STC11870-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11870-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02124-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Andrea Garc\u00eda Mart\u00ednez le formul\u00f3 a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, extensiva a los intervinientes en el proceso de \u00abprivaci\u00f3n de administraci\u00f3n de bienes\u00bb n\u00b0 11001-00-00-000-2023-00001-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista pidi\u00f3 que, en virtud de la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, \u00ablegitimidad\u00bb, a vivir una vida libre de violencia e igualdad, se deje sin valor la sentencia mediante la cual el juzgado le suspendi\u00f3 la administraci\u00f3n de los bienes de propiedad de sus dos menores hijos (25 oct. 2022 y 4 may. 2023), al igual que el veredicto emitido por el Tribunal, que ratific\u00f3 dicha providencia. <\/p>\n
Tras indicar que fue convocada para que se le privara de la administraci\u00f3n del Apartamento 101 y Garaje 102, ubicados en la Carrera 44 C No. 21-8 de esta ciudad, a nombre de sus descendientes en virtud de la donaci\u00f3n que su contradictor les hizo mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 2647 de 14 de noviembre de 2015, denunci\u00f3 que las determinaciones reprochadas incurrieron en varios defectos procedimentales, dejaron de lado las pautas que regulan la materia (defecto sustantivo), valoraron indebidamente las pruebas (defecto f\u00e1ctico) y desatendieron el \u00abprecedente\u00bb aplicable al caso. <\/p>\n
Sobre los defectos procedimentales, aleg\u00f3 que hubo incongruencia y el juez de primer grado decret\u00f3 unas pruebas de oficio que beneficiaron al demandante. <\/p>\n
En torno a la inconsonancia denunciada, indic\u00f3 que los falladores resolvieron de forma distinta a lo pedido en la demanda, sin estar habilitados para el efecto. Ello, porque, de un lado, no la privaron de la administraci\u00f3n de los predios, como se implor\u00f3 en el libelo, sino que se la suspendieron. Y, por otra parte, la facultad de los jueces de familia para resolver ultra y extra petita est\u00e1 reservada para \u00abcuando sea necesario brindarles protecci\u00f3n adecuada a los ni\u00f1os\u00bb, sin que en el proceso se hubiera demostrado que \u00ablos menores tuvieran alg\u00fan derecho amenazado, excepto la violencia que ejerce el progenitor contra [ella a trav\u00e9s de la instrumentalizaci\u00f3n y Manipulaci\u00f3n Parental que ejerce (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En torno al recaudo oficioso de pruebas, se\u00f1al\u00f3 que se viol\u00f3 el principio de igualdad de armas al decretar los testimonios de Yonatan Alexi Fajardo y Sof\u00eda Duarte Pedrozo, y pedir \u00abcertificaciones a la aseguradora Mapfre, al colegio Cedhu, a la administraci\u00f3n del conjunto la Pradera Club Residencial, entre otras. <\/p>\n
Respecto de la incursi\u00f3n en un defecto sustantivo anot\u00f3 que los art\u00edculos 307 y 291 del C\u00f3digo Civil no fueron aplicados adecuadamente. El primero porque la judicatura consider\u00f3 que ella era la administradora de los bienes sin tener en cuenta que, conforme a lo prescrito en dicha norma, para tener esa calidad se necesitaba de una delegaci\u00f3n por escrito. El segundo, debido a que, de acuerdo con su tenor literal, el padre no ten\u00eda derecho a la administraci\u00f3n que reclam\u00f3. <\/p>\n
En cuanto al defecto f\u00e1ctico, relat\u00f3 que los juzgadores concluyeron que ella era la administradora de los inmuebles y que hab\u00eda sido negligente al desempe\u00f1ar su labor, cuando sobre lo primero nada se dispuso en las escrituras p\u00fablicas de donaci\u00f3n y de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico, y hab\u00eda evidencia de que destin\u00f3 los rendimientos de los bienes a satisfacer las necesidades alimentarias de los ni\u00f1os. Precis\u00f3, igualmente, que no se valor\u00f3 que los predios tambi\u00e9n eran suyos, pues fueron adquiridos durante la uni\u00f3n marital de hecho que precedi\u00f3 al matrimonio cat\u00f3lico que celebraron los contendientes, y que por ello demand\u00f3 