violaciones de derechos humanos protegidos por la CADH, se concluye entonces que dicha decisi\u00f3n en concreto re\u00fane los requisitos exigidos por la causal de revisi\u00f3n invocada por el Ministerio P\u00fablico para dar inicio a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
De otra parte, respecto a la indagaci\u00f3n que adelant\u00f3 la Fiscal\u00eda, memor\u00f3 los hechos expuestos en la denuncia que formul\u00f3 la progenitora de la v\u00edctima mortal, los distintos medios de prueba, entre ellos, las declaraciones de los integrantes de la patrulla militar y la orden de operaciones; entonces destac\u00f3 que por ello el ente instructor acus\u00f3 al personal castrense de los punibles de tortura y homicidio agravado, conductas que de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional las catalog\u00f3 como \u00abuna grave violaci\u00f3n a los Derechos Humanos\u00bb; sin embargo, enfatiz\u00f3 que <\/p>\n
13 d\u00edas despu\u00e9s de haber calificado el m\u00e9rito del sumario e indicar que los delitos objeto de investigaci\u00f3n eran imprescriptibles, mediante resoluci\u00f3n del 25 de junio de 2012, de manera oficiosa, la Fiscal\u00eda decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, bajo el supuesto de que, a pesar de tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las conductas punibles est\u00e1n sometidas al principio de legalidad y, bajo ese entendido, se trataba de unos delitos a los que se les debe aplicar las reglas de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, en referencia a la labor investigativa y a los fines que le son propios adujo que <\/p>\n
est\u00e1n \u00edntimamente relacionados con el esclarecimiento de la verdad y la determinaci\u00f3n de los responsables de las infracciones penales, es claro que aquella debe ser vasta, completa, suficiente, rigurosa y sin dilaciones injustificadas. Solo una gesti\u00f3n instructiva, respetuosa de tales postulados, podr\u00eda garantizar una verdadera protecci\u00f3n judicial y los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
95.- En este caso, Colombia reconoci\u00f3 su responsabilidad internacional en los hechos cuyas v\u00edctimas fueron OMAR Z\u00da\u00d1IGA V\u00c1SQUEZ, AMIRA V\u00c1SQUEZ DE Z\u00da\u00d1IGA y sus familiares, por la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba, 7\u00ba, 8\u00ba, 22 y 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Derechos Humanos. Es por ello que, celebr\u00f3 un Acuerdo de Soluci\u00f3n Amistosa con las v\u00edctimas ante la CIDH, donde se comprometi\u00f3 entre otros, a promover, por conducto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las acciones pertinentes para que se revisara la presente investigaci\u00f3n. <\/p>\n
96.- Pese a que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tard\u00f3 m\u00e1s de 20 a\u00f1os en realizar las labores necesarias para concluir la etapa de investigaci\u00f3n, el 12 de junio de 2012, resolvi\u00f3 proferir resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n contra los aqu\u00ed procesados. Sin embargo (\u2026) de manera intempestiva y sorpresiva, 13 d\u00edas despu\u00e9s de haber calificado el m\u00e9rito del sumario, resolvi\u00f3 precluir la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, desconociendo incluso sus mismos precedentes en donde se hab\u00eda se\u00f1alado que por estar ante graves violaciones a los derechos humanos se trataba de unos delitos imprescriptibles. Tal actuaci\u00f3n, en palabras de la Corte IDH es constitutiva de la llamada \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que <\/p>\n
el reconocimiento de responsabilidad hecho por el Estado da cuenta, de manera incontrovertible, (a) de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en este asunto, que vulneraron las obligaciones establecidas en la CADH y (b) que la investigaci\u00f3n no se adelant\u00f3 con total respeto del derecho del debido proceso, pues se decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal dentro de un procedimiento que hasta el momento no ha sancionado a los responsables de los hechos objeto de investigaci\u00f3n, lo que motiv\u00f3 que el Estado se comprometiera a darle tr\u00e1mite a la presente acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
100.- En ese orden de ideas, (i) en aplicaci\u00f3n del principio del pacta sunt servanda seg\u00fan el cual las obligaciones que se desprendan de los tratados internacionales deben ser cumplidas de buena fe por los Estados contratantes, como en esta ocasi\u00f3n lo exige el cumplir con lo dispuesto en un Informe de Soluci\u00f3n Amistosa en los t\u00e9rminos de la CADH; y (ii) con ocasi\u00f3n al reconocimiento de responsabilidad hecho por Estado colombiano y al compromiso suscrito ante la CIDH registrado en el Informe de Soluci\u00f3n Amistosa n.\u00b0 67\/16 del 30 de noviembre de 2016, emitido dentro del caso n.\u00b0 12541, la Sala declarar\u00e1 fundada la causal de revisi\u00f3n invocada y adoptar\u00e1 una serie de decisiones frente al proceso penal (\u2026). <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y las normas aplicables al asunto, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos, se advierte que la puntal materia se analiz\u00f3 conforme la normatividad especial que rige el recurso extraordinario de revisi\u00f3n y la causal invocada. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los tratados internacionales ratificados por el Congreso tienen fuerza de ley. Por tanto, las estipulaciones de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, como tratado internacional revalidado por Colombia en la Ley 16 de 1972, forman parte del bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
En tal orden, las normas que consagran los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la citada Convenci\u00f3n tienen el mismo rango que las constitucionales y por tanto las decisiones que se susciten en el memorado escenario supranacional son vinculantes para todos los asociados; luego, resultaba ineludible para la Corporaci\u00f3n convocada la observancia de tal mandato, sin que ello implique para los aqu\u00ed actores el desconocimiento de las prerrogativas fundamentales, entre las que se destaca, la presunci\u00f3n de inocencia, pues, de una parte, en la citada decisi\u00f3n de manera alguna se juzg\u00f3 y conden\u00f3 su conducta, sino que, se advirti\u00f3 sobre el yerro procesal e incongruencia que se cometi\u00f3 al declarar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que se sigue en su contra, actuaci\u00f3n que s\u00ed afectaba los derechos de la denunciante, y de la otra, por la etapa en la que se encuentra el proceso judicial, cuentan con todas las herramientas establecidas por el legislador para procurar su defensa en las distintas etapas procesales. <\/p>\n
De manera que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela instada Henry Mauricio Rodr\u00edguez Botero y Guillermo Prospero Castillo Vallecilla. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El se\u00f1or Rodr\u00edguez Botero radic\u00f3 el amparo con rad. 2023-04025-00; en raz\u00f3n de que se cumplieron las previsiones del Decreto 1834 de 2015 y el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo General del Proceso el Mag. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo dispuso acumular dicho asunto a las presentes diligencias (20 oct. 2023). <\/p>\n
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STC11860-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11860-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04025-00 y 11001-02-03-000-2023-04106-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Henry Mauricio Rodr\u00edguez Botero1, Guillermo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76917\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}