la nulidad absoluta de la donaci\u00f3n. Asimismo, denunci\u00f3 que la decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en las declaraciones de Juan Carlos Grisales Orjuela y Diana Mu\u00f1oz Castellanos, pese a que sus atestaciones no correspond\u00edan a la realidad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el desconocimiento del precedente, apunt\u00f3 que no se tuvo en cuenta las sentencias emitidas a su favor, en las cuales, aduce, fue \u00abreconocida como v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero\u00bb, y \u00absujeto de protecci\u00f3n reforzada\u00bb, como tampoco los lineamientos trazados por la jurisprudencia sobre el an\u00e1lisis de los casos con perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, destac\u00f3 tres providencias: i) el fallo dictado el 5 de febrero de 2019 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que le promovi\u00f3 al Juzgado Once de Familia de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de lo decidido sobre la custodia de sus hijos, en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos impulsado a favor de los menores1; ii) el veredicto emitido por esta Corporaci\u00f3n en el resguardo que le instaur\u00f3 a dicha Corporaci\u00f3n, en virtud de lo resuelto en el proceso que le instaur\u00f3 a su exc\u00f3nyuge para que se declarara que fue el responsable de la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico y, en consecuencia, estaba obligado a pagarle alimentos2; iii) la sentencia expedida por el Tribunal de Bogot\u00e1 en cumplimiento de la anterior providencia (4 feb. 2022)3. <\/p>\n
Tambi\u00e9n acot\u00f3 que en materia de pruebas, el juzgado de primer grado permiti\u00f3 que los testigos denigraran de ella, y \u00abse [le practic\u00f3 un segundo interrogatorio] para pedir[l]e pruebas de los pagos que reali[z\u00f3] para [sus] hijos cuando el progenitor dej\u00f3 m\u00e1s de 11 meses sin pagar cuotas alimentarias y yo no supe explicarlas en ese momento por la forma en que se me llama, bruscamente y con perjuicios estereotipadas\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala admiti\u00f3 el libelo (31 may. 2023), pero luego el Magistrado ponente de las diligencias, y los funcionarios Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, y Luis Alonso Rico Puerta manifestaron su impedimento para conocer del asunto, el cual no fue aceptado por la Sala de Conjueces (ATC1226 de 9 oct. 2023). A continuaci\u00f3n, se reanud\u00f3 el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3.- Las autoridades convocadas defendieron las determinaciones reprochadas y remitieron el enlace de acceso al expediente objetado. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Preliminarmente, la Sala advierte que circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n al veredicto emitido por la Corporaci\u00f3n enjuiciada, comoquiera que a trav\u00e9s de \u00e9l la judicatura defini\u00f3 la controversia, al igual que los reparos planteados por la censora, pues, en esencia, son una reproducci\u00f3n de los embates enfilados frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
3.- Pues bien, el Tribunal consider\u00f3 que era procedente suspender la administraci\u00f3n de la quejosa sobre el Apartamento 604 y Garaje 462, situados en la Carrera 77 No. 19-35 de Bogot\u00e1, porque consider\u00f3, en esencia, que los propietarios eran sus hijos, que ella la \u00abadministradora y usfructuaria\u00bb de los predios, y que no hab\u00eda sido diligente en el ejercicio de las funciones que esa calidad le impon\u00eda. <\/p>\n
La primera aserci\u00f3n la soport\u00f3 en que el padre de los menores les transfiri\u00f3 el derecho de dominio, a t\u00edtulo de donaci\u00f3n, mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 2647 de 14 de noviembre de 2015 de la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Sogamoso. <\/p>\n
Para atribuirle la condici\u00f3n de \u00abadministradora\u00bb dijo, con base en la lectura de los art\u00edculos 288, 291, 292, 295 y 296 del C\u00f3digo Civil, que la misma derivaba de la patria potestad que ejerc\u00eda respecto de los menores, por cuanto la misma, por mandato legal, \u00abcomprende tanto la representaci\u00f3n legal de sus menores hijos como la administraci\u00f3n y el usufructo de los bienes de \u00e9stos\u00bb, salvo prueba en contrario. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la peticionaria admiti\u00f3 dicha calidad al replicar la demanda, y la misma se corroboraba \u00ab(\u2026) con los oficios de petici\u00f3n, autorizaci\u00f3n y restricci\u00f3n de acceso a los inmuebles que obran en los folios de 72 a 80 del r\u00f3tulo 02 de la carpeta de cuaderno principal del expediente digital, entre de los que destaca el de 23 de julio de 2018 dirigido a la administraci\u00f3n del conjunto en los que de forma expresa afirma ser la \u00fanica due\u00f1a y poseedora de los bienes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, para inferir la \u00faltima tesis, relativa a la negligencia de la administraci\u00f3n de los predios, ense\u00f1\u00f3, por un lado, con estribo en el instrumento n\u00b0 297 de 15 de febrero de 2016, que la libelista y su convocante se \u00abcomprometieron a consignar los dineros producto del arrendamiento de los inmuebles, en las cuentas de ahorros de [los menores], los que solo se podr\u00edan utilizar o gastar y en general disponer de mutuo acuerdo, para pago de estudios y servicios de salud de los ni\u00f1os y para el sostenimiento del apartamento incluida la administraci\u00f3n, cuotas extraordinarias, impuesto predial y arreglos de mantenimiento o por deterioro, hecho que aparece probado plenamente\u00bb. Por otra parte, enfatiz\u00f3 en que as\u00ed no procedi\u00f3 la promotora, como daba cuenta la certificaci\u00f3n de la entidad financiera a donde deb\u00edan depositarse los dineros, sin que hubiese demostrado lo contrario. En este \u00faltimo sentido, destac\u00f3 que \u00abaunque trat\u00f3 de justificar el incumplimiento y logr\u00f3 soportar algunas cosas, como es el caso de los alimentos de los ni\u00f1os, sin que se avizore prueba que permita concluir que los dineros de los dep\u00f3sitos judiciales que se originaron en la obligaci\u00f3n alimentaria que fuere cubierta con el producto del arrendamiento, se hayan trasladado a la cuenta de los menores ya que como lo certifica Citybank Colombia S.A. ya que seg\u00fan oficio del 21 de septiembre de 2016, no se ha hecho ninguna consignaci\u00f3n a esas cuentas desde el 16 de febrero de 2015 y en cambio s\u00ed se reportaron retiros el 19 de febrero de 2016 por parte de la demandada. Tampoco se demostr\u00f3 que se hayan invertido los dineros en vivienda, educaci\u00f3n o salud de los ni\u00f1os, mantenimiento de los inmuebles o que el usufructo haya beneficiado [al padre], m\u00e1s si se tiene en cuenta que los menores desde mayo de 2017 est\u00e1n bajo la custodia y tenencia de su padre, la que mediante sentencia del 27 de febrero de 2019 fue ratificada por el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, la determinaci\u00f3n reprochada se edific\u00f3 en las pautas que rigen el debate y las probanzas practicadas en el proceso. <\/p>\n
4.- Ahora, como arriba se anunci\u00f3, los reproches enfilados contra lo resuelto devienen inf\u00e9rtiles. <\/p>\n
4.1.- Ausencia de los vicios procedimentales (inconsonancia y decreto oficioso de pruebas). <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a la incongruencia denunciada, el Tribunal advirti\u00f3 que si bien el fallador de primer grado resolvi\u00f3 de forma distinta a la reclamada en la demanda, indic\u00f3 que el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso lo facultaba para el efecto, pues a su tenor, \u00aben los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultra-petita y extra-petita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente (\u2026)\u00bb. Por ese camino, denot\u00f3 que, aunque el a quo descart\u00f3 la viabilidad de la pretensi\u00f3n dirigida a privar a la censora de la administraci\u00f3n de los bienes, por no haberse demostrado que actu\u00f3 con dolo en el desarrollo de su labor, consider\u00f3 que al comprobarse que obr\u00f3 con culpa, era necesario proteger los intereses patrimoniales de los menores, suspendiendo el rol de administradora de la tutelante. Todo, a fin de que los recursos que les pertenecen se destinaran efectivamente para sus necesidades, como se convino en la escritura n\u00b0 297 de 15 de febrero de 2016. <\/p>\n
Respecto al decreto oficioso de pruebas, la protesta carece del requisito de subsidiariedad, toda vez que el juez plural no se refiri\u00f3 a este t\u00f3pico al sentenciar la causa; sin embargo, la interesada no pidi\u00f3 la adici\u00f3n del fallo, conforme lo dispone el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando la sentencia omita resolver cualquiera de los extremos de litis o sobre cualquier otro punto de que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o solicitud de parte presentada en la misma oportunidad\u00bb. <\/p>\n
Con todo, mal puede reprocharse en este asunto el recaudo oficioso de pruebas, y menos argumentarse, para el efecto, la ruptura de la \u00abigualdad de armas\u00bb, cuando se trata de un asunto impulsado a favor de menores de edad, sujetos de especial protecci\u00f3n, en el que el juzgador est\u00e1 obligado a adoptar las medidas que estime necesarias en virtud de su inter\u00e9s superior, entre ellas, por supuesto, la de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
En ese sentido la Sala ha enfatizado en que: <\/p>\n
Respecto de estos grupos de personas y en particular de los menores de edad, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. (\u2026). (CSJ STC8552-2022, entre otras). <\/p>\n
4.2.- Inexistencia del defecto sustantivo. <\/p>\n
Seg\u00fan se indic\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, la calidad de administradora la dedujo la Corporaci\u00f3n de Bogot\u00e1 del hecho de que la reclamante detentaba, junto al progenitor de los menores, la patria potestad. Del mismo modo, sostuvo que los art\u00edculos 307 y 291 del C\u00f3digo Civil no exclu\u00edan dicha hermen\u00e9utica, pues de ellos no se infer\u00eda que dicha condici\u00f3n deb\u00eda otorg\u00e1rsela el padre por escrito, quien don\u00f3 los inmuebles y estaba legitimado para emprender acciones con miras a proteger el patrimonio de los hijos en com\u00fan. <\/p>\n
As\u00ed tras citar los art\u00edculos 288, 298, 291 y 307 del C\u00f3digo Civil, los cuales definen la patria potestad, la responsabilidad de los padres frente a la administraci\u00f3n de los bienes del hijo, reglas sobre el usufructo de \u00e9stos por los padres, entre ellas, que es ejercida conjuntamente por ambos, y la posibilidad de que uno delegue al otro el mismo, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
2.2.5.- Atendiendo las normas anotadas y a los reparos respecto de la medida adoptada por la Juez Tercera Promiscuo de Familia de Sogamoso, en el ordinal cuarto de la sentencia apelada, tenemos que el recurrente fundamenta su recurso esencialmente en la supuesta omisi\u00f3n de las disposiciones contenidas en el numeral 2 del art\u00edculos 291 y 307 del C\u00f3digo Civil, a partir de lo cual afirma que la demandada nunca ha ostentado la calidad de administradora, en tanto no se ha designado por escrito como tal y en consecuencia es il\u00f3gico sustraerla de una calidad que no tiene, aunado a que la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del acuerdo de cuota de alimentos que consta en la escritura n\u00famero 297 del 15 de febrero de 2016 de la Notaria 3\u00aa de Sogamoso11 (P\u00e1g. 6 -10), no sustituye ni suple el requisito aludido en el ya mencionado art\u00edculo 307. <\/p>\n
2.2.6. El anterior argumento se supera en primer lugar, con el hecho de que la demandada (\u2026) es la madre de los menores (\u2026), de manera que en virtud de la patria potestad que le reconoce el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil y tambi\u00e9n al actor, la cual de acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 291, 292, 295 y 296 de la misma codificaci\u00f3n, comprende tanto la representaci\u00f3n legal de sus menores hijos como la administraci\u00f3n y el usufructo de los bienes de \u00e9stos, y valida su calidad de administradora, entendi\u00e9ndose entonces que el argumento de la necesidad de la orden \u201cescrita\u201d en la que se asigne, no es de recibo, ya que la delegaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo Civil, es facultativa respecto del padre que voluntaria y expresamente quiera delegar la administraci\u00f3n de los bienes de los menores sobre el otro, existiendo una presunci\u00f3n de hecho, sin que la ausencia de ello implique eximente alguno de la responsabilidad que como madre de los menores le asiste a la demandada respecto de los actos de administraci\u00f3n que efectivamente haya ejercido y ejerza, como equivocadamente sugiere el apelante, menos en tanto, dicha administraci\u00f3n tiene vocaci\u00f3n de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de menores a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
4.3.- Ausencia del defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual la libelista era la administradora de los inmuebles se estructura, como se anot\u00f3, en las normas aplicables al caso y las evidencias que revelaban que ella ten\u00eda esa calidad, es decir, se trata de una tesitura que tiene respaldo legal y probatorio. <\/p>\n
Lo mismo se predica respecto de la negligencia que se le atribuy\u00f3, por cuanto se comprob\u00f3 que la reclamante no destin\u00f3 la renta percibida de los predios a las cuentas bancarias a nombres de los menores de edad, como se hab\u00eda pactado en el convenio a trav\u00e9s del cual los padres trazaron los t\u00e9rminos en que ejercer\u00edan sus roles como padres. Por otro lado, no es cierto que se haya dejado de lado que ella destin\u00f3 parte de esos dineros a alimentos, pues, como lo adujo la accionante, su contradictor dej\u00f3 de suministrarlos algunos meses despu\u00e9s de la ruptura civil4, s\u00f3lo que el juez plural consider\u00f3 que ese alegato no descartaba la indebida administraci\u00f3n por la que se le culp\u00f3. Mem\u00f3rese que tras indicar que seg\u00fan lo inform\u00f3 \u00abCitybank Colombia S.A.\u00bb, \u00abno se ha hecho ninguna consignaci\u00f3n a esas cuentas desde el 16 de febrero de 2015 y en cambio s\u00ed se reportaron retiros el 19 de febrero de 2016 por parte de la demandada\u00bb, refiri\u00f3 que \u00ab[t]ampoco se demostr\u00f3 que se hayan invertido los dineros en vivienda, educaci\u00f3n o salud de los ni\u00f1os, mantenimiento de los inmuebles o que el usufructo haya beneficiado [al padre], m\u00e1s si se tiene en cuenta que los menores desde mayo de 2017 est\u00e1n bajo la custodia y tenencia de su padre, la que mediante sentencia del 27 de febrero de 2019 fue ratificada por el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Luego, aun cuando se admita que us\u00f3 los dineros para satisfacer las necesidades b\u00e1sicas de sus hijos mientras su padre no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n alimentaria, la deducci\u00f3n conforme a la cual les dio un destino diferente a ese fin se mantiene, al comprobarse que al menos desde mayo de 2017 no ten\u00eda la custodia de los menores, y que dicho tiempo hace parte del periodo por el cual se le juzga, el cual se extendi\u00f3 hasta el 22 de septiembre de 2017, fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de privaci\u00f3n de administraci\u00f3n de bienes. <\/p>\n
En todo caso, esa omisi\u00f3n es intrascendente, por cuanto no cambia la suerte del resguardo. Basta ver, como se advierte de las piezas que reposan en la acci\u00f3n de tutela que la solicitante le formul\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad5, que la judicatura desestim\u00f3, en segunda instancia, la demanda con la cual pretend\u00eda que se dejara sin efectos la donaci\u00f3n; decisi\u00f3n que, por lo dem\u00e1s, fue sometida a escrutinio constitucional por esta Corporaci\u00f3n -con intervenci\u00f3n de Conjueces- sin encontrar yerro alguno que ameritara la intervenci\u00f3n del juez de tutela (STC11745 de 20 de octubre de 2023). <\/p>\n
As\u00ed que, descartado como se encuentra el alegato seg\u00fan el cual la donaci\u00f3n era invalida, se desecha la viabilidad de los argumentos soportados en dicha postura. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la queja dirigida a cuestionar la valoraci\u00f3n de los testimonios de Yonatan Alexi Fajardo y Sof\u00eda Duarte Pedrozo tampoco puede abrirse paso. F\u00edjese que, aunque el Tribunal se refiri\u00f3 a dichas declaraciones al relatar las inconformidades planteadas en el recurso de apelaci\u00f3n, no apoy\u00f3 sus evaluaciones, concretamente, en dichos medios de convicci\u00f3n, por tanto, este embate carece de relevancia constitucional. <\/p>\n
No se estructura, entonces, el defecto f\u00e1ctico denunciado por la querellante. <\/p>\n
4.4.- Inexistencia de desconocimiento del precedente. <\/p>\n
Finalmente, se precisa que no es cierto, como lo sostiene la promotora, que se hayan desconocido las decisiones judiciales anteriores a este caso; s\u00ed fueron valoradas, s\u00f3lo que a juicio de la Corporaci\u00f3n enjuiciada carec\u00edan de incidencia en los resultados de la controversia, o al menos no tuvieron los efectos perseguidos por la libelista. <\/p>\n
As\u00ed, en primer lugar, el Colegiado se refiri\u00f3 a la providencia emitida en cumplimiento del fallo de tutela que ampar\u00f3 sus derechos, en virtud de lo decidido en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos iniciado a favor de sus descendientes. N\u00f3tese que expuso, se reitera, que \u00ab[t]ampoco se demostr\u00f3 que se hayan invertido los dineros en vivienda, educaci\u00f3n o salud de los ni\u00f1os, mantenimiento de los inmuebles o que el usufructo haya beneficiado [al padre], m\u00e1s si se tiene en cuenta que los menores desde mayo de 2017 est\u00e1n bajo la custodia y tenencia de su padre, la que mediante sentencia del 27 de febrero de 2019 fue ratificada por el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Luego, mencion\u00f3 la sentencia STC5780-2021 y la providencia que la Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1 expidi\u00f3 para acatarla, y dijo que versaban sobre asuntos distintos, as\u00ed: \u00ab[p]or \u00faltimo, vale aclarar que, revisada la sentencia de tutela del 24 de noviembre de 2021 proferida por la Corte Suprema de Justicia, junto el fallo fechado 04 de febrero de 2022 expedido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se tiene que las mismas obedecen a un proceso declarativo que versa sobre obligaciones \u00fanicamente entre los exc\u00f3nyuges derivadas de la cesaci\u00f3n de efectos civiles de su matrimonio y no respecto de temas relacionados con los menores, que no hacen alusi\u00f3n alguna con lo debatido en este proceso, de manera que la Sala se abstendr\u00e1 de pronunciarse respecto a lo all\u00ed argumentado\u00bb. Por lo que era improcedente direccionar el sentido de lo resuelto con base en las directrices all\u00e1 dispuestas. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que no luce arbitraria, pues si bien en dichas oportunidades se determin\u00f3 que su caso deb\u00eda ser valorado con perspectiva de g\u00e9nero, tras advertirse situaciones de violencia causadas por su expareja, eso no quiere decir que en todos los eventos donde ambos comparezcan deba predicarse la misma circunstancia. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que dicho enfoque diferencial no significa que los juzgadores deban adoptar medidas afirmativas en todos los casos en los que participe una mujer, pues una idea semejante equivaldr\u00eda a discriminarlas, al partir de la base de que por tener solo esa calidad se encuentra en situaci\u00f3n de vulnerabilidad en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s sujetos procesales, cuando no es as\u00ed. No. Se trata de que el sentenciador aborde los casos con esa perspectiva cuando advierta circunstancias de violencia y discriminaci\u00f3n que ameriten ser remediadas para restaurar los derechos de la mujer. De suerte que, si evidencia que aquellas no existen, o simplemente el punto de inicio en el que se encuentra es equivalente con quienes se compara, debe descartar la aplicaci\u00f3n de esa perspectiva. No en vano la Corte Constitucional, ha destacado que6: <\/p>\n
(\u2026) aceptado que la Constituci\u00f3n autoriza las medidas de discriminaci\u00f3n inversa, se debe dejar en claro que: 1) \u00abla validez de estas medidas depende de la real operancia de circunstancias discriminatorias. No basta, por ejemplo, la sola condici\u00f3n femenina para predicar la constitucionalidad de supuestas medidas positivas en favor de las mujeres; adem\u00e1s de ello deben concurrir efectivas conductas o pr\u00e1cticas discriminatorias\u00bb. 2) No toda medida de discriminaci\u00f3n inversa es constitucional (\u2026). En cada caso habr\u00e1 de analizarse si la diferencia en el trato, que en virtud de ella se establece, es razonable y proporcionada. 3) Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez alcanzada la \u00abigualdad real y efectiva\u00bb pierden su raz\u00f3n de ser. <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizo que: <\/p>\n
(\u2026) juzgar con perspectiva de g\u00e9nero no significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas hist\u00f3ricamente excluido o discriminado; en verdad se trata de una obligaci\u00f3n, a cargo de los funcionarios judiciales, para que en su labor de direcci\u00f3n activa del proceso, superen la situaci\u00f3n de debilidad en que se encuentra la parte hist\u00f3ricamente discriminada o vulnerada, evitando reproducir patrones o estereotipos discriminatorios que impidan acercar la justicia al caso concreto. Su operatividad sirve exclusivamente a los fines propios del proceso judicial y al rigor del acto probatorio (CSJ STC-15849-2021, reiterada, entre otras, en STC8673-2023). <\/p>\n
Y lo cierto es que, en el caso, no se visibiliza que el conflicto sometido a composici\u00f3n del Tribunal convocado sea el resultado de roles de g\u00e9nero, ni mucho menos de su jerarquizaci\u00f3n, pues lo que se discute es la responsabilidad de la querellante en su papel de administradora de los bienes de propiedad de sus hijos, menores de edad, cuyos intereses prevalecen sobre los de ella. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las decisiones judiciales dictadas a favor de la peticionaria no implican que este asunto deba resolver en su beneficio o mediante un enfoque diferencial a su favor, con mayor raz\u00f3n si, de un lado, qued\u00f3 sin vigor el argumento seg\u00fan el cual, la donaci\u00f3n realizada por el padre a favor de los hijos que tienen en com\u00fan carec\u00eda de validez, y por otra parte, \u00e9stos, en la actualidad, est\u00e1n bajo el cuidado de quien administra sus bienes. <\/p>\n
5.- Entonces, como lo dictaminado en el proceso de privaci\u00f3n de administraci\u00f3n de bienes criticado no merece reproche constitucional alguno, la intervenci\u00f3n supralegal implorada no puede abrirse paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La tutela se adelant\u00f3 bajo el radicado Rad.11001-22-10-000-2018-00651-00, y el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos bajo el n\u00b0 11001-22-10-000-2018-00651-00. <\/p>\n
2\u0002 STC5780-2021, rad. 11001-02-03-000-2021-03360-00. <\/p>\n
3\u0002 Rad. 11001-31-10-028-2018-00058-04. <\/p>\n
4\u0002 De acuerdo con las piezas relativas al ejecutivo que obran en el expediente y que fueron aportadas por la accionante al contestar la demanda, el progenitor de los menores dej\u00f3 de pagar las cuotas alimentarias desde el mes de mayo de 2016 hasta el mes mayo de 2017. <\/p>\n
5\u0002 Rad. 11001-02-03-000-2023-02284-00. <\/p>\n
6\u0002 C.C., sentencia C-371 de 2000. En esa oportunidad, la Corte Constitucional analiz\u00f3 la constitucionalidad del \u201cproyecto de ley estatutaria N\u00b062\/98 Senado y 158\/98 C\u00e1mara, \u2018por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participaci\u00f3n de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y \u00f3rganos del poder p\u00fablico, de conformidad con los art\u00edculos 13, 40 y 43 de la Constituci\u00f3n Nacional y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11870-2023 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11870-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02124-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76925","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76925"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76925\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76925"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